NACIONALES
Cambios legislativos y la nueva administración
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El nuevo reto social será la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para muchos, este es otro intento del gobierno morenista de controlar y regular las acciones de los ciudadanos, de centralizar y, sobre todo, de neutralizar las críticas a su movimiento. Una ley que buscaba ser aprobada sin discusión y por la vía rápida («fast track»).
Las preocupaciones son considerables, pues una ley que evidentemente controla lo que se ve y lo que se publica, centraliza el poder en el ejecutivo federal e invade, sin duda, los derechos de libre expresión y los derechos humanos de las personas a vivir en libertad en un país democrático.
De este proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo, cuyas justificaciones son expresadas por el gobierno de manera muy somera y general, donde la mayor premisa es evitar la propaganda de gobiernos extranjeros; sin embargo, es cierto que la ley carece de apertura a la libertad y a los derechos humanos, se contrapone a un país libre y democrático.
Ante la ola de críticas y preocupación que produce en los medios y en la sociedad dedicada a la materia de las telecomunicaciones, y al encontrar un artículo que prendió focos rojos, el cual dice: “A petición de ‘las autoridades competentes’, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podrá ‘bloquear temporalmente’ una plataforma digital ‘en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables’”. Asunto que produjo el aplazamiento del proceso legislativo de esta ley para abrir un diálogo abierto y plural con sectores de la materia.
En este sentido, ante los cambios no tan paulatinos que hemos tenido en materia legislativa desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, habrá que hacer un recuento para evaluar cómo se están modificando las legislaciones a modo, laxas para el gobierno, restrictivas y centralistas. En breve recorrido, otro de los cambios radicales desapareció a los organismos garantes de la transparencia y el derecho a la información, y desarticuló todo un modelo de cómo ejercer nuestro derecho a la información pública.
Tampoco gozó de una justificación que produjera la emoción de avances y mejora en el país, sino la sensación de retroceso en un país que debe avanzar al ritmo del mundo y no centralizarse para vigilar. Así podríamos enumerar los cambios que este movimiento de la cuarta transformación va posicionando, incluyendo la insaculación social que tendrá lugar en votación popular para elegir al ministro, magistrado o juez más popular visitando pueblos, colonias y mercados.
En aras de las transformaciones que el movimiento morenista intenta dejar para abrir camino a los posibles siguientes gobiernos federales guindas, hemos sufrido cambios y procesos legislativos que han dejado una amplia preocupación social. La reforma judicial es, sin duda, un tema sumamente preocupante: la elección popular del poder judicial, la curva de aprendizaje de los que queden electos, la filtración de personas no aptas y de dudosa honorabilidad, más candidatos relacionados con cárteles de narcotráfico, hacen del panorama político-gubernamental en el país una sensación de incertidumbre.
Es nuestro deber ético y social, analizar las circunstancias en que vive el país y el actuar de nuestros recién llegados gobiernos, al final sí somos responsables de nuestro futuro y de lo que elegimos como gobierno.
Hoy, más que nunca, debemos levantar la voz y participar en las decisiones del gobierno. Este es el momento de luchar por el respeto a los derechos humanos, ya que persisten graves desafíos y violaciones que impactan a diversos grupos de la población.
En estos cambios legislativos y en la desarticulación de modelos de protección a derechos humanos, es necesario que todo aquello que llegue a cambiar al país por propuesta de los nuevos gobiernos, tenga una base en el respeto a los derechos humanos. La censura no cuadra en este contexto, ni las restricciones y el control social pueden tener cabida en una sociedad democrática, diversa política y culturalmente.
Cuidemos nuestra nación sin fanatismos ni vendas políticas en los ojos. México es de todos y para todos; debe ser libre y democrático. Ante los grandes retos que enfrentamos como sociedad, están, solo por mencionar algunos: la violencia e inseguridad, la impunidad y la corrupción, la desaparición de personas, la violencia de género y los feminicidios, los derechos de las personas migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
A todo esto y más es a lo que el gobierno federal debe ponerle puntual atención; sin embargo, no es así. La prioridad parece ser moldear las leyes y hacer cambios constitucionales para acomodar las sillas del poder.
– Por Francisco Junco
En el marco del Primer Informe de la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, el senador Clemente Castañeda destacó la importancia de su trabajo en la Cámara de Diputados, subrayando su capacidad de preparación y su compromiso con Jalisco y el país.
“Claudia Salas es una diputada que reivindica la política parlamentaria, que hace uso de su conocimiento y de su experiencia para hacer planteamientos muy concretos sobre lo que tiene que ocurrir en México”, expresó.
El legislador señaló que el quehacer parlamentario suele pasar desapercibido en comparación con obras públicas visibles, pero resaltó la trascendencia de los cambios legislativos.
“A veces es muy difícil entender el impacto que tiene una modificación de ley, porque sus beneficios se reflejan a mediano o largo plazo”, dijo, al destacar la firmeza con la que la diputada ha defendido temas de la agenda nacional.
Entre los asuntos más relevantes, el senador Castañeda mencionó la oposición de Claudia Salas a la llamada reforma judicial, que calificó como una “captura política del Poder Judicial”. Asimismo, reconoció su postura frente al proceso de militarización en México, insistiendo en que la seguridad pública debe estar en manos de instituciones civiles.
El senador también coincidió con las prioridades legislativas que Claudia Salas planteó para el próximo año, como la jornada laboral de 40 horas, el impulso a un salario digno de al menos diez mil pesos y la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados.
Sobre este último punto, dijo que representa un reconocimiento a quienes dedican su tiempo al cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños.
Finalmente, Clemente Castañeda felicitó a la diputada por su desempeño y aseguró que su labor es motivo de orgullo para su familia, su bancada y los jaliscienses. “Que vengan muchos años más en el proceso legislativo, que sigas dando buenas cuentas. Creo que las y los jaliscienses te lo vamos a reconocer siempre”, afirmó.
– Por Mario Ávila
Ni las quejas del gobernador, Pablo Lemus, ni la recolección de cientos de miles de firmas, han podido frenar el proyecto de construcción del acueducto de la presa Solís a León, Guanajuato, en el que se invertirán 15 mil millones de pesos y la obra estará terminada en el tercer trimestre del año 2028.
Esto lo anunció, Efraín Morales director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quién detalló que la mitad del costo de la obra ejecutada por los ingenieros militares, será pagada por el gobierno de Guanajuato y la otra mitad la aportará el gobierno federal.
El funcionario federal precisó que el acueducto Solís – León, beneficiará a 1.8 millones de habitantes de cinco municipios de Guanajuato.
Por cierto, este proyecto está asociado a la tecnificación del distrito de riego 011 alto Río Lerma, es decir que el agua ahorrada en la tecnificación que son aproximadamente 120 millones de metros cúbicos, es la que será conducida a la población de estos cinco municipios.
Conagua ejecuta 17 grandes proyectos de agua en el país, que plantean soluciones para los siguientes 20 o 30 años y se desarrollan en los estados de Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.
De ellos se han iniciado ya ocho de estos proyectos que requerirán una inversión de aquí al 2030 de 122 mil 600 millones de pesos, en la que se contempla una población beneficiada de 36 millones de habitantes.
– Por Mario Ávila
Tal como ocurrió con la presentación del “Chocolate del Bienestar” hace un par de meses, hoy en la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hizo la presentación formal del “Café del Bienestar”, que estará a la venta en todo el país en las tiendas del Bienestar (antes Diconsa).
Y de inmediato empezaron a llover los memes en las redes sociales, en donde los de mayor ingenio lo bautizaron de inmediato como el “Café del BieneStarbuks”.
Esto lo sabía la propia presidenta, ya que, desde el momento del anuncio de la incorporación de este nuevo producto al programa de las Tiendas del Bienestar, lanzó la siguiente advertencia: “El chocolate del Bienestar lo buscan muchísimo en las tiendas del Bienestar. Ahora viene el Café del Bienestar para que se sigan retorciendo”.
Durante la conferencia de prensa, fue María Luisa Albores González, titular del programa Alimentación para el Bienestar, quien hizo el anuncio de los pormenores del producto, con el que se pretende beneficiar a pequeños campesinos cafeticultores de varias regiones del país.
La presentación del café es en frascos de 50 gramos, que tendrá un mismo precio en toda la República y únicamente en las tiendas del Bienestar, de 35 pesos; también de 90 gramos con un precio de 65 pesos y el de 205 gramos de 110 pesos.
«Recordar que por ahora no tenemos nuestra planta, pero tenemos la instrucción de nuestra presidenta, de que Alimentación para el Bienestar también tenga una planta, para poder hacer el café soluble. Y quisiera comentarles por qué hacemos el café soluble porque el 84% de las familias mexicanas prefieren el café soluble», agregó.
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