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Caso Colosio: Una tragedia convertida en farsa
Opinión, por Iván Arrazola //
Una de las frases más celebres de Carlos Marx es la siguiente “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa”, esto parece ser lo que se vive en la etapa previa a la elección más importante de la historia, que será la elección presidencial de 2024, con la reapertura del caso Colosio después de 30 años de que ocurrió el magnicidio.
La reapertura del caso Colosio, es uno de esos hechos que obliga a reflexionar sobre la verdadera esencia de la política, si se trata de alcanzar a través de esta actividad las metas que nos permitan vivir en sociedad o simplemente se trata de la lucha por el poder, si es así, no importa lo que se tenga que hacer, no importa que se tenga que pasar por encima de las personas, lo importante es alcanzar el poder.
En ese contexto de lucha por el poder es como se puede entender la reapertura del caso Colosio. Alrededor del magnicidio siempre ha pesado la sombra de si se trató de un crimen de Estado y si fueron las instancias más altas del poder las que estuvieron detrás del asesinato.
Pero nada se ha podido comprobar, en realidad la teoría del asesino solitario parece tener un peso contundente sobre lo que aconteció ese 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Diferentes administraciones han investigado el caso y ninguna ha logrado encontrar más evidencias que ayuden a cambiar la versión que se ha mantenido a lo largo del tiempo, con la excepción de la del fiscal Miguel Montes que es el único que apoyó la teoría de un complot.
Dos hechos ocurrieron para reabrir el caso, primero la CNDH emitió una recomendación para que se revisara la tortura a la que fue sometido, Mario Aburto Martínez, asesino material de Luis Donaldo Colosio, quien señaló que fue torturado tras su captura. La CNDH pidió a la FGR que hiciera una nueva investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de Aburto, o bien, reactivara la anterior investigación para subsanar las deficiencias.
El otro suceso fue el amparo que le concedió un Tribunal Colegiado a Mario Aburto Martínez, por las inconsistencias que se han presentado en el caso, la medida invalida la sentencia de 45 años que se le impuso a Mario Aburto por el homicidio de Colosio, sin embargo, dicha sentencia fue emitida por el Código Penal Federal y no por el Código del Estado de Baja California como correspondía ya que Mario Aburto no era funcionario público federal, si el proceso se apega a la ley estatal Aburto dejaría la cárcel en marzo del 2024.
La FGR optó por la reapertura del caso y pretende revivir la teoría del segundo tirador, señalando a Jorge Antonio S, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional como el segundo tirador, y agregando que quien encubrió al ex agente fue Genaro García Luna, quien en ese momento se desempeñaba como Subdirector Operativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Sin embargo, un juez determinó que no otorgará la orden de captura en contra de Jorge Antonio “S” con el argumento de que la única prueba que tiene la FGR para demostrar que Jorge Antonio “S” y Mario Aburto Martínez se pusieron de acuerdo para cometer el homicidio, es el testimonio de una mujer que no es fiable, pues modificó sus declaraciones 25 años después.
En ese contexto el hijo de Colosio, pidió al presidente el indulto para Mario Aburto ”apelando, pues, a la compasión del presidente, que mejor indulte a Mario Aburto, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México, sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón”.
Pero el presidente le respondió a Colosio Riojas, “Quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”.
A esto Colosio Riojas contestó al presidente «Si no tuviera intención de hacer político el caso, no tendría porqué estarlo mencionando en su mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación». Esto revela la estrategia de López Obrador, pretende revivir el caso en periodo electoral para exhibir a la oposición, su interés no se encuentra en que se haga justicia, si así fuera ejercería su atribución constitucional de otorgar el indulto a Mario Aburto, sobre todo en un contexto en el que el preso fue torturado y juzgado de manera incorrecta.
Una tragedia afectó severamente al país en 1994, pero a quien más dañó el magnicidio fue a la familia Colosio Riojas, que en cuestión de meses sufrió la pérdida de la madre y el padre de esa familia y dejó a dos niños en la orfandad, Luis Donaldo de ocho años y Mariana de un año.
Hoy López Obrador pretende revivir el dolor de esa familia para hacer política, se pretende crear una nueva farsa con la reapertura del caso a través de una institución desprestigiada como lo es la FGR, no se busca llegar a la verdad ni hacer justicia, simplemente se busca conservar el poder como sea, exhibiendo el régimen de corrupción y de uso político de la justicia del bloque conservador, si es así, lo único que demuestra este caso es que las cosas no han cambiado mucho en los últimos 30 años.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
– Por José Modesto Barros Romo
En los próximos meses se pretende que México actualice sus reglas fiscales para 2025-2026. El objetivo principal es que el Estado recaude mejor, especialmente revisando lo que ocurre en plataformas digitales, como tiendas en línea, apps de servicio, streaming, intermediarios, etc.
La idea es que las autoridades tengan más herramientas tecnológicas para supervisar estas operaciones y a final de cuentas poder obtener más ingresos tributarios.
Una de las propuestas más fuertes es que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso “en línea y en tiempo real” a información como transacciones, pagos, usuarios y movimientos. Esto serviría para detectar ingresos que no se declaran o se ocultan. Pero esta medida genera preocupación sobre la privacidad y sobre cuánta libertad tendría la autoridad para revisar datos delicados.
Las plataformas también podrían tener que actuar como retenedoras de impuestos: es decir, al momento de pagar a un vendedor o creador, deducir un porcentaje de ISR o IVA y entregarlo al SAT. Dependiendo de si el vendedor cuenta con RFC o vive en México o en el extranjero, las tasas serán distintas.
¿Qué significa esto para el ciudadano-consumidor?
Algunas de las cargas adicionales que tengan las plataformas podrían trasladarlas a los precios de bienes o servicios. En otras palabras: podríamos ver aumentos en tarifas, comisiones o precios de productos digitales. Ya hay advertencias de que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) que venden por internet tienen márgenes pequeños, así que retener más impuestos podría complicar su operación.
Para quienes usan las plataformas para generar ingresos (vender productos, ofrecer servicios, ser creadores), los cambios van a sentirse más directos: tendrán más obligaciones fiscales, retenciones automáticas, necesidad de declarar mejor, emitir comprobantes, y estar sujetos a mayor escrutinio. Si alguien no cumple correctamente, podría tener sanciones, bloqueos o pérdidas de beneficios.
También hay riesgos en cuanto a la protección de datos y derechos digitales. Que una autoridad tenga acceso frecuente a información operativa de plataformas puede abrir la puerta a abusos si no hay límites claros. Por eso es clave que en la ley queden salvaguardas para evitar revisiones arbitrarias y para que los ciudadanos tengan capacidad de defensa.
Pero no todo es negativo. Si las reformas se aplican con justicia, podrían disminuir la evasión fiscal, hacer que más personas participen formalmente en la economía y generar más ingresos para servicios públicos: salud, educación, obra pública. Eso beneficiaría indirectamente a todos.
En resumen: estas reformas pueden cambiar no solo cómo funciona el comercio digital, sino también qué tan gravosos son los costos para los que consumen, venden o participan en plataformas. Será clave que quienes diseñen las leyes mantengan un equilibrio entre recolectar lo justo y no cargar excesivamente al ciudadano común.
Estado actual de estas propuestas:
- El Gobierno de México ya presentó el Paquete Económico Federal para el año 2026, que incluye la Miscelánea Fiscal y propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, al ISR, al IVA, entre otras disposiciones.
- En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya se aprobó un dictamen que reforma disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de combatir a las empresas factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
- También ha habido avances en la aprobación de la Miscelánea Fiscal en comisiones del Congreso, con ajustes a impuestos como el de tabaco, bebidas azucaradas, videojuegos, etc.
- Sin embargo, aún quedan etapas por cumplirse: discusión en lo particular, votaciones en pleno en ambas cámaras (Diputados y Senado), posibles modificaciones, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor.
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