ENTREVISTAS
Cecilia Márquez: Hay hipocresía en los partidos de oposicion; la ley electoral va, con reforma o decreto
Por Mario Ávila //
Pese a la realización de 64 foros de consulta ciudadana en un parlamento abierto para analizar la propuesta de la nueva Ley Electoral, propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, es posible que en el Congreso a Morena no le alcancen los votos para aprobar una reforma constitucional y en ese escenario, según explica la diputada federal jalisciense, Cecilia Márquez, “la nueva ley va, con reforma o con decreto”, sentenció.
“Los estamos escuchando, se están celebrando foros como los de la reforma eléctrica que en total fueron 64 y esperamos llegar a los mismos en la reforma electoral. Todos las propuestas que anteriormente esgrimió en materia electoral el PRD, PAN, PRI y también MC desde que era Convergencia, vienen incluidos en esta propuesta de reforma enviada por el presidente, pero hipócritamente ahora la oposición dice que es una ley a modo y que con ello el presidente quiere desaparecer la democracia del país, cuando en realidad está considerando todos los puntos que durante más de 20 años se estuvieron proponiendo para mejorar el sistema democrático de México”, reveló la legisladora jalisciense.
Explicó que dentro de las bondades de reforma, lo más importante es que “haya realmente representación del pueblo; manejar con austeridad el presupuesto; que no haya repetición de órganos electorales; que se trabaje con un solo criterio definido en todo el país teniendo en cuenta que solo habrá un órgano en los 32 estados y que será el Instituto Nacional Electoral.
“Y de la misma forma los tribunales serán considerados, para que no se repitan funciones, que la ley quede en un solo sentido a nivel nacional, que en todos los estados se apliquen los mismos criterios, lo que nos ayudará a optimizar el gasto que se aplica en la democracia y en los partidos políticos, nos ayudará a transparentar el ejercicio del presupuesto sabiendo quienes son los militantes que hacen aportaciones privadas, de qué montos y de dónde viene el dinero”, planteó la diputada morenista.
Aseguró que con la nueva ley se habrá de disminuir considerablemente el presupuesto que se aplica en la democracia de México. “O sea vamos a tener una mejor y más barata democracia y una de las cosas importantes, es que se van a dejar de ser partidos de dedazo y los representantes van a tener la oportunidad de ser realmente representativos de la sociedad; habrán de desaparecer los diputados plurinominales, aunque se mantiene el respeto en cuotas y la obligación de los partidos para que tengan representación las comunidades que anteriormente habían sido ignoradas, particularmente los grupos vulnerables como comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad”.
“Desaparecerían 200 diputados plurinominales y se obligaría a los partidos a jugar democráticamente para lograr tener una real y auténtica representación, es decir todos deberán haber sido votados por el pueblo en las urnas, nadie llegará palomeado por su partido, es decir ya no habría dedazos, no habría cuadernos de raya, no habría novias, hijos, parientes, cuotas”.
“Eso ayudará también a que el sistema del Congreso federal se replique en los municipios en donde habría menos regidores y en los congresos estatales en donde habría menos diputados locales. De esta forma se ayudaría a bajar la nómina de la gente que no aporta nada al sistema democrático”, estableció la legisladora.
VIGENTE LA “MORATORIA CONSTITUCIONAL” DE CARA AL NUEVO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
Cuestionada si no será ocioso el procedimiento, a sabiendas de que se mantiene vigente la “moratoria constitucional” decretada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD para que no pase ninguna reforma constitucional en la Cámara de Diputados, la diputada Cecy Márquez planteó: “Esos partidos de oposición que han dicho que no pasará la reforma constitucional, son mezquinos, porque van en contra de algo que antes ellos defendieron férreamente y solo porque ahora no son ellos los que lo proponen, dice que no lo van a votar”.
Con ello demuestran -dijo-, que nunca han estado en favor de decisiones que benefician al pueblo, que quieren que unos cuantos sean los que decidan y es ahí donde demuestran que PRI, PAN, PRD y MC son lo mismo y con ello están demostrando que no tienen el menor interés de aplicar democracia en este país, sino que se siguen manejando con grupos de poder.
Sin embargo, externó su confianza que en grupos parlamentarios de la oposición, algunos legisladores asuman una postura diferente: “Yo creo que hay hombres y mujeres patriotas en todos los partidos, que tendrán la altura de miras y sabrán que ellos mismos propusieron en su momento estas iniciativas y aceptarán que es lo mejor para el país, en un avance que le permitiría a México estar a la punta en materia democrática”.
Sobre el presupuesto que el INE elaboró para ejercer en el 2023 de 24 mil millones de pesos, de los cuales más de 6 mil millones de pesos serán para el financiamiento a los partidos políticos, la diputada Cecilia Márquez expuso: “Por supuesto, es demasiado dinero el que ejercen los partidos, pero con la reforma se reduciría el gasto que se aplica en los partidos políticos, en las instituciones electorales, desaparecía el gasto innecesario de diputados y regidores excedentes y todo eso beneficiaría, se lograrían ahorros que podría destinarse en programas sociales, en mejoramiento de la seguridad, en la salud de los mexicanos, en la infraestructura del país, en el crecimiento de la educación. Creo que ya llegó el momento de que seamos responsables y que sepamos que esa burocracia dorada debe de disminuirse y deben de quedarse los que realmente tengan representación de los ciudadanos”.
Sobre la propuesta de que los consejeros y magistrados de los órganos electorales sean sometidos a la consulta de la ciudadanía, Márquez Alkadef, explicó: “Eso es lo ideal, si la gente ve que hacen un mal trabajo no llegarán. Los que hoy están en esos cargos, todos ellos llegaron por cuotas partidistas, no llegaron por la voluntad del pueblo; en otros países hasta a los Fiscales los elige el pueblo y así debería de ser aquí. Aquellos que impartan justicia tienen que atenerse también a la responsabilidad de ser evaluados por el pueblo”.
Finalmente a la pregunta de si esta iniciativa llegará hasta el pleno aunque pierdan la votación nuevamente, la legisladora estableció: “Yo creo que sí, y si no pasa, ya verá el presidente si lo mete en un decreto y ellos tendrán que ser conscientes de que los que cayeron en el error, son ellos y que el pueblo de México se los va a señalar, los traidores a la patria van a repetir, si quieren, con el pago de ser señalados públicamente como traidores, que no les gustó y que los único que hizo fue evidenciar que no están a favor de México”.
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Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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