NACIONALES
Clima de guerra en Michoacán: Veinte camiones quemados y un país incendiado
Cónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En un país donde la costumbre pesa más que la sorpresa, el pasado 23 de abril volvió a suceder lo de siempre: bloqueos, fuego, miedo. Sucedieron allí donde Michoacán, Guanajuato y Jalisco se tocan como heridas abiertas: veinte bloqueos, decenas de tráileres incendiados, carreteras clausuradas bajo columnas de humo.
El primer relato oficial -ese que se enuncia como verdad mientras dura la mentira- habló de un operativo exitoso: la captura de un «objetivo criminal» en Jalisco.
La consecuencia, dijeron, fue la reacción airada de los grupos armados. Pero como suele pasar en este país, no había pasado un día cuando la versión cambió. Claudia Sheinbaum, la presidenta que predica transparencia como quien ofrece espejos rotos, negó que hubiera detenciones: «Fue un pleito entre grupos», dijo, en su matinal confesionario político.
Los datos -esos otros huérfanos del poder- se fueron acumulando como autos calcinados: 26 municipios de Michoacán bajo ataque, dos en Guanajuato, uno en Jalisco; camiones robados e incendiados; carreteras tomadas como botín de guerra.
Todo por un enfrentamiento de criminales, explicaron más tarde. Todo por lo que no quieren o no pueden controlar.
¿Quién tiene la verdad? Nadie lo sabe. O peor, todos la administran. El primer reflejo de los gobiernos estatales fue echarle la culpa a un operativo, el federal, por desacreditar esa explicación. Las políticas públicas reducidas a comunicados apresurados, a desmentidos, a promesas de investigación que nadie termina.
Mientras tanto, las empresas, conscientes de su vulnerabilidad, suspendieron servicios. Estafeta dejó de operar en Michoacán, no para proteger paquetes, sino para ofrecer a sus empleados como carne de estadística. “Reanudaremos cuando el clima lo permita”, dijeron. No hablaban del clima meteorológico, hablaban del otro, el único verdadero, el clima de guerra.
Porque Michoacán -lo sabemos, lo repetimos, lo olvidamos- es hoy más laboratorio que estado: puerto de entrada de precursores, exportador de metanfetaminas, mercado de extorsión, santuario de sosa cáustica, fentanilo y acero robado.
Allí donde alguna vez se sembraba maíz, ahora se cosecha miedo. Los cárteles -Jalisco Nueva Generación, Viagras, Nueva Familia, Caballeros Templarios, Familia Michoacana- se disputan hectáreas de pánico como quien pelea parcelas de sol.
El Estado mexicano, ese enfermo crónico, responde como siempre: con despliegues reactivos, con comunicados que prometen investigar, con la eterna apelación a la «coordinación interinstitucional». Es decir: no responde.
Lo más triste no fue ver camiones en llamas, ni las carreteras cerradas, ni siquiera los reportes de “sin heridos”, como si la vida humana se pudiera contabilizar solo en cuerpos rotos. Lo más triste fue escuchar la misma música de siempre, operativos reactivos, declaraciones cruzadas, silencios convenientes.
Se abrió un nuevo frente de guerra para la fuerza interinstitucional federal que encabeza Omar García Harfurch, ¡un frente más!, como si el país tuviera reservas inagotables de soldados, de jueces, de fiscales incorruptibles. Como si el ánimo de los ciudadanos fuera una cuenta bancaria siempre dispuesta a financiar nuevas tragedias.
A la manera de una maldición autoinfligida, Michoacán lleva años ardiendo en guerras de baja intensidad que de tan constantes ya no conmueven. Sólo son noticia cuando se cierran las carreteras, cuando el fuego es demasiado visible, cuando el miedo, que es cotidiano, se vuelve noticia.
Mientras, los cárteles siguen haciendo lo que saben hacer: controlar. Controlan rutas de aguacate y limón, controlan el hierro que se extrae y se trafica, controlan la paz relativa que puede alquilarse o cancelarse a voluntad, controlan, sobre todo, la esperanza, esa mercancía más escasa que el agua limpia o la seguridad.
La narrativa oficial insiste en que “ya se investiga”, en que “no habrá impunidad”, en que “se reforzará la presencia de la Guardia Nacional”. Pero los que vieron sus camiones arder saben que eso significa poco. Los que pasaron la noche varados entre barricadas improvisadas, saben que lo importante no es cuántos soldados más lleguen, sino cuándo – y si algún día – terminará esta guerra sin nombre.
Porque eso es lo que nadie quiere decir con todas sus letras: vivimos en guerra.
No declarada, no oficial, pero real. Una guerra sin frentes claros, sin tratados posibles, donde la vida civil está siempre en el límite, siempre al borde de ser daño colateral. La atención del gobierno federal sobre Michoacán, nos dicen, está basada en mapas criminógenos, en inteligencia militar, en reportes de laboratorio de drogas desmantelados.
Y, sin embargo, la geografía del miedo sigue creciendo. Tal vez el único mapa verdadero sea otro: el que dibujan las rutas donde ya no se puede pasar sin temer, las ciudades donde el silencio es la norma, los campos donde la cosecha ya no es alimento, sino pretexto para el chantaje.
Al final, los nombres cambian: Apatzingán hoy, Zamora mañana, Lázaro Cárdenas, el mes que viene. Pero la música es la misma: tiros, humo, comunicados, olvido. Y nosotros, pasajeros observadores en este tren sin frenos, seguimos contando los días, midiendo las distancias entre cada catástrofe, soñando, tal vez, con un país donde la noticia no sea que ardieron veinte camiones, sino que, por fin, no ardió ninguno.
En X: @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.
En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.
Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.
“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.
Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.
El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.
Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.
Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
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