NACIONALES
Complicada realidad económica: El legado de la deuda
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Más allá de las promesas políticas que han cautivado a una nación dividida, nos encontramos ante una realidad que nadie puede negar: la situación económica de México es un desastre en cámara lenta. El gobierno de López Obrador, en su esfuerzo por construir una «Cuarta Transformación», nos ha llevado a niveles de deuda no vistos en más de tres décadas.
Y mientras algunos celebran los programas sociales y los aumentos salariales, hay una verdad que no podemos ignorar: gastamos más de lo que generamos y, como cualquier hogar mal administrado, las consecuencias tarde o temprano nos alcanzarán.
Comencemos por lo elemental: la deuda. Al mes de junio de 2024, la Deuda Bruta del Sector Público asciende a la escalofriante suma de 16 billones 760 mil 737.4 millones de pesos. Esta deuda es la más alta que hemos tenido en los últimos 30 años, y lo más preocupante es que no hay un plan claro para reducirla. La promesa de López Obrador de mantener a México libre de endeudamiento quedó enterrada bajo una montaña de 6.6 billones de pesos adicionales, que su administración ha acumulado en tan solo seis años.
Pero no solo es la deuda lo que debe preocuparnos. Lo que agrava esta situación es cómo se han gestionado los recursos. En su sexenio, la inversión física, la que debería haber sido destinada a infraestructura pública para estimular la economía y atraer inversiones privadas, fue inferior a lo que se destinó al pago de intereses de la deuda. Esto es, en términos simples, suicidio financiero. En lugar de crear condiciones para el crecimiento, gran parte de los recursos se ha utilizado para tapar los agujeros que la propia deuda ha generado.
El resultado de esta mala administración está a la vista: el crecimiento económico de México durante los seis años de López Obrador ha sido de un 0.8%, el peor desde la administración de José López Portillo. Mientras otros países han encontrado la manera de repuntar, México parece estancado, inmovilizado por decisiones erráticas y políticas que, si bien han mantenido un discurso de austeridad, en la práctica no han hecho más que exacerbar el problema.
Y si hablamos de crecimiento, no podemos dejar de mencionar la inversión extranjera, otro talón de Aquiles de esta administración. Las cifras oficiales indican que la llegada de capitales foráneos ha sido 3 mil 274 millones de dólares menor en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las nuevas inversiones, que son las que generan empleos y dinamizan la economía, apenas alcanzaron los 59 mil 738 millones de dólares en este sexenio, una cifra muy por debajo de los 75 mil 496 millones alcanzados por Peña Nieto. ¿Y qué pasó con el tan anunciado nearshoring? Aquella gran promesa de que México se convertiría en el destino predilecto para las empresas que buscan acercarse a Estados Unidos ha quedado en el aire. La inseguridad, la corrupción y la falta de certidumbre jurídica han espantado a los inversionistas, quienes optan por destinos más estables.
Este panorama se complica aún más cuando observamos el déficit fiscal. Al cierre de julio de 2024, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que miden la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, registraron un déficit de 1.043 billones de pesos, el más alto en los primeros siete meses del año desde que se tiene registro. ¿Qué significa esto? Que estamos gastando mucho más de lo que generamos, y los ingresos provenientes de la exportación petrolera y del cobro de impuestos no son suficientes para cubrir las necesidades del gobierno. Este déficit es una señal clara de que nuestra economía está desequilibrada y no puede sostener el ritmo de gasto actual.
Muchos defensores de la administración actual han señalado que, a pesar de todo, López Obrador mantuvo una disciplina fiscal encomiable, sobre todo durante la pandemia del COVID-19. Y es cierto, en comparación con otros países, México mantuvo una estabilidad macroeconómica sorprendente. Sin embargo, esto fue a costa de un crecimiento raquítico y una inversión extranjera diezmada por la incertidumbre jurídica que algunas reformas generaron.
Uno de los grandes ejes del discurso del presidente fue la creación de una sociedad del bienestar, un ideal que prometía corregir décadas de desigualdad. Sin embargo, ese gran cambio estructural nunca se dio. Los ricos son más ricos, y los pobres, aunque han recibido becas, pensiones y apoyos, siguen sin acceso a las oportunidades que realmente les permitirían salir de la pobreza. La distribución de recursos nunca fue revisada a fondo, y los programas sociales, aunque bienintencionados, no han atacado las raíces del problema.
Un ejemplo claro es el presupuesto destinado a los programas sociales para jóvenes que, dicho con todo respeto, ni estudian ni trabajan. 600 mil jóvenes reciben apoyo económico sin que se les exija nada a cambio. Lo mismo ocurrirá con las mujeres entre 60 y 64 años. Entre ambos programas, los expertos estiman que se gastarán en 2025 alrededor de 90 mil millones de pesos. ¿Es esto sostenible a largo plazo? Difícilmente. Aunque estos apoyos han mejorado la calidad de vida de algunos sectores, no se están generando las condiciones necesarias para un crecimiento económico real.
Y mientras tanto, las calificadoras internacionales como Morgan Stanley, Moody’s, Bank of América y Fitch miran con preocupación el rumbo que está tomando la economía mexicana. El gran proyecto energético de la administración, Pemex, sigue siendo un barril sin fondo, y la ineficiencia de la refinería Dos Bocas ha costado miles de millones de pesos sin resultados tangibles.
Además, el papel del Ejército en la asignación de contratos y en la administración de recursos públicos es un tema que no podemos pasar por alto. Se ha recurrido a las Fuerzas Armadas como el gran contratista del gobierno, con adjudicaciones directas y sin licitación. Esta falta de transparencia no solo genera desconfianza, sino que también abre la puerta a posibles desvíos de recursos que, hasta ahora, no han sido esclarecidos.
Con todo, sería injusto no reconocer un logro significativo de este sexenio: el incremento al salario mínimo. La reciente reforma constitucional que garantiza que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación es, sin duda, un avance. En un país donde el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo en los últimos 40 años, esta reforma es un paso importante hacia la recuperación del bienestar de los trabajadores.
Así pues, el legado de López Obrador es un espejo roto: mientras algunos ven en sus fragmentos la justicia social prometida, otros ven solo el reflejo de una economía descompuesta.
La historia se encargará de juzgar si el legado de esta administración fue un paso hacia adelante o simplemente una ilusión más en el largo y sinuoso camino de la política mexicana. Pero, como siempre, la realidad económica será el juez más implacable de todos.
En X @DEPACHECOS
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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