NACIONALES
CONAGO da su respaldo a Sheinbaum: Unidad nacional, sostén para que el país progrese

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Se cumplieron los iniciales cien días del gobierno de la primera presidenta de México y los resultados son favorables, gracias a que impera la unión a su alrededor: muestra patente la dieron los 32 gobernadores de las entidades federativas, quienes cerraron filas en torno a la mandataria federal.
Como trasunto de ese panorama, se registraron varios sucesos que denotan la buena marcha de las actividades esenciales para el desarrollo: cinco gobernadores del occidente del país se reunieron para tratar temas de seguridad y enseguida, once funcionarios de igual número de estados acordaron prometedoras medidas para que el turismo prospere. Jalisco ha estado presente en lo nacional y lo regional, lo cual habla bien del flamante ejecutivo que ahora lo dirige.
En un desplegado fechado el 8 de este mes, los mandamases de la totalidad de entidades federativas, es decir, gobernantes emanados del partido en el poder federal y de los de oposición, unidos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), reconocieron el liderazgo de la presidenta, remarcando su labor en beneficio de las mujeres, las familias y los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ya sabemos que desde 2002 se integró ese organismo de ejecutivos estatales, conocido por sus siglas de CONAGO -13 de julio de 2002- en Cancún, Quintana Roo. A esa turística ciudad acudieron todos los gobernadores o representaciones, del entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del ahora desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseverando la voluntad superior de consolidar los fines del pacto federal; luego en San Luis Potosí (el 30 de julio de 2003), se integraron plenamente los gobernadores provenientes de todos los partidos políticos, manifestando su voluntad de buscar democráticamente mejoras para juntos fortalecer la república.
Desde ese tiempo para acá, con altas y bajas, el organismo ha trabajado en función de su objetivo, aun cuando hemos de anotar que, en tanto Enrique Alfaro fue gobernador de Jalisco -como predecesor de Pablo Lemus- hubo forcejeos inusitados, mismos que sembraron confusiones y divisiones lamentables en la mencionada CONAGO: hasta un frente dizque “federalista” con visos camorristas se conformó, el cual, por fortuna, hoy por hoy está superado.
Así pues, los 32 gobernadores del país, incluidos los de la oposición, cerraron filas con la mandataria Claudia Sheinbaum, al respaldar sus primeros 100 días de trabajo al frente de la Presidencia de la República. El desplegado que aludimos, está encabezado por la gobernadora morenista bajacaliforniana y presidenta de la CONAGO, Marina del Pilar Ávila, viniendo enseguida los demás ejecutivos locales, desde la blanquiazul Tere Jiménez de Aguascalientes, el jalisciense Pablo Lemus, sostenido por MC, al igual que el regiomontano Samuel García, o los panistas Mauricio Kuri y Libia García de Querétaro y Guanajuato, respectivamente; o el priista de Durango, Esteban Villegas y el mestizado tricolor de Coahuila, Manolo Jiménez, prosiguiendo con guindas de todas partes, hasta agotar la planilla de guías estatales, donde se incluye la poderosa mandataria de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Esa abigarrada lista le expresó a Claudia Sheinbaum, literalmente: «Bajo su liderazgo estamos seguros de que enfrentaremos los retos con valentía y unidad, saliendo fortalecidos. Desde la CONAGO reiteramos nuestro compromiso absoluto con el proyecto de transformación que usted encabeza».
Los mandatarios estatales expresaron su apoyo y su compromiso para mantener la comunicación y la coordinación en beneficio del pueblo de México, enfatizando: «Sabemos que enfrentamos tiempos complejos y desafíos significativos. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que el pueblo mexicano tiene una fuerza inquebrantable para superar cualquier adversidad”.
Y luego subrayan la calidad de dirigente de la presidenta: Bajo su liderazgo, estamos seguros de que enfrentaremos esos retos con valentía y unidad, saliendo fortalecidos. Unidos, trabajando en equipo y con la energía de nuestra gente construiremos un futuro lleno de esperanza y prosperidad».
Es resaltante la importancia que se concede por los gobernadores a la idea de unión: «Creemos firmemente en la unidad entre la federación y las entidades, en el diálogo como herramienta clave para el cambio y en la colaboración para llevar justicia y bienestar a cada rincón del país”. En consecuencia, agregan estas distinguidas personalidades: “En nosotros encontrará aliados comprometidos con hacer realidad los sueños de millones de mexicanas y mexicanos”.
Es incuestionable que, entre los retos por venir, los firmantes del desplegado que comentamos visualizan el formidable problema del inminente presidente estadounidense Donald Trump, quien, con amagos y amenazas de aranceles y deportaciones masivas de connacionales, trastorna muchas conciencias y pone en estado de alerta a casi todo el mundo. Mas la firmeza demostrada por la primera magistrada de México, da confianza de que se sorteará con éxito el aprieto.
Los gobernadores precisan que la administración de Claudia Sheinbaum ha alcanzado logros de gran trascendencia, como la aprobación de reformas constitucionales “que contribuirán al bienestar y el desarrollo de México”. De igual forma, ha disminuido el índice de ilícitos en porcentajes elevados.
En efecto, ese modo de conducir los asuntos nacionales se repite regionalmente a lo largo y ancho de la república. Como ejemplo citaremos que el día 8 de este mes, “Los mandatarios de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas tuvieron ayer una reunión con altos mandos del Ejército Mexicano adscritos a la Quinta Región Militar para intercambiar estrategias de contención y combate a las organizaciones delictivas que operan en esta zona de México”.
De este modo se refrendaron los compromisos de cooperación y coordinación para enfrentar los desafíos que aquejan a las comunidades de estas entidades, todo ello apegado al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que todas y todos vayamos en pos de la construcción de la paz, con el compromiso firme de trabajar coordinadamente en apego a la Estrategia Nacional de Seguridad, al fortalecimiento de las instituciones públicas y a la seguridad de las personas. (La Jornada, 9-enero-2025).
Dentro de ese perfil de trabajo, la semana pasada, hubo otra reunión en Puerto Vallarta, pero ahora de los jefes de turismo en once entidades con litoral en el Océano Pacífico. La anfitriona fue la secretaria del ramo en Jalisco, Fridman Hirsch, quien explicó que se inició el diseño de un trabajo de desarrollo, posicionamiento y promoción turística conjunta, que irá dando frutos en el mediano plazo, pero “sobre todo trabajando en equipo”, es decir con unidad. Entre los primeros acuerdos, destaca el relacionado al segmento de cruceros, actividad sustancial para lugares como Vallarta, Acapulco, Los Cabos o Mazatlán. El objetivo es “diseñar un plan conjunto de promoción turística para aquellos proyectos o temáticas que nos unen como Pacífico Mexicano”. (Contralínea. Net. 10-enero-2025).
La conclusión es que indudablemente, en base a la unidad nacional, y en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como lo acreditaron los gobernadores del total de entidades federativas de México, nuestra patria está dirigida por una jefa de Estado que, con honestidad, sensibilidad y mística de justicia social, en sus primeros cien días de gobierno, ha guiado con certeza y patriotismo a la nación entera.
NACIONALES
La reforma electoral

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
Es una decisión ya tomada; la reforma electoral va, con todo el poder del gobierno, impulsándola a través de una comisión integrada por funcionarios públicos en su totalidad.
No es extraño que venga una revisión de las reglas y normas electorales después de procesos importantes como la elección presidencial y la del Poder Judicial, lo que llama la atención es que la iniciativa provenga de quien ganó, de quien utilizó y abusó del sistema electoral para llegar al poder y construir una artificial mayoría que hoy quieren hacer valer como legítima.
Por regla general, es la oposición la que busca generar condiciones más favorables en la competencia electoral para mejorar su posición en el tablero político, pero ahora, sorprendentemente, es el gobierno con sus estructuras quien la promueve, aduciendo que quiere hacer más justas y menos onerosas tanto las elecciones como la participación de los partidos, cuando a todas luces busca más ventajas para perpetuarse en el poder.
La iniciativa presidencial nace con la semilla de la sospecha y, si acatamos el dicho popular, piensa mal y acertarás; parece que la oposición y conocedores van por buen camino, si nos atenemos a los dichos y declaraciones del nombrado presidente de la comisión, Pablo Gómez, que a voz en cuello ha proclamado que harán valer su mayoría.
Esa aseveración suena a una abierta amenaza a las minorías y en la actitud de Gómez se percibe un tufo dogmático que suena más a consolidación de una hegemonía que a la configuración de un sistema democrático que permita la competencia equitativa y justa entre todos los participantes de las lides democráticas.
Oficialmente, la comisión ha señalado que la consulta tiene por objeto abordar 14 temas, como el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, el sistema de votación incluyendo urnas electrónicas, la representación proporcional, la difusión de ideas y propaganda gubernamental, la revocación de mandato y libertades políticas, entre otros.
El sospechosísimo, que es solo especulativo, pues aún no hay nada escrito ni formalizado, nos lleva a pensar que, en el primero de estos temas, el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, tratarán de hacer legales los carruseles de depósitos y retiros que tan bien operó el que fuera secretario particular de AMLO, al igual que los sobres amarillos, los descuentos laborales para la causa y las donaciones anónimas.
En el sistema de votación tendrán que hacer milagros para que votar sea un ejercicio accesible para millones de mexicanos pues la tendencia a hacer coincidentes elecciones federales con locales y encima la elección judicial llevándose a cabo en la misma fecha, hará de los centros de votación núcleos de confusión.
En el tema de la difusión de ideas y propaganda gubernamental y de partidos tal vez pretendan que en la plataforma informativa de presidencia sea legal incluir propaganda a favor del partido gobernante y que la presidente pueda denostar, descalificar, condenar a opositores y revelar cuentas y datos personales como lo hizo impunemente AMLO cada que pudo y quiso.
Un capítulo importante será el de los organismos electorales, en el que se ha dicho que pretenden que los consejeros del INE, a los cuales les cambiarían el nombre, sean elegidos por votación popular, es decir, por la mayoría que harán valer (Pablo Gómez dixit), terminando de cooptar al organismo antes independiente. Los tribunales electorales, sus magistrados, ya son por elección con lo cual la justicia electoral ahora estará en manos de la nueva mayoría.
Otra joya no menos reluciente, o más todavía, será la representación de las minorías que ahora, según ha trascendido, no serán electas por listas propuestas por los partidos, sino que las posiciones, sean 300 o menos como pretenden, se adjudiquen a la primera minoría resultante de cada elección.
Esto quiere decir que donde ganen por mayoría no tendrán problema, pero donde pierdan serán la primera opción para representación proporcional y así, entre ganadores y perdedores, ganar una sobrerrepresentación sin tener que recurrir a dictámenes amañados o malabares de leguleyo para obtener mayorías dominantes en el poder legislativo.
En fin, a la fecha todo es especulación, pero se le miran los dientes al lobo tras la piel de oveja de una reforma anunciada con buenas intenciones, pero repleta de manzanas envenenadas. La última palabra la tendrá el Congreso, según afirmó Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, pero sabemos que a nuestros ilustres diputados les gusta el trámite rápido y no se distinguen por su capacidad de análisis o de lectura, de comprensión.
La reforma va y solo esperamos que dejen el voto libre y la participación ciudadana en el conteo como remota garantía de que el voto será respetado, y que tengan cuidado con sus criterios de austeridad, porque la futura elección puede convertirse en el más pavoroso desorden que se haya conocido.
NACIONALES
La política detrás de la pobreza

– Opinión, por Iván Arrazola
El informe sobre pobreza multidimensional elaborado por el INEGI ha generado un intenso debate en la opinión pública. Este tipo de pobreza no se mide únicamente por el nivel de ingresos, sino que considera múltiples carencias que afectan la calidad de vida de las personas, como el acceso a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.
Desde esta perspectiva integral, que permite dimensionar la pobreza más allá de lo económico, los resultados muestran que alrededor de 13 millones de mexicanos dejaron atrás esta condición en los últimos seis años, una cifra que merece análisis detenido.
Este resultado se atribuye al aumento sostenido del salario mínimo, a las remesas y al fortalecimiento de programas sociales. Sin embargo, hay un factor menos mencionado y no menos decisivo: la dimensión política. Desde que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder, se tomaron decisiones estratégicas que modificaron el diseño y la operación de las políticas sociales en México.
Una de las más relevantes fue la incorporación de los programas sociales a la Constitución, lo que los blindó frente a posibles cambios de gobierno y aseguró su permanencia como derecho exigible. Este movimiento no solo implicó una apuesta de largo alcance, sino que también obligó a las fuerzas políticas opositoras a respaldar la reforma, otorgándole un consenso inusual en la historia reciente del país.
El impacto político de esta decisión se tradujo en programas de alto alcance y visibilidad, como Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender un oficio, o la duplicación de la pensión universal para adultos mayores, que se convirtió en el programa estrella del sexenio.
La masificación de estos apoyos, junto con el discurso que los acompañó, generó una narrativa de justicia social que caló en sectores históricamente desfavorecidos. No obstante, este despliegue requirió recortes significativos bajo el principio de austeridad republicana, el rediseño institucional que llevó a la desaparición de organismos y nuevas disposiciones como la limitación de los salarios de funcionarios públicos.
La política también explica por qué, a pesar de los avances estadísticos, persisten rezagos estructurales. El informe del INEGI revela que, aunque se redujo la pobreza extrema a siete millones de personas, el 48.2 % de la población sigue sin acceso a seguridad social, el 34.25 % carece de servicios de salud y el rezago educativo alcanza al 18.6 %.
Estos datos muestran que las transferencias directas son una herramienta eficaz para aliviar carencias inmediatas, pero no sustituyen la necesidad de fortalecer servicios públicos de calidad.
El factor político también se refleja en la facilidad con la que el gobierno ha operado cambios profundos sin enfrentar un costo elevado. Con mayorías legislativas que permitieron aprobar presupuestos y reformas sin necesidad de negociar con la oposición, el Ejecutivo logró avanzar en su proyecto prácticamente sin contrapesos. Esta ausencia de rendición de cuentas ha significado que incluso decisiones cuestionadas, como el cierre de estancias infantiles o los recortes a instituciones, no hayan representado un desgaste significativo para el oficialismo.
El caso de la educación resulta ilustrativo: mientras el rezago educativo a nivel nacional alcanza al 18 % de los niños en edad escolar, en comunidades indígenas la cifra es más dramática, con cuatro de cada diez menores fuera de la escuela. Pese a ello, la narrativa oficial ha centrado la atención en el número de personas que superaron la pobreza multidimensional, construyendo un relato que coloca al gobierno como el artífice de una hazaña histórica.
Sin embargo, este logro tiene matices. El informe advierte que los programas sociales no llegan con la misma intensidad a todas las regiones del país y que los estados del sur siguen registrando índices de pobreza superiores al 50 %. Ello sugiere que, si bien los apoyos generan un alivio inmediato, no siempre atacan de raíz las desigualdades estructurales ni garantizan la igualdad de oportunidades en el largo plazo.
La reducción de la pobreza multidimensional, celebrada como una de las mayores victorias del régimen, debe entenderse entonces como el resultado no solo de factores económicos y sociales, sino también, y de manera decisiva, de factores políticos.
No obstante, este avance también evidencia los riesgos de un modelo basado en transferencias económicas directas, sin un fortalecimiento paralelo de los servicios públicos y sin contrapesos institucionales que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
Los resultados del informe sobre pobreza multidimensional muestran un logro significativo, pero también plantean preguntas de fondo: ¿es sostenible este modelo de política social en el tiempo?, ¿podrá el país reducir la pobreza sin comprometer la calidad institucional y los derechos ciudadanos? La respuesta dependerá de si México logra equilibrar la eficacia política de las transferencias con la construcción de un sistema robusto de servicios y garantías sociales que trasciendan coyunturas y administraciones.
NACIONALES
La toga en las urnas: 1 de septiembre, el inicio de una nueva era judicial

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho
El 1 de septiembre marcará un momento histórico para México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrarán en funciones tras haber sido electos mediante voto popular.
No se trata solo de un cambio en la forma de llegar a estos cargos, sino de un giro profundo en el que la legitimidad social y la relación con la ciudadanía pasan a jugar un papel tan visible como el conocimiento técnico y la trayectoria profesionales.
Hasta ahora, los jueces y magistrados ascendían a la carrera judicial mediante exámenes y concursos de oposición. Este modelo privilegiaba la formación académica, la experiencia en tribunales y el mérito profesional. Los ministros, por su parte, eran propuestos por el Ejecutivo y avalados por el Senado, con lo que cada nombramiento implicaba negociaciones políticas y acuerdos legislativos.
Sin embargo, incluso en el ámbito de la carrera judicial, las asignaciones a estados o circuitos no estaban exentas de influencias internas: el Consejo de la Judicatura y las dinámicas internas del Poder Judicial determinaban en muchos casos los destinos de quienes habían aprobado los exámenes. Este equilibrio entre mérito técnico y realidades institucionales definía hasta ahora el acceso y la carrera dentro del Poder Judicial.
El cambio que inicia este septiembre es profundo. La elección popular introduce un vínculo directo entre ciudadanía y justicia. Los jueces y ministros que asumen su cargo ya no son únicamente expertos reconocidos por sus colegas; son personas elegidas por votación, con una legitimidad social explícita.
Esto implica responsabilidades adicionales: deberán responder a la sociedad que los eligió, sin sacrificar la imparcialidad ni la técnica jurídica que exige su función. La legitimidad democrática y la independencia judicial ahora deberán coexistir de manera armoniosa, y será interesante observar cómo se logra este equilibrio en los próximos años.
La historia ofrece paralelismos útiles para entender este cambio. Durante la Revolución Francesa, la justicia dejó de ser un privilegio exclusivo del monarca y de la nobleza. Se instituyó para que ciertos jueces, como los jueces de paz, fueran elegidos por asambleas locales. La intención era acercar la justicia al pueblo y garantizar que los magistrados respondieran a las necesidades de las comunidades, sin perder el rigor técnico ni la formación profesional.
México enfrenta un desafío similar: combinar la legitimidad democrática con la imparcialidad y el conocimiento profundo de la ley. La experiencia francesa muestra que la elección popular puede fortalecer la confianza ciudadana, siempre que existan mecanismos claros para preservar la independencia del juez.
De esta manera, la entrada en funciones de estos jueces, magistrados y ministros tiene como principal tarea modificar la percepción que la sociedad tiene del Poder Judicial. Durante décadas, los tribunales se percibieron como espacios lejanos, inaccesibles y opacos.
El lenguaje técnico, los procedimientos largos y la distancia con la ciudadanía reforzaban la idea de un poder aislado. Ahora, la elección popular obliga a que los juzgadores sean comprensibles, transparentes y responsables frente a quienes los eligieron. La justicia deja de ser un mecanismo abstracto para convertirse en un instrumento que debe conectar con la vida cotidiana de la gente.
No obstante, la elección no reemplaza los retos estructurales del sistema judicial. La carga de trabajo, la lentitud de procesos, la infraestructura limitada y los recursos escasos siguen siendo problemas que afectan la eficiencia y la percepción de justicia.
Lo que cambia es el vínculo simbólico: los jueces ya no solo son figuras técnicas, sino representantes de la voluntad ciudadana en la toma de decisiones judiciales. Esa cercanía puede fortalecer la confianza, siempre que se mantenga la disciplina y la autonomía profesional que exige la ley.
El reto para esta generación es doble. Deben mostrar independencia y conocimiento, pero también construir puentes de confianza con la ciudadanía. Las expectativas populares son altas y, al mismo tiempo, la función judicial exige prudencia, análisis profundo y apego estricto a la ley.
Esta tensión será uno de los factores definitorios del éxito del modelo. La legitimidad democrática no puede debilitar la imparcialidad; al contrario, debe fortalecerla al demostrar que un juez electo puede decidir con justicia y rigor.
El 1 de septiembre no marca simplemente un relevo de cargos: inaugura un laboratorio institucional en el que la democracia y la justicia deberán coexistir. Los nuevos jueces, magistrados y ministros comenzarán a escribir la historia de una etapa en la que la balanza judicial se conecta con la voluntad ciudadana. La ciudadanía, por su parte, tendrá la oportunidad de evaluar cómo esta relación influye en la eficiencia, la transparencia y la confianza en la justicia. Este ejercicio será clave para consolidar un sistema judicial más cercano, legítimo y comprensible.
El futuro de esta reforma depende de la capacidad de los jueces para equilibrar la legitimidad social con la técnica profesional y del acompañamiento crítico de la ciudadanía. La justicia electa, al final, será tan fuerte y confiable como lo sea la sociedad que la observa, la exige y la respalda.
En definitiva, el 1 de septiembre inaugura una era inédita para México: un Poder Judicial que no solo ejerce la ley, sino que también nace del voto ciudadano. La toga, refrendada por la sociedad, tiene ahora la oportunidad de simbolizar una justicia más cercana, más humana y democrática.
Su éxito dependerá de la capacidad de quienes asumen estos cargos para equilibrar técnica, independencia y legitimidad social, y de la sociedad para acompañar con criterio y vigilancia este experimento sin precedentes.