JALISCO
Convoca jurista Diego Valadés a abogados, periodistas y universitarios: Hay que defender el estado de derecho y detener el deterioro institucional
Por Mario Ávila //
Ante el grave problema de la erosión institucional del país, como consecuencia del deterioro de la gobernabilidad, el abogado Diego Valadés Ríos, quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elogió la respuesta espontánea de la sociedad mexicana en defensa de la democracia y el estado de derecho, tarea a la que consideró deben sumarse los abogados del país, los periodistas y los universitarios.
Al participar como conferencista invitado, en el marco de la asamblea del capítulo occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, A.C., Valadés Ríos retrató un panorama desolador para el estado de derecho en el país, pero se congratuló de que “hay un Poder Judicial Federal, que ha hecho frente al embate, solo con argumentos constitucionales; que ha habido órganos constitucionales autónomos que a pesar del vendaval han mantenido su funcionalidad y que hay organizaciones sociales y profesionales, y esta es una de ellas”, dijo refiriéndose al Colegio que lo invitó a dictar su conferencia efectuada la noche del jueves 12 de marzo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura que antes albergó a la XV Región Militar en Jalisco.
A este tipo de respuestas -dijo-, podemos agregar también la presencia de una prensa muy analítica, muy crítica en el sentido constructivo, de ahí que a su vez merece esta expresión de solidaridad con los periodistas que han sido victimados, como el caso reciente en Jalisco de Jaime Barrera. Pero los medios de comunicación y los centros de reflexión nacional que son las universidades, en un gran conjunto de instituciones públicas y privadas, que ya atienden a 2 millones de educandos en el país, son entre otras cosas, los elementos que han permitido preservar lo que hasta este momento todavía tenemos.
A la pregunta de qué tarea nos espera para la recuperación del estado de derecho en toda su plenitud, el propio abogado, jurista e investigador mexicano, planteó: “Sobre este aspecto tenemos el problema de una retórica explosiva, que tiende a polarizar y a construir dos grandes núcleos de opinión en el país, contrapuestos entre sí, que impiden el diálogo, que impiden la reconstrucción de instituciones, que impiden los consensos propios de toda democracia.
“La democracia es estrictamente dialógica, que implica la presencia de un diálogo; esto está interrumpido en el país y es lo primero que tenemos que recuperar como base para el restablecimiento de la plenitud del estado de derecho, que se traduce en gobernabilidad y en institucionalidad. Para esto creo que es necesario o posible al menos tres grandes procesos que nos esperan como sociedad política: 1.- Detener el deterioro, 2.- Invertir la tendencia y 3.- Construir una nueva institucionalidad en el país.
“Para esto tenemos ya todos los elementos porque hay una sociedad actuante y una sociedad interesada. Por vez primera en nuestra historia política, las clases medias comienzan a movilizarse en torno al concepto de democracia. Es un fenómeno novedoso, las propuestas de cambio están desde hace mucho tiempo archivadas”, expuso.
Recordó que desde los años 90’s se habló de una necesaria reforma del estado, “no se prestó atención y simplemente se confió en que la democratización de los procesos electorales, eran suficientes para establecer la democracia en el país; pero una democracia se basa sí en procesos electorales que forman parte de la legitimación de origen de quienes ocupan el poder, pero también se necesita la legitimación de quienes desempeñan el poder justamente porque haya mecanismos adecuados de control entre ellos”.
Hacia el futuro -sentenció-, tenemos que pensar por lo mismo en estos tres procesos, que no necesariamente tienen que ser sucesivos en el tiempo, que pueden darse de manera convergente, pero primero será detener la erosión y el déficit de gobernabilidad para lo cual es necesario no hacer reformas jurídicas, sino hacer reformas en la conducta de los agentes del poder, a quienes tenemos que reclamarles respeto por su propia función, respeto por el gobernado y respeto por el adversario.
También tenemos que plantear -abundó-, de momento, el simple cumplimiento de las disposiciones constitucionales, que sabemos suelen ser preferidas en numerosos casos, sobre todo cuando se mantienen sin integración muchos de los órganos constitucionales que están previstos. Se requiere a la vez, una nueva relación entre Gobierno y Congreso porque el proceso de deterioro ha llevado a que se pierda hasta lo esencial: La cuenta pública, que fue una más de las aportaciones de la Revolución Francesa, en el primer constitucionalismo lo que se planteó fue simplemente que los gobernados participaran en la definición de las exigencias de naturaleza tributaria de parte del gobernante. Y esa fue la Carta Magna de 1215 después se pasó a la regulación del gasto y mucho tiempo después, el proceso llevó siglos, a la revisión de cuentas de cuánto ingresaba y cuánto y cómo se gastaba. Esto fue en la Revolución Francesa.
Colegas, saben lo que ha pasado -cuestionó-, que ya no hay cuenta pública en el país, que la última vez que la cuenta pública se discutió de manera pública en la Cámara de Diputados fue en el 2011, ahora ya la cuenta pública la aprueba una comisión presidida por el partido mayoritario en la Cámara de Diputados y no trasciende más que a aquellos que se interesen por conocer las características de la cuenta y vayan a la página de internet de la Contaduría Mayor de Hacienda, que hoy es el órgano fiscalizador del estado mexicano. Y como no tenemos ya ese mínimo control, como nuestros representantes ni siquiera se enteran y a través de ellos la población de cómo se está disponiendo de nuestros recursos, quiere decir que traemos un déficit institucional muy profundo.
LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS
En la recuperación del país -precisó-, tenemos que advertir que con los elementos que son, sobre todo esa buena sociedad a la que me refería, tenemos que pasar a la reconfiguración del sistema representativo, a la determinación de que el estado mexicano tenga una política de justicia de la que carece, al combate efectivo a la corrupción que entre otras cosas es inmanejable e incontrolable por efectos del mismo sistema político que tenemos.
Porque tenemos un sistema político patrimonialista como ley -sentenció-, conforme al cual quien se adueña del poder político, se adueña por completo de la administración, no tenemos una administración profesional y políticamente neutral, sino que tenemos una administración apendicular del poder político.
En México la lucha electoral, lo mismo en el ámbito federal que en el ámbito local, o en el ámbito municipal, es una lucha por el estatus administrativo y por el abordamiento literalmente en el sentido de abordar la administración y apropiarse de ella mientras se tiene el poder político, por eso se forman hegemonías partidistas en México. Porque el gran incentivo no está ni en la ideología, ni en el programa, ni en la caracterización de los partidos, sino en la apropiación de un gran botín que representa la administración pública y eso tenemos que cambiarlo.
EL SISTEMA JUDICIAL MEXICANO EL MÁS REZAGADO DEL MUNDO
En otro punto de su disertación, el abogado Diego Valadés, planteó que todos los juzgadores mexicanos conocen que el sistema judicial tiene que seguir avanzando, “el sistema judicial mexicano es lamentablemente uno de los más rezagados en el mundo, en el caso de la OCDE es el último; no porque no tengan una alta calidad nuestros juzgadores, sino porque en México tenemos 5 juzgadores por cada 100 mil habitantes, frente a la medida de la OCDE que es de 21 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Y países como Alemania tiene más de 30 juzgadores por 100 mil habitantes. En nuestra propia América, son 11 en Colombia y en Perú y son 25 en Costa Rica y en Uruguay.
“De manera que mientras el Estado Mexicano no atienda este problema, la cuestión judicial tendrá todavía muchos pendientes que atender. Mucho es lo que hacen los jueces que en este momento tenemos. No hay por otra parte, una Secretaría de Justicia, que permita establecer entre otros aspectos los efectos reales de la normativa en rigor, es decir no tenemos estudios de impacto normativo en el país, cuando es el estándar en cualquier democracia consolidada contemporánea”, expuso el jurista, escritor y político mexicano.
Y así como esto nos falta lo esencial -planteó-, el estado mexicano como tal, desde 1917 a la fecha, carece de política de justicia, en 1917 fueron abolidas dos secretarías, la de instrucción y la de justicia. En 1921 se reestableció la de instrucción con el nombre de Educación Pública, pero no se ha vuelto a pensar en la necesidad de una Secretaría de Justicia, no para que manipule, no para que ordene, no para que dirija; al contrario, para que simplemente planifique y ayude al desarrollo de las instancias de la Judicatura mexicana.
El sistema Presidencial -apuntó-, que emanó de la constitución de 1917 derivó en un absolutismo presidencial, porque así como no se han atendido las necesidades de la Judicatura de manera satisfactoria y así como se mantiene muy limitado el sistema representativo del país, entre otras cosas, no puede llevar a cabo ningún tipo de investigación acerca de lo que hace la administración pública, ni de evaluación acerca de los resultados de los diferentes planes nacionales y estatales, ni de la consecuente sanción a aquellos que no cumplan con su responsabilidad. Así como eso ha pasado, de la otra parte, del Ejecutivo, todo lo que hemos tenido ha sido un incremento sucesivo de facultades, muchas de ellas a expensas del sistema federal.
Recordó Diego Valadés, en el marco de la Asamblea general 2024 del Capítulo Occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, fundado en el año de 1760, que el artículo más reformado de la Constitución, con más de 70 enmiendas, “es el artículo 73 que previene cuáles son las facultades del Congreso y si contamos el número de sus fracciones, veremos que frente a las 29 fracciones originales de 1917, se han adicionado 30 más. Y todas esas facultades adicionales que ejerce el Congreso, en suma, se traducen también en atribuciones presidenciales”, sentenció el jurista.
SE PARTIDIZARÁ LA JUSTICIA AL ELEGIR JUECES, MAGISTRADOS Y MINISTROS
En otro tema por demás relevante y actual, que está en la palestra del Congreso de la Unión, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la incorporó entre las propuestas de reformas constitucionales, destaca el tema de someter al voto popular, la designación de jueces, magistrados y ministros dentro del Poder Judicial.
Ante este panorama de concentración del poder -dijo Valadés Ríos-, hemos visto cómo se va dando una progresiva erosión de las instituciones y entra en una sinergia negativa con el déficit de gobernabilidad al que nos referimos. Esta erosión progresiva tiene muchos elementos de identificación, uno de ellos la propuesta de que todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, que son casi 1,600 sean elegidos popularmente.
Recordó que esta idea de la elección popular de los jueces, surgió también en la Revolución Francesa, en la primera constitución revolucionaria de 1791 aparecía ya la disposición de que los jueces sería elegidos por el pueblo; se repitió en la de 1795, en la de 1797 y fue derogada en la de 1802 porque se había partidizado e ideologizado la administración de la justicia.
Y abundó: “Tuvo un efecto en el sistema constitucional americano, particularmente por la gran importancia que le dieron los presidentes que se sintieron agraviados porque era inadmisible que la judicatura derogara una decisión legislativa; de tal manera fue tan fuerte este impacto, que en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en Estados Unidos, se produjo casi 50 años después y una de las respuestas consistió la elección de los juristas, pero nada más en el ámbito local, nunca se ha planteado en el ámbito federal. En este caso casi la mitad de los estados, en Estados Unidos, eligen jueces popularmente, pero no han podido evitar, según o reconocen ellos mismos, la partidización de la Judicatura”.
Finalizó diciendo: “Ahora bien, cuando se plantea la partidización de la Judicatura en un proceso constructivo de una nueva hegemonía de partido, es evidente que de lo que se trata es de propiciar la demagogia y la subordinación judicial a la estructura partidista”.
Bioética, por Omar Becerra Partida //
La relación entre la bioética y el derecho notarial jalisciense, aunque pueda parecer distante a primera vista, se ha vuelto cada vez más relevante en los últimos años. A medida que la ciencia avanza y la sociedad se enfrenta a nuevos dilemas morales relacionados con la vida y la salud, los notarios públicos, como garantes de la legalidad y formalización de actos jurídicos, se ven involucrados en cuestiones bioéticas de gran complejidad.
La intersección entre ambas disciplinas se produce principalmente en los siguientes ámbitos:
Testamentos y donación de órganos: Los notarios son fundamentales en la formalización de testamentos donde se expresa la voluntad de una persona respecto a la donación de órganos. Esto implica cuestiones bioéticas relacionadas con la autonomía del paciente, el consentimiento informado y la protección de la vida.
Directivas anticipadas: Los notarios también intervienen en la elaboración de directivas anticipadas, documentos en los que una persona expresa sus deseos sobre los cuidados médicos que desea recibir en caso de no poder tomar decisiones por sí misma. Esto plantea cuestiones bioéticas relacionadas con la calidad de vida, el sufrimiento y la muerte digna.
Patrimonio genético: En algunos casos, los notarios pueden intervenir en la gestión de patrimonios que incluyen información genética. Esto plantea interrogantes sobre la privacidad, la confidencialidad y los posibles usos discriminatorios de dicha información.
Biotecnología y reproducción asistida: Aunque no es una práctica común en el notariado, en algunos países los notarios pueden intervenir en la formalización de acuerdos relacionados con la reproducción asistida, lo que implica cuestiones bioéticas como la selección de embriones, la clonación y la manipulación genética.
EL PAPEL DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE JALISCO
El Colegio de Notarios de Jalisco, consciente de esta creciente intersección, ha tomado diversas iniciativas para fortalecer la formación de sus miembros en temas bioéticos:
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Convenios de colaboración: Ha firmado convenios con instituciones especializadas en bioética, lo que permite a los notarios acceder a conocimientos especializados y recursos actualizados, entre ellos con el Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco AC.
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Capacitación continua: Organiza cursos y talleres para que los notarios estén al tanto de los avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la biomedicina, así como de las implicaciones éticas que estos avances conllevan.
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Elaboración de protocolos: Desarrolla protocolos y guías de actuación para que los notarios se enfrenten a situaciones que involucren cuestiones bioéticas, asegurando que actúen de manera ética y legal.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
La relación entre la bioética y el derecho notarial jalisciense presenta tanto desafíos como oportunidades:
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Complejidad de los temas: Los avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la biomedicina generan nuevos dilemas éticos de gran complejidad, que requieren una constante actualización de los conocimientos de los notarios.
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Legislación: La legislación en materia de bioética está en constante evolución, lo que exige a los notarios un seguimiento riguroso de las normas y jurisprudencia.
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Oportunidad de liderazgo: Los notarios, por su papel de garantes de la legalidad, tienen la oportunidad de convertirse en líderes en el debate público sobre los desafíos bioéticos.
La bioética y el derecho notarial jalisciense están estrechamente vinculados. El Colegio de Notarios de Jalisco, al reconocer esta conexión, está tomando medidas para capacitar a sus miembros y garantizar que los actos notariales se realicen de manera ética y respetuosa con los derechos de las personas.
La relación entre el Colegio de Notarios de Jalisco y la bioética podría parecer a primera vista distante, sin embargo, existe una conexión indirecta pero significativa.
Si bien el Colegio de Notarios de Jalisco no tiene como función principal abordar directamente los dilemas bioéticos, puede desempeñar un papel importante en este ámbito de la siguiente manera:
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Capacitación: El Colegio puede organizar cursos y talleres para que los notarios estén al tanto de los avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la biomedicina, así como de las implicaciones éticas que estos avances conllevan.
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Elaboración de protocolos: Puede elaborar protocolos y guías de actuación para que los notarios se enfrenten a situaciones que involucren cuestiones bioéticas, asegurando que actúen de manera ética y legal.
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Colaboración con otras instituciones: El Colegio puede establecer colaboraciones con instituciones académicas, centros de investigación y asociaciones médicas para abordar conjuntamente los desafíos bioéticos.
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Sensibilización social: Puede participar en campañas de sensibilización para informar a la sociedad sobre los aspectos bioéticos relacionados con los actos notariales.
Aunque la bioética no es el foco principal de la actividad notarial, el Colegio de Notarios de Jalisco tiene la oportunidad de contribuir a la reflexión y el debate sobre estos temas, asegurando que los actos notariales se realicen de manera ética y respetando los derechos de las personas.
El notario, tradicionalmente concebido como el guardián de la legalidad y la seguridad jurídica, ha evolucionado para convertirse en un actor clave en la intersección entre el derecho y la bioética. Esta relación, cada vez más estrecha, se debe a la creciente complejidad de los asuntos humanos, especialmente aquellos relacionados con la vida, la salud y la muerte.
La bioética, disciplina que reflexiona sobre los dilemas morales que surgen en el ámbito de la vida y la salud, encuentra en el notario a un aliado estratégico. Al formalizar actos jurídicos relacionados con la salud, como testamentos vitales, donación de órganos o directivas anticipadas, el notario se convierte en un puente entre los deseos individuales y el ordenamiento jurídico, garantizando que se respeten los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
La función del notario en este contexto trasciende la mera formalización de documentos. Implica asesorar a las personas sobre sus derechos y obligaciones, informar sobre las implicaciones legales y éticas de sus decisiones, y garantizar que estas se expresen de manera clara y precisa. De esta manera, el notario contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde se respetan los derechos fundamentales de las personas, incluso en los momentos más difíciles de sus vidas.
En conclusión, la notaría o el notario, lejos de ser un mero espectador, se ha convertido en un actor protagónico en el debate bioético. Su papel es fundamental para garantizar que los avances científicos y tecnológicos se desarrollen de manera respetuosa con la dignidad humana y los valores éticos de nuestra sociedad.
Desde este espacio damos las gracias a los notarios:
Jaime Eduardo Natera Lopez, José Luis Leal Campos, Juan Jose Serratos Cervantes, Fernando Gallo Perez, Jesus Bailon Cabrera y Lorenzo Bailon Cabrera. Por dejarnos trabajar en temas de bioética y derecho para la sociedad.
Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
¿Cómo se puede llamar a aquella persona que pudiendo haberse despedido hasta con vítores prefiere salir por la puerta trasera? ¿Cómo se le puede llamar a ese afán protagónico, en lo agónico del sexenio, del gobernador Enrique Alfaro? Si de verdad se va a retirar de la política, ¿para qué hacer grilla barata en las postrimerías de su mandato?
Con la muy trillada y choteada exhortación a abandonar el Pacto Fiscal Federal, el gobernador saliente se envalentonó de nuevo ante la nueva faceta de la Cuarta Transformación al convocar a la rebeldía argumentando el trato injusto hacia nuestra entidad por parte de Hacienda (sí cómo no, esa dependencia no tiene control de sus quehaceres ni deberes).
Cuando Alfaro hizo esta faramalla, en el sexenio del Peje, tenía todavía un buen número de aplaudidores, lamebotas y pseudofans, así como el respaldo de Dante Delgado.
Hizo mucho ruido y cosechó muy pocas nueces. El presidente vitalicio de esta nación simplemente lo ignoró y con eso fue suficiente. La alharaca la asegundó el fantoche gobernador de Nuevo León, Samuel García, hasta que le dieron su “estatequieto” y sanseacabó el mitote de la emancipación del centro de estas dos importantes entidades.
¿Buscaría con esta bravuconada comprometer al desdeñado Pablo Lemus? ¿Caerá en el garlito el gobernador electo? Esta maniobra de Alfaro se antoja más que una protesta contra la Federación y sus sistemas de repartición de la riqueza, como una maniobra subliminal hacia el inconsciente colectivo de que Lemus será un títere de su arbitrio y mando a control, como dicen que ocurre desde la Chingada a nivel federal.
Como dijo con versos contundentes, reiterativos y hasta repetitivos (que parece lo mismo, pero no es igual) el eximio poeta y cantautor de Dolores Hidalgo, “porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y…no te has ido”.
La Universidad de Guadalajara será regida por Karla Alejandrina Planter Pérez, quien emerge como la primera mujer en ser la Rectora General desde que nació (la antigua) y renació la nueva UdeG. Es, además, la primera rectora en la que no intervino la voluntad de Raúl Padilla López, por obvias razones.
Aunque a toro pasado cualquiera puede ufanarse de haber vislumbrado esta elección “por ser la época de las mujeres”, lo cierto es que no fue un camino lleno de pétalos de rosas para que la experiodista llegara al máximo honor que puede conferir una institución educativa de la talla de la UdeG.
El consejo General Universitario legitimó con 112 de los 196 votos que se ejercerían los consejeros la elección de la nueva Rectora General, que asumirá funciones a partir del 1 de abril de 2025 hasta marzo 31 de 2031.
El júbilo femenino se desbordó. La Maestra Planter se une a otras 11 rectoras de sendas universidades que ya son dirigidas por mujeres, a saber: Autónoma de Aguascalientes; Autónoma del Carmen; Universidad de Guanajuato; Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Autónoma del Estado de Morelos; Autónoma de Nayarit; Autónoma de Puebla; Autónoma de Querétaro; Autónoma de Quintana Roo; Autónoma de Occidente y la Universidad de Sonora.
Planter Pérez presentó un programa o proyecto de seis años, para que la UdeG siga a la vanguardia de la Educación Superior en nuestro país. No será tarea fácil. Para ello conformará un equipo en el que destaca César Antonio Barba Delgadillo, en la Secretaría General, y otros destacados universitarios a los que sumará para que el proyecto del grupo UNIFEU siga adelante.
Karla Planter ha sido periodista, fundadora del mítico Siglo 21, y conductora de varios y variados programas en Radio UdeG y Canal 44. También conoce la docencia desde las aulas. Es egresada de Estudios Políticos de la institución que habrá de dirigir a partir de abril entrante.
Es, además, investigadora y cursó la Maestría en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Entre otras labores ha sido Coordinadora Ejecutiva de la FIL, en el Programa Académico de ésta. Y es postulante al Doctorado en Ciencias Políticas también por la UNAM.
A Karla Planter sólo se le puede desear éxito en su nueva encomienda. Tiene logros dignos de presumir en sus responsabilidades anteriores, incluyendo la actual rectoría de CUALTOS, con sede en Tepatitlán de Morelos. Y a la UdeG brindarle una ovación por dar ingreso a la modernidad política, estableciendo la equidad en los mandos superiores, donde se toman las decisiones cupulares de la institución.
Opinión, por Samantha Contreras Guerrero //
La generación joven, moldeada en un mundo hiperconectado, ya no concibe la realidad sin digitalización y vive sus preocupaciones en las redes sociales, donde las causas progresistas suelen resonar con fuerza. Sin embargo, los recientes resultados de las elecciones del 2024 han planteado una paradoja: un aumento considerable en el apoyo de los votantes jóvenes —específicamente entre 18 y 24 años— hacia Donald Trump, el presidente electo, un candidato históricamente poco afín a los valores progresistas que esta generación respalda.
Este fenómeno invita a cuestionar si la política estadounidense no está interpretando correctamente las prioridades de esta generación o si los partidos simplemente han fallado en atender a sus necesidades.
Encuestas realizadas por la Universidad de Chicago, sugieren que la juventud estadounidense está profundamente preocupada por temas económicos: la accesibilidad a la vivienda, los altos impuestos y el costo de vida dominan su agenda. Esta generación, contraria al discurso de mercado libre de Trump, exige regulación estatal, pero elige a Trump en un voto ambivalente que refleja frustración y pragmatismo en vez de lealtad ideológica.
La juventud, pese a su identificación con ideas progresistas, parece haber votado en esta ocasión guiada por una lógica más económica que ideológica. En tiempos de crisis, cuando el alto costo de vida pone en jaque las aspiraciones de la persona joven, el acto de votar se convierte en un acto de súplica por la estabilidad económica que les permita construir un futuro digno.
Este voto joven, reflejo de una generación en transición y sin afiliación fija, es un mensaje urgente a la clase política: sus promesas deben ser no solo progresistas en discurso, sino tangibles en resultados económicos, o perderán la confianza de quienes definen el futuro del país.
E-mail: samcg2002@gmail.com
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