Por Mario Ávila //

Ante el grave problema de la erosión institucional del país, como consecuencia del deterioro de la gobernabilidad, el abogado Diego Valadés Ríos, quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elogió la respuesta espontánea de la sociedad mexicana en defensa de la democracia y el estado de derecho, tarea a la que consideró deben sumarse los abogados del país, los periodistas y los universitarios.

Al participar como conferencista invitado, en el marco de la asamblea del capítulo occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, A.C., Valadés Ríos retrató un panorama desolador para el estado de derecho en el país, pero se congratuló de que “hay un Poder Judicial Federal, que ha hecho frente al embate, solo con argumentos constitucionales; que ha habido órganos constitucionales autónomos que a pesar del vendaval han mantenido su funcionalidad y que hay organizaciones sociales y profesionales, y esta es una de ellas”, dijo refiriéndose al Colegio que lo invitó a dictar su conferencia efectuada la noche del jueves 12 de marzo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura que antes albergó a la XV Región Militar en Jalisco.

A este tipo de respuestas -dijo-, podemos agregar también la presencia de una prensa muy analítica, muy crítica en el sentido constructivo, de ahí que a su vez merece esta expresión de solidaridad con los periodistas que han sido victimados, como el caso reciente en Jalisco de Jaime Barrera. Pero los medios de comunicación y los centros de reflexión nacional que son las universidades, en un gran conjunto de instituciones públicas y privadas, que ya atienden a 2 millones de educandos en el país, son entre otras cosas, los elementos que han permitido preservar lo que hasta este momento todavía tenemos.

A la pregunta de qué tarea nos espera para la recuperación del estado de derecho en toda su plenitud, el propio abogado, jurista e investigador mexicano, planteó: “Sobre este aspecto tenemos el problema de una retórica explosiva, que tiende a polarizar y a construir dos grandes núcleos de opinión en el país, contrapuestos entre sí, que impiden el diálogo, que impiden la reconstrucción de instituciones, que impiden los consensos propios de toda democracia.

“La democracia es estrictamente dialógica, que implica la presencia de un diálogo; esto está interrumpido en el país y es lo primero que tenemos que recuperar como base para el restablecimiento de la plenitud del estado de derecho, que se traduce en gobernabilidad y en institucionalidad. Para esto creo que es necesario o posible al menos tres grandes procesos que nos esperan como sociedad política: 1.- Detener el deterioro, 2.- Invertir la tendencia y 3.- Construir una nueva institucionalidad en el país.

“Para esto tenemos ya todos los elementos porque hay una sociedad actuante y una sociedad interesada. Por vez primera en nuestra historia política, las clases medias comienzan a movilizarse en torno al concepto de democracia. Es un fenómeno novedoso, las propuestas de cambio están desde hace mucho tiempo archivadas”, expuso.

Recordó que desde los años 90’s se habló de una necesaria reforma del estado, “no se prestó atención y simplemente se confió en que la democratización de los procesos electorales, eran suficientes para establecer la democracia en el país; pero una democracia se basa sí en procesos electorales que forman parte de la legitimación de origen de quienes ocupan el poder, pero también se necesita la legitimación de quienes desempeñan el poder justamente porque haya mecanismos adecuados de control entre ellos”.

Hacia el futuro -sentenció-, tenemos que pensar por lo mismo en estos tres procesos, que no necesariamente tienen que ser sucesivos en el tiempo, que pueden darse de manera convergente, pero primero será detener la erosión y el déficit de gobernabilidad para lo cual es necesario no hacer reformas jurídicas, sino hacer reformas en la conducta de los agentes del poder, a quienes tenemos que reclamarles respeto por su propia función, respeto por el gobernado y respeto por el adversario.

También tenemos que plantear -abundó-, de momento, el simple cumplimiento de las disposiciones constitucionales, que sabemos suelen ser preferidas en numerosos casos, sobre todo cuando se mantienen sin integración muchos de los órganos constitucionales que están previstos. Se requiere a la vez, una nueva relación entre Gobierno y Congreso porque el proceso de deterioro ha llevado a que se pierda hasta lo esencial: La cuenta pública, que fue una más de las aportaciones de la Revolución Francesa, en el primer constitucionalismo lo que se planteó fue simplemente que los gobernados participaran en la definición de las exigencias de naturaleza tributaria de parte del gobernante. Y esa fue la Carta Magna de 1215 después se pasó a la regulación del gasto y mucho tiempo después, el proceso llevó siglos, a la revisión de cuentas de cuánto ingresaba y cuánto y cómo se gastaba. Esto fue en la Revolución Francesa.

Colegas, saben lo que ha pasado -cuestionó-, que ya no hay cuenta pública en el país, que la última vez que la cuenta pública se discutió de manera pública en la Cámara de Diputados fue en el 2011, ahora ya la cuenta pública la aprueba una comisión presidida por el partido mayoritario en la Cámara de Diputados y no trasciende más que a aquellos que se interesen por conocer las características de la cuenta y vayan a la página de internet de la Contaduría Mayor de Hacienda, que hoy es el órgano fiscalizador del estado mexicano. Y como no tenemos ya ese mínimo control, como nuestros representantes ni siquiera se enteran y a través de ellos la población de cómo se está disponiendo de nuestros recursos, quiere decir que traemos un déficit institucional muy profundo.

LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS

En la recuperación del país -precisó-, tenemos que advertir que con los elementos que son, sobre todo esa buena sociedad a la que me refería, tenemos que pasar a la reconfiguración del sistema representativo, a la determinación de que el estado mexicano tenga una política de justicia de la que carece, al combate efectivo a la corrupción que entre otras cosas es inmanejable e incontrolable por efectos del mismo sistema político que tenemos.

Porque tenemos un sistema político patrimonialista como ley -sentenció-, conforme al cual quien se adueña del poder político, se adueña por completo de la administración, no tenemos una administración profesional y políticamente neutral, sino que tenemos una administración apendicular del poder político.

En México la lucha electoral, lo mismo en el ámbito federal que en el ámbito local, o en el ámbito municipal, es una lucha por el estatus administrativo y por el abordamiento literalmente en el sentido de abordar la administración y apropiarse de ella mientras se tiene el poder político, por eso se forman hegemonías partidistas en México. Porque el gran incentivo no está ni en la ideología, ni en el programa, ni en la caracterización de los partidos, sino en la apropiación de un gran botín que representa la administración pública y eso tenemos que cambiarlo.

EL SISTEMA JUDICIAL MEXICANO EL MÁS REZAGADO DEL MUNDO

En otro punto de su disertación, el abogado Diego Valadés, planteó que todos los juzgadores mexicanos conocen que el sistema judicial tiene que seguir avanzando, “el sistema judicial mexicano es lamentablemente uno de los más rezagados en el mundo, en el caso de la OCDE es el último; no porque no tengan una alta calidad nuestros juzgadores, sino porque en México tenemos 5 juzgadores por cada 100 mil habitantes, frente a la medida de la OCDE que es de 21 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Y países como Alemania tiene más de 30 juzgadores por 100 mil habitantes. En nuestra propia América, son 11 en Colombia y en Perú y son 25 en Costa Rica y en Uruguay.

“De manera que mientras el Estado Mexicano no atienda este problema, la cuestión judicial tendrá todavía muchos pendientes que atender. Mucho es lo que hacen los jueces que en este momento tenemos. No hay por otra parte, una Secretaría de Justicia, que permita establecer entre otros aspectos los efectos reales de la normativa en rigor, es decir no tenemos estudios de impacto normativo en el país, cuando es el estándar en cualquier democracia consolidada contemporánea”, expuso el jurista, escritor y político mexicano.

Y así como esto nos falta lo esencial -planteó-, el estado mexicano como tal, desde 1917 a la fecha, carece de política de justicia, en 1917 fueron abolidas dos secretarías, la de instrucción y la de justicia. En 1921 se reestableció la de instrucción con el nombre de Educación Pública, pero no se ha vuelto a pensar en la necesidad de una Secretaría de Justicia, no para que manipule, no para que ordene, no para que dirija; al contrario, para que simplemente planifique y ayude al desarrollo de las instancias de la Judicatura mexicana.

El sistema Presidencial -apuntó-, que emanó de la constitución de 1917 derivó en un absolutismo presidencial, porque así como no se han atendido las necesidades de la Judicatura de manera satisfactoria y así como se mantiene muy limitado el sistema representativo del país, entre otras cosas, no puede llevar a cabo ningún tipo de investigación acerca de lo que hace la administración pública, ni de evaluación acerca de los resultados de los diferentes planes nacionales y estatales, ni de la consecuente sanción a aquellos que no cumplan con su responsabilidad. Así como eso ha pasado, de la otra parte, del Ejecutivo, todo lo que hemos tenido ha sido un incremento sucesivo de facultades, muchas de ellas a expensas del sistema federal.

Recordó Diego Valadés, en el marco de la Asamblea general 2024 del Capítulo Occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, fundado en el año de 1760, que el artículo más reformado de la Constitución, con más de 70 enmiendas, “es el artículo 73 que previene cuáles son las facultades del Congreso y si contamos el número de sus fracciones, veremos que frente a las 29 fracciones originales de 1917, se han adicionado 30 más. Y todas esas facultades adicionales que ejerce el Congreso, en suma, se traducen también en atribuciones presidenciales”, sentenció el jurista.

SE PARTIDIZARÁ LA JUSTICIA AL ELEGIR JUECES, MAGISTRADOS Y MINISTROS

En otro tema por demás relevante y actual, que está en la palestra del Congreso de la Unión, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la incorporó entre las propuestas de reformas constitucionales, destaca el tema de someter al voto popular, la designación de jueces, magistrados y ministros dentro del Poder Judicial.

Ante este panorama de concentración del poder -dijo Valadés Ríos-, hemos visto cómo se va dando una progresiva erosión de las instituciones y entra en una sinergia negativa con el déficit de gobernabilidad al que nos referimos. Esta erosión progresiva tiene muchos elementos de identificación, uno de ellos la propuesta de que todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, que son casi 1,600 sean elegidos popularmente.

Recordó que esta idea de la elección popular de los jueces, surgió también en la Revolución Francesa, en la primera constitución revolucionaria de 1791 aparecía ya la disposición de que los jueces sería elegidos por el pueblo; se repitió en la de 1795, en la de 1797 y fue derogada en la de 1802 porque se había partidizado e ideologizado la administración de la justicia.

Y abundó: “Tuvo un efecto en el sistema constitucional americano, particularmente por la gran importancia que le dieron los presidentes que se sintieron agraviados porque era inadmisible que la judicatura derogara una decisión legislativa; de tal manera fue tan fuerte este impacto, que en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en Estados Unidos, se produjo casi 50 años después y una de las respuestas consistió la elección de los juristas, pero nada más en el ámbito local, nunca se ha planteado en el ámbito federal. En este caso casi la mitad de los estados, en Estados Unidos, eligen jueces popularmente, pero no han podido evitar, según o reconocen ellos mismos, la partidización de la Judicatura”.

Finalizó diciendo: “Ahora bien, cuando se plantea la partidización de la Judicatura en un proceso constructivo de una nueva hegemonía de partido, es evidente que de lo que se trata es de propiciar la demagogia y la subordinación judicial a la estructura partidista”.