NACIONALES
Cuando las promesas de justicia se convierten en humo: Jurisprudencia en pausa
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En las últimas semanas, el Poder Judicial de la Federación ha emergido como el epicentro de una controversia que deja a muchos ciudadanos con un sabor amargo de impotencia e incertidumbre. La abrupta desaparición de 13 fideicomisos que sustentaban sus operaciones, seguida de una huelga de labores en protesta, nos lleva a cuestionarnos: ¿Quién sufre el peso de esta suspensión?
La respuesta a esta interrogante, aunque aparentemente clara, demanda un análisis meticuloso de las repercusiones palpables de esta situación. No recae en el Presidente ni en el Poder Legislativo el peso más oneroso de esta contienda, sino en los ciudadanos que anhelan respuestas concretas y soluciones a sus casos particulares. Son ellos quienes experimentan en carne propia los efectos colaterales de esta disputa, enfrentándose a la incertidumbre y la impotencia mientras ven sus asuntos legales quedar, de manera momentánea en un limbo jurídico sin visos de resolución.
De hecho, Esta dolorosa realidad se vio acentuada el jueves pasado al preguntar a una actuaria de un Juzgado de Distrito sobre la posible prolongación de la huelga. Su respuesta resonó de manera desafortunada: «a ver si así notan nuestra ausencia». Este comentario, más que demostrar empatía hacia la ciudadanía, parecía insinuar que la huelga era, en cierta medida, una represalia contra ella.
Esta perspectiva, por más distorsionada que parezca, tiene sus raíces en una realidad innegable. Aunque los trabajadores del Poder Judicial tienen sus motivos legítimos para manifestarse, no podemos obviar el hecho de que esta huelga golpea de lleno a aquellos que más necesitan de una justicia eficiente y expedita. Los ciudadanos quedan atrapados en un laberinto legal que parece no tener fin.
Indudablemente, el verdadero costo de esta situación no puede ser medido únicamente en términos monetarios. Va más allá de las cifras presupuestarias y los recursos materiales. Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, un valor intangible pero fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática.
Cada día que el paro persiste, la percepción de la justicia como un pilar sólido y confiable se desvanece. Los ciudadanos, que depositan su fe en el sistema para resolver sus conflictos y proteger sus derechos, se ven abandonados en un limbo jurídico. Esta sensación de desprotección socava la base misma de la institucionalidad, generando una brecha insalvable entre las expectativas de la sociedad y la realidad que enfrentan al buscar justicia.
Es indiscutible que la administración de justicia debe contar con los recursos necesarios para funcionar eficientemente, pero no podemos olvidar que su razón de ser es servir a la sociedad. ¿De qué sirve un sistema judicial robusto si no puede responder a las demandas más elementales de sus ciudadanos? ¿O si a la menor provocación se embarcan en paros nacionales de labores sin considerar las repercusiones sociales y jurídicas que esto puede tener en el patrimonio y la vida de las personas?
Hablar de «trabajar juntos», qué encantadora noción. Como si las diferencias políticas y los egos inflados pudieran ser momentáneamente aparcados en aras del bien común. Por supuesto, porque eso es exactamente lo que hemos observado hasta ahora, ¿verdad? Mientras los ciudadanos de a pie se ven sumidos en un limbo jurídico, parece que el verdadero juego se libra en otro campo de batalla, lejos de las inquietudes de aquellos que aguardan justicia.
Construir un sistema judicial que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad suena tan plausible, ¿verdad?, excepto que, en la práctica, se siente más como una promesa vacía lanzada al viento, porque, ¿cuántas veces hemos visto que las palabras se desvanecen en el aire, dejando a la realidad sin cambios significativos?
Quizás es hora de que el Poder Judicial se mire en el espejo y se pregunte si está verdaderamente cumpliendo con su deber de servir a la sociedad, o si está extraviando el rumbo en medio de sus propias disputas. Porque, permíteme recordarles, no estamos hablando de una utopía, sino de una necesidad apremiante para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad democrática.
Este episodio, más allá de la retórica política y las luchas internas, nos recalca que la esencia misma de la justicia radica en su capacidad para ser el bastión de la sociedad. Es el fundamento sobre el cual se erige la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad del país. Cuando este pilar vacila, es la confianza pública la que se ve socavada.
La prolongación de esta huelga solo profundiza la desconfianza y la frustración de una ciudadanía que observa cómo sus derechos se desdibujan en un escenario de confrontación. Los plazos se alargan, los casos se amontonan y las respuestas se vuelven esquivas. Mientras tanto, el reloj de la justicia sigue su marcha, indiferente al sufrimiento y la incertidumbre de aquellos que dependen de ella.
La ciudadanía merece una justicia que esté a la altura de sus expectativas y necesidades. Los trabajadores del Poder Judicial merecen condiciones laborales dignas y un reconocimiento por su labor esencial en la sociedad. Ambos objetivos son perfectamente alcanzables si se prioriza el bienestar de la nación sobre las diferencias partidistas y se trabaja en pro de un sistema judicial que realmente sirva a todos.
En resumen, la huelga del Poder Judicial no es solo una cuestión de leguleyos y legisladores, sino un tema que afecta directamente a la ciudadanía y a la integridad misma de nuestra democracia. Es momento de actuar con responsabilidad, empatía y visión de futuro.
Es momento de recordar que la justicia es para todos y que su ausencia no hace más que perpetuar la desigualdad y la desconfianza en el sistema. La balanza de la justicia debe equilibrarse, y el tiempo para hacerlo es ahora.
CDMX y Edomex
Industria del calzado mexicano celebra arancel a importaciones chinas como un respiro para miles de familias
– Por Francisco Junco
El anuncio de un arancel del 25% a las importaciones de calzado procedente de China, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encendió la esperanza entre productores y comerciantes del sector en México.
La medida, aplaudida por organizaciones empresariales y locatarios del emblemático Mercado de Calzado “La Central” en la Ciudad de México, busca nivelar la competencia y dar al calzado nacional precios más competitivos frente a la invasión de productos asiáticos.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, señaló que este paso puede marcar “un nuevo ciclo para el reposicionamiento de la industria y comercialización del calzado mexicano” que por décadas ha padecido la competencia desleal.
El anuncio coincidió con la preparación del 50 aniversario de La Central, un mercado que ha sido símbolo de esfuerzo y unión de cientos de artesanos zapateros desde 1975.
Más allá de la política comercial, la noticia tiene un rostro humano, ya que las familias que dependen de este oficio artesanal para su sustento.
“La Central es mucho más que un mercado, es una familia, un corazón que late con pasión y esperanza”, afirmó Marcelo Eduardo Jair Muñoz Castillo en nombre de los locatarios, recordando a don Luis Sotomayor Bárcenas, fundador del mercado, como un líder que soñó con un espacio digno para los zapateros.
El reto que enfrenta el sector no es menor. De acuerdo con el INEGI, más de 65 mil establecimientos generan 267 mil empleos directos, pero la entrada anual de más de 60 millones de pares de calzado chino, muchos subvaluados, ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos y una caída del 18.5% en el PIB del sector.
“Esto no es libre comercio, ha sido competencia desleal que pone en jaque la supervivencia de familias mexicanas”, advirtió Julio Munive Lagunas, vocero de los locatarios.
Por eso, los productores exigen no sólo aranceles, sino vigilancia aduanera, acceso a créditos y una campaña nacional para promover el consumo de calzado mexicano.
“Cada par que compran hecho aquí es un voto por la calidad, por el trabajo bien hecho y por el futuro de nuestra economía”, subrayó Munive Lagunas y es que en su visión, consumir calzado nacional no es sólo patriotismo económico, sino una inversión inteligente y un acto de defensa del empleo y la tradición artesanal.
Gerardo López insistió en que el decreto presidencial debe aplicarse cuanto antes, para que los beneficios se reflejen en las ventas de fin de año.
Con ello, los productores confían en reconquistar parte del consumo perdido y dar un paso firme hacia la recuperación de una industria que, además de fabricar zapatos, camina todos los días sobre el esfuerzo, la identidad y el orgullo de México.
– Por Mario Ávila
En la víspera de la visita a Jalisco, de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, un grupo de militantes y simpatizantes del partido guinda, exigieron dejar de simular la democracia y renovar primero las dirigencias de los comités estatales y municipales, antes de directivas de seccionales.
Un grupo de inconformes, encabezados por el abogado Jaime Hernández Ortiz, estima que a la militancia «se le da gato por liebre y se le engaña con espejitos, porque primero deben elegirse los comités municipales y ellos deben confirmar luego, los seccionales».
También exigen cambios en el Instituto Nacional de Formación Política, en donde los estatutos marcan un nombramiento por 3 años con opción a ratificación, mientras que el titular, Rafael Baraja Durán «El Fisgón» lleva al frente de este instituto casi 7 años en el cargo.
Destaca además la exigencia de un verdadero Código de Ética partidista tras los recientes escándalos por la ostentación de los viajes de lujo al extranjero y gastos, así como la exhibición de riqueza de diversos funcionarios dirigentes y militantes, que solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un florero, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero no ha hecho absolutamente nada.
Sobre la propuesta de la conformación de la Comisión para la Reforma Electoral, los convocantes ven con agrado la iniciativa, pero advierten que es necesario aprobar que la no reelección aplique desde el año 2027 y no hasta el 2030; además de que se determine la prohibición del nepotismo en una triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, incluyendo a familias políticas y que se incorpore la obligación de presentar una declaración pública patrimonial.
Plantean además la necesidad de que se incluyan expertos en derecho electoral y ciencia política, así como representantes de partidos con trayectoria distinguida y honesta, ex funcionarios del INE, representantes de la sociedad civil y empresariales de cada estado del país, para evitar una visión centralista y que se promueva una Reforma Electoral con perspectiva federalista y republicana.
Finalmente piden también que se eliminen las encuestas, como método de selección de las candidaturas. Para hacer ver la seriedad de sus planteamientos, los denunciantes expusieron que para cada una de sus exigencias han presentado ya recursos jurídicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentaron los planteamientos: Jaime Hernández Ortiz, Roberto Guijarro Romero, Lorena Iveth Martínez, Javier Orozco Alvarado, Francisco Javier Aréchiga Flores, Luis Carlos Zaracho Alatorre, Jorge Ismael Barrios Zamora, Miguel Ángel Uceaga y Marco Vinicio.
– Por Redacción Conciencia Pública
En su último informe de gobierno, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pobreza en México ha disminuido de manera histórica. De acuerdo con sus cifras, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, reduciendo la proporción de la población afectada de 41.9 % a 29.6 %.
Para AMLO y en general la 4T este avance era una muestra de que sus políticas sociales han dado resultados y han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos. Sin embargo, los datos presentados este mes de agosto de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ahora en el periodo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (del mismo partido), muestran un panorama más complejo.
La pobreza se ha definido, tradicionalmente, como la falta de dinero. Sin embargo, la experiencia de las propias personas que viven en situación de pobreza va mucho más allá de la carencia de ingresos. Una persona que es pobre puede sufrir otras desventajas, de forma aislada o varias al mismo tiempo, como una mala salud o carencia de acceso a servicios médicos, desnutrición, falta de acceso a agua limpia, electricidad, trabajos precarios o incluso desempleo.
Aunque se confirma que en los últimos años México sí ha tenido una reducción en la pobreza multidimensional de entre 8 y 13 millones de personas, el INEGI advierte con su análisis que persisten problemas estructurales severos, el mayor de ellos: 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, el doble que en 2018, cuando eran 20.1 millones. Esta carencia se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades para la población.
El reporte del INEGI también revela que más de 80 millones de mexicanos presentan al menos una carencia social, ya sea en salud, educación, vivienda, alimentación o seguridad social. Esto significa que, aunque la pobreza medida de forma multidimensional haya disminuido, la mayoría de la población aún enfrenta al menos uno o varios tipos de rezagos básicos que impactan directamente en su calidad de vida.
Las desigualdades regionales continúan marcando el mapa de la pobreza en el país. Chiapas encabeza la lista con un 66 por ciento de su población en situación de pobreza multidimensional, seguido por Guerrero con 58.1 por ciento y Oaxaca con 51.6 por ciento. Estas cifras muestran que el desarrollo sigue siendo profundamente desigual y que el sur y sureste concentran la mayor parte de las carencias, mientras el centro y el norte presentan otro panorama.
En el caso de Jalisco, el 18.6% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale a 1.62 millones de personas. La pobreza extrema en el estado es del 1.3%, con 114 mil personas afectadas. En comparación con el promedio nacional, Jalisco presenta un porcentaje de pobreza multidimensional por debajo del promedio
Especialistas señalan que la reducción en la pobreza multidimensional podría estar asociada a programas de transferencias directas como la Pensión para Adultos Mayores o las Becas Benito Juárez, que elevan temporalmente el ingreso, pero que no resuelven problemas de acceso a servicios básicos ni garantizan una mejora estructural a largo plazo. La pérdida de cobertura en salud, advierten, es un retroceso grave que podría impactar negativamente en los próximos años.
En resumen, aunque el sexenio anterior y este, que son parte del proyecto transexenal de la Cuarta Transformación, dejan cifras positivas en la reducción de la pobreza medida bajo ciertos indicadores, el informe del INEGI expone que la mayoría de los mexicanos aún vive con al menos una necesidad básica insatisfecha y que la cobertura de salud se ha deteriorado de forma alarmante.
El reto no solo será mantener los avances, sino revertir los retrocesos en áreas clave para el bienestar social.
| Las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional se ubican en el sur y sureste de México:
Chiapas: 66.0% de su población. En contraste, los cinco estados con los porcentajes más bajos de pobreza se encuentran en el norte: Baja California: 9.9% de su población. |
| 📉 El mayor retroceso: 44.5 millones de mexicanos sin acceso a salud (el doble que en 2018).
📉 Más de 80 millones con al menos una carencia social. |
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