NACIONALES
Cuando las promesas de justicia se convierten en humo: Jurisprudencia en pausa

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En las últimas semanas, el Poder Judicial de la Federación ha emergido como el epicentro de una controversia que deja a muchos ciudadanos con un sabor amargo de impotencia e incertidumbre. La abrupta desaparición de 13 fideicomisos que sustentaban sus operaciones, seguida de una huelga de labores en protesta, nos lleva a cuestionarnos: ¿Quién sufre el peso de esta suspensión?
La respuesta a esta interrogante, aunque aparentemente clara, demanda un análisis meticuloso de las repercusiones palpables de esta situación. No recae en el Presidente ni en el Poder Legislativo el peso más oneroso de esta contienda, sino en los ciudadanos que anhelan respuestas concretas y soluciones a sus casos particulares. Son ellos quienes experimentan en carne propia los efectos colaterales de esta disputa, enfrentándose a la incertidumbre y la impotencia mientras ven sus asuntos legales quedar, de manera momentánea en un limbo jurídico sin visos de resolución.
De hecho, Esta dolorosa realidad se vio acentuada el jueves pasado al preguntar a una actuaria de un Juzgado de Distrito sobre la posible prolongación de la huelga. Su respuesta resonó de manera desafortunada: «a ver si así notan nuestra ausencia». Este comentario, más que demostrar empatía hacia la ciudadanía, parecía insinuar que la huelga era, en cierta medida, una represalia contra ella.
Esta perspectiva, por más distorsionada que parezca, tiene sus raíces en una realidad innegable. Aunque los trabajadores del Poder Judicial tienen sus motivos legítimos para manifestarse, no podemos obviar el hecho de que esta huelga golpea de lleno a aquellos que más necesitan de una justicia eficiente y expedita. Los ciudadanos quedan atrapados en un laberinto legal que parece no tener fin.
Indudablemente, el verdadero costo de esta situación no puede ser medido únicamente en términos monetarios. Va más allá de las cifras presupuestarias y los recursos materiales. Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, un valor intangible pero fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática.
Cada día que el paro persiste, la percepción de la justicia como un pilar sólido y confiable se desvanece. Los ciudadanos, que depositan su fe en el sistema para resolver sus conflictos y proteger sus derechos, se ven abandonados en un limbo jurídico. Esta sensación de desprotección socava la base misma de la institucionalidad, generando una brecha insalvable entre las expectativas de la sociedad y la realidad que enfrentan al buscar justicia.
Es indiscutible que la administración de justicia debe contar con los recursos necesarios para funcionar eficientemente, pero no podemos olvidar que su razón de ser es servir a la sociedad. ¿De qué sirve un sistema judicial robusto si no puede responder a las demandas más elementales de sus ciudadanos? ¿O si a la menor provocación se embarcan en paros nacionales de labores sin considerar las repercusiones sociales y jurídicas que esto puede tener en el patrimonio y la vida de las personas?
Hablar de «trabajar juntos», qué encantadora noción. Como si las diferencias políticas y los egos inflados pudieran ser momentáneamente aparcados en aras del bien común. Por supuesto, porque eso es exactamente lo que hemos observado hasta ahora, ¿verdad? Mientras los ciudadanos de a pie se ven sumidos en un limbo jurídico, parece que el verdadero juego se libra en otro campo de batalla, lejos de las inquietudes de aquellos que aguardan justicia.
Construir un sistema judicial que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad suena tan plausible, ¿verdad?, excepto que, en la práctica, se siente más como una promesa vacía lanzada al viento, porque, ¿cuántas veces hemos visto que las palabras se desvanecen en el aire, dejando a la realidad sin cambios significativos?
Quizás es hora de que el Poder Judicial se mire en el espejo y se pregunte si está verdaderamente cumpliendo con su deber de servir a la sociedad, o si está extraviando el rumbo en medio de sus propias disputas. Porque, permíteme recordarles, no estamos hablando de una utopía, sino de una necesidad apremiante para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad democrática.
Este episodio, más allá de la retórica política y las luchas internas, nos recalca que la esencia misma de la justicia radica en su capacidad para ser el bastión de la sociedad. Es el fundamento sobre el cual se erige la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad del país. Cuando este pilar vacila, es la confianza pública la que se ve socavada.
La prolongación de esta huelga solo profundiza la desconfianza y la frustración de una ciudadanía que observa cómo sus derechos se desdibujan en un escenario de confrontación. Los plazos se alargan, los casos se amontonan y las respuestas se vuelven esquivas. Mientras tanto, el reloj de la justicia sigue su marcha, indiferente al sufrimiento y la incertidumbre de aquellos que dependen de ella.
La ciudadanía merece una justicia que esté a la altura de sus expectativas y necesidades. Los trabajadores del Poder Judicial merecen condiciones laborales dignas y un reconocimiento por su labor esencial en la sociedad. Ambos objetivos son perfectamente alcanzables si se prioriza el bienestar de la nación sobre las diferencias partidistas y se trabaja en pro de un sistema judicial que realmente sirva a todos.
En resumen, la huelga del Poder Judicial no es solo una cuestión de leguleyos y legisladores, sino un tema que afecta directamente a la ciudadanía y a la integridad misma de nuestra democracia. Es momento de actuar con responsabilidad, empatía y visión de futuro.
Es momento de recordar que la justicia es para todos y que su ausencia no hace más que perpetuar la desigualdad y la desconfianza en el sistema. La balanza de la justicia debe equilibrarse, y el tiempo para hacerlo es ahora.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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