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NACIONALES

De las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 son mexicanas, revela estudio

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Por Francisco Junco //

Veinte de las cincuenta ciudades más violentas del mundo están en México, reveló el estudio anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPyJP), este documento que mide la incidencia de homicidios en urbes con más de 300 mil habitantes, coloca a siete ciudades mexicanas entre las diez más peligrosas del planeta.

“De las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 corresponden a México, lo que equivale al 40% del total. Además, siete ciudades mexicanas ocupan los primeros diez lugares del ranking, con tasas de homicidios alarmantes. El máximo de ciudades de México, en el ranking hasta ahora, había sido en el año 2019 con 19 ciudades”, señaló José Antonio Ortega Sánchez, presidente del CCSPyJP.

El estudio fue presentado en una conferencia de prensa organizada por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), donde además de Ortega Sánchez, se encontraba René Bolio, presidente de la CMDH, y Horacio Rodríguez Jiménez, vicecoordinador nacional de Misión Rescate México (MRM).

Y es que el estudio se realiza con una metodología que se basa en una rigurosa recopilación de datos de homicidios dolosos, tanto oficiales como estimados, de diversas fuentes confiables.

“La manera de hacerlo, es que son homicidios dolosos o intencionales, en ciudades de 300 mil o más habitantes. Que las cifras sean oficiales, tanto de homicidios como de población, para poder sacar la taza y que éstas sean accesibles a través de internet y ahí se va definiendo en qué lugares esta cada ciudad”, detalló.

Este enfoque, dijo, busca reflejar la realidad urbana de manera más precisa, permitiendo que el ejercicio sea verificable y replicable, lo que asegura la credibilidad de los resultados presentados.

Ortega Sánchez abrió la presentación con un dato contundente y aseguró que San Pedro Sula, Honduras, que fue primer lugar mundial durante cuatro años consecutivos, salió del ranking, pero que este “gran logro” no se obtuvo pactando o protegiendo criminales, sino aplicando la ley y en contraste destacó que Puerto Príncipe, Haití, se ha convertido en la ciudad más violenta del mundo.

«Puerto Príncipe, Haití, es ahora la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 139.31 por cada 100 mil habitantes. Puerto Príncipe, es un claro ejemplo, de lo que depara una ciudad de un país cuando se permite que los grupos criminales disputen y arrebaten al Estado el monopolio de la violencia. Hoy más del 80 por ciento de la urbe haitiana está bajo el control de las pandillas y en esas zonas el gobierno formal no existe”, explicó Ortega Sánchez.

También denunció la manipulación de cifras, por parte de las autoridades mexicanas, para simular una incidencia criminal menor, y subrayó que “no hay que olvidar la manipulación de cifras, por parte de autoridades del gobierno mexicano, para simular una incidencia criminal inferior a la real”.

“Aunque ocurrió hace años, el caso más patente de falsificación, es el del asesinato de seis niños y tres mujeres familiares de Adrián LeBaron, en el municipio de Bavispe, Sonora sucedido el 4 de noviembre de 2019”, recordó.

“En esa fecha, la cifra oficial de víctimas de homicidio, no en el municipio de Bavispe, sino en todo el estado de Sonora, fue de cinco, cuatro víctimas menos de las registradas, nada más en el municipio de Bavispe, si en un caso que ha tenido resonancia mundial, las autoridades mexicanas se atrevieron a falsificar cifras para simular una incidencia criminal inferior a la real, de qué han sido capaces respecto a casos menos conocidos”.

Y resaltó que años después, de esos terribles hechos, se siguen acumulando evidencias de falsificación de datos y de maquillaje de cifras, pero reconoció que “los carteles de la droga y los grupos criminales juegan un papel fundamental en la tasa de homicidios, no sólo en México sino en toda América Latina”.

ES LA IMPUNIDAD”: RENÉ BOLIO

Por su parte, el presidente de la CMDH, René Bolio, enfatizó que la impunidad es el principal factor que permite el crecimiento de la violencia y subrayó que el año pasado, salieron del ranking San Pedro Sula y Tegucigalpa, y la razón es clara: aplicaron la ley y rompieron la protección del poder público a los grupos criminales.

“Para obtener, estos notables logros, los gobiernos respectivos, no usaron excusas tales, como la pobreza, el elevado consumo de drogas en las ciudades desarrolladas o que los criminales obtienen armas de Estados Unidos, tampoco recurrieron a negociar con los causantes de la violencia, ni siguieron la política de “abrazos, no balazos” o cosa parecida, estos gobernantes por el contrario, lo que hicieron, fue algo muy fundamental, aplicaron la ley, cesaron la protección del poder público a los grupos criminales, que incluía el garantizarles impunidad a sus jefes”, remarcó en su intervención.

También, destacó que el gobierno de México ha sido acusado por Estados Unidos de ser cómplice de organizaciones criminales.

“Estamos viendo con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como está insistiendo, primero en la protección del gobierno mexicano con los carteles de la droga y segundo ofreciendo colaboración de inteligencia o hasta donde quiera el gobierno mexicano para poder abatir a los grupos criminales y evidentemente para bajar esa violencia”.

Respecto a la violencia por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la ocurrida en Medio Oriente, Ortega Sánchez, aclaró que no está incluida en este ranking de violencia criminal, ni ninguna de las ciudades, donde sus países están en guerra reciente.

Además, agregó que respecto a la violencia de este año en Culiacán, Sinaloa y en Villahermosa, Tabasco se verá reflejada en la investigación de 2025 que se presentará el próximo año.

“La investigación respecto a México, no incluye a los miles de desaparecidos en 2024, que en nuestro país fueron más de 13 mil 304, que no están tampoco incluidos en este ranking”, aclaró el presidente del Consejo Ciudadano.

Horacio Rodríguez Jiménez, vicecoordinador nacional de MRM, sostuvo que la participación ciudadana es clave para revertir la situación y realizó un llamado a la sociedad civil organizada a participar, denunciando, actuando y lo que sea necesario para detectar donde están los focos rojos.

“El llamado de la sociedad civil es a indicar dónde están los focos rojos para que, de manera conjunta, gobierno y ciudadanos podamos desarrollar estrategias que contribuyan a reducir la violencia», puntualizó.

Los ponentes coincidieron en que la aplicación efectiva de la ley es la clave para revertir esta crisis y existen casos concretos y reales donde se pueden ver como algunos gobiernos, con el simple hecho de aplicar la ley, cambie el rumbo de una nación, como el caso de Colombia.

ROMPER CON VÍNCULOS CON CRIMINALIDAD

A la entrada de Álvaro Uribe Vélez, como presidente de Colombia, en 2002, relató Ortega Sánchez, varias de sus ciudades tenían una gran violencia y lo que hizo fue empezar a aplicar la ley “y a romper esos vínculos de algunos de sus autoridades con los grupos criminales”.

“Tuvimos una conversación con él y lo que él nos decía, que aplicando la ley, y para el 2006-2008, nos decía, que lo que él estaba viendo, es que estaban regresando las inversiones a Colombia, estaban regresando los colombianos que se habían expatriado y estaban regresando los turistas a las ciudades colombianas”, recordó.

“Entonces esto está demostrado y así nos lo han dicho algunas autoridades que han aplicado la ley, como es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez”.

Entre los factores que contribuyen a la violencia, mencionaron la impunidad, la corrupción, la falta de colaboración internacional y la protección de criminales por parte del gobierno.

“La tasa promedio de los homicidios, de todo México, en 2024, equivalen aproximadamente al 40 por ciento de los homicidios del mundo, es 9 veces superior a la tasa promedio mundial de 6.2, lo que da una idea de la concentración de la violencia en las urbes de este ranking”, destacó Rene Bolio.

Rodríguez Jiménez agregó que el crimen organizado no sólo opera con total impunidad en varias regiones de México, sino que se ha diversificado y apuntó que “ya no se trata sólo del narcotráfico, sino del cobro de derecho de piso, secuestros y extorsión a pequeños comerciantes. Esto ha generado un clima de terror en muchas comunidades donde la ley no se aplica con contundencia”.

También destacó que la violencia, en las urbes, tienen diversos impactos, entre ellos el impacto económico, donde las inversiones se reducen drásticamente en las ciudades con altos índices de homicidios, “y esto afecta el desarrollo económico y social de la población”.

«La solución no es un secreto», concluyó Rene Bolio, “quienes han logrado salir de este ranking lo han hecho aplicando la ley. Es lo que urge en México”.

El CCSPyJP, una organización de la sociedad civil, creada en 2002, realiza un trabajo fundamental en la lucha contra la violencia en América Latina y otras partes del mundo. Constituida por diversas organizaciones empresariales, académicas, universitarias y sindicales, su misión principal es colaborar con las autoridades de seguridad pública para reducir la violencia y fomentar la paz en las ciudades.

Una de las iniciativas más importantes del Consejo es este Ranking de Ciudades Más Violentas, el cual ha sido elaborado anualmente desde 2009. Este estudio tiene un objetivo claro: llamar la atención sobre la violencia en las urbes, especialmente en América Latina, e incidir en los gobiernos para que asuman su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar su derecho a la seguridad pública.

A través de este ranking, el Consejo no sólo visibiliza las ciudades con las tasas más altas de homicidios dolosos, sino que también busca que las autoridades se comprometan a trabajar en soluciones reales para reducir dichos índices.

“Lo que buscamos es que nadie, ni gobernantes ni gobernados, quieran que sus ciudades figuren en este ranking. Y si ya están, queremos que hagan el máximo esfuerzo para salir de él lo antes posible”, señaló José Antonio Ortega para Conciencia Pública.

En este sentido, los avances son bienvenidos, ya que las noticias de la disminución de homicidios y de ciudades que logran salir del ranking son motivo de satisfacción para la organización, agregó.

Es importante destacar, dijo, que, si bien el ranking busca reflejar con la mayor precisión posible la situación de cada ciudad, no es un ejercicio completamente exacto debido a las limitaciones de tiempo y de la información disponible.

En algunos casos, las cifras oficiales no están disponibles al cierre de la edición, por lo que se recurren a estimaciones conservadoras. «Cuando hay indicios de que las cifras oficiales son incorrectas o manipuladas, hacemos los ajustes necesarios y explicamos detalladamente los criterios y métodos utilizados para los cálculos», explicó.

El esfuerzo por evaluar de manera rigurosa las tasas de homicidios en las ciudades también busca ampliar el alcance de las mediciones, no limitándose sólo a las ciudades capitales de los países, sino incluyendo todos los municipios que conforman una conurbación urbana. Este enfoque busca abarcar el sistema urbano completo, considerando zonas metropolitanas que, aunque administrativamente se dividen en varios municipios, en la práctica forman una única ciudad.

Lista de las 20 ciudades mexicanas incluidas en el ranking, con sus tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes:

Colima – 126.95

Acapulco – 102.2

Manzanillo – 91.35

Tijuana – 91.35

Ciudad Obregón – 89.20

Celaya – 86.9

Zamora – 85.17

Cuernavaca – 74.56

Ciudad Juárez – 71.38

Culiacán – 60.82

Uruapan – 59.64

Irapuato – 57.22

Chihuahua – 43.4

Chilpancingo – 43.09

Zacatecas – 42.02

León – 41.15

Tapachula – 36.22

Cancún – 36.05

Villahermosa – 35.38

Morelia – 29.85

NACIONALES

Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

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Por Mario Ávila //

En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.

La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.

Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas

A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.

Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.

Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).

En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.

Un proceso de conteo escalonado y transparente

El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.

En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.

Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.

Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.

López Obrador reaparece y respalda la reforma

Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.

Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.

El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.

Protestas y elecciones concurrentes

Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.

Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.

Un hito con retos pendientes

La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.

A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.

LOS NÚMEROS

Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:

9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

464 Magistraturas de Circuito

386 personas Juzgadoras de Distrito

Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada

De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.

En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.

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JALISCO

¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.

Un abstencionismo que habla

El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.

¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.

En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.

Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.

Fragmentación y divisionismo en Morena

Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.

La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.

Desconfianza institucional y desencanto ciudadano

El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.

Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.

Implicaciones para el futuro político de Jalisco

El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.

¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.

Un mensaje claro para Morena

El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.

Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.

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NACIONALES

Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.

La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.

BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN

Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.

La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.

El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.

IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.

Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.

La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.

EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN

Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.

IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.

Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.

La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.

UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS

La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.

México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.

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