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De las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 son mexicanas, revela estudio
Por Francisco Junco //
Veinte de las cincuenta ciudades más violentas del mundo están en México, reveló el estudio anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPyJP), este documento que mide la incidencia de homicidios en urbes con más de 300 mil habitantes, coloca a siete ciudades mexicanas entre las diez más peligrosas del planeta.
“De las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 corresponden a México, lo que equivale al 40% del total. Además, siete ciudades mexicanas ocupan los primeros diez lugares del ranking, con tasas de homicidios alarmantes. El máximo de ciudades de México, en el ranking hasta ahora, había sido en el año 2019 con 19 ciudades”, señaló José Antonio Ortega Sánchez, presidente del CCSPyJP.
El estudio fue presentado en una conferencia de prensa organizada por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), donde además de Ortega Sánchez, se encontraba René Bolio, presidente de la CMDH, y Horacio Rodríguez Jiménez, vicecoordinador nacional de Misión Rescate México (MRM).
Y es que el estudio se realiza con una metodología que se basa en una rigurosa recopilación de datos de homicidios dolosos, tanto oficiales como estimados, de diversas fuentes confiables.
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Este enfoque, dijo, busca reflejar la realidad urbana de manera más precisa, permitiendo que el ejercicio sea verificable y replicable, lo que asegura la credibilidad de los resultados presentados.
Ortega Sánchez abrió la presentación con un dato contundente y aseguró que San Pedro Sula, Honduras, que fue primer lugar mundial durante cuatro años consecutivos, salió del ranking, pero que este “gran logro” no se obtuvo pactando o protegiendo criminales, sino aplicando la ley y en contraste destacó que Puerto Príncipe, Haití, se ha convertido en la ciudad más violenta del mundo.
«Puerto Príncipe, Haití, es ahora la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 139.31 por cada 100 mil habitantes. Puerto Príncipe, es un claro ejemplo, de lo que depara una ciudad de un país cuando se permite que los grupos criminales disputen y arrebaten al Estado el monopolio de la violencia. Hoy más del 80 por ciento de la urbe haitiana está bajo el control de las pandillas y en esas zonas el gobierno formal no existe”, explicó Ortega Sánchez.
También denunció la manipulación de cifras, por parte de las autoridades mexicanas, para simular una incidencia criminal menor, y subrayó que “no hay que olvidar la manipulación de cifras, por parte de autoridades del gobierno mexicano, para simular una incidencia criminal inferior a la real”.
“Aunque ocurrió hace años, el caso más patente de falsificación, es el del asesinato de seis niños y tres mujeres familiares de Adrián LeBaron, en el municipio de Bavispe, Sonora sucedido el 4 de noviembre de 2019”, recordó.
“En esa fecha, la cifra oficial de víctimas de homicidio, no en el municipio de Bavispe, sino en todo el estado de Sonora, fue de cinco, cuatro víctimas menos de las registradas, nada más en el municipio de Bavispe, si en un caso que ha tenido resonancia mundial, las autoridades mexicanas se atrevieron a falsificar cifras para simular una incidencia criminal inferior a la real, de qué han sido capaces respecto a casos menos conocidos”.
Y resaltó que años después, de esos terribles hechos, se siguen acumulando evidencias de falsificación de datos y de maquillaje de cifras, pero reconoció que “los carteles de la droga y los grupos criminales juegan un papel fundamental en la tasa de homicidios, no sólo en México sino en toda América Latina”.
“ES LA IMPUNIDAD”: RENÉ BOLIO
Por su parte, el presidente de la CMDH, René Bolio, enfatizó que la impunidad es el principal factor que permite el crecimiento de la violencia y subrayó que el año pasado, salieron del ranking San Pedro Sula y Tegucigalpa, y la razón es clara: aplicaron la ley y rompieron la protección del poder público a los grupos criminales.
“Para obtener, estos notables logros, los gobiernos respectivos, no usaron excusas tales, como la pobreza, el elevado consumo de drogas en las ciudades desarrolladas o que los criminales obtienen armas de Estados Unidos, tampoco recurrieron a negociar con los causantes de la violencia, ni siguieron la política de “abrazos, no balazos” o cosa parecida, estos gobernantes por el contrario, lo que hicieron, fue algo muy fundamental, aplicaron la ley, cesaron la protección del poder público a los grupos criminales, que incluía el garantizarles impunidad a sus jefes”, remarcó en su intervención.
También, destacó que el gobierno de México ha sido acusado por Estados Unidos de ser cómplice de organizaciones criminales.
“Estamos viendo con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como está insistiendo, primero en la protección del gobierno mexicano con los carteles de la droga y segundo ofreciendo colaboración de inteligencia o hasta donde quiera el gobierno mexicano para poder abatir a los grupos criminales y evidentemente para bajar esa violencia”.
Respecto a la violencia por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la ocurrida en Medio Oriente, Ortega Sánchez, aclaró que no está incluida en este ranking de violencia criminal, ni ninguna de las ciudades, donde sus países están en guerra reciente.
Además, agregó que respecto a la violencia de este año en Culiacán, Sinaloa y en Villahermosa, Tabasco se verá reflejada en la investigación de 2025 que se presentará el próximo año.
“La investigación respecto a México, no incluye a los miles de desaparecidos en 2024, que en nuestro país fueron más de 13 mil 304, que no están tampoco incluidos en este ranking”, aclaró el presidente del Consejo Ciudadano.
Horacio Rodríguez Jiménez, vicecoordinador nacional de MRM, sostuvo que la participación ciudadana es clave para revertir la situación y realizó un llamado a la sociedad civil organizada a participar, denunciando, actuando y lo que sea necesario para detectar donde están los focos rojos.
“El llamado de la sociedad civil es a indicar dónde están los focos rojos para que, de manera conjunta, gobierno y ciudadanos podamos desarrollar estrategias que contribuyan a reducir la violencia», puntualizó.
Los ponentes coincidieron en que la aplicación efectiva de la ley es la clave para revertir esta crisis y existen casos concretos y reales donde se pueden ver como algunos gobiernos, con el simple hecho de aplicar la ley, cambie el rumbo de una nación, como el caso de Colombia.
ROMPER CON VÍNCULOS CON CRIMINALIDAD
A la entrada de Álvaro Uribe Vélez, como presidente de Colombia, en 2002, relató Ortega Sánchez, varias de sus ciudades tenían una gran violencia y lo que hizo fue empezar a aplicar la ley “y a romper esos vínculos de algunos de sus autoridades con los grupos criminales”.
“Tuvimos una conversación con él y lo que él nos decía, que aplicando la ley, y para el 2006-2008, nos decía, que lo que él estaba viendo, es que estaban regresando las inversiones a Colombia, estaban regresando los colombianos que se habían expatriado y estaban regresando los turistas a las ciudades colombianas”, recordó.
“Entonces esto está demostrado y así nos lo han dicho algunas autoridades que han aplicado la ley, como es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez”.
Entre los factores que contribuyen a la violencia, mencionaron la impunidad, la corrupción, la falta de colaboración internacional y la protección de criminales por parte del gobierno.
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Rodríguez Jiménez agregó que el crimen organizado no sólo opera con total impunidad en varias regiones de México, sino que se ha diversificado y apuntó que “ya no se trata sólo del narcotráfico, sino del cobro de derecho de piso, secuestros y extorsión a pequeños comerciantes. Esto ha generado un clima de terror en muchas comunidades donde la ley no se aplica con contundencia”.
También destacó que la violencia, en las urbes, tienen diversos impactos, entre ellos el impacto económico, donde las inversiones se reducen drásticamente en las ciudades con altos índices de homicidios, “y esto afecta el desarrollo económico y social de la población”.
«La solución no es un secreto», concluyó Rene Bolio, “quienes han logrado salir de este ranking lo han hecho aplicando la ley. Es lo que urge en México”.
El CCSPyJP, una organización de la sociedad civil, creada en 2002, realiza un trabajo fundamental en la lucha contra la violencia en América Latina y otras partes del mundo. Constituida por diversas organizaciones empresariales, académicas, universitarias y sindicales, su misión principal es colaborar con las autoridades de seguridad pública para reducir la violencia y fomentar la paz en las ciudades.
Una de las iniciativas más importantes del Consejo es este Ranking de Ciudades Más Violentas, el cual ha sido elaborado anualmente desde 2009. Este estudio tiene un objetivo claro: llamar la atención sobre la violencia en las urbes, especialmente en América Latina, e incidir en los gobiernos para que asuman su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar su derecho a la seguridad pública.
A través de este ranking, el Consejo no sólo visibiliza las ciudades con las tasas más altas de homicidios dolosos, sino que también busca que las autoridades se comprometan a trabajar en soluciones reales para reducir dichos índices.
“Lo que buscamos es que nadie, ni gobernantes ni gobernados, quieran que sus ciudades figuren en este ranking. Y si ya están, queremos que hagan el máximo esfuerzo para salir de él lo antes posible”, señaló José Antonio Ortega para Conciencia Pública.
En este sentido, los avances son bienvenidos, ya que las noticias de la disminución de homicidios y de ciudades que logran salir del ranking son motivo de satisfacción para la organización, agregó.
Es importante destacar, dijo, que, si bien el ranking busca reflejar con la mayor precisión posible la situación de cada ciudad, no es un ejercicio completamente exacto debido a las limitaciones de tiempo y de la información disponible.
En algunos casos, las cifras oficiales no están disponibles al cierre de la edición, por lo que se recurren a estimaciones conservadoras. «Cuando hay indicios de que las cifras oficiales son incorrectas o manipuladas, hacemos los ajustes necesarios y explicamos detalladamente los criterios y métodos utilizados para los cálculos», explicó.
El esfuerzo por evaluar de manera rigurosa las tasas de homicidios en las ciudades también busca ampliar el alcance de las mediciones, no limitándose sólo a las ciudades capitales de los países, sino incluyendo todos los municipios que conforman una conurbación urbana. Este enfoque busca abarcar el sistema urbano completo, considerando zonas metropolitanas que, aunque administrativamente se dividen en varios municipios, en la práctica forman una única ciudad.
Lista de las 20 ciudades mexicanas incluidas en el ranking, con sus tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes:
Colima – 126.95
Acapulco – 102.2
Manzanillo – 91.35
Tijuana – 91.35
Ciudad Obregón – 89.20
Celaya – 86.9
Zamora – 85.17
Cuernavaca – 74.56
Ciudad Juárez – 71.38
Culiacán – 60.82
Uruapan – 59.64
Irapuato – 57.22
Chihuahua – 43.4
Chilpancingo – 43.09
Zacatecas – 42.02
León – 41.15
Tapachula – 36.22
Cancún – 36.05
Villahermosa – 35.38
Morelia – 29.85
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
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Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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