Opinión, por Gerardo Rico //

“Solo el pueblo podrá salvar al pueblo”, afirmaba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 durante la presentación de su paquete de reformas -a unos meses de dejar el poder- en donde anunciaba que buscaría que jueces, magistrados y ministros fueran electos por la ciudadanía y no propuestos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.

Luego de que le fueron bloqueadas diferentes propuestas de reformas por la SCJN, como el Plan A, que buscaba transformar varias estructuras y procesos del sistema electoral en México; el Plan B luego de descarrilar el A y en el que pretendía impedir que instituciones como el INE fueran tomadas por personajes como Lorenzo Córdova, quien demostró su apoyo abiertamente a la derecha; Ley de la Industria Eléctrica. Con ello, el Poder Judicial daba la razón a las trasnacionales, seis empresas extranjeras se ampararon y el bloque conservador en la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma eléctrica, entre otras.

Propuso 20 puntos: eliminar organismos autónomos, convertir a la austeridad republicana en política de Estado, evitar la corrupción de la Guardia Nacional y elegir jueces y magistrados del Poder Judicial por la vía popular y no por el Ejecutivo y Legislativo. Una de las propuestas que más llamó la atención fue la de evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales.

No hay que perder de vista que para el domingo 1 de junio, Morena dio uno de los pasos más importantes en la consolidación de su poder, con la elección de más de 2 mil 680 magistrados, ministros y jueces a nivel nacional, de los cuales 74 cargos corresponden a Jalisco.

A partir del 2018 Morena ha logrado todo: dos presidencias consecutivas, supermayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados y más de 25 gubernaturas, sin contar la mayoría en 27 legislaturas locales y con un sin número de regidurías en todo el país.

Originó una maltrecha oposición que se aferra a la supervivencia política y que hasta el momento no tiene argumentos para frenar en seco el poder acumulado por Morena. Si bien se tenía un Poder Judicial plagado de corrupción y anomalías que servía a la élites del país muchos analistas jurídicos y políticos prevén que los candidatos afines a Morena dominen las elecciones, ocupando magistraturas desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte y otorgando al partido el control efectivo del tercer poder del Estado.

NUESTRA REALIDAD

Aquí vienen los peros: independientemente de quienes sean elegidos y de los números que se darán a conocer en los próximos días, lo que está en juego -como en cualquier democracia- es la legitimidad con la que llegarán quienes resulten elegidos. En cualquier sistema democrático se marca la diferencia entre ser el más votado o el menos votado y es de tomarse en cuenta el porcentaje de abstencionismo.

¿Cuál será la imagen de un Poder Judicial votado con un bajo porcentaje del padrón electoral? Cuando se ha calculado —salvo los números que nos den a conocer— que acudieron menos del 20% del padrón electoral, que es de 101 millones 539, mil 216 de acuerdo a cifras actualizadas del INE. ¿Cuál será la percepción de jueces electos con un mínimo de votos y relacionados con partidos políticos?

La reforma al Poder Judicial no incluye cambios en fiscalías, ministerios públicos, sistemas penitenciarios ni servicios forenses. La crisis judicial, según expertos, va más allá de jueces y magistrados, y la elección ciudadana no alterará las estructuras operativas.

Lo que sí veremos -coincidieron- es el empoderamiento de nuevos personajes que relegarán a quienes a lo largo de muchos años acumularon experiencia en la operatividad y funcionalidad de juzgados y en las estructuras judiciales. También esperan una lluvia de amparos, demandas laborales e indemnizaciones millonarias de quienes no sean ratificados en sus puestos.

Candidatos al Poder Judicial con antecedentes penales, nexos con narcotraficantes o violaciones a derechos humanos, defendidos por figuras de Morena, evidencian que la reforma permite acceder a cargos por relaciones políticas, no por méritos.

Las campañas de candidatos al Poder Judicial concluyeron entre acarreos clientelares, acordeones para inducir el voto, actos proselitistas y la clara intromisión de partidos políticos. La participación corporativa de sindicatos como el SNTE y la utilización de redes sociales, que se convirtieron en el medio de comunicación más solicitado por los aspirantes.

Morena echará toda la carne al asador para consolidar su poder. Aquí ya no se cumplieron las máximas del ex Presidente López Obrado: “evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales” y esa de “solo el pueblo podrá salvar al pueblo”.

¿Qué legitimidad tendrá un Poder Judicial elegido con menos del 20% del padrón electoral (101,539,216, según INE)? ¿Cómo se percibirá a jueces electos con pocos votos y vinculados a partidos políticos?

Opinión, por Iván Arrazola //

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma constitucional el 5 de febrero de 2024 —conocida como el “Plan C”—, pocos imaginaron la rapidez con la que avanzaría el proceso. Lo que parecía una propuesta lejana o inalcanzable se volvió realidad en cuestión de meses. No obstante, el camino ha estado marcado por controversias, particularmente en torno a la pregunta central: ¿debía o no participar la ciudadanía en la elección del Poder Judicial?

Aunque la elección popular de miembros del Poder Judicial la puso sobre la mesa el partido gobernante, hubo un cambio sustancial con respecto a otros procesos electorales impulsados por el oficialismo.

A diferencia de la consulta popular y la revocación de mandato —cuyos resultados no fueron vinculantes por no alcanzar el umbral mínimo de participación—, en esta elección judicial, las consecuencias serán efectivas sin importar el porcentaje de participación. Esto implica una transformación profunda en el diseño del equilibrio entre los poderes de la Unión.

En este contexto, surgieron argumentos diversos sobre si acudir a votar o abstenerse. Uno de los aspectos más debatidos fue el uso de los llamados acordeones, materiales distribuidos para guiar el voto ciudadano.

Mientras algunos los defendieron como herramientas útiles en una elección compleja, otros los consideraron mecanismos de inducción del voto, en un proceso en el que era prácticamente imposible conocer en profundidad a los cientos de candidatos registrados.

El debate se intensificó cuando se acusó al oficialismo de haber distribuido los «acordeones» para favorecer a perfiles afines, sin que el INE pudiera frenar su circulación a pesar de las exigencias de todas las fuerzas políticas, incluida la presidenta. Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido el origen de los materiales y es poco probable que se impongan sanciones.

A lo anterior se suma el diseño de las boletas, que rompió con la tradición electoral mexicana. Acostumbrados a identificar fácilmente a los candidatos mediante los logotipos de los partidos, los votantes se enfrentaron a listas extensas de nombres desconocidos, sin referentes claros ni partidos políticos como guía.

Otro punto que generó preocupación fueron los perfiles de los aspirantes. Diversas organizaciones civiles, así como figuras políticas como la presidenta y el senador Gerardo Fernández Noroña, exigieron al INE retirar candidaturas vinculadas con la defensa legal de criminales o con cultos religiosos.

Estas demandas evidenciaron deficiencias en el proceso de selección por parte de los comités evaluadores, quienes, ante el abrumador número de aspirantes, no pudieron analizar a fondo todos los perfiles.

Este cúmulo de señalamientos generó más dudas que certezas sobre la legitimidad del proceso. El INE, además, organizó esta elección en condiciones adversas, con menos recursos y sin los medios adecuados para garantizar una elección informada y equitativa.

Desde el oficialismo, se defendió la participación ciudadana con el argumento de que ahora “el pueblo” elige a los ministros, en lugar del Senado con la presidenta. Por su parte, otras voces afirmaron que, a pesar de las irregularidades, era fundamental ejercer el derecho al voto. La analista Viridiana Ríos, con base en una revisión de 117 perfiles, señaló que el 55 % de los candidatos no presentaban vínculos directos con Morena.

Las voces más críticas denunciaron la elección como una simulación. Argumentaron que el resultado era previsible desde el inicio y que los nuevos miembros, una vez electos, estarían sujetos al control político de quienes promovieron su postulación.

Lo cierto es que este proceso privó a la ciudadanía de un verdadero ejercicio democrático. La mayoría de las personas que acudieron a las urnas el pasado domingo lo hicieron con escasa información, a pesar de la existencia de plataformas que ofrecían datos sobre los candidatos.

Dicha información, no obstante, resultó superficial. No hubo debates públicos ni condiciones para que las y los aspirantes realizaran campañas efectivas. La discusión pública se redujo a una dicotomía: votar o no votar. Mientras tanto, el oficialismo se concentró más en movilizar estructuras que en promover un proceso participativo y transparente.

La oposición, por su parte, dejó mucho que desear. No solo se desentendió del proceso, sino que también abandonó a la ciudadanía sin estrategias claras. Ante un modelo tan cuestionado, lo mínimo que se esperaba era un respaldo a los perfiles más independientes.

El 2 de junio marcará un antes y un después para México. El equilibrio de poderes se ha modificado, y con ello, aumentan las incertidumbres sobre el ejercicio del poder político. Esta elección debe servir como un llamado de atención: la democracia no se puede debilitar.

Es imprescindible garantizar procesos legítimos, transparentes e informados. Esto implica dotar de los recursos suficientes a las autoridades electorales, fomentar el debate público, y asegurar que las y los ciudadanos cuenten con toda la información necesaria para ejercer su voto de manera consciente y libre.

Por Mario Ávila //

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, calificó la propuesta de ley de telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum como una “ley censura” plagada de anomalías que pone en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información.

“El gobierno busca cerrar espacios de expresión ciudadana”, denunció en entrevista con Conciencia Pública, criticando el artículo 109 como un “torito distractor” dentro de una reforma más amplia.

Control del gobierno sobre instituciones

Monraz, del PAN, acusó al gobierno de Morena de apoderarse de instituciones clave, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, mientras intenta controlar el Poder Judicial y limita la Ley de Amparo. “Quieren regular lo que se dice en radio, televisión y medios públicos, coartando las libertades de los mexicanos”, afirmó, señalando que la reforma viola tratados internacionales como el T-MEC.

Llamado a la acción y conversatorios

El legislador urgió a Sheinbaum a retirar la iniciativa hasta lograr un consenso en el Congreso, aunque anticipó un periodo extraordinario en junio para su aprobación. “Convocamos a la sociedad a defender la libertad de expresión y los derechos humanos”, dijo, destacando que la Cámara de Diputados realizó 10 mesas temáticas con académicos, medios y sociedad civil, enviando sus conclusiones al Senado, donde los conversatorios fueron limitados. “En el Senado solo escucharon a quienes querían; nosotros daremos voz a todos”, prometió.

Para el legislador jalisciense el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue simplemente un “torito distractor”, denunció que la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, está plagada de anomalías que hacen evidente el riesgo que corren las libertades de expresión y de acceso a la información en México.

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN, calificó la iniciativa de telecomunicaciones del gobierno federal como “ley censura” en Conciencia Pública. Denunció que, más allá del artículo 109, busca limitar la libertad de expresión al controlar radio, televisión y medios públicos. Criticó la desaparición de siete organismos autónomos, la intervención en la CNDH, el INE y el Poder Judicial, y reformas a la Ley de Amparo que restringen la justicia ciudadana, coartando el acceso a la información y la libre expresión.

El diputado federal, Monraz Ibarra, expuso que lo mejor sería que la presidenta retirara su iniciativa hasta que no haya un consenso real y auténtico en las dos cámaras del Poder Legislativo, sin embargo, auguró que como lo han manifestado, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones, en la primera quincena de junio, para aprobar esta y otras muchas leyes que tienen prisa por aprobar.

Ante la reforma de telecomunicaciones, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado del PAN, convocó a la sociedad a defender la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos humanos. “En el Congreso, protegemos el acceso a contenidos y conectividad”, afirmó. Criticó el intento del Senado de aprobar rápidamente una iniciativa con 283 artículos que viola el T-MEC, exigiendo un debate amplio para evitar un “albazo” que afecte sectores clave de México.

Reaccionaron ante ello -abundó-, diversas organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y se empiezan a detectar algunos artículos como el famoso artículo 109 que buscaba regular las plataformas; entonces la sociedad civil alza la voz porque se buscaba controlar lo que se ve y lo que se escucha.

Expuso que esencialmente el PAN se empeñó en dar a conocer lo que llamaron “la ley censura” y ante ello, el Senado se ve obligado a convocar a unos conversatorios para escuchar a los expertos.

“Esta semana terminaron los conversatorios en el Senado de la República y lo ideal sería, por supuesto, escuchar y atender lo que se dice en esos conversatorios, pero habrá que ver si realmente se hacen reformas que permitan seguir defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la información, pero la pelota en este momento está en el Senado de la República y nosotros actuaremos en la Cámara de Diputados como Cámara revisora”, planteó.

Celebran en la Cámara de Diputados 10 mesas temáticas

El diputado Miguel Monraz resaltó que la Cámara de Diputados organizó 10 mesas temáticas para fortalecer medios en la era digital, promoviendo libertad de expresión, información y conectividad equitativa. “Hoy, todos acceden a información global desde su teléfono”, afirmó.

Y una vez presentada la iniciativa por parte del Gobierno Federal en la Comisión se convocó a la celebración de 10 mesas temáticas a las que asistieron académicos, universidades, medios públicos, independientes, especialistas, ex comisionados del IFT y diversas organizaciones de la sociedad civil, lo mismo que defensores de las audiencias.

Las conclusiones de las 10 mesas temáticas de la Cámara de Diputados se enviarán esta semana al Senado para enriquecer el dictamen de la iniciativa presidencial. Miguel Monraz destacó que, a diferencia de los conversatorios del Senado, limitados a 5 minutos por participante, las mesas ofrecieron 15-20 minutos para expresarse libremente. Criticó que Morena en el Senado ignoró voces diversas, mientras la Cámara dará espacio a más opiniones en un foro adicional el próximo miércoles.

En México, el espectro más caro del mundo

El diputado Miguel Monraz destacó en las mesas temáticas de la Cámara de Diputados que el espectro radioeléctrico en México es el más caro del mundo. “Radiodifusores pagan mucho más que en otros países”, afirmó. Ejemplificó que una estación en La Barca paga entre 2 y 4 millones de pesos, mientras en Los Ángeles solo se cubren 10 a 20 mil dólares anuales por licencias. Propuso que, para ser competitivos, los concesionarios paguen contraprestaciones de radio y televisión anualmente, no de golpe, como las licencias.

Abundan las estaciones “pirata”

En las mesas del Congreso, Miguel Monraz denunció la existencia de unas 800 estaciones de radio “piratas” en México, muchas controladas por la delincuencia organizada, especialmente en Chiapas y Oaxaca. Estas extorsionan negocios y alcaldes, afectando a radiodifusoras independientes. También criticó a los medios públicos por ideologizar en lugar de educar o informar, sirviendo al gobierno en turno. Propuso fortalecer su autonomía editorial para que informen con veracidad, promoviendo contenidos culturales y reflejando la realidad del país.

Las empresas del Estado y la libre competencia

El diputado Miguel Monraz criticó la propuesta de ley de telecomunicaciones por no generar certidumbre para inversionistas. “El Estado debe regular, no competir, asegurando accesibilidad donde el sector privado no llega”, afirmó. Propuso que las empresas estatales lleven internet, telefonía y televisión a zonas remotas con reglas claras, promoviendo competencia equitativa. “Queremos más acceso a medios y conectividad, pero con condiciones transparentes para el Estado y la iniciativa privada”, subrayó, destacando la necesidad de revisar el rol estatal.

Del IFT a la agencia y la violación al T-MEC

El entrevistado criticó la transferencia de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Agencia de Transformación Digital, dependiente del gobierno federal. “Pasamos de un organismo autónomo a una agencia controlada por una sola persona, bajo la presidenta”, señaló en Conciencia Pública. Advirtió que el artículo 65 permite a la Agencia modificar o rescatar frecuencias por “interés público”, amenazando la autonomía y las libertades. Monraz destacó que la reforma incumple el T-MEC y no garantiza independencia, poniendo en riesgo la regulación imparcial de telecomunicaciones.

LA POSTURA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“Nosotros censura, nunca jamás, nosotros no creemos en eso, un artículo que tenía una orientación para coadyuvar con el SAT y otras instituciones frente a cosas que están en otras leyes, lo pusieron así los compañeros que redactaron la ley, pero para quitar cualquier cosa de censura desde el primer día dijimos que se elimine ese artículo, entonces ya dijimos cuál es el objetivo de esa ley, que pueda haber una empresa (CFE) que en igualdad de circunstancias públicas pueda proveer de internet, que haya derechos de las audiencias, que las radios comunitarias, particularmente indígenas, tengan todas las posibilidades para desarrollarse, en fin todo esto que planteamos sobre la ley. No he visto la redacción final porque la están elaborando en el Senado de la República y espero poder tenerla pronto.

“La facultad que se otorga concesionarios para que guarden datos hasta por dos años, tiene que ver con lo que viene también en la Ley de Seguridad, que todavía está en el Senado; hoy para comprar un chip uno no tiene que dar su nombre y la propuesta es que para comprar un chip, ahora te registres con tu nombre, dado que la delincuencia usa mucho distintos chips, que le va cambiando al teléfono, entonces lo que viene en esa ley también viene en la Ley de Seguridad, que se registre tu CURP con tu identificación”.