NACIONALES
Del montaje a la ignominia: El caso Vallarta y el fracaso del Estado mexicano
-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay historias que condensan en un solo expediente toda la descomposición de un sistema. El caso de Israel Vallarta Cisneros es una de ellas. Después de casi veinte años de prisión, el 31 de julio de 2025 una jueza federal ordenó su liberación al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar las acusaciones.
Vallarta había sido acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, pero lo que en realidad evidenció su expediente fue el uso sistemático del montaje mediático, la tortura y las violaciones al debido proceso como herramientas de control político.
El calvario comenzó el 9 de diciembre de 2005, cuando Vallarta y su entonces pareja, Florence Cassez, fueron detenidos en el rancho “Las Chinatas” en Tlalpan, Ciudad de México. La Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, montó una recreación del operativo ante las cámaras de televisión. Tres víctimas de secuestro fueron “rescatadas” frente a los reflectores, en un espectáculo cuidadosamente guionizado que fue presentado como prueba de eficacia policial.
El 10 de febrero de 2006, García Luna reconoció que la detención y el rescate habían sido montados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Francia protestó por el trato a Cassez, su ciudadana, y tras años de litigio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación en enero de 2013, al considerar que su proceso estaba viciado de origen. Vallarta, en cambio, quedó hundido en la maquinaria judicial.
Durante años, Vallarta denunció torturas para arrancarle confesiones y la fabricación de pruebas. La reciente sentencia de la jueza Mariana Vieyra Valdés, Tercera de Distrito en Materia Penal del Estado de México, le dio la razón: el montaje televisivo y las violaciones al debido proceso invalidaron las pruebas en su contra. Vieyra anuló los testimonios de las víctimas, obtenidos bajo coacción, así como el parte informativo de la captura, las diligencias de reconocimiento en cámara Gesell y la confesión ministerial rendida bajo tortura en 2005. Incluso desechó las declaraciones de David Orozco Hernández “El Géminis” y Dither Camarillo Palafox “Tauro”, quienes confesaron ser miembros de “Los Zodiaco” pero no ratificaron sus dichos ante el juez.
El fallo es contundente: “Se advirtió un efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad, que violentó los derechos de los inculpados y de las víctimas”. Vieyra recordó que el montaje fue auspiciado por medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que contaminó el proceso de manera irreversible.
Pero mientras Vallarta pasaba casi dos décadas en prisión, los responsables directos de esas ilegalidades siguieron escalando posiciones o disfrutando de la impunidad. Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y Francisco Javier Garza Palacios, ambos exdirectores de la AFI, fueron señalados por Vallarta como los principales responsables de su calvario. También Jorge Rosas García, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SEIDO, y el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca. Algunos enfrentan procesos por otros delitos, pero ninguno ha rendido cuentas por el montaje que destruyó la vida de Vallarta.
Al salir del penal del Altiplano, Vallarta pidió perdón a las víctimas de los secuestros que se le atribuyeron. No por aceptar una culpa inexistente, sino porque entendía que ellas también fueron violentadas por la manipulación de las autoridades. “Las víctimas que son víctimas, porque hay algunas que no lo son, que se sientan lastimadas y agredidas, yo les ofrezco una disculpa, no por mí, sino por las acciones de los malos policías, que por sacar un trabajo que no hicieron, utilizaron las mentiras”, dijo.
Aseguró que no se esconderá ni abandonará el país. También adelantó que analiza interponer una demanda contra el Estado mexicano por los daños ocasionados por casi veinte años de prisión. “Si prospera la de tortura, pues le van a dar de 3 a 4 años a Cárdenas Palomino; yo estuve 20, ¿cómo que no es válida la balanza, ¿no?”, cuestionó. Vallarta lo tiene claro: su caso no es un triunfo, es apenas el reconocimiento tardío de una injusticia monumental.
El caso Vallarta es más que un expediente judicial: es la radiografía de un sistema que privilegia la narrativa sobre la verdad. En mayo de 2024, tras 18 años, se cerró la instrucción del juicio, y en julio la FGR pidió 430 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
La cifra era tan absurda como simbólica: una condena ejemplar para encubrir el fracaso institucional. Pero el castillo de naipes se derrumbó: la jueza concluyó que las pruebas eran insostenibles y absolvió a Vallarta.
El contraste con el caso Cassez es brutal. La Suprema Corte la liberó en 2013 por las mismas irregularidades, pero dejó a Vallarta en prisión. La diferencia era política y mediática: Francia presionó por su ciudadana; Vallarta era mexicano y pobre. La doble moral del Estado quedó exhibida.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a anticipar en 2021 que Gobernación podría solicitar la liberación de Vallarta si encontraba elementos suficientes. La Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero, anunció en 2019 que revisaría el caso. Pero pasaron seis años más antes de que un tribunal actuara.
La liberación de Vallarta no repara el daño, pero deja varias lecciones. La primera: el montaje mediático como herramienta de control sigue vigente. La segunda: las instituciones mexicanas, incluidas la FGR y el Poder Judicial, operan más como engranajes de simulación que como garantes de justicia. La tercera: mientras no haya consecuencias para los funcionarios que fabrican culpables, la historia se repetirá.
El caso Vallarta debe ser un parteaguas, pero el pesimismo es inevitable. La FGR ya ha demostrado que prefiere salvar la cara antes que reconocer errores. Los políticos, de cualquier partido, siguen usando la seguridad pública como espectáculo. Y los medios que transmitieron el montaje en 2005 apenas si han hecho un mea culpa.
El sistema judicial mexicano está enfermo, y el expediente Vallarta es su radiografía más cruel: un hombre destruido, víctimas revictimizadas, instituciones deslegitimadas. Nada de esto es nuevo. Lo grave es que todo sigue igual.
La pregunta incómoda es cuántos Vallarta más existen en prisión, sin cámaras ni embajadas que exijan su liberación. Y lo peor: a quién le importa. Porque en un país donde el espectáculo sustituye a la ley, la justicia no llega. Se administra, se negocia o, en el mejor de los casos, se concede como una gracia tardía.
En X @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
El vicealmirante Salvador Camargo Vivero promovió un amparo para evitar una posible detención en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El recurso fue presentado por su abogado, Daniel Jiménez Valencia, quien precisó que su cliente no se encuentra actualmente en México, pero planea regresar en los próximos días.
La defensa solicitó protección judicial en el caso penal 305/2025, derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
El expediente apunta a operaciones irregulares registradas durante la gestión de Camargo al frente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, entre febrero de 2024 y febrero de 2025.
Un exfuncionario portuario identificado como HRV declaró que en ese periodo habrían ingresado entre 20 y 23 embarcaciones con carga irregular.
Entre ellas destacó el buque Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo con 10 millones de litros de diésel provenientes de Estados Unidos, declarados falsamente como aditivo de aceites.
Según el testigo, Camargo y Javier Antonio Martínez, entonces gerente de Administración y Finanzas, autorizaron su ingreso por la aduana 290.
Martínez ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, lo que incrementó las sospechas sobre la participación del vicealmirante.
Sin embargo, en la demanda de amparo, la defensa sostuvo que Camargo no ha recibido notificación alguna que lo vincule directamente al proceso y que, además, las decisiones aduaneras no eran de su competencia.
El abogado también argumentó que Camargo dejó la dirección de ASIPONA dos meses antes de la incautación del Challenge Procyon, por lo que no tendría responsabilidad en los hechos más recientes.
Pese a ello, el juez Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó conceder la suspensión inmediata contra una posible detención y dio un plazo de cinco días a la defensa para aclarar la demanda.
Hasta el momento, el abogado Jiménez Valencia no ha respondido al requerimiento judicial, lo que mantiene en duda si el amparo será admitido o desechado.
Este caso forma parte de las indagatorias de la FGR sobre contrabando de combustibles en el Golfo de México, un delito que representa pérdidas millonarias para el Estado y que ha expuesto presuntos actos de corrupción en estructuras portuarias y navales.
JALISCO
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
– Por Mario Ávila
Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.
Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.
Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.
“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.
– Por Mario Ávila
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.
El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.
La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
Presentan la Octava edición de Tecalitlán Los Sones
Vicealmirante solicita amparo ante indagatoria por huachicol fiscal
MC relanza iniciativa por igualdad salarial en el deporte
Impulsan campaña para prevenir el uso de taxis y plataformas pirata en Jalisco
