NACIONALES
Desarticular a los grupos de poder: Urge reformar partidos, Suprema Corte y burocracia dorada
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Ningún mexicano debe querer que nuestra patria sea débil. Todos aspiramos a que su soberanía sea inmaculada y en cada renglón básico, posea autonomía cabal.
La inmensa mayoría de habitantes del país está de acuerdo en que, los gobiernos de las recientes décadas fueron entreguistas, corruptos y de corte oligárquico. Por ello en los comicios federales del año 2018, los ciudadanos se volcaron en las urnas y llevaron al poder, de la manera más democrática posible, al actual presidente de la república, por lo que su legitimidad nadie puede ponerla en duda.
Los esfuerzos del mandatario, sustentados en la divisa de “Por el bien de todos, primero los pobres”, que implica se abatan los privilegios, es innegable que han logrado enormes avances en muchos aspectos, sobresaliendo por congruencia con su lema, el combate a la pobreza, flagelo que se redujo del 49,9% de la población en 2018 al 43,5% en 2022, según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicado en agosto del año pasado, llegando casi al seis por ciento la disminución. Para 2024, se considera que habrá incremento de esa mejoría histórica. Bastantes obras de enorme magnitud se suman a ese logro, no obstante, la pandemia que azotó a la humanidad entera, y la tozudez de los adversarios del primer magistrado federal.
Para que la marcha nacional continúe su itinerario hacia un nivel de bienestar, es indispensable que se continúen llevando a cabo reformas. El aparato de derecho heredado de los regímenes neoliberales (especialmente desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto) está forjado para beneficiar a los poderosos, entre los que destacan muchos políticos enriquecidos turbiamente, además de grupos de empresarios, nacionales o de índole extranjera, mal acostumbrados a que sus pretensiones se obedezcan.
Por ello es indispensable se lleven a cabo reformas que generen un principio de derecho significado por la justicia, no por el legalismo que impera hoy por hoy, donde se aplica el principio de que “según el sapo es la pedrada”, complementado por el adagio de que “quien no transa, no avanza”.
Parte primordial de lo anterior, es la integración de la estructura judicial de la nación entera, o sea, de Estados, Federación e incluso del municipio. Este porque en cuestión de da a cada cual lo que le corresponde proporcionalmente, prácticamente está excluido, y aquellos dos, porque su configuración jurisdiccional, de plano no la imparten, sino que otorgan un ridículo remedo de ella; por lo tanto, en todo tema justicial, como dice el refrán, “el que tiene más saliva come más pinole”, lo cual es indignante.
Como hasta la fecha, para llegar a los cargos públicos el único camino viable son los partidos políticos, resulta necesario que estos organismos -de interés ciudadano, y por ende público- se reformen. Están manejados por cúpulas que muy poco tienen que ver con la democracia; sus sistemas internos son simulados y por ello muy manipulables; además, la manera de como obtienen sus recursos, son contrarios al interés popular, se manejan desordenadamente y con sentido patrimonialista. En pocas palabras, la sociedad no confía en ellos, porque etapa tras etapa es defraudada; de allí que se diga, “No era la burra arisca, pero la hicieron”.
Un común denominador de lo antedicho es que ya sea en órganos judiciales -incluyendo por extensión a los fiscales y su red- como unidades del ámbito oficial (directas, descentralizadas o desconcentradas) y de los institutos partidistas -partidos políticos-, a sus costillas medran los que se desempeñan con canonjías y que constituyen lo que se identifica como “burocracia dorada”.
Son estos especímenes, (disfrazados de servidores públicos) los que salen gananciosos un día sí y otro también; para ellos poco importa que la gente sea pobre, los empleos difíciles o la ley prohibitiva; su impúdico poder adquisitivo y los lazos que los salvaguardan -vía amparos y complacencias de altos funcionarios- les hace gozar de un estatus blindado, que, en todo caso, les permite: “vivir como quien ve llover y no se moja”.
Al respecto, no acabamos de comprender la obcecación de ministros de la Corte, funcionarios de organismos autónomos o dizque ciudadanizados, y en fin todo aquel que reciba ingresos del erario gubernamental, quienes, contra viento y marea, se niegan a cumplir con la Constitución, la cual precisa en su artículo 127 -desde hace lustros- que ningún servidor público podrá devengar más salario que el presidente de la república. Esta tropelía, es gota que colma el vaso de las críticas que condenan a la susodicha casta dorada, la cual lisa y llanamente, denigra al pueblo y al Estado Mexicano.
La meta es pues, acabar con la pobreza y desterrar las prebendas; lograr que, para todo poblador de la república, realmente haya justicia expedita y gratuita; que los ciudadanos cumplamos con cualesquiera obligaciones fácilmente, y que la democracia rija a plenitud en nuestras actividades, a fin de que el imperio de derecho que nos resguarde sea más bien un estado donde no haya desigualdades y la ley signifique no una hueca norma sino una disposición que entrañe justicia.
Por lo anterior, es que insistamos en que resulta imprescindible reformar normas, instituciones y conductas. En consecuencia, estemos atentos a las iniciativas que, en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, el primer mandatario de la nación anunció. Sin pérdida de tiempo y sin cortapisas, estudiémoslas y en lo conducente, hagamos propuestas para mejorarlas, las apoyemos en lo que resulte evidente su implantación, y en fin, que estemos atentos para que exijamos a los legisladores, ya de las legislaturas salientes o de las que están por llegar, para que antepongan sus fobias, privilegien la conveniencia social y se sumen, con el patente objetivo de fortalecer a México y con ello, beneficiar a los mexicanos.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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