JALISCO
Desconexión moral
Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
La manera sistemática mediante la cual los gobernantes de todos los niveles y calañas eluden sus responsabilidades de ley es una estrategia para desconectarse moralmente de sus omisiones, obligaciones y hasta de complicidades. Albert Bandura, fue un psicólogo norteamericano-canadiense, de origen ucraniano, que propuso cuatro mecanismos utilizados para justificar cognitivamente sobre el porqué las personas cometemos actos inmorales.
1. Pretender que la cuestionable conducta (en sí misma) no es inmoral; 2. Que el perpetrador de la inmoralidad pueda minimizar su papel en el daño; 3. Las consecuencias que derivan de las acciones; 4. Cómo se sojuzga a las víctimas de dichas inmoralidades mediante la táctica de devaluarlas como seres humanos o culparlas de lo que les sucede.
Vienen a la mente una serie de atrocidades en contra de mexicanos que los gobernantes en turno, de todos los partidos, han utilizado para esa desconexión moral, tales como: la matanza del 68; la matanza de Acteal, la de Ayotzinapa y más recientemente las de San José de Gracia y Celaya y…hoy el “caso” Teuchitlán, que es la punta de un iceberg maligno nacional.
En todas estas anomalías, invariablemente, los gobernantes trataron de desplazar la responsabilidad; derivarla o de plano eludirla. Algunas veces hacia los grupos delictivos que operan impunemente por todo el territorio mexicano y -las peores- hacia las víctimas de las barbaries cometidas en su contra.
Dicha estrategia con el fin de tergiversar los hechos, minimizar los daños y para deshumanizar a los desaparecidos o asesinados se puede dar mediante la justificación “moral” y hacer socialmente aceptable la conducta que finge servir a propósitos sociales muy loables.
Según como se les nombre, pueden ser etiquetas eufemísticas para ocultar la verdad: Por ejemplo, afirmar que los asesinados “eran miembros de cárteles criminales”, “ellos comenzaron las agresiones” o “sabrá Dios en qué andarían esos muchachos descarriados”.
También la desconexión moral recurre a la comparación paliativa o ventajosa: “Esta violencia no es tan grave; no hay focos rojos; es exagerado considerarla como indicio de mal gobierno o vacío de poder oficial”, se les ha escuchado decir con todo el cinismo posible.
El desplazamiento de la moral la usan los delincuentes que, socarronamente, alegan eran “mandados” y por ello, argumentan no pueden ser culpados de muertes, torturas, desapariciones, estafas y extorsiones, por citar sólo algunas de los “trabajos” que realizan o realizaron.
El colmo de los gobernantes es cuando con una impudicia digna del peor delincuente, trata de “embarrar” a los ciudadanos. “Esto es culpa también de la sociedad; de los ciudadanos que se quedan pasivos; de la gente que al no hacer nada propicia la delincuencia”. A esto se le conoce como Difusión de la Responsabilidad y consiste en minimizar al máximo el daño que causa la delincuencia. Se pretende, por la parte oficial, trasladar a la sociedad lo que corresponde por ley al Estado.
Deshumanizar a las víctimas, mediante socarrones adjetivos; mediante el desprecio a sus existencias; mediante la minusvaloración de sus vidas; mediante la siembra de dudas sobre la honradez de los agredidos son recursos bajos de los que ejercen el poder.
Tienen esa costumbre de desconectarse moralmente y desplazar la responsabilidad de su ineficiencia, de su ineptitud y también de su complicidad con los grupos de facinerosos, llevan a cabo atribuciones de culpabilidad. Es así como maniobran para machacar que ellos son también víctimas: de gobernantes corruptos del pasado; de “herencias” y contubernios de los “malos” que, siempre resultan ser ajenos a sus ideologías o aún mejor, de sus partidos.
Son tan persistentes y repetitivos en sus “verdades” que pasan a convertirse en mitómanos y a arrastrar con ellos a quienes, por conveniencia, por ignorancia o por estulticia, creen a pie juntillas- o fingen creer- esas desconexiones morales tan adecuadas para eludir las responsabilidades, los compromisos. No únicamente los legales…también los personales que les convirtieron, en un momento dado, en adalides de los cambios, de la rectitud, de los valores más preciados y que, al final, resultan igual o peores que lo que se comprometieron a cambiar.
Si revisamos la historia de nuestro país encontraremos frases que quedaron para la posteridad de gobernantes cuando se les exigió actuar como defensores de las leyes, de la gente.
La tragedia del 22 de abril dejó una frase de Guillermo Cosío Vidaurri quien, al preguntarle por qué no se dio la orden de evacuación a los vecinos de las calles que luego estallaron comentó: “pues es que la gente es como niño chiquito, al que se le está advirtiendo que no se suba a la barda porque se va a caer”.
En 1968 el gobierno de Díaz Ordaz, vía el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, repitió hasta el cansancio que la masacre de la Plaza de las Tres Culturas fue iniciada por los estudiantes: “querían mártires para hacernos ver mal ante la comunidad mundial con motivo de las Olimpiadas”.
Los panistas al llegar al poder en Jalisco se ufanaron de “llegar para cambiar a todos los rateros, perversos, siniestros, malévolos y malintencionados que gobernaron a Jalisco”. Y sí. Los cambiaron…por ellos mismos. Obviamente no les faltaron excusas para desconectarse moralmente de las desviaciones que tanto criticaron.
Los actuales gobernantes no cantan mal las folclóricas: “Nosotros no somos corruptos”; “Esto es culpa de Calderón”; “Los asesinados son miembros de pandillas o andan en malos pasos”; “No es cierto que los delincuentes han rebasado al gobierno”; “Vamos a sacar al Ejército de las calles porque no se debe militarizar al país”. Y así hasta el infinito.
Conclusión: desde que se inventó la desconexión moral se acabaron los políticos infames, mentirosos, ineptos y rateros. Y todavía hay gente que les cree.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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