NACIONALES
Desnaturalización
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Desnaturalizar es un proceso que implica la alteración de la estructura o propiedad de algo y en este país, actualmente, hay varias instituciones desnaturalizándose y afectando con ello la estructura democrática nacional. Sin que sea limitativo, enumero algunas de ellas y empezaremos de mayor a menor por la antigüedad de algunas.
La primera son las fuerzas armadas, el Ejército Mexicano, llamado así desde 1948 por decreto presidencial. Desde su creación en 1913, su función principal fue coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República y, desde el advenimiento de los gobiernos civiles, la política fue un área vedada a la participación militar.
A partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, por disposición presidencial se le fueron asignando responsabilidades civiles al ejército, algunas llevadas a reforma constitucional, como es la participación en la seguridad pública.
A partir de ahí las fuerzas armadas ya no velan solamente por el sostenimiento del orden constitucional, sino que ahora son constructores de obras civiles, administradores de las mismas, operadores de líneas de aviación, trenes y hoteles y para cerrar ahora serán policías, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y sus miembros podrán participar en política previa licencia temporal, no definitiva como era antes. El Ejército asume estas tareas por obediencia y disciplina, sin embargo, no se puede soslayar que su prioridad ahora no es proteger el orden constitucional, sino servir al presidente en turno.
La segunda se refiere al Poder Judicial de la Federación. La elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces desnaturaliza la función de la justicia, su imparcialidad e independencia. Provoca la politización del proceso electivo como ya se vio y el desordenado proceso de selección de candidatos y su elección reveló la práctica de vicios ya desterrados propios de la mapachería electoral. El resultado es que el poder ejecutivo se ha quedado sin contrapesos, pues el oficialismo logró, con el uso de acordeones y complicidad de autoridades electorales, imponer a sus seleccionados.
La tercera se refiere al Instituto Nacional Electoral y previsiblemente al sistema electoral y de representación popular en su conjunto. La reforma en tránsito, conocida solo por algunos pocos, enterados más por los medios que por el gobierno, presuntamente abarcará desde la desaparición de las diputaciones de representación proporcional, hasta la elección por voto popular de los comisionados del INE, financiamiento de partidos y del propio instituto limitando sus funciones y la participación ciudadana en los procesos electorales.
De prosperar la reforma quedará un INE controlado por el gobierno y sus afines, un Tribunal electoral cooptado, el sistema de representación disminuido y las minorías sin representación en el congreso. Y esto nos lleva a la mayor desnaturalización de todas, la del sistema democrático. Así al escenario de un partido único, con la oposición en la marginalidad.
La cuarta desnaturalización se da en la Guardia Nacional. Doce artículos constitucionales tuvieron que ser reformados para darle carácter militar a una institución concebida desde su creación en 2019 por iniciativa del propio AMLO, para ser eminentemente civil. El artículo 21 constitucional señalaba que: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Ahora la militarización de este cuerpo policial se materializa con la reforma en curso en el Congreso Nacional, desnaturalizando así su origen. Se crea una rama más en las fuerzas armadas, con capacidad de investigación y presencia plena del ejército en el ámbito civil.
En razón de lo observado y las tendencias que se prefiguran por los trascendidos de las reformas legales en curso ─más de veinte se ha dicho─ el término desnaturalización suena demasiado suave pues lo que se está gestando es la consolidación de un Estado totalitario con la eliminación de divisiones en el poder, el dominio de un partido único y la democracia reducida a retórica oficialista según la cual el pueblo manda, pero el pueblo ─así interpretado por ellos─ es la nomenclatura en el poder, el resto somos adversarios.
El autoritarismo es evidente, aunque se niegue. Los ataques a la libertad de expresión han rebasado ya el ámbito de las conferencias matutinas del ejecutivo. Gobernadores, legisladores, jueces, han impuesto límites aberrantes a la libertad de expresión y la misma presidente ha mostrado tener la piel delgada ante la crítica respaldando acciones intimidatorias, persecuciones y censura a voces discordantes.
La pregunta resultante es ¿Qué país nos quedará después de esta acelerada desnaturalización de nuestra vida democrática? Porque lo evidente es, que además de los cambios en la estructura política y democrática de la nación, y todos envueltos en la discusión de ello, los problemas reales se siguen acumulando y su explosión hará nugatorio todo el esfuerzo por acumular poder y conservarlo de esta nueva clase gobernante. Concentrarán el poder, pero perderán al país.
NACIONALES
ONU concluye fase de recopilación de información para recomendación sobre desapariciones en México
– Por Redacción Conciencia Pública
El Comité contra la Desaparición Forzada cierra la etapa de recopilación y analiza elevar el caso a la Asamblea General
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), anunció la conclusión de la fase de recopilación de información sobre la crisis de desapariciones en México, que la llevará a crear una recomendación al gobierno sobre las acciones a tomar en este delicado tema.
Tras varios meses de entrevistas, sesiones públicas y recepción de testimonios, el organismo internacional informó que entra ahora en un “periodo de reflexión” para determinar los pasos siguientes, los cuales se darán a conocer en un documento en los próximos meses.
El procedimiento se lleva a cabo bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al comité a actuar cuando existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones son generalizadas o sistemáticas en un país.
En caso de confirmarse, el organismo internacional podría elevar el caso con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en un hecho de gran trascendencia para la comunidad internacional.
| Las cifras que han sido presentadas ilustran la magnitud de la tragedia: más de 133 mil personas desaparecidas desde 2006 hasta septiembre de 2025, más de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes y un promedio alarmante de 26 desapariciones diarias en 2024, cifra que se disparó a más de 45 por día en el primer semestre de 2025. Además, se destacó que en México se han dictado 773 acciones urgentes de la ONU bajo el artículo 30, el número más alto para cualquier país firmante de la Convención. |
El Comité también recibió información sobre los niveles de impunidad que rodean al fenómeno. Entre 2017 y enero de 2025, los tribunales mexicanos solo emitieron 373 condenas por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, un número que contrasta con la magnitud del problema y que refleja la debilidad institucional para enfrentar a los responsables. Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la respuesta estatal ha sido insuficiente y en ocasiones marcada por la negación.
El cierre de esta etapa ocurre en un momento de tensión entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales. Mientras colectivos de familiares exigen que el caso sea elevado a la Asamblea General de la ONU, el Ejecutivo federal ha cuestionado la narrativa que vincula al Estado con prácticas de desaparición forzada.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en la urgencia de fortalecer las instituciones de búsqueda y de garantizar la participación de las familias en las políticas públicas.
El CED destacó que su decisión final buscará incidir en medidas concretas: dotar de mayores recursos a las comisiones de búsqueda, fortalecer la identificación forense, garantizar la autonomía de las fiscalías y establecer mecanismos de seguimiento verificables. De ser llevado a la Asamblea General, México enfrentaría una presión diplomática sin precedentes en torno a su política de derechos humanos y seguridad.
Concluida la fase de información, ahora el foco está en lo que resuelva el Comité. La sociedad civil y las familias de las víctimas esperan que las conclusiones de Naciones Unidas marquen un antes y un después en la forma en que México atiende esta crisis humanitaria. En juego no solo está la rendición de cuentas del Estado, sino la esperanza de miles de familias que buscan verdad y justicia.
NACIONALES
Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo
– Por Francisco Junco
Sobre los cambios a la Ley de Amparo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que Morena y sus aliados han impulsado una reforma que vulnera los derechos de las personas y atenta contra principios básicos de la Constitución.
“Ayer la bancada naranja lo denunció y hoy la presidenta nos da la razón. En la discusión sobre la ‘Ley del Desamparo’, Morena y sus aliados no se conformaron con aprobar una legislación regresiva que vulnera derechos de las personas, sino que además plantean que sea retroactiva”, manifestó el senador a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.
Y es que el senador hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando en la mañanera le preguntaron sobre la inconstitucionalidad de hacer retroactivos las reformas a la Ley de Amparo, como lo plantean los senadores de Morena.
Castañeda criticó con dureza que las modificaciones a la Ley de Amparo, respaldadas por Morena, PT y PVEM, representen un retroceso en materia de derechos fundamentales, al señalar que incluso se pretende que tengan efectos retroactivos, lo que contraviene la Constitución y principios elementales del derecho.
El legislador sostuvo que la postura de la presidenta confirma las advertencias hechas por la bancada del partido naranja durante la discusión legislativa, y acusó a la mayoría oficialista de actuar “sin rumbo” en materia de justicia y de debilitar los contrapesos democráticos.
“¿En qué anda la mayoría de Morena, PT y PVEM? ¡En el extravío total! ¡Sin rumbo! ¡Qué vergüenza!”, concluyó el senador jalisciense, al insistir en que el país necesita leyes que fortalezcan las instituciones y garanticen la protección de los derechos ciudadanos.
La presidenta de México afirmó que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo no debe ser retroactiva, pues eso resultaría inconstitucional y vulneraría los derechos adquiridos. En ese sentido, Sheinbaum reconoció que no podría aplicarse hacia atrás, lo cual da sustento a las críticas de la oposición y respalda la postura de partidos como Movimiento Ciudadano. «Primero hay que respetar la Constitución, que establece que no debe haber retroactividad en las leyes», dijo la mandataria en la mañanera.
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Alerta MC sobre el debilitamiento de la democracia en comparecencia de Rosa Icela Rodríguez
– Por Francisco Junco
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el Senado de la República, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que las iniciativas presidenciales en materia de amparo y reforma electoral, representan un serio retroceso en los derechos ciudadanos, los contrapesos institucionales y la vida democrática del país.
El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que la propuesta para reformar la Ley de Amparo “limitaría el único mecanismo por excelencia para garantizar y proteger los derechos de las personas, de las comunidades y de los colectivos”.
Agregó que esta iniciativa se suma a otras reformas “igualmente dañinas” que han debilitado al Poder Judicial y restringido la capacidad de jueces y tribunales para frenar abusos de autoridad.
Castañeda también cuestionó la reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo, a la que calificó como “una reforma desde el poder para conservar el poder”, al advertir que atenta contra el pluralismo, la representación de partidos y la autonomía del árbitro electoral.
En este contexto, denunció el fraude registrado en Poza Rica y Papantla, Veracruz, donde acusó la intromisión de la gobernadora Rocío Nahle en perjuicio de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, la vicecoordinadora Alejandra Barrales evidenció la omisión de la titular de la Secretaría de Gobernación en la operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual no ha sesionado en siete años pese a la creciente crisis de violencia contra la infancia.
Recordó que seis de cada diez menores viven en pobreza, mientras que México ocupa el primer lugar de la OCDE en abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de víctimas cada año.
Barrales subrayó que “México es un país inapropiado para la infancia” y exigió a la secretaria Rodríguez explicar las razones de la inactividad del SIPINNA.
Además, pidió a la funcionaria pronunciarse sobre los hechos ocurridos en Veracruz y detallar las acciones coordinadas con la UNAM ante los recientes casos de violencia en la institución.
– Por Francisco Junco
Guadalajara fue sede de una de las conmemoraciones más emblemáticas del país, la escenificación Siete Siglos de Legado de Grandeza México-Tenochtitlán 1325-2025, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante miles de asistentes al Estadio Panamericano (casa del equipo de beisbol Charros), está mañana se recordó la fundación de la capital de los mexicas con una representación histórica de gran formato.
La puesta en escena, en la que participaron más de 800 personas entre actores, bailarines y personal técnico, se sustentó en una investigación avalada por cuatro reconocidos historiadores.
El público pudo revivir el momento en que, de acuerdo con la tradición, los aztecas o mexicas encontraron el águila posada sobre el nopal devorando una serpiente, signo que marcó el nacimiento de la ciudad de Tenochtitlán en el Lago de Texcoco.
Entre bailes, vestuarios tradicionales y recreaciones de las principales etnias del país, el espectáculo se convirtió en una clase viva de historia y cultura.
El montaje no solo rindió homenaje a los orígenes de una de las principales culturas mesoamericanas, sino que también buscó fortalecer el sentido de identidad nacional a través del arte y la memoria.
La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, estuvo en este evento junto al gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Marta Estela Arizmendi Fombona, en un acto que unió a autoridades, académicos y ciudadanía.
Especialmente significativo fue que los principales invitados fueran niños y adolescentes de escuelas de educación básica de Jalisco, quienes llenaron el estadio y vivieron de cerca una representación diseñada para sembrar orgullo y conciencia histórica en las nuevas generaciones.
Convenio de becas fortalece “salario social” de policías, bomberos y personal de salud en Guadalajara
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Gobierno de Jalisco y la plataforma Platzi lanzan el programa “Inglés al 100” para impulsar el futuro digital y bilingüe
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