NACIONALES
Documento de la UAM sobre el desmantelamiento de laboratorios: De cómo México abandonó la producción de vacunas
Opinión, por Cayetano Frías Frías //
En 1970, nuestro país apareció entre las primeras siete naciones en el mundo como productor del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proveía a 15 países y era un referente al producir además el 90 por ciento de los requerimientos locales en vacunas, según se asienta en el documento “La articulación público-privada en la producción de vacunas en México”.
Esa posición privilegiada fue desmantelada por la indolencia de los gobernantes neoliberales tanto del PRI como del PAN, los cuales a partir de la década de los noventa, en que se suprimieron recursos, desaparecieron la unidad administrativa que producía vacunas y crearon una empresa paraestatal bajo la figura de Asociación Público-Privada, que ahora es meramente una intermediaria entre las trasnacionales y las dependencias federales del sector salud.
Este trabajo, elaborado en 2016 por las investigadoras Silvia Tamez, Catalina Eibenschutz, Xareni Zafra y Raquel Ramírez de la Universidad Autónoma Metropolitana, describe el cómo se fueron desmantelando los institutos que daban prestigio y certidumbre al país en materia de producción de vacunas.
“En México hasta el decenio de los ochenta existió un franco predominio del sector público de la atención de la salud, pero a partir del nuevo milenio es observable una fuerte tendencia al ascenso de la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos”, explican.
Al contrario de lo que afirman los neoliberales, las investigadoras advierten que los procesos privatizadores de los servicios públicos “han dado muestra de su incapacidad para responder las exigencias del entorno, ya que los resultados han sido muy pobres y en algunos casos hasta negativos”.
Para el tema de la producción de vacunas, consideran que haberlo entregado a las farmaceúticas extranjeras, es además “un proceso de pérdida de soberanía sanitaria”.
Recuerdan que México producía vacunas desde 1939 y el proceso se fortaleció en 1956 y en 1960 al crearse los Institutos de Higiene y de Virología respectivamente, citando al académico Alejandro Alagón Cano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari, se dejó de invertir en infraestructura e inició la decadencia de los citados institutos, los cuales en el sexenio de Ernesto Zedillo desaparecieron como tales y fueron integrados a la Secretaría de Salud y a partir de 1998 ya ni siquiera hubo producción para cubrir el esquema básico de vacunación.
Para esas fechas, ya el Congreso había aprobado la Ley de Asociaciones Público Privadas, instrumento jurídico que las investigadoras de la UAM la definen como herramienta que “legaliza plenamente lo ilegal para terminar de saquear a la nación”.
Hasta 1998 las ya entonces pocas vacunas disponibles fueron producidas por la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, unidad administrativa de la Secretaría de Salud Federal; en 1999, Ernesto Zedillo creó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, una empresa privada con participación mayoritaria estatal bajo el esquema de APP.
El objetivo de la nueva empresa según difundió el gobierno en ese entonces, era “incrementar la eficiencia de los procesos productivos, desarrollar nuevos productos, mejorar las prácticas comerciales, desarrollar otros mercados y mejorar los estándares de calidad”. Las investigadoras de la UAM, creen que ninguno de esos objetivos se ha cumplido.
Resaltan que en mayo de 2003, el entonces presidente Vicente Fox promovió una reforma a la Ley General de Salud, para que a través de la empresa Birmex se enfrentara una posible pandemia de influenza y se aprobó que se financiaran los trabajos necesarios tomando recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Las investigadoras analizan en lo particular el origen de la pandemia de influenza en 2009 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y señalan que en la primera sesión extraordinaria en enero de ese año del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se acordó solicitar un préstamo al Banco Mundial de 1.7 millones de dólares para enfrentar de manera eficiente la pandemia, recursos cuya aplicación nunca fue clara.
Avanzado el año, relatan las investigadoras, las críticas más fuertes eran en el sentido de que el gobierno federal ocultó datos sobre la gravedad de la pandemia e incluso el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), “dedujo que los brotes iniciaron en enero de 2009 y no en abril cuando el gobierno federal decretó la alerta sanitaria”.
A nivel internacional también fue muy cuestionada la decisión de la Organización Mundial de la Salud al emitir la declaración de pandemia por AH1N1, pues las cifras disponibles en 2010 no reflejaban tal gravedad. Sin embargo, en noviembre de 2012 la revista The Lancet publicó un estudio en el cual se concluía que la mortandad registrada fue mayor en 15 veces a la reportada en 2009, superando las 250 mil muertes.
En agosto del mismo año, el Consejo Técnico del CNPSS otorgó 1,158.3 millones de pesos para la adquisición de las vacunas contra el AH1N1. “Conviene destacar que el titular de la CNPSS señaló que con los recursos que se estaban utilizando para la pandemia, se dejaban de atender servicios de salud como la insuficiencia renal crónica, hemofilia, leucemia en adultos, en infartos, entre otros”, consigna el documento.
Las consecuencias para estos enfermos no fueron los únicos problemas que se generaron, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que se pagaron sobrecostos en la adquisición de vacunas contra el AH1N1 por un monto superior a los 119 millones de pesos, tan solo por la intermediación de la empresa Birmex, la compra se realizó con bases de manuales que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto ilegales, además de que la vacuna estaba en etapa de ensayos clínicos y tanto Birmex como Sanofi y Glaxo se deslindaron mañosamente de posibles daños a la salud de los pacientes en los contratos.
Otro delito verificado por la ASF, fue que de las 13 millones 085 mil dosis de la vacuna compradas, 4 millones 188 mil se esfumaron y ni la empresa Birmex o la Secretaría de Salud dieron explicación sobre el destino de las mismas. Por estos delitos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de la empresa Birmex, que se solventara el daño patrimonial y se procediera legalmente contra los responsables de los delitos. Nunca se informó de alguna sanción.
Las académicas de la UAM concluyen que el problema de este tipo de empresas con base APP, conlleva “la renuncia de los gobiernos a su soberanía”, en este caso en el tema de salud. Citan como ejemplo el Plan Global de Vacunación 2010-2020 (GVAP), que es financiado por instancias internacionales, entre ellas la OMS y gobiernos de varios países, pero el producto es propiedad de empresas trasnacionales.
“Independientemente de este debate, el cúmulo de irregularidades que destacó la prensa nacional y han reiterado con precisión y a detalle las auditorías que la ASF hizo a Birmex, conformaron el escenario ideal para la transferencia de grandes flujos de dinero público a las industrias productoras de vacunas y antivirales”.
BIRMEX, EL LADO OSCURO DE LAS VACUNAS
-Invirtió casi 1 mil millones de pesos en la construcción de una planta para producir vacunas en Cuautitlán Izcalli que inició en 2007. Para 2017, todavía inconclusa la obra, declararon que la estructura no resistiría la carga y de enero a marzo de 2018 fue demolida. Fungieron entonces como secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorikzki y José Narro Robles.
-En su informe final de administración en 2018, reportó procesos judiciales pendientes, entre penales, mercantiles, civiles y laborales, a través de los cuales le reclaman pagos a la empresa que suman más de 500 millones de pesos.
-En 2018 ocupó el lugar 158 entre 261 entes evaluadas por la Auditoría Superior de la Federación. En 2013, registró un altísimo incumplimiento en metas del 64.99%.
-En 2018 inició la construcción de la nueva planta en Cuautitlán Izcalli para producir vacunas y anunció una inversión de 1 mil millones de pesos, sin requerir aportaciones del gobierno federal. No aclara la empresa el compromiso con su socio Sanofi, pero desde 2015 le transfirió la hipoteca del terreno.
-A noviembre de 2018, reportó activos por 3 mil 109 millones 979 mil pesos. En pasivos registró 818 millones 769 mil 500 pesos, lo cual considera una estabilidad financiera razonable.
-Por ser una paraestatal, el manejo presupuestario es discrecional y no presenta informes de balance de operación, de presupuesto y financieras a las autoridades.
-La compra de vacunas y reventa a las instituciones de salud federal, llegan con sobreprecio como ha observado la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual no cumple con el principal objetivo que justifica su creación, que era mejorar precio y calidad de servicio.
-En las compras anuales de vacuna para prevenir el AH1N1 influenza, las dosis no han superado los 15 millones, que son insuficientes para la población de adultos mayores y niños, según los datos del Censo INEGI 2020.
– Por Francisco Junco
Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública, nombrado por el entonces Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ahora senador de la República, rechazó ser extraditado a México.
Durante la audiencia inicial, donde un juez dictó prisión preventiva, se le ofreció la extradición voluntaria, pero Bermúdez Requena, presunto líder del cartel de “La Barredora”, no aceptó.
Ahora se iniciará un proceso ordinario, que podría tardar hasta 60 días, en tanto, Bermúdez Requena, continuará bajo la custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.
En tanto, en México se informó que la Fiscalía General de la República ya presentó la solicitud de extradición contra Hernán Bermúdez Requena al gobierno guaraní.
“El Abuelo” o “El Comandante H”, como se le conoce al exfuncionario del gobierno del morenista Adán Augusto López en Tabasco, e identificado como el presunto líder del Cártel de “La Barredora”, fue detenido la madrugada del sábado, en Paraguay, en una residencia ubicada en la zona exclusiva de Marino Roque Alonso, donde permanecía escondido.
Este fin de semana, el presidente Santiago Peña, dio a conocer, en un pequeño video de 45 segundos, cómo fue el arresto de Bermúdez Requena.
En las imágenes, primero se ven aspectos de la residencia, se ve cómo las fuerzas especiales, revisaron la finca y derribaron la puerta, suben una escalera y someten a ex secretario de seguridad, lo encañonaron y lo tiraron al suelo, donde lo tenían sometido, bocabajo y un elemento le pone un pie en la espalda.
Después, el presunto líder de La Barredora, quien cuenta con una ficha roja activa de la Interpol, aparece sentado en un sillón con ropa deportiva, pelo más largo y canoso, barba larga.
Cuenta con una orden de captura en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
En el video, se muestra que en la residencia, donde permanecía escondido, había fajos de dólares y guaraníes, moneda uruguaya, así como joyas, tarjetas bancarias, identificaciones y una camioneta de alta gama.
Manuel Doltane, titular de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Paraguay, reveló que Bermúdez, entró de manera ilegal al país.
Y es que en febrero de este año, después de hacer pública la orden de aprehensión en su contra, el ex funcionario estatal huyó del país.
De acuerdo con las autoridades, viajó primero a Panamá, después a España, más tarde a Brasil, para terminar en Paraguay.
En medios locales del país sudamericano, como el diario ABC, informaron que la detención del ex funcionario de Adán Augusto López, se logró, gracias a que en el mes de julio se detuvo a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del presunto líder de “La Barredora”.
– Por Francisco Junco
En la explanada del Congreso del Estado de Guanajuato, donde se conmemoraba el inicio de la Independencia, la gigantesca bandera monumental que suele ondear con orgullo se desgarró mientras era izada.
Una ráfaga de viento tensó la tela y provocó la primera rasgadura cerca del mástil; segundos después, otra bocanada de aire convirtió el estandarte en un lienzo vulnerable que cedió completamente ante la fuerza de la naturaleza.
El sonido seco del desgarre y el movimiento incontrolable de la bandera detuvieron por un instante el ritmo del acto cívico. Entre los asistentes se percibió un silencio respetuoso, mientras manos ágiles trataban de recuperar la tela antes de que tocara el suelo, consciente de que cualquier contacto con el pavimento sería una falta a la dignidad del símbolo nacional.
El protocolo indica que una bandera monumental dañada no debe desecharse ni manipularse de manera cualquiera. La norma establece que su retiro se realiza mediante una ceremonia solemne de incineración, un acto respetuoso que mantiene la dignidad del lábaro patrio, además de que su manejo está bajo la supervisión de autoridades competentes, como la Sedena.
La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, junto con normativas estatales, recuerda que la enseña no debe alterarse ni tocar el suelo.
Por ello, las autoridades presentes aseguraron que la bandera sería tratada siguiendo los procedimientos oficiales, garantizando que el símbolo nacional continúe recibiendo el respeto que merece incluso al final de su vida útil.
Al concluir la ceremonia, el acto continuó sin la bandera en el asta, pero con la certeza de que la experiencia sirve como lección: proteger los símbolos requiere previsión, cuidado técnico y respeto por la ley.
Cuando la próxima bandera monumental vuelva a ondear, su imagen será recordatorio de que los colores que representan a México merecen siempre una custodia digna.
– Por Francisco Junco
En el marco de las celebraciones de septiembre, el tequila se convierte en protagonista indiscutible de la mesa mexicana. No solo es la bebida nacional por excelencia, sino un emblema de identidad, cultura y tradición que representa a México ante el mundo con la fuerza de su historia y el sabor de su tierra.
De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), actualmente existen 3 mil 211 marcas registradas, vinculadas a 213 productores autorizados, lo que demuestra la amplitud y versatilidad de esta bebida que acompaña con orgullo a la gastronomía nacional.
“De esta agroindustria tequilera dependen más de 100 mil familias; hoy es un producto que se comercializa en más de 120 países y, por supuesto, está sujeto a un cumplimiento normativo muy minucioso. Cada gota es inspeccionada, certificada y analizada por el Consejo Regulador del Tequila”, destacó María Bertha Becerra, responsable de aseguramiento de producto terminado en el CRT.
El recorrido del tequila es también una historia de manos mexicanas. Desde los campos de agave azul, pasando por las destilerías, envasadoras y centros de distribución, miles de trabajadores imprimen tradición, conocimiento y pasión en cada etapa de su producción.
“Tenemos cinco clases: blanco, joven, reposado, añejo y extra añejo, además de dos categorías: tequila y tequila 100% de agave”, explicó Becerra, al recordar la diversidad que ofrece esta bebida reconocida como la primera Denominación de Origen de México.
Además de ser un símbolo, es una de las bebidas más reguladas del planeta. Desde 1994, el CRT supervisa cada fase de su producción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, garantizando calidad y autenticidad en cada botella que se consume dentro y fuera del país.
Con más de 200 municipios protegidos por la Denominación de Origen, repartidos entre Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, el tequila es mucho más que un acompañante de las fiestas patrias: es el espíritu de México que une a generaciones y brinda al mundo un motivo más para decir: ¡Qué viva México y qué viva el tequila!
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