NACIONALES
Documento de la UAM sobre el desmantelamiento de laboratorios: De cómo México abandonó la producción de vacunas

Opinión, por Cayetano Frías Frías //
En 1970, nuestro país apareció entre las primeras siete naciones en el mundo como productor del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proveía a 15 países y era un referente al producir además el 90 por ciento de los requerimientos locales en vacunas, según se asienta en el documento “La articulación público-privada en la producción de vacunas en México”.
Esa posición privilegiada fue desmantelada por la indolencia de los gobernantes neoliberales tanto del PRI como del PAN, los cuales a partir de la década de los noventa, en que se suprimieron recursos, desaparecieron la unidad administrativa que producía vacunas y crearon una empresa paraestatal bajo la figura de Asociación Público-Privada, que ahora es meramente una intermediaria entre las trasnacionales y las dependencias federales del sector salud.
Este trabajo, elaborado en 2016 por las investigadoras Silvia Tamez, Catalina Eibenschutz, Xareni Zafra y Raquel Ramírez de la Universidad Autónoma Metropolitana, describe el cómo se fueron desmantelando los institutos que daban prestigio y certidumbre al país en materia de producción de vacunas.
“En México hasta el decenio de los ochenta existió un franco predominio del sector público de la atención de la salud, pero a partir del nuevo milenio es observable una fuerte tendencia al ascenso de la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos”, explican.
Al contrario de lo que afirman los neoliberales, las investigadoras advierten que los procesos privatizadores de los servicios públicos “han dado muestra de su incapacidad para responder las exigencias del entorno, ya que los resultados han sido muy pobres y en algunos casos hasta negativos”.
Para el tema de la producción de vacunas, consideran que haberlo entregado a las farmaceúticas extranjeras, es además “un proceso de pérdida de soberanía sanitaria”.
Recuerdan que México producía vacunas desde 1939 y el proceso se fortaleció en 1956 y en 1960 al crearse los Institutos de Higiene y de Virología respectivamente, citando al académico Alejandro Alagón Cano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari, se dejó de invertir en infraestructura e inició la decadencia de los citados institutos, los cuales en el sexenio de Ernesto Zedillo desaparecieron como tales y fueron integrados a la Secretaría de Salud y a partir de 1998 ya ni siquiera hubo producción para cubrir el esquema básico de vacunación.
Para esas fechas, ya el Congreso había aprobado la Ley de Asociaciones Público Privadas, instrumento jurídico que las investigadoras de la UAM la definen como herramienta que “legaliza plenamente lo ilegal para terminar de saquear a la nación”.
Hasta 1998 las ya entonces pocas vacunas disponibles fueron producidas por la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, unidad administrativa de la Secretaría de Salud Federal; en 1999, Ernesto Zedillo creó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, una empresa privada con participación mayoritaria estatal bajo el esquema de APP.
El objetivo de la nueva empresa según difundió el gobierno en ese entonces, era “incrementar la eficiencia de los procesos productivos, desarrollar nuevos productos, mejorar las prácticas comerciales, desarrollar otros mercados y mejorar los estándares de calidad”. Las investigadoras de la UAM, creen que ninguno de esos objetivos se ha cumplido.
Resaltan que en mayo de 2003, el entonces presidente Vicente Fox promovió una reforma a la Ley General de Salud, para que a través de la empresa Birmex se enfrentara una posible pandemia de influenza y se aprobó que se financiaran los trabajos necesarios tomando recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Las investigadoras analizan en lo particular el origen de la pandemia de influenza en 2009 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y señalan que en la primera sesión extraordinaria en enero de ese año del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se acordó solicitar un préstamo al Banco Mundial de 1.7 millones de dólares para enfrentar de manera eficiente la pandemia, recursos cuya aplicación nunca fue clara.
Avanzado el año, relatan las investigadoras, las críticas más fuertes eran en el sentido de que el gobierno federal ocultó datos sobre la gravedad de la pandemia e incluso el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), “dedujo que los brotes iniciaron en enero de 2009 y no en abril cuando el gobierno federal decretó la alerta sanitaria”.
A nivel internacional también fue muy cuestionada la decisión de la Organización Mundial de la Salud al emitir la declaración de pandemia por AH1N1, pues las cifras disponibles en 2010 no reflejaban tal gravedad. Sin embargo, en noviembre de 2012 la revista The Lancet publicó un estudio en el cual se concluía que la mortandad registrada fue mayor en 15 veces a la reportada en 2009, superando las 250 mil muertes.
En agosto del mismo año, el Consejo Técnico del CNPSS otorgó 1,158.3 millones de pesos para la adquisición de las vacunas contra el AH1N1. “Conviene destacar que el titular de la CNPSS señaló que con los recursos que se estaban utilizando para la pandemia, se dejaban de atender servicios de salud como la insuficiencia renal crónica, hemofilia, leucemia en adultos, en infartos, entre otros”, consigna el documento.
Las consecuencias para estos enfermos no fueron los únicos problemas que se generaron, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que se pagaron sobrecostos en la adquisición de vacunas contra el AH1N1 por un monto superior a los 119 millones de pesos, tan solo por la intermediación de la empresa Birmex, la compra se realizó con bases de manuales que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto ilegales, además de que la vacuna estaba en etapa de ensayos clínicos y tanto Birmex como Sanofi y Glaxo se deslindaron mañosamente de posibles daños a la salud de los pacientes en los contratos.
Otro delito verificado por la ASF, fue que de las 13 millones 085 mil dosis de la vacuna compradas, 4 millones 188 mil se esfumaron y ni la empresa Birmex o la Secretaría de Salud dieron explicación sobre el destino de las mismas. Por estos delitos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de la empresa Birmex, que se solventara el daño patrimonial y se procediera legalmente contra los responsables de los delitos. Nunca se informó de alguna sanción.
Las académicas de la UAM concluyen que el problema de este tipo de empresas con base APP, conlleva “la renuncia de los gobiernos a su soberanía”, en este caso en el tema de salud. Citan como ejemplo el Plan Global de Vacunación 2010-2020 (GVAP), que es financiado por instancias internacionales, entre ellas la OMS y gobiernos de varios países, pero el producto es propiedad de empresas trasnacionales.
“Independientemente de este debate, el cúmulo de irregularidades que destacó la prensa nacional y han reiterado con precisión y a detalle las auditorías que la ASF hizo a Birmex, conformaron el escenario ideal para la transferencia de grandes flujos de dinero público a las industrias productoras de vacunas y antivirales”.
BIRMEX, EL LADO OSCURO DE LAS VACUNAS
-Invirtió casi 1 mil millones de pesos en la construcción de una planta para producir vacunas en Cuautitlán Izcalli que inició en 2007. Para 2017, todavía inconclusa la obra, declararon que la estructura no resistiría la carga y de enero a marzo de 2018 fue demolida. Fungieron entonces como secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorikzki y José Narro Robles.
-En su informe final de administración en 2018, reportó procesos judiciales pendientes, entre penales, mercantiles, civiles y laborales, a través de los cuales le reclaman pagos a la empresa que suman más de 500 millones de pesos.
-En 2018 ocupó el lugar 158 entre 261 entes evaluadas por la Auditoría Superior de la Federación. En 2013, registró un altísimo incumplimiento en metas del 64.99%.
-En 2018 inició la construcción de la nueva planta en Cuautitlán Izcalli para producir vacunas y anunció una inversión de 1 mil millones de pesos, sin requerir aportaciones del gobierno federal. No aclara la empresa el compromiso con su socio Sanofi, pero desde 2015 le transfirió la hipoteca del terreno.
-A noviembre de 2018, reportó activos por 3 mil 109 millones 979 mil pesos. En pasivos registró 818 millones 769 mil 500 pesos, lo cual considera una estabilidad financiera razonable.
-Por ser una paraestatal, el manejo presupuestario es discrecional y no presenta informes de balance de operación, de presupuesto y financieras a las autoridades.
-La compra de vacunas y reventa a las instituciones de salud federal, llegan con sobreprecio como ha observado la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual no cumple con el principal objetivo que justifica su creación, que era mejorar precio y calidad de servicio.
-En las compras anuales de vacuna para prevenir el AH1N1 influenza, las dosis no han superado los 15 millones, que son insuficientes para la población de adultos mayores y niños, según los datos del Censo INEGI 2020.
JALISCO
El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.
Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?
Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.
¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.
El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.
En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.
Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.
Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?
Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?
ENTREVISTAS
La lucha de AGRUAS es por un gremio unido, ético y eficiente: Enrique Dueñas

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
En un México donde el sector de grúas enfrenta desafíos históricos como la informalidad, la competencia desleal y la falta de regulación uniforme, la cuarta edición de Expo Grúas 2025, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Expo Guadalajara, emerge como un espacio crucial para profesionalizar esta industria.
Este evento reúne a fabricantes, aseguradoras, empresarios y autoridades de América Latina, impulsando negocios y visibilizando la lucha de un gremio que busca ser reconocido por su ética y eficiencia.
Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), lidera un movimiento que ha transformado el sector en seis años, creciendo de 12 a 87 socios comprometidos con diferenciar a los operadores formales de las grúas piratas. Su gestión ha posicionado a AGRUAS como un interlocutor clave ante gobiernos y aseguradoras, enfrentando problemas estructurales como el contubernio con autoridades, corralones saturados y cobros excesivos que afectan a los ciudadanos.
Expo Grúas 2025 no solo exhibirá equipos modernos y capacitará operadores, sino que consolidará la visión de AGRUAS: un gremio unido, profesional y respetado, inspirado en modelos de Estados Unidos y Canadá, donde las grúas son servicios esenciales. En entrevista con Conciencia Pública, Dueñas Rodríguez comparte los avances, retos y su apuesta por un legado de transformación para las futuras generaciones de grueros.
Esta conversación refleja el compromiso de un líder que, tras años de trabajo arduo, busca homologar regulaciones nacionales, garantizar contratos públicos transparentes y dignificar un sector históricamente subestimado. Con Expo Grúas como plataforma, Dueñas vislumbra un futuro donde la informalidad sea reemplazada por profesionalismo, seguridad y confianza ciudadana.
SE CONSOLIDA EXPO GRÚAS
¿Cómo llegas a Expo Grúas 2025 en su cuarta edición?
Llego muy entusiasmado. Este evento se ha consolidado como un referente, con la participación de fabricantes de camiones, equipos, aseguradoras y proveedores de América Latina. Autoridades relevantes asistirán a la inauguración, lo que refuerza su impacto.
Expo Grúas ha puesto los reflectores en nuestro gremio, históricamente subestimado, dignificando nuestro servicio al mostrar su relevancia normativa y operativa. Nos posiciona como una alternativa profesional frente al mercado irregular, fomentando alianzas estratégicas que fortalecen el sector.
¿Qué ha significado liderar la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS) y ser su presidente?
Ha sido profundamente satisfactorio. Mis compañeros me eligieron para encabezar esta agrupación, que incluye a figuras destacadas del sector. Todas las decisiones son colegiadas, con el respaldo total de los socios. Como dice el refrán, “unidos somos más fuertes”. Agradezco su confianza y espero que continuemos en este camino ascendente, apoyando a las próximas generaciones para que el sector siga siendo fructífero y ético.
¿Cómo ha crecido la membresía de ANEMIG en estos años?
En seis años, pasamos de 12 socios fundadores a 87 en todo el país. Somos selectivos: un comité revisa el comportamiento de los solicitantes, verificando permisos y asegurando que no tengan quejas con autoridades. Solo admitimos a quienes comparten nuestra visión de negocio basada en la ética, la honestidad y la dignificación del sector, lo que fortalece nuestra representatividad.
¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como organización?
El mayor reto es la prestación irregular de servicios de grúa. En infracciones o accidentes, debe haber una autoridad presente, pero en los últimos años han fallado. Con la transición de la Policía Federal de Caminos a la Guardia Nacional, el problema se agudizó. Algunas autoridades municipales, estatales y de la Guardia Nacional venden servicios a grúas irregulares, cobrando por asignarlos. Dialogamos con la Guardia Nacional y gobiernos estatales para frenar esta práctica. Además, ciertas aseguradoras contratan empresas informales para reducir costos, afectando la calidad. Trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para priorizar a empresas formales.
Los corralones y las grúas piratas son un problema grave. ¿Qué avances hay con la nueva reglamentación?
Los depósitos vehiculares federales están saturados con miles de autos abandonados, ya que las autoridades tardan en liberarlos, generando deudas impagables para los propietarios. Esto ocupa espacio y eleva costos de vigilancia. Una reforma permitió a empresas recoger chatarra, pero compañías como Sánchez y Sánchez pagaron precios irrisorios, como un peso por vehículo, mientras obtenían grandes ganancias. Negociamos con senadores y la Cámara de Diputados para revertir esta ley, asegurando que los concesionarios, quienes ya invirtieron, se beneficien del aprovechamiento de la chatarra.
¿Cómo ha sido la comunicación con gobiernos estatales y federal para abordar estos problemas?
Hemos visitado estados como Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua, encontrando apertura de los gobiernos para colaborar en la resolución de problemas en caminos municipales, estatales y federales. Con la federación, la anterior directora de Autotransporte Federal apoyó acuerdos clave, como el reglamento de grúas, aunque persisten detalles por resolver con la actual administración. También avanzamos en la emisión de placas, un paso hacia la formalización.
Desde 2022, has denunciado las grúas piratas. ¿Qué avances han logrado?
Contamos con una base normativa, con reglamentos y leyes que clasifican y autorizan el servicio. En Jalisco, desde 2023, hay un reglamento y una norma técnica, un avance significativo. Sin embargo, la regularización es simulada en muchos casos: se autorizan grúas que no cumplen, y malos elementos de las autoridades se benefician, cobrando tarifas exorbitantes, de 1,000 a 8,000 pesos. Trabajamos con representantes locales en otros estados para replicar los avances de Jalisco, pero la implementación sigue siendo un desafío.
¿Qué riesgos enfrentan los ciudadanos al usar grúas piratas?
Los riesgos son múltiples: cobros desproporcionados sin tarifas reguladas, robo de piezas, llantas o gasolina, y daños a vehículos por traslados inadecuados, afectando suspensión, caja o diferencial, con costos de miles de pesos. Las grúas piratas no ofrecen pólizas de seguro ni garantías, dejando a los usuarios desprotegidos.
¿Qué recomiendas a quienes necesitan un servicio de grúa?
Buscar grúas de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), identificadas con nuestras calcamonías. Contamos con más de 3,500 grúas en el país que garantizan precios justos, sin daños ni robos, y con pólizas de seguro abiertas, una ventaja que las grúas irregulares no tienen. Nuestra red ofrece confianza y profesionalismo.
¿Cómo puede México aprender de países como EE.UU. o Canadá para fortalecer el sector?
En Norteamérica, las grúas son un servicio esencial, operando 24/7 con normativas estrictas. Hemos adaptado sus estándares, y el contacto con fabricantes y asociaciones norteamericanas, facilitado por Expo Grúas, nos ha permitido profesionalizar el servicio, tanto en capacitación como en equipos modernos.
¿Qué cambios esperas en el sector en los próximos cinco años?
Un sector pujante, con equipos modernos, personal capacitado y certificaciones de habilidades, como en EE.UU. Con el trabajo colectivo de los socios, mejoraremos la eficiencia y la percepción pública, consolidando a las grúas como un servicio confiable y respetado en México.
JALISCO
Seminario de relaciones públicas en Guadalajara: ALARP reconoce a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi

Por Raúl Cantú //
La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP), capítulo México, celebró con éxito el Seminario de Relaciones Públicas, Comunicación y Ceremonial en el Auditorio del Centro de la Amistad Internacional. El evento congregó a expertos nacionales e internacionales para analizar el papel del ceremonial y las relaciones públicas en contextos complejos y en transformación.
El seminario destacó por sus conferencias, paneles y actos protocolarios que abordaron temas cruciales del sector. Un momento clave fue la entrega del Galardón “Dr. Pedro Gabriel Labariega Villanueva” a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi, distinguida por su trayectoria en protocolo como Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Guadalajara. En su ponencia “Protocolo: desafíos entre la tradición y el cambio”, resaltó la importancia de fortalecer alianzas gremiales y el reconocimiento profesional.
Por primera vez en México, se otorga este galardón a un ceremonialista que ha destacado por su sobresaliente trayectoria profesional. Esta figura ha ganado respeto en los últimos 20 años en el ámbito de la gestión pública, relaciones exteriores y protocolo universitario.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó “Hablar es un derecho: libertad de expresión en tiempos de censura”, reflexionando sobre los retos que enfrentan periodistas en entornos polarizados. A su vez, la Dra. María Aparecida Ferrari (Brasil) impartió una conferencia magistral sobre el rol transformador de las relaciones públicas en contextos vulnerables, promoviendo inclusión y cohesión social.
El panel “Relaciones públicas en tiempos de complejidad: ética, estrategia y adaptación”, moderado por Yolanda Barroso y con la participación de Viridiana Lemus, Benjamín Covarrubias y Felipe Reyes, presidente de ALARP México, compartió estrategias éticas para actuar en escenarios inciertos. Además, se otorgó un reconocimiento especial a la Mtra. Ruth Rayo (Guatemala) por sus contribuciones al ceremonial y protocolo en América Latina.
El evento consolidó el compromiso de los comunicadores con una práctica ética e innovadora, enfrentando desafíos como la desinformación y la inseguridad. Este seminario se posicionó como un espacio esencial para el diálogo, la reflexión y la profesionalización, reafirmando la relevancia de las relaciones públicas y el ceremonial en la construcción de sociedades más inclusivas y éticas.
Sobre el galardón Pedro Gabriel Labariega Villanueva:
Pedro Gabriel Labariega Villanueva fue uno de los ceremonalistas y diplomáticos más influyentes de México. Con sólida formación académica, amplia trayectoria docente, significativa labor investigadora y liderazgo institucional, contribuyó decisivamente al desarrollo de los estudios de protocolo y derecho diplomático en el país.
Presidente fundador de la Academia Mexicana de Protocolo, A.C
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