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Documento de la UAM sobre el desmantelamiento de laboratorios: De cómo México abandonó la producción de vacunas

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Opinión, por Cayetano Frías Frías //

En 1970, nuestro país apareció entre las primeras siete naciones en el mundo como productor del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proveía a 15 países y era un referente al producir además el 90 por ciento de los requerimientos locales en vacunas, según se asienta en el documento “La articulación público-privada en la producción de vacunas en México”.

Esa posición privilegiada fue desmantelada por la indolencia de los gobernantes neoliberales tanto del PRI como del PAN, los cuales a partir de la década de los noventa, en que se suprimieron recursos, desaparecieron la unidad administrativa que producía vacunas y crearon una empresa paraestatal bajo la figura de Asociación Público-Privada, que ahora es meramente una intermediaria entre las trasnacionales y las dependencias federales del sector salud.

Este trabajo, elaborado en 2016 por las investigadoras Silvia Tamez, Catalina Eibenschutz, Xareni Zafra y Raquel Ramírez de la Universidad Autónoma Metropolitana, describe el cómo se fueron desmantelando los institutos que daban prestigio y certidumbre al país en materia de producción de vacunas.

En México hasta el decenio de los ochenta existió un franco predominio del sector público de la atención de la salud, pero a partir del nuevo milenio es observable una fuerte tendencia al ascenso de la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos”, explican.

Al contrario de lo que afirman los neoliberales, las investigadoras advierten que los procesos privatizadores de los servicios públicos “han dado muestra de su incapacidad para responder las exigencias del entorno, ya que los resultados han sido muy pobres y en algunos casos hasta negativos”.

Para el tema de la producción de vacunas, consideran que haberlo entregado a las farmaceúticas extranjeras, es además “un proceso de pérdida de soberanía sanitaria”.

Recuerdan que México producía vacunas desde 1939 y el proceso se fortaleció en 1956 y en 1960 al crearse los Institutos de Higiene y de Virología respectivamente, citando al académico Alejandro Alagón Cano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari, se dejó de invertir en infraestructura e inició la decadencia de los citados institutos, los cuales en el sexenio de Ernesto Zedillo desaparecieron como tales y fueron integrados a la Secretaría de Salud y a partir de 1998 ya ni siquiera hubo producción para cubrir el esquema básico de vacunación.

Para esas fechas, ya el Congreso había aprobado la Ley de Asociaciones Público Privadas, instrumento jurídico que las investigadoras de la UAM la definen como herramienta que “legaliza plenamente lo ilegal para terminar de saquear a la nación”.

Hasta 1998 las ya entonces pocas vacunas disponibles fueron producidas por la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, unidad administrativa de la Secretaría de Salud Federal; en 1999, Ernesto Zedillo creó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, una empresa privada con participación mayoritaria estatal bajo el esquema de APP.

El objetivo de la nueva empresa según difundió el gobierno en ese entonces, era “incrementar la eficiencia de los procesos productivos, desarrollar nuevos productos, mejorar las prácticas comerciales, desarrollar otros mercados y mejorar los estándares de calidad”. Las investigadoras de la UAM, creen que ninguno de esos objetivos se ha cumplido.

Resaltan que en mayo de 2003, el entonces presidente Vicente Fox promovió una reforma a la Ley General de Salud, para que a través de la empresa Birmex se enfrentara una posible pandemia de influenza y se aprobó que se financiaran los trabajos necesarios tomando recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Las investigadoras analizan en lo particular el origen de la pandemia de influenza en 2009 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y señalan que en la primera sesión extraordinaria en enero de ese año del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se acordó solicitar un préstamo al Banco Mundial de 1.7 millones de dólares para enfrentar de manera eficiente la pandemia, recursos cuya aplicación nunca fue clara.

Avanzado el año, relatan las investigadoras, las críticas más fuertes eran en el sentido de que el gobierno federal ocultó datos sobre la gravedad de la pandemia e incluso el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), “dedujo que los brotes iniciaron en enero de 2009 y no en abril cuando el gobierno federal decretó la alerta sanitaria”.

A nivel internacional también fue muy cuestionada la decisión de la Organización Mundial de la Salud al emitir la declaración de pandemia por AH1N1, pues las cifras disponibles en 2010 no reflejaban tal gravedad. Sin embargo, en noviembre de 2012 la revista The Lancet publicó un estudio en el cual se concluía que la mortandad registrada fue mayor en 15 veces a la reportada en 2009, superando las 250 mil muertes.

En agosto del mismo año, el Consejo Técnico del CNPSS otorgó 1,158.3 millones de pesos para la adquisición de las vacunas contra el AH1N1. “Conviene destacar que el titular de la CNPSS señaló que con los recursos que se estaban utilizando para la pandemia, se dejaban de atender servicios de salud como la insuficiencia renal crónica, hemofilia, leucemia en adultos, en infartos, entre otros”, consigna el documento.

Las consecuencias para estos enfermos no fueron los únicos problemas que se generaron, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que se pagaron sobrecostos en la adquisición de vacunas contra el AH1N1 por un monto superior a los 119 millones de pesos, tan solo por la intermediación de la empresa Birmex, la compra se realizó con bases de manuales que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto ilegales, además de que la vacuna estaba en etapa de ensayos clínicos y tanto Birmex como Sanofi y Glaxo se deslindaron mañosamente de posibles daños a la salud de los pacientes en los contratos.

Otro delito verificado por la ASF, fue que de las 13 millones 085 mil dosis de la vacuna compradas, 4 millones 188 mil se esfumaron y ni la empresa Birmex o la Secretaría de Salud dieron explicación sobre el destino de las mismas. Por estos delitos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de la empresa Birmex, que se solventara el daño patrimonial y se procediera legalmente contra los responsables de los delitos. Nunca se informó de alguna sanción.

Las académicas de la UAM concluyen que el problema de este tipo de empresas con base APP, conlleva “la renuncia de los gobiernos a su soberanía”, en este caso en el tema de salud. Citan como ejemplo el Plan Global de Vacunación 2010-2020 (GVAP), que es financiado por instancias internacionales, entre ellas la OMS y gobiernos de varios países, pero el producto es propiedad de empresas trasnacionales.

Independientemente de este debate, el cúmulo de irregularidades que destacó la prensa nacional y han reiterado con precisión y a detalle las auditorías que la ASF hizo a Birmex, conformaron el escenario ideal para la transferencia de grandes flujos de dinero público a las industrias productoras de vacunas y antivirales”.

BIRMEX, EL LADO OSCURO DE LAS VACUNAS

-Invirtió casi 1 mil millones de pesos en la construcción de una planta para producir vacunas en Cuautitlán Izcalli que inició en 2007. Para 2017, todavía inconclusa la obra, declararon que la estructura no resistiría la carga y de enero a marzo de 2018 fue demolida. Fungieron entonces como secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorikzki y José Narro Robles.

-En su informe final de administración en 2018, reportó procesos judiciales pendientes, entre penales, mercantiles, civiles y laborales, a través de los cuales le reclaman pagos a la empresa que suman más de 500 millones de pesos.

-En 2018 ocupó el lugar 158 entre 261 entes evaluadas por la Auditoría Superior de la Federación. En 2013, registró un altísimo incumplimiento en metas del 64.99%.

-En 2018 inició la construcción de la nueva planta en Cuautitlán Izcalli para producir vacunas y anunció una inversión de 1 mil millones de pesos, sin requerir aportaciones del gobierno federal. No aclara la empresa el compromiso con su socio Sanofi, pero desde 2015 le transfirió la hipoteca del terreno.

-A noviembre de 2018, reportó activos por 3 mil 109 millones 979 mil pesos. En pasivos registró 818 millones 769 mil 500 pesos, lo cual considera una estabilidad financiera razonable.

-Por ser una paraestatal, el manejo presupuestario es discrecional y no presenta informes de balance de operación, de presupuesto y financieras a las autoridades.

-La compra de vacunas y reventa a las instituciones de salud federal, llegan con sobreprecio como ha observado la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual no cumple con el principal objetivo que justifica su creación, que era mejorar precio y calidad de servicio.

-En las compras anuales de vacuna para prevenir el AH1N1 influenza, las dosis no han superado los 15 millones, que son insuficientes para la población de adultos mayores y niños, según los datos del Censo INEGI 2020.

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Si los hombres fueran ángeles

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Opinión, por Iván Arrazola //

Con esa frase, James Madison explica por qué es necesaria la existencia de un gobierno, pero también resalta la importancia de que el gobierno sea capaz de controlarse a sí mismo. Sin embargo, reconoce que en muchas ocasiones es imprescindible la intervención de un agente externo que le recuerde al gobierno la necesidad de respetar los límites de sus facultades y no excederse en su poder.

En el contexto actual, frente a la inminente desaparición de los órganos autónomos, surge una interrogante crucial: ¿cómo se garantizará el control del gobierno en ausencia de límites externos? Pensar que un gobierno que se autodenomina «bueno y honesto» será, por esa simple razón, inmune a los abusos de poder resulta, como mínimo, ingenuo y peligroso. La historia demuestra que la ausencia de contrapesos puede dar lugar a arbitrariedades y vulnerar los principios democráticos fundamentales.

En una exposición magistral, James Madison explica con claridad y profundidad las razones que hacen indispensable la existencia del gobierno. Al mismo tiempo, reflexiona sobre los desafíos inherentes a su diseño y funcionamiento. Madison señala que “la gran dificultad para diseñar un gobierno de hombres sobre hombres estriba en que primero debe otorgarse a los dirigentes un poder sobre los ciudadanos y, en segundo lugar, obligar a este poder a controlarse a sí mismo.”

Este planteamiento pone en evidencia la complejidad de equilibrar dos principios fundamentales: por un lado, dotar al gobierno de la autoridad necesaria para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la sociedad, y, por otro, establecer límites efectivos para evitar que ese poder se convierta en una herramienta de opresión o abuso. Madison subraya que el verdadero reto no radica únicamente en construir instituciones fuertes, sino en diseñar mecanismos que aseguren su capacidad de autocontrol y su rendición de cuentas.

A lo largo de la historia, existen numerosos ejemplos que demuestran cómo la información pública ha sido una herramienta clave para hacer efectiva la rendición de cuentas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Watergate, que involucró nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Este escándalo político culminó con la renuncia de Nixon que prefirió dejar el poder antes de que el Congreso votara para destituirlo.

El caso Watergate evidenció cómo el acceso a información clave, como grabaciones de llamadas y documentos oficiales, sacaron a la luz abusos de poder e irregularidades en el ejercicio del gobierno. Aunque Nixon no enfrentó una persecución judicial tras su renuncia, la información desclasificada y difundida durante la investigación dejó al descubierto la magnitud de las acciones ilícitas que marcaron su administración.

Este caso no solo subraya la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública como pilares para la rendición de cuentas, sino también el papel esencial de los medios de comunicación y de las instituciones en garantizar que quienes ostentan el poder respondan por sus actos ante la ciudadanía

Resulta paradójico constatar cómo la información pública, que en su momento sirvió al actual gobierno de México para denunciar los excesos del poder, se ha convertido en un enemigo que debe de eliminar a cualquier costo. Casos emblemáticos como el “toallagate”, o los conflictos de interés relacionados con la Casa Blanca de Peña Nieto, fueron claves para exponer los excesos de administraciones anteriores. Estos ejemplos no solo evidenciaron un uso indebido de los recursos públicos, sino que también jugaron un papel crucial en pavimentar el camino para la llegada de Morena al poder en 2018, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la transparencia.

Sin embargo, hoy se observa una contradicción: los mismos mecanismos e instituciones que en su momento permitieron exponer las irregularidades del pasado, y que contribuyeron al ascenso político de la autodenominada «Cuarta Transformación», están siendo desmantelados o debilitados deliberadamente. Estas acciones parecen orientadas a eliminar cualquier posible incomodidad para quienes ahora ostentan el poder, evitando que temas escabrosos sean objeto de escrutinio público. En lugar de fortalecer los contrapesos que garantizarían un gobierno transparente y responsable, se busca desarticularlos para limitar su capacidad de cuestionar y evidenciar posibles abusos.

La gran lección que dejará este gobierno es: para evitar ser deslegitimado, lo mejor es eliminar aquello que podría representar una amenaza. Bajo esta premisa, quienes hoy ostentan el poder en México intentan convencernos de que son incorruptibles, casi angelicales. Frases como “no somos iguales” o “tenemos autoridad moral” no hacen más que evidenciar la intención de construir una narrativa basada en su supuesta superioridad ética.

Sin embargo, lejos de generar confianza, estas afirmaciones subrayan la necesidad de no depender únicamente de las buenas intenciones de quienes gobiernan, el poder debe ser limitado y supervisado mediante mecanismos claros que no dependan de la voluntad del gobernante.

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Desinterés y desdén

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Este domingo se cerró un capítulo de la insensatez que nadie pudo parar. La elección por voto popular de todos los integrantes del Poder Judicial. Se dijo que fue la voluntad del pueblo la que decidió que así fuera, pero más allá del discurso presidencial que lo asegura, lo que se percibe es un profundo desinterés y si una enorme preocupación de la entidad designada para llevar a cabo el fenomenal despropósito.

El registro de aspirantes a jueces, magistrados y ministros se cerró el 24 de noviembre y hasta dos días antes, había solo 6 mil 479 registros en el Poder Legislativo, 2 mil 747 en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial solo 1,092. Es notable el desinterés que existe en el Poder Judicial pues difícilmente cubrirá los 1,793 perfiles que podría presentar, según el supuesto legal, lo que no sucede con el poder ejecutivo y legislativo que ya superan ese número.

Como también es de hacer notar que en el Poder Legislativo haya tantos registros, lo que hace pensar en una operación política, ya sea para evitar el fracaso del proceso o bien por el interés probable, muy probable, de los diputados y senadores por incluir en las boletas de votación a personas afines en sus circunscripciones.

Hay poco interés de los que saben de leyes, para presentarse a competir por un trabajo en el que no tendrán seguridad laboral, pues solo serán electos por 8 años, con bajos sueldos y la amenaza constante del Tribunal de Disciplina Judicial que implica mucho riesgo para juzgadores sin experiencia.

Lo que contrasta y se comprueba con los registros de los otros poderes en los que predomina el interés político del momento y no la carrera judicial. Los actuales juzgadores han preferido el desdén negándose a participar, serán pocos los que lo hagan conscientes de que será una aventura electoral para la que no están capacitados, pero seguramente necesitados de continuidad laboral.

El proceso de organizar la elección está convertido en un galimatías, producto de la irreflexión, de las prisas y del servil deseo de complacer al expresidente. Ningún esfuerzo retórico al estilo Zaldívar, puede componer el desaseo en la concepción ni el desorden en la realización. El desinterés de los aspirantes es un reflejo de lo que sucederá con la elección a la que acudirán solo los que puedan acarrear los partidos.

Sirva para muestra la consulta para la revocación de mandato, que nadie pidió, salvo el presidente deseoso de mostrar su aceptación; en ella solo participó el 17.7% del padrón electoral, no llegó ni siquiera al porcentaje necesario para ser vinculante. Igual suerte había corrido la consulta convocada en 2021 para someter a la voluntad popular el llevar a juicio a los ex presidentes de la República en la que participó un raquítico 7.1%. Y no hablemos de las falsas y capciosas consultas como la instrumentada para justificar la clausura de un proyecto de la industria cervecera en Mexicali.

La elección de los jueces por voto popular es otro capricho como el de la revocación de mandato y por supuesto que nadie votó por ello al elegir a Claudia Sheinbaum, por eso es una falacia decir que vamos a ella porque el pueblo lo quiere.

Es ocioso abundar sobre lo que ya se ha dicho en demasía sobre la intención de dominar al Poder Judicial y ponerlo al servicio del Poder Ejecutivo, o de la virtual inexistencia de la división de poderes. La voluntad presidencial, la del anterior y la presente fue consumada por la abyecta actitud de un Congreso servil que ni siquiera lee lo que aprueba y la truculenta operación de los líderes camerales y el propio ejecutivo a través de sus operadores políticos.

Lo importante es señalar que por cómo se va desarrollando el proceso, además de ser evidente el desinterés popular, queda claro que la justicia estará sometida a la política, al interés político del presidente en turno y a la merced de los poderes fácticos en todos los niveles. Un juez que tenga que quedar bien con quien le asegura votos no podrá ser ni imparcial ni justo. Eso lo saben los juzgadores de carrera y por ello su desdén. Mientras la fecha llega y el INE termina de hacer malabares para dar orden al disparate, la ciudadanía seguirá en su fatal indiferencia.

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Cuando faltan razones, sobran pretextos

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Desde los campos del poder, por Benjamín Mora Gómez //

Nada se contiene en una sola forma de entenderse y experimentarse. Uno de mis más fascinantes aprendizajes fue entender el valor de la subjetividad al explicarnos lo que existe dentro y fuera de nosotros, así como del otro, de mi prójimo, tal cual es la vivencia de lo justo y lo injusto ante el conflicto de intereses que vestimos con ropajes de litigios jurídicos para solucionarlos, humana y civilizadamente, y que hoy, desde una soberbia morenista desbordada, rompen López Obrador, Sheinbaum y sus súbditos parlamentarios.

Desde la postración de su mayoría legislativa, Claudia Sheinbaum sobrepasó los límites de lo legítimo y lo legal, y que, lo era democrático se destruyó para la satisfacción de los rencores psicoemocionales de Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum pasó de la amenaza de López Obrador en contra del equilibrio de poderes a su negación como base del Estado de derecho, mutilando los logros de la Revolución Mexicana institucionalizada. Un siglo de luchas sociales se vino al traste. Había mucho que perdonar, pero también mucho por festejar.

La tiranía se corporiza en los partidos Morena, del Trabajo y Verde que castraron nuestras libertades políticas. Ahora somos un estado eunuco; un estado con legisladores castrados y acobardados que no comprenden los alcances de su postración. Hemos abandonado la seguridad del refugio del amparo constitucional y naufragamos en el mar de la injusticia oficializada y el abuso del poder enfermo.

Como nunca, nuestro yo nacional se sabe agredido. Hoy nos precarizamos como nunca. La incertidumbre impera en nuestra psiquis colectiva. El culto a lo falso se ha sedimentado en el Congreso Nacional mexicano. Somos un pueblo condenado, caminando al patíbulo en Palacio Nacional. El verdugo es mujer con A y es presidente con E.

Hasta hace días, teníamos el amparo como nuestra salvación ante el abuso del gobernante; hoy, el desprecio al Estado de derecho nos condena sin salvación ninguna. Inexpresiva, Claudia es tanto como una faccia di pietra. Sus mañaneras aburren y solo entusiasman a los “equus asinus” morenistas. Aburre hasta a los burros.

Encegada, la presidente Sheinbaum se envalentona pues no mira que ella aun no manda. Andrés Manuel es quien hoy gobierna; es quien alinea a sus ovejas legislativas con el báculo que conserva y las pone a su servicio como fue en el caso de la señora Piedra Ibarra. Se dice que Claudia asiste en Palacio, pero quien gobierna vive en la Chingada. Pero hay esperanza. El cambio anunciado por Claudia hacia el comercio con China a fin de granjearse a Trump y Trudeau así lo demuestra; ahora debería atender a las observaciones de James A. Robinson, Premio Nobel de Economía 2024, y reorientar el ejercicio real del poder político hacia la democracia.

En política, tener un gobernante que diga y haga cosas contrapuestas es peligroso, y que no entienda su obnubilación merece ser atado con una camisa de fuerza. Claudia Sheinbaum propuso ante el G20, en Rio de Janeiro, Brasil, destinar el uno por ciento del gasto militar global a sembrar árboles en zonas deforestadas; bonito pero falaz. Lo aplaudo, sí, aunque su logística me parece será imposible. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su jefe de ayer y su conciencia de hoy, Claudia calló cuando se talaban 10 millones de árboles, destruían vestigios mayas, afectaban cenotes y arrasaban con el hábitat de especies animales endémicas para construir el Tren Maya de tristes resultados.

Esta sumisión resta valía a sus palabras ante el G20. Claudia Sheinbaum mostró ser candil encendido en el mundo, pero apagado en casa. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 previó disminuir en 39.4 por ciento, en términos reales, a los recursos de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales. Esto es esquizofrenia de gobierno.

Alisa Zinóvievna Rosenbaum (Ayn Rand), filósofa y escritora rusa nacionalizada estadounidense, dijo: “Ningún concepto que el hombre forme es válido a menos que se integre sin contradicción en la suma de su conocimiento”. Andrés Manuel, Claudia y su segundo piso de la 4T son una pléyade de contradicciones.

Claudia resultó una política imberbe y cándida en el G20. Pidió sembrar arbolitos, pero no volteó a ver las complicaciones bélicas en Ucrania que podrían devenir en la tercera guerra mundial y por ello no las vinculó con su propuesta; o quizá enmudeció por miedo al qué dirán en casa las huestes morenistas de AMLO y Fernández Noroña. Claudia no entiende que la fuerza de las palabras está en la grandeza de su contenido.

Aun no sé si la balanza del gobierno de Sheinbaum será para bien o mal. Un ejemplo: cuida al gobernador de Sinaloa -más quemado que la Roma de Nerón- y castiga a Jalisco nada más porque Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, le ganó a Claudia Delgadillo, su candidata. Aquel es el malo y Pablo el bueno.

Hoy hay detalles en el gobierno de Sheinbaum que aplaudo: Mira con buenos ojos al crecimiento sustentable del Puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán. Conozco el proyecto y sé que será muy bueno para México.

Somos una ínsula en el caos morenista nacional. Este 6 de diciembre, el gobierno de Jalisco se renovará en la persona de Pablo Lemus. Veo con esperanza nuestro futuro. Confío en que, desde nuestro tesón, Jalisco crecerá más allá de sus límites nacionales y subsanaremos los castigos financieros de Sheinbaum. Jalisco es nuestra matria y México nuestra patria; ambos merecen toda nuestra entrega.

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