NACIONALES
Ecos de la reforma judicial: El ministro polémico y la gobernante científica

Opinión, por Pedro Pedro Vargas Ávalos //
Muy infrecuente resulta por donde se le vea, la especie de colisión que resulta al confrontar las ideas de un ya afamado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara Carrancá) ante los principios de la primer presidenta (con A) de los Estados Unidos Mexicanos: Claudia Sheinbaum Pardo.
Todo se genera por la pugna que surgió con motivo de la reforma judicial, que ya es parte de la Constitución de la República, desde el 16 de septiembre pasado, entre ocho ministros -de 11 en total- que son parte del pleno de la SCJN, frente a los poderes Legislativo federal y el Ejecutivo del mismo orden.
Para los mexicanos es notorio que existen profundas diferencias entre los ministros encabezados por la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, y la mayoría de las cámaras federales -de diputados y senadores- desacuerdos que culminaron cuando la aludida guía de los ministros disidentes decidieron estudiar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución; es decir, valorar si artículos de la Carta Magna, están sujetos a que la SCJN los califique como ¡constitucionales!, siendo que ya son parte de la ley suprema. Esta situación equivale a que la Corte -algunos integrantes- no solo estime que se deben eliminar, sino que podría ella emitir normas que sustituyan esa parte controvertida de la Constitución. Cual si tuviese atribuciones legislativas.
Después de la debacle electoral de la oposición ante la Cuarta Transformación (4T) de los gobiernos lopezobradoristas (tanto en 2018 como la reciente de junio de 2024) esas fuerzas opositoras quedaron tan disminuidas que ni juntas alcanzan la cantidad de legisladores para acudir a la acción de inconstitucionalidad; y en cuanto a la controversia constitucional, no tienen carácter; y como la ley de Amparo niega rotundamente que proceda el juicio de amparo cuanto se trata de reformas o adiciones a la ley suprema, se vieron sin recurso legal alguno.
Entonces recurrieron a lo legaloide (huizachadas, dirían las gentes del pueblo) y con la anuencia de la presidenta de la SCJN, y para asombro de los que algo saben de derecho, le dieron entrada a tales solicitudes. Luego, se aprobó por los ocho ministros anti Cuatro T, que si procedía analizar las reformas constitucionales: esto nunca había sucedido en la historia judicial mexicana, pero ahora resulta que si fue procedente. Y el asunto se turnó al cofrade de la presidenta de la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Este abogado, la verdad que estaba casi en el retiro, después de haber sido presidente del Tribunal Superior del antiguo Distrito Federal, cuando fue gobernador de esta entidad gubernamental el expresidente Andrés Manuel López Obrador (el año 2000) y enseguida desempeñarse como magistrado en dicho DF. Pero a la sazón del triunfo de AMLO en 2018, una de las primeras cosas que hizo, fue proponer en diciembre de ese año, al susodicho González Alcántara como ministro de la Corte, y así es como llegó a tan alto cargo.
Por cierto, que al oírlo hablar ante los senadores para convencerlos de que debería él ser quien se eligiera (de una terna en la cual competían la abogada Celia Maya García, luego nombrada miembro del Consejo de la Judicatura Federal, y la jurista Loretta Ortiz Ahlf, tiempo después designada ministra de dicha Corte) daba la impresión de ser obradorista y argüía razones similares a las del movimiento de Morena: hasta expresó que no le importaba el sueldo y ganar mucho menos que el presidente del país, por el enorme honor de ser ministro.
Así pues, llegó a ocupar un escaño de la SCJN. Pero he aquí, que le gustaron salario y prestaciones privilegiadas y se olvidó del artículo 127 constitucional que ordena no percibir mayores ingresos que el primer mandatario federal. Paulatinamente tomó posiciones que lo alejaron de alguna amistad con el hombre que lo propuso; en la campaña presidencial, hasta su domicilio facilitó para que se reunieran en diciembre de 2023, a conspirar la presidenta de la Corte, con magistrados del Tribunal Electoral Federal (TRIFE) a favor de Xóchitl Gálvez. (Salvador Frausto, reportero de Público en declaraciones a Los Periodistas de Sin Embargo, octubre 30-2024).
A partir de entonces, cada vez que tuvo oportunidad, el señor González Alcántara emitió votos que contrariaban acciones del gobierno de la 4T. Durante los foros para la reforma judicial, dio muestras de no estar de acuerdo. Y luego, durante el paro todo pagado de los miembros del Poder Judicial federal, hasta los acompañó en sus reuniones de protesta. Finalmente, fue el ministro ponente preferido de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien le turnó los asuntos en torno, primero de la llamada “sobrerrepresentación” de diputados y ahora, de los que impugnan la reforma constitucional, que ya dijimos, ya no es reforma sino parte vigente de la Constitución de la República.
Por su parte, la primera mandataria nacional, científica reconocida y política de ideas avanzadas de izquierda, ha sido firme en su postura de salvaguardar la soberanía popular y la supremacía de la Constitución. Como no es abogada, ella misma confiesa que se ha puesto a estudiar derecho, y además de contar con juristas de prestigio a su servicio, constantemente manifiesta: el pueblo tiene la facultad inalienable de cambiar la forma de gobierno; todo poder público se establece para beneficio del pueblo, y conforme a los artículos 133 y 135, la ley suprema de nuestra nación es la Carta Magna y la posibilidad de reformarla, solo compete a lo que se llama “Constituyente Permanente”, integrado por la mayoría calificada de las cámaras de diputados y senadores, además de la mitad más uno de los congresos locales de las entidades federativas.
También ha sido tajante en cuanto a que la Corte no tiene facultades legislativas, a que los más altos juzgadores y funcionarios del poder judicial reciben ingresos y beneficios diversos de excesivos costos, y que en tal poder impera la corrupción y el nepotismo, aparte de actuar generalmente a favor de los intereses de los grandes consorcios y capitales, casi nunca a favor del pueblo y los intereses nacionales.
El 28 de octubre, se conoció el proyecto del controvertido ministro: El fin de González es poner sobre la mesa una solución a la que considera crisis constitucional, por lo que opta por declarar la invalidez parcial del decreto de reforma. Esto es gravísimo error, porque ya dijimos, fue un decreto, ahora es articulado vigente de la Constitución. Sobre las tres causales que las oposiciones basan sus reclamos, a saber: a) la violación a la veda electoral, b) la falta de competencia del órgano reformador para emitir el decreto y c) la existencia de vicios en el proceso legislativo. El ministro ponente del proyecto los considera infundados.
Reconocido lo anterior, como y de dónde saca la propuesta el señor González Alcántara de terminar la supuesta “crisis”, es admitiendo algunas reformas y rechazando otras, específicamente la elección de juzgadores: si a la de ministros, y no a la de magistrados y jueces. Esto dio motivo para que se dijera que, hacia una propuesta al estilo del Rey Salomón, que cuando se le pidió hacer justicia sobre un recién nacido, sugirió partirlo en dos para dar a cada madre reclamante de la maternidad en disputa, una parte del bebé.
Así las cosas, el Poder Legislativo se apresuró y modificó dos artículos constitucionales (1’5 y 107) con objeto de precisar que, contra reformas o adiciones constitucionales, no existe ningún recurso. Esta reforma ya tiene vigencia desde la semana pasada. En cuanto a la presidenta Claudia, manifestado que no actuará jamás de forma restrictiva, por lo que descarta el juicio político que previene la ley suprema para los ministros. Y como el proyecto que comentamos se discutirá el martes 5 de noviembre por el pleno de la Corte, los exhorta para que, siendo profundos conocedores de la ley, actúen apegados a la Constitución, dejando al margen cuestiones políticas o intereses y privilegios.
El político González Alcántara, ahora acude ante medios de comunicación y lanza opiniones de plano tremendistas y muy parciales, incluso difamantes, como lo de asegurar que la reforma fue una especie de venganza de AMLO contra la Corte.
El senador Gerardo Fernández Noroña, quien preside al Senado, se ha manifestado molesto por actitud del multicitado ministro, y dijo el uno de noviembre: “yo le digo a Alcántara Carrancá y a los ministros que piensan votar a favor de ese bodrio (el proyecto) que los pondrá en el basurero de la historia…”
Con mucha sensatez, la presidenta Claudia expresó, ojalá que los señores ministros voten conforme decidió el pueblo de México. Porque lo que analizarán no es una reforma, sino la constitución vigente. Y alude al jurista, exministro y exprocurador de justicia federal, Diego Valadez, quien, no siendo partidario de la reforma en su momento, ahora solo dijo en un tuit: “Ya, ya no hay otra, ya es constitucional”.
NACIONALES
El PRI no acudirá al Senado a la toma de protesta de la nueva SCJN

– Por Mario Ávila
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI cambia de actitud y en lugar de cumplir su amenaza de manifestarse en la ceremonia del Senado donde rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuncia oficialmente que los 13 senadores de su partido no acudirán.
El argumento, con el que justificó por adelantado la inasistencia de los senadores del PRI, fue «por congruencia política», ya que ellos consideran que el nuevo Poder Judicial es el nuevo aparato al servicio del régimen.
Tras la agresión perpetrada por Alejandro Moreno en contra del presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a las autoridades garantizar el resguardo de la sede del Senado de la República.
En respuesta, desde este fin de semana, el Senado ha estado custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que «Alito» Moreno reconsiderara su actitud y decidiera que sus senadores no acudan al trascendental acontecimiento y se limitó a calificar al gobierno de la 4T como «fachos y autoritarios».
ENTREVISTAS
La disputa del agua entre Jalisco y Guanajuato: Debe ser un reparto justo, no uno político, Arturo Gleason

– Por Mario Ávila
Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido.
Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad.
El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”.
Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró.
Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades.
Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores.
«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».
«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo.
De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados.
Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”.
Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”.
Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala.
Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación.
Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».
«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó.
“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.
NACIONALES
Fracasan acuerdos para renovar la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados

– Por Mario Ávila
Será la Mesa Directiva anterior, encabezada por el presidente, diputado, Sergio Gutiérrez Luna, quien reciba el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que será entregado este 1 de septiembre al Poder Legislativo, por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ello a raíz de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó no renovar la Mesa Directiva este domingo, por lo que seguirá con la misma integración durante los siguientes cinco días.
La causa fue, que por acuerdo parlamentario corresponde al PAN designar al nuevo presidente (a) de la Mesa Directiva, sin embargo las propuestas hechas por la fracción parlamentaria albiazul, fueron vetados por el grupo parlamentario de Morena y como la votación a favor debe ser de al menos dos tercios de los diputados presentes, se decidió dejar pasar los primeros 5 días del mes, para llegar a acuerdos.
Morena ha considerado que el perfil de las personas propuestas es inadecuado por considerarlas poco conciliadoras, por ello se rechazó a Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martinez y Federico Döring.