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NACIONALES

Ecos de la reforma judicial: El ministro polémico y la gobernante científica

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Opinión, por Pedro Pedro Vargas Ávalos //

Muy infrecuente resulta por donde se le vea, la especie de colisión que resulta al confrontar las ideas de un ya afamado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara Carrancá) ante los principios de la primer presidenta (con A) de los Estados Unidos Mexicanos: Claudia Sheinbaum Pardo.

Todo se genera por la pugna que surgió con motivo de la reforma judicial, que ya es parte de la Constitución de la República, desde el 16 de septiembre pasado, entre ocho ministros -de 11 en total- que son parte del pleno de la SCJN, frente a los poderes Legislativo federal y el Ejecutivo del mismo orden.

Para los mexicanos es notorio que existen profundas diferencias entre los ministros encabezados por la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, y la mayoría de las cámaras federales -de diputados y senadores- desacuerdos que culminaron cuando la aludida guía de los ministros disidentes decidieron estudiar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución; es decir, valorar si artículos de la Carta Magna, están sujetos a que la SCJN los califique como ¡constitucionales!, siendo que ya son parte de la ley suprema. Esta situación equivale a que la Corte -algunos integrantes- no solo estime que se deben eliminar, sino que podría ella emitir normas que sustituyan esa parte controvertida de la Constitución. Cual si tuviese atribuciones legislativas.

Después de la debacle electoral de la oposición ante la Cuarta Transformación (4T) de los gobiernos lopezobradoristas (tanto en 2018 como la reciente de junio de 2024) esas fuerzas opositoras quedaron tan disminuidas que ni juntas alcanzan la cantidad de legisladores para acudir a la acción de inconstitucionalidad; y en cuanto a la controversia constitucional, no tienen carácter; y como la ley de Amparo niega rotundamente que proceda el juicio de amparo cuanto se trata de reformas o adiciones a la ley suprema, se vieron sin recurso legal alguno.

Entonces recurrieron a lo legaloide (huizachadas, dirían las gentes del pueblo) y con la anuencia de la presidenta de la SCJN, y para asombro de los que algo saben de derecho, le dieron entrada a tales solicitudes. Luego, se aprobó por los ocho ministros anti Cuatro T, que si procedía analizar las reformas constitucionales: esto nunca había sucedido en la historia judicial mexicana, pero ahora resulta que si fue procedente. Y el asunto se turnó al cofrade de la presidenta de la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Este abogado, la verdad que estaba casi en el retiro, después de haber sido presidente del Tribunal Superior del antiguo Distrito Federal, cuando fue gobernador de esta entidad gubernamental el expresidente Andrés Manuel López Obrador (el año 2000) y enseguida desempeñarse como magistrado en dicho DF. Pero a la sazón del triunfo de AMLO en 2018, una de las primeras cosas que hizo, fue proponer en diciembre de ese año, al susodicho González Alcántara como ministro de la Corte, y así es como llegó a tan alto cargo.

Por cierto, que al oírlo hablar ante los senadores para convencerlos de que debería él ser quien se eligiera (de una terna en la cual competían la abogada Celia Maya García, luego nombrada miembro del Consejo de la Judicatura Federal, y la jurista Loretta Ortiz Ahlf, tiempo después designada ministra de dicha Corte) daba la impresión de ser obradorista y argüía razones similares a las del movimiento de Morena: hasta expresó que no le importaba el sueldo y ganar mucho menos que el presidente del país, por el enorme honor de ser ministro.

Así pues, llegó a ocupar un escaño de la SCJN. Pero he aquí, que le gustaron salario y prestaciones privilegiadas y se olvidó del artículo 127 constitucional que ordena no percibir mayores ingresos que el primer mandatario federal. Paulatinamente tomó posiciones que lo alejaron de alguna amistad con el hombre que lo propuso; en la campaña presidencial, hasta su domicilio facilitó para que se reunieran en diciembre de 2023, a conspirar la presidenta de la Corte, con magistrados del Tribunal Electoral Federal (TRIFE) a favor de Xóchitl Gálvez. (Salvador Frausto, reportero de Público en declaraciones a Los Periodistas de Sin Embargo, octubre 30-2024).

A partir de entonces, cada vez que tuvo oportunidad, el señor González Alcántara emitió votos que contrariaban acciones del gobierno de la 4T. Durante los foros para la reforma judicial, dio muestras de no estar de acuerdo. Y luego, durante el paro todo pagado de los miembros del Poder Judicial federal, hasta los acompañó en sus reuniones de protesta. Finalmente, fue el ministro ponente preferido de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien le turnó los asuntos en torno, primero de la llamada “sobrerrepresentación” de diputados y ahora, de los que impugnan la reforma constitucional, que ya dijimos, ya no es reforma sino parte vigente de la Constitución de la República.

Por su parte, la primera mandataria nacional, científica reconocida y política de ideas avanzadas de izquierda, ha sido firme en su postura de salvaguardar la soberanía popular y la supremacía de la Constitución. Como no es abogada, ella misma confiesa que se ha puesto a estudiar derecho, y además de contar con juristas de prestigio a su servicio, constantemente manifiesta: el pueblo tiene la facultad inalienable de cambiar la forma de gobierno; todo poder público se establece para beneficio del pueblo, y conforme a los artículos 133 y 135, la ley suprema de nuestra nación es la Carta Magna y la posibilidad de reformarla, solo compete a lo que se llama “Constituyente Permanente”, integrado por la mayoría calificada de las cámaras de diputados y senadores, además de la mitad más uno de los congresos locales de las entidades federativas.

También ha sido tajante en cuanto a que la Corte no tiene facultades legislativas, a que los más altos juzgadores y funcionarios del poder judicial reciben ingresos y beneficios diversos de excesivos costos, y que en tal poder impera la corrupción y el nepotismo, aparte de actuar generalmente a favor de los intereses de los grandes consorcios y capitales, casi nunca a favor del pueblo y los intereses nacionales.

El 28 de octubre, se conoció el proyecto del controvertido ministro: El fin de González es poner sobre la mesa una solución a la que considera crisis constitucional, por lo que opta por declarar la invalidez parcial del decreto de reforma. Esto es gravísimo error, porque ya dijimos, fue un decreto, ahora es articulado vigente de la Constitución. Sobre las tres causales que las oposiciones basan sus reclamos, a saber: a) la violación a la veda electoral, b) la falta de competencia del órgano reformador para emitir el decreto y c) la existencia de vicios en el proceso legislativo. El ministro ponente del proyecto los considera infundados.

Reconocido lo anterior, como y de dónde saca la propuesta el señor González Alcántara de terminar la supuesta “crisis”, es admitiendo algunas reformas y rechazando otras, específicamente la elección de juzgadores: si a la de ministros, y no a la de magistrados y jueces. Esto dio motivo para que se dijera que, hacia una propuesta al estilo del Rey Salomón, que cuando se le pidió hacer justicia sobre un recién nacido, sugirió partirlo en dos para dar a cada madre reclamante de la maternidad en disputa, una parte del bebé.

Así las cosas, el Poder Legislativo se apresuró y modificó dos artículos constitucionales (1’5 y 107) con objeto de precisar que, contra reformas o adiciones constitucionales, no existe ningún recurso. Esta reforma ya tiene vigencia desde la semana pasada. En cuanto a la presidenta Claudia, manifestado que no actuará jamás de forma restrictiva, por lo que descarta el juicio político que previene la ley suprema para los ministros. Y como el proyecto que comentamos se discutirá el martes 5 de noviembre por el pleno de la Corte, los exhorta para que, siendo profundos conocedores de la ley, actúen apegados a la Constitución, dejando al margen cuestiones políticas o intereses y privilegios.

El político González Alcántara, ahora acude ante medios de comunicación y lanza opiniones de plano tremendistas y muy parciales, incluso difamantes, como lo de asegurar que la reforma fue una especie de venganza de AMLO contra la Corte.

El senador Gerardo Fernández Noroña, quien preside al Senado, se ha manifestado molesto por actitud del multicitado ministro, y dijo el uno de noviembre: “yo le digo a Alcántara Carrancá y a los ministros que piensan votar a favor de ese bodrio (el proyecto) que los pondrá en el basurero de la historia…”

Con mucha sensatez, la presidenta Claudia expresó, ojalá que los señores ministros voten conforme decidió el pueblo de México. Porque lo que analizarán no es una reforma, sino la constitución vigente. Y alude al jurista, exministro y exprocurador de justicia federal, Diego Valadez, quien, no siendo partidario de la reforma en su momento, ahora solo dijo en un tuit: “Ya, ya no hay otra, ya es constitucional”.

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ENTREVISTAS

Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

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Por Francisco Junco //

“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.

Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.

Un camino desde abajo

Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.

“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.

Retos de una elección sin precedentes

En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.

Dilemas judiciales

Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.

“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.

Una justicia humana y equitativa

Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.

Propuestas claras

¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:

“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.

Deuda histórica con las víctimas

Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.

El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.

En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.

En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.

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CARTÓN POLÍTICO

Herida abierta

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NACIONALES

Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

 

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