Actualidad, por Alberto Gómez R. //

Los golpes de Estado han sido eventos recurrentes en la historia política de América Latina desde la década de los 50s hasta la actualidad. Estos eventos han tenido profundas repercusiones en la estabilidad política, la gobernabilidad y el desarrollo de la región.

Casi la totalidad de las naciones latinoamericanas han vivido derrocamientos de gobiernos democrática y legítimamente electos, y padecido cruentas dictaduras militares auspiciadas desde el exterior, específicamente desde las sombras del poder en Washington.

Durante los peores años de las guerras internas que se suscitaron en todos estos países, nunca se violaron los tratados internacionales contenidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que el allanamiento a la embajada de México en Quito, Ecuador, ocurrida el viernes 5 de abril, es un evento sin precedentes y una flagrante violación al derecho internacional, y a la soberanía mexicana.

No existe antecedente alguno de que un país haya asaltado una misión diplomática con la fuerza pública, como lo ocurrido en Quito, cuando la policía nacional ingresó por la fuerza a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, a quien el gobierno de México había concedido asilo político.

Al amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suele ocurrir que disidentes políticos o ciudadanos perseguidos acudan a embajadas de sus países para acogerse a la protección del Estado representado. En su artículo 22, el pacto vigente desde abril de 1964 y obligatorio para todos los países firmantes, como Ecuador, señala que las sedes de la misión diplomática son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.

En los pasados 65 años, las sedes diplomáticas mexicanas han protagonizado destacados momentos de estos procesos de asilo, que la legislación internacional entiende como herramienta de protección a perseguidos políticos. Entre los ejemplos más recordados destacan los años 70, cuando las dictaduras militares arrasaron los países del Cono Sur.

En 1973, cuando Augusto Pinochet consumó el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, la sede mexicana llegó a acoger a cerca de 800 personas, en algunos casos familias enteras, que eran blanco de la persecución pinochetista. Otras sedes diplomáticas, como las de Argentina, Suecia y Francia, también abrieron sus puertas a quienes huían, pero ningún otro país desplegó esa protección de manera tan contundente como México, bajo la gestión del embajador Gonzalo Martínez Corbalá.

En este sexenio, otras misiones mexicanas han sido acosadas por policías. En La Paz, en 2019, a raíz del golpe de Estado de Jeanine Áñez contra Evo Morales, varios funcionarios de su gobierno y sus familiares pidieron asilo en la embajada mexicana. Fueron rodeados y acosados desde el exterior, pero no hubo agresión directa. México les concedió asilo y obtuvieron los salvoconductos necesarios.

Un caso similar ocurrió en Lima a raíz del golpe contra el ex presidente Pedro Castillo. En diciembre de 2022, el mandatario en vías de ser depuesto se dirigía a la embajada mexicana junto con su esposa, su hija menor y el ex primer ministro Aníbal Torre. En el camino, la comitiva fue detenida y Castillo fue arrestado por sus propios escoltas. Su familia logró llegar a la misión mexicana y recibió protección en este país.

A pesar de la ferocidad del acoso pinochetista a la embajada mexicana, todos los asilados obtuvieron salvoconductos para viajar a territorio nacional. Entre los primeros estuvo la esposa del presidente Allende, Hortensia Busi.

Tres años después, durante el golpe en Argentina, México nuevamente abrió sus puertas y 68 personas lograron salvar la vida. Buenos Aires también otorgó los salvoconductos, aunque al ex presidente Héctor Cámpora le demoraron tres años y medio el trámite.

En menor escala vivieron lo mismo las embajadas mexicanas en Bolivia, Uruguay y Paraguay.

En los 80, con las revoluciones centroamericanas, el foco de las tareas diplomáticas de protección se trasladó principalmente a Managua y El Salvador. Durante la insurrección sandinista, decenas de familias nicaragüenses buscaron la protección de la sede mexicana, que estaba bajo responsabilidad del diplomático Gustavo Iruegas. (jornada.com.mx)

El ordenamiento jurídico internacional, con sus principios y normas, constituye la columna vertebral que regula las relaciones entre los Estados soberanos. En este contexto, la soberanía nacional emerge como un principio fundamental que, si bien otorga a cada Estado autonomía sobre su territorio y población, no opera en un vacío legal. Los tratados internacionales, particularmente los regidos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, ejemplifican la interacción entre la soberanía estatal y el derecho internacional.

La soberanía de las naciones es un concepto arraigado en la historia y la política internacionales. Representa la capacidad exclusiva de un Estado para ejercer autoridad y tomar decisiones dentro de su territorio, sin interferencia externa. Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado, esta noción tradicional de soberanía ha evolucionado para incluir compromisos y obligaciones hacia la comunidad internacional.

Los tratados internacionales, como aquellos establecidos bajo la Convención de Viena, son instrumentos legales que reflejan esta dinámica. Al ratificar un tratado, un Estado acepta vincularse a las disposiciones establecidas en él, renunciando en cierta medida a su absoluta autonomía en favor del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece normas y prácticas estándar para las relaciones entre Estados, protegiendo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y estableciendo protocolos para la conducta diplomática.

La importancia de estos tratados radica en su capacidad para promover la cooperación internacional y la estabilidad. Al proporcionar un marco legal predecible y compartido, facilitan la comunicación, la negociación y la resolución pacífica de conflictos entre Estados. Además, los tratados fomentan la confianza mutua al garantizar que las obligaciones contraídas por un Estado sean reconocidas y respetadas por otros miembros de la comunidad internacional.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la soberanía estatal no es absoluta y puede estar sujeta a limitaciones derivadas de las normas y obligaciones del derecho internacional. Aunque los Estados mantienen el derecho de decidir su curso de acción interna, deben hacerlo dentro del marco de respeto a los derechos humanos, las leyes internacionales y los tratados ratificados. De esta manera, la soberanía y el derecho internacional no son conceptos opuestos, sino complementarios, que se entrelazan para promover un sistema internacional basado en el respeto mutuo y la cooperación.

La violación de los tratados internacionales contenidos en la Convención de Viena, especialmente en lo que respecta a la diplomacia y la soberanía de las embajadas y consulados, puede tener graves repercusiones tanto a nivel diplomático como legal:

• Deterioro de las relaciones diplomáticas: La violación de los tratados diplomáticos puede resultar en un deterioro significativo de las relaciones diplomáticas entre los Estados implicados. Esto puede llevar a la retirada de embajadores, la suspensión de relaciones diplomáticas e incluso la ruptura de relaciones bilaterales.

• Daño a la reputación internacional: La violación de los tratados internacionales puede dañar la reputación internacional del Estado infractor y socavar su credibilidad en la arena internacional. Esto puede tener consecuencias negativas en términos de confianza y cooperación con otros países en el futuro.

• Sanciones diplomáticas y políticas: Otros Estados afectados por la violación de los tratados pueden imponer sanciones diplomáticas y políticas en respuesta al incumplimiento. Estas sanciones pueden incluir la reducción de la cooperación bilateral, la imposición de restricciones comerciales o la adopción de medidas punitivas en foros internacionales.

• Reclamaciones legales y arbitraje internacional: La violación de los tratados diplomáticos puede dar lugar a reclamaciones legales y arbitraje internacional por parte de los Estados afectados. Esto puede resultar en procedimientos legales y sanciones adicionales, así como en la obligación de compensar a los afectados por los daños sufridos como resultado de la violación.

• Aislamiento diplomático: La violación reiterada de los tratados internacionales puede conducir al aislamiento diplomático del Estado infractor, ya que otros países pueden optar por distanciarse o evitar la cooperación con él debido a preocupaciones sobre su fiabilidad y compromiso con el derecho internacional.

• Riesgo para la seguridad de las misiones diplomáticas y consulares: La violación de los tratados diplomáticos puede poner en peligro la seguridad de las misiones diplomáticas y consulares en el país infractor. Esto puede incluir la violación de la inviolabilidad de las embajadas y consulados, poniendo en riesgo la seguridad del personal diplomático y consular, así como de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en esas instalaciones.

La violación de los tratados internacionales contenidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares puede tener repercusiones graves y generalizadas en términos de relaciones diplomáticas, reputación internacional, sanciones diplomáticas y políticas, reclamaciones legales, aislamiento diplomático y seguridad de las misiones diplomáticas y consulares. Por lo tanto, es fundamental para los Estados cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional y respetar los principios y normas establecidos en estos tratados para mantener la estabilidad y la cooperación en la comunidad internacional.

En solidaridad con México, casi de manera unánime las naciones latinoamericanas han condenado el asalto a la embajada mexicana en Ecuador; Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, incluso Estados Unidos se ha unido a estos pronunciamientos oficiales en contra del actuar del gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

España dice que el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador, “supone una violación a la Convención de Viena”.

El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó este domingo «la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito».

«Hago un llamado a respetar el derecho internacional diplomático», agregó Borrell.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se mostró «alarmado» por la entrada de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de México en Quito, según informó este sábado en un comunicado.

Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General, dijo que Guterres reafirmó «el principio cardinal de la inviolabilidad de los locales y el personal diplomático y consular».

«Las violaciones de este principio ponen en peligro la prosecución de unas relaciones internacionales normales, que son fundamentales para el avance de la cooperación entre los Estados», añadió Dujarric. (cnnespanol.cnn.com)

Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, nacido y educado en los Estados Unidos, hijo del hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa -quien contendió por la presidencia del país en cinco ocasiones- ganó insospechadamente las elecciones presidenciales en 2023, haciéndose valer de un gran despliegue de comunicación digital a través de redes sociales, y el aplomo durante el único debate presidencial, donde fue el único que participó con chaleco antibala cinco días después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que iba segundo en las encuestas.

Desde su llegada a la presidencia ha sido objeto de críticas por su actuar con visión de negocios y no como político estadista. El evidente apoyo que ha recibido desde el exterior -proveniente de la derecha y el establishment estadounidense- lo ha envalentonado para intentar imponer un régimen que raya peligrosamente en el fascismo, persiguiendo a sus adversarios y detractores políticos, como lo sucedido con el exvicepresidente Glas, en la embajada mexicana en Quito.

Las reacciones y posibles sanciones contra el país andino no se harán esperar, ya que de no hacerse sentarían un funesto precedente para el derecho internacional.

Por lo pronto, el presidente de México ordenó la inmediata suspensión de relaciones diplomáticas con Ecuador.

“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, publicó.

Este domingo 7 de abril se evacuó a todo el personal diplomático mexicano de Quito tras el cierre de la embajada.

El grupo de 18 personas, integrado por los funcionarios y sus familias, se trasladó al aeropuerto acompañado por los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, quienes vigilaron se respetara su integridad, de acuerdo con el gobierno mexicano.

“Nuestro personal diplomático deja todo en Ecuador y regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto tras asalto a nuestra embajada», informó en la red social X la canciller Alicia Bárcena.

El derecho internacional, la soberanía de las naciones y los tratados contenidos en la Convención de Viena son elementos fundamentales en la arquitectura legal que regula las relaciones entre los Estados.

México es un país que está a favor de la resolución pacífica de conflictos internacionales, y que históricamente ha dado refugio y asilo a personas de todo el mundo que huyen de la barbarie. Desafortunadamente, en esta ocasión le ha tocado ser víctima de la prepotencia y arrogancia de un gobierno despótico, de ultraderecha, y con todos los tintes de intentos por renacer el neofascismo en América Latina, algo que se pensó había sido ya superado y que supone una nueva amenaza y riesgos para la estabilidad regional.