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NACIONALES

El «cártel de la toga» y la reforma judicial

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Opinión, por Cayetano Frías //

La actitud pasiva de ministros, magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial Federal, es verdaderamente criminal. Son 440 mil expedientes aproximadamente, los que han estado congelados durante más de un mes en todo el país, sin importar la tragedia que provocan al violar los derechos humanos de millones de personas.

Y en el colmo del cinismo, la inmensa mayoría de empleados en “paro”, siguen cobrando sus salarios de manera ilegal, solapados por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los consejeros de la Judicatura Federal.

Cada día se afirma en el imaginario colectivo, la consciencia de que existe un “cártel de la toga”, donde la alta burocracia del Poder Judicial ha creado redes de nepotismo en donde se contabilizan, conservadoramente, a más del 40 por ciento de los empleados como parentela de los dirigentes.

Pero ni por asomo, se cumple en esta institución con los principios rectores de honestidad e impartición de justicia pronta y expedita. Hay ejemplos tan grotescos en la lentitud de la SCJN, como las controversias constitucionales de límites entre Estados de la Federación que tardan décadas.

Las cifras oficiales reflejan que solo en un 3 por ciento de los delitos, los responsables reciben sentencia condenatoria, arrojando un altísimo nivel de impunidad que estimula a la reincidencia. El Consejo de la Judicatura solo cuenta como ente administrativo, pero no ejerce esquemas de control que combatan la corrupción y sus bajos índices de castigo a los infractores, son vergonzosos.

En contraste al nivel de eficiencia, ministros, magistrados, consejeros, jueces y funcionarios, tienen sueldos millonarios, todos por encima del que percibe el presidente de la república, aunque con ello violen la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.

EL BOICOT A LA REFORMA JUDICIAL

Desde que era aspirante a ministra de la SCJN, Norma Piña fue humillada en el Senado por su escasa preparación y por no articular en sus respuestas el esbozo de un programa de trabajo para ese cargo. Impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, fue elegida y hoy es la presidenta.

Sus reuniones secretas con políticos de oposición antes de las recientes elecciones han sido una mancha en la supuesta independencia que debería guardar como cabeza de uno de los tres poderes del Estado.

Desde que fue electa, marcó su distancia con el Ejecutivo al permanecer sentada durante una ceremonia oficial. Como militantes de proyectos distintos, ambos funcionarios trazaron su estrategia: Piña en abierto boicot al trabajo de López Obrador, y éste, arrancó con su Plan C, de buscar la mayoría en el Congreso que le permitiera aprobar reformas constitucionales, entre ellas, como destinatario el “podrido Poder Judicial”.

Así, se aprobó la reforma al Poder Judicial, a través de la cual se establece que ministros, magistrados y jueces, deberán ser electos por los ciudadanos con voto directo y secreto. Antes, se hará una selección de los candidatos, su nivel académico, experiencia y demostrar que aprobaron las materias relacionadas con la impartición de justicia, con un mínimo de 95.

La reforma, que conlleva el despido de los actuales ministros y los que le siguen, además de la desaparición del inoperante Consejo de la Judicatura, crispó los ánimos en la alta burocracia y su parentela enquistada en el Poder Judicial.

Hace poco más de un mes que los empleados se fueron al paro, seguidos por jueces, magistrados, consejeros y ministros, con la evidente intención de preservar sus privilegios. Para los afectados, presos o en libertad, víctimas, ni un solo pronunciamiento en sus arengas y amenazas.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. Doce días antes, 19 funcionarios, entre magistrados y jueces, presentaron una queja a la presidenta Norma Piña, quedando como ignorantes al solicitar que se inicie un “trámite de controversia o solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de tramitación urgente”.

Esa veintena de magistrados y jueces, evidencian el nivel de quienes imparten justicia. Dicha fracción, nada tiene que ver con una controversia o reforma, pues solo faculta al Pleno de la SCJN “Para conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimientos de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con el Consejo de la Judicatura Federal”.

Ante la pifia de los magistrados y jueces que presentaron la solicitud, el 24 de septiembre el ministro Raúl Carrancá y Rivas, en lugar de desechar la solicitud por improcedente, presentó un proyecto para corregir a los ignorantes, y propuso que se fundamentara en la fracción XVII y no en la XXII.

Esto dice la Fracción XVII: “Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y la aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta Ley Orgánica”.

Aquí debemos precisar que una Ley Orgánica solo tiene jurisdicción en la institución a la que está dirigida y es lo que establece esta Fracción XVII de manera muy clara, no puede invadir resoluciones de cualquier otra institución y tampoco invalidar una sola coma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero la cordura no permeó en la mayoría de los magistrados, porque este 3 de octubre, el Pleno aprueba el proyecto con modificaciones por ocho votos contra 3 y se pronuncian sobre la procedencia de invalidar reformas a la Constitución y según ellos, pueden hacerlo con seis votos, en lugar de los ocho. La locura de la toga.

El 4 de diciembre de 2019, el legislador Damián Zepeda le preguntó a la ministra Margarita Ríos Farjat: “¿Se puede impugnar y/o declarar inconstitucional una reforma constitucional?

Yo creo que lo impugnable sería el proceso que se haya llevado a cabo, que no se hayan llevado a cabo las formas del procedimiento. Porque, ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia en la Corte en el sentido que no, sino de fondo político entraría la Corte a sustituir la soberanía del Constituyente.

No sé si eso sea deseable, que revisando si es una reforma constitucional válida, pues en la Corte decía, aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta. Entonces, ¿quién regularía a la Corte? Y la Corte entonces tendría la posibilidad de sustituirse en la voluntad soberana del Constituyente. Yo no lo vería así.

Yo no veo a la Corte sustituyéndose en la voluntad soberana del Legislativo. Para mí, las reformas constitucionales no deben ser impugnables, si no nos gustaron discutámoslo de nuevo como sociedad, hagamos otros pactos. Esto es lo que constituye un pacto. Y el pacto siempre debe armarse sobre la soberanía del Legislativo. El Judicial tiene que respetar ese pacto, no sustituir lo que se decida ahí. Esa es mi opinión”.

En contradicción consigo misma, Ríos Farjat emitió uno de los ocho votos para dar entrada al análisis del tema.

El ministro Carrancá y Rivas, para fortalecer su postura de admitir el trámite, recordó que en 2014 el senador Manuel Bartlett junto con otros legisladores, presentó una demanda de amparo contra la reforma energética de Peña Nieto.

Lo que no dijo, es que esa demanda de amparo fue desechada y el pleno de la SCJN rechazó atraerla, porque no es procedente impugnar una reforma constitucional, que es el planteamiento que hacen.

En su posicionamiento durante la sesión del pleno del 3 de octubre, la ministra Loretta Ortiz externó: “Sin importar los posicionamientos personales a favor o en contra de la reforma judicial, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida, es decir, revisar reformas constitucionales fruto de la voluntad popular. Las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianas”.

 

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ENTREVISTAS

Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

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Por Francisco Junco //

“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.

Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.

Un camino desde abajo

Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.

“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.

Retos de una elección sin precedentes

En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.

Dilemas judiciales

Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.

“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.

Una justicia humana y equitativa

Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.

Propuestas claras

¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:

“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.

Deuda histórica con las víctimas

Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.

El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.

En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.

En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.

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CARTÓN POLÍTICO

Herida abierta

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NACIONALES

Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

 

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