El costo de la corrupción

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El diagnóstico de la corrupción en México es, sin duda, desalentador. El país entra en una postransición de gobiernos; el combate a la corrupción debe ser abordado por las nuevas autoridades en este nuevo sexenio.

Desde los sistemas anticorrupción existentes, la cultura de la integridad y la denuncia, se cuenta con las herramientas idóneas para medir su percepción, impacto e indicadores al respecto de este fenómeno que tiene consecuencias devastadoras en ámbitos sociales, gubernamentales y empresariales. La corrupción forma parte de nuestro día a día y es lo que nos indica cómo vivimos en este país, rodeados de sus consecuencias.

Medir la corrupción en México, al igual que en otros países, es un desafío debido a su naturaleza oculta e ilícita. Sin embargo, existen varios métodos que se utilizan para estimarla. Algunos de los más comunes son: índices de percepción, encuestas de victimización, indicadores de gobernanza y análisis de casos judiciales. Medirla es un reto, pero se establecen indicadores para llegar a un diagnóstico actual y construir una imagen completa de la situación en el país, ya que la afectación a la estructura social, política, jurídica y gubernamental es de gran impacto para la sociedad en todos sus entornos.

La importancia de los diagnósticos y evaluaciones del fenómeno de la corrupción nos indica que hemos avanzado en los últimos 25 años. Luchas sociales como las del derecho al acceso a la información y la transparencia han permitido que organismos autónomos nos llevaran a ejercer el derecho de acceso a la información pública en el país y a saber qué hace un gobierno. Hablar de su desaparición en su ámbito federal nos remite a lo lamentable que es que ejercer derechos humanos que evidentemente combaten la corrupción estorbe a los nuevos gobiernos y movimientos políticos. En el diagnóstico de la corrupción actualmente sabemos que, aunque poco desarrollado, también existe el derecho a una vida libre de corrupción como derecho humano.

Esperamos de nuestro nuevo y entrante gobernador Pablo Lemus Navarro, le dé toda la atención al combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos y un sexenio transparente; necesitamos unos poderes públicos que se comprometan con el acceso a la información pública y los sistemas anticorrupción, pues son ejes importantísimos para analizar, diagnosticar y finalmente combatir efectivamente la corrupción mediante la solicitud de información, la denuncia ciudadana, la simplificación de trámites burocráticos y la cultura generalizada de la integridad en los seres humanos. Esto nos puede llevar a un efectivo combate del fenómeno social, cultural y gubernamental de la corrupción. La corrupción nos afecta a todos, y su impacto se agrava por sus consecuencias increíblemente devastadoras en la sociedad mexicana.

Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 en enero de 2024. México se mantiene estancado en 31 puntos y ocupa la posición 126 de 180 países, sin moverse de esta posición desde hace cuatro años. Somos el país peor evaluado entre los que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No es un diagnóstico alentador, y es preocupante que no se indique una disminución en una nación donde los discursos políticos son, entre comillas, enérgicos al inicio de los sexenios y autohalagadores al final de ellos.

El mejor diagnóstico es el personal: la percepción de lo que sabemos, nos pasa o nos cuentan de actos u omisiones que se traducen en corrupción. Identificarlos y no permitirlos, acudir a las denuncias en caso de ser víctimas de corrupción, sembrar nuestro granito de arena en la sociedad para desde un entorno más próximo como el social, laboral o familiar, cerremos filas contra los actos de corrupción instaurando la cultura de la denuncia, la solicitud de información que corrobore el trabajo del gobierno, y la denuncia de la violación de derechos humanos, existen actualmente gran cantidad de acciones propias de ciudadanos que sirven para combatir la corrupción.

Úselas y sea parte de la solución y no del problema, pues el costo es alto cuando de corrupción se trata, tanto para quien la propone como para quien la acepta.