NACIONALES
El execrable plan B
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El plan B es inconstitucional, es un plan perverso, regresivo y perjudicial para el buen desarrollo de los procesos electorales, el presidente lo sabe pero lo impulsa porque así satisface una personal vendetta contra el Instituto Nacional Electoral y algunos de sus consejeros.
Ya se ha dicho bastante sobre los efectos negativos que traerá la aplicación de éstas reformas aprobadas. Una mayoría de ex consejeros electorales han advertido las graves implicaciones para la organización de las elecciones y en consecuencia sobre la credibilidad, la certeza y la confianza en los procesos electorales.
A ellos se han sumado innumerables voces de organizaciones y de comunicadores y formadores de opinión, esgrimiendo razones, no solo de teoría de la democracia sino también sobre la operatividad y la supervisión para que se cumplan las normas en la materia. Todas las voces se han perdido en el vacío, no hay receptividad en el lado gubernamental.
Ahora, con el más burdo, abyecto y servil comportamiento de los legisladores de Morena y sus aliados, en el más desaseado procedimiento legislativo de que se tenga memoria, se aprobaron reformas a las leyes que rigen los procesos electorales y al INE, una vez que el intento por reformar la Constitución General de la República fue abortado y como dijo Julio César al cruzar el Rubicón, “Alea jacta est” la suerte está echada, y solo resta confiar en la independencia del Poder Judicial, en la conciencia y convicción jurídica y moral de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para evitar que el atropello a la Constitución y al avance democrático del país se consume.
Definitivamente no se puede considerar a la regresión propuesta un avance democrático, aunque el discurso oficial diga lo contrario, pues el retroceso es evidente, tanto en la organización de los procesos como en los procedimientos que dan certidumbre al conteo de votos y a los resultados, sin embargo, hay otros aspectos inmersos en el famoso plan B que deben preocuparnos, además de los que ya se han señalado y estos se encuentran en el análisis de las motivaciones que originaron este abominable plan.
No es un secreto que el presidente, en su larga lista de agravios, guarda la convalidación por el entonces IFE, de la elección de 2006, que perdió por reducido margen, aduciendo un fraude que no pudo comprobar.
Tampoco es desconocido que ha considerado un insulto que los Consejeros electorales hayan combatido su decisión de que nadie en la administración pública gane más que él, y en particular también el hecho real de que el presupuesto del actual INE sea multimillonario sin razonar que en este se incluye el financiamiento de los partidos, el mantenimiento del registro de electores, la supervisión permanente de los partidos políticos y las campañas, locales y federales, entre otras tareas. No se quiso escuchar esas razones y en cambio el discurso oficial se encargó de influir en la opinión pública insinuando un alto gasto en viáticos y lujos de los consejeros.
En el origen del plan B se asoma un interés perverso, pues se le hace daño a una institución por venganza, para satisfacción personal y sobre todo para demostrar a quienes marcharon para exigir que el INE no se toca, que en efecto y porque él así lo quiere, el INE sí se toca.
Pero la razón de mayor peso radica en la obsesión por conservar el poder para el movimiento que encabeza, en la aviesa intención de quitarle dientes al órgano rector del proceso para sancionar las violaciones a la normatividad electoral que han venido realizando sus candidatos y aspirantes utilizando recursos públicos, y en la total libertad que busca para llevar a cabo una elección de estado.
En efecto México tiene una democracia cara, producto fundamentalmente de la desconfianza en los procesos electorales, de la necesidad de mantener contenidos los apoyos oscuros a candidatos y partidos, de mantener al gobierno sin influencia en las decisiones del pueblo, de darle al país y a los contendientes certidumbre y confianza en los resultados electorales que es un ingrediente fundamental para la gobernabilidad y la estabilidad social, pero así lo quisieron cuando eran oposición. Sale caro satisfacer las exigencias de antaño que hoy, en el poder, no les acomodan.
Cierto es que hay margen para que, con racionalidad se pueda eficientar el gasto, pero un recorte como el que se plasma en el plan B lo único que exhibe es la necesidad de seguir consumiendo fondos y reservas para financiar políticas clientelares, sin reparar en el daño causado a instituciones de servicio e interés nacional. Organizar una elección con un padrón de casi 100 millones de electores es una tarea que cuesta, vigilar una proceso como el de 2024, en el que se habrán de elegir además del presidente de la república, 500 diputados,128 senadores, 8 gubernaturas más las elecciones locales concurrentes no es barato, ni se puede hacer con funcionarios improvisados, contratados eventualmente, sin tiempo ni dinero para una capacitación adecuada, a no ser que pretendan los autores del plan B, que las votaciones se realicen a mano alzada y que cada candidato gaste y reciba dinero de cualquier origen. Más responsabilidad y menos reacciones viscerales es lo que se esperaría de un gobierno que se precia de demócrata, mientras exhibe el rostro del autoritarismo en sus acciones.
– Por Mario Ávila
El grave problema de las inundaciones, los socavones y las muertes que se registran en el temporal de lluvias, que en este periodo han cobrado ya la vida de 11 personas, podría atenuarse o resolverse con grandes obras como la reposición de los viejos colectores y la creación de un drenaje profundo en la zona metropolitana, a decir de los expertos.
Ante ello, el problema central radica en la inversión que se requiere y sobre este tema, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Federal, planteó que, aunque se trata de obras que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal, “seguramente la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su facultad, respaldará a Jalisco y a todo el país”.
Solo vamos a esperar -dijo-, para ver cómo viene el Presupuesto de Egresos 2026 que se presentará en la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de nosotros aprobarlo; se presenta el 8 de septiembre y vamos a esperar, pero lo que sí te digo es que es una responsabilidad del estado, que ojalá que junto con los municipios puedan empezar a hacer estas obras de infraestructura fundamentales para la población.
«Pero desde que yo tengo conocimiento -abundó-, el grupo de Jalisco es un grupo que tiene mucho compromiso con su estado, cómo pelean, cómo luchan por obtener más programas, más recursos para su entidad, independientemente de quién lo gobierna. Y hoy tienen una gran ventaja ustedes, la presidenta de la Comisión de Presupuesto es de Jalisco y Marilyn Gómez Pozos tiene mucho compromiso con Jalisco; les quiero decir que si no mal recuerdo el año pasado obtuvo 8 mil millones de pesos más Jalisco y hoy no será la excepción».
– Por Mario Ávila
El primer tema que abordará el grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura Federal el 2 de septiembre, una vez arrancado el siguiente período ordinario de sesiones, será reformar el artículo 73 constitucional para elevar a la extorsión a rango de delito grave y perseguido de oficio.
Esto se acordó en la reunión plenaria efectuada en Jalisco, en presencia de 52 diputados federales integrantes de la bancada de Morena, quienes, bajo la coordinación del diputado Ricardo Monreal Avila, marcaron la pauta para ordenar los más de 30 instrumentos jurídicos que se han planteado como agenda, para aprobar en la Cámara de Diputados.
En presencia de legisladores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, hizo saber que la extorsión es un tema que le preocupa a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
«Por ello- dijo-, vamos a someterla a votación y vamos a aprobarla el día 2 de septiembre, es decir, será el primer instrumento que vamos a votar, la reforma al 73 constitucional y enseguida haremos la ley reglamentaria«.
«Ese día -abundó-, estamos planeando aprobarla con mucho gusto; ya está incluso aprobada en comisiones, ahora vamos al pleno. El lunes primero tendremos dos sesiones: la de arranque del Congreso y una sesión ordinaria, donde daremos publicidad a esa norma constitucional porque es un requisito legal el darle publicidad».
– Por Redacción Conciencia Pública
México enfrenta un repunte alarmante de casos humanos por miasis causada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), una plaga que se creía erradicada desde 1991 y que ha resurgido con fuerza en los últimos meses.
Desde abril de 2025, cuando se registraron los primeros contagios en Chiapas, la cifra ha ido en aumento, alcanzando a finales de julio 33 casos confirmados y la primera muerte atribuida a esta infestación.
Los pacientes afectados se concentran principalmente en Chiapas y Campeche, con un rango de edad que va de los 17 a los 86 años. La mayoría ha presentado lesiones en cabeza y extremidades, con síntomas como dolor intenso, fiebre, secreción y la presencia visible de larvas en heridas abiertas.
Aunque 24 personas ya han recibido el alta médica, al menos ocho permanecen en tratamiento y tres en hospitales debido a complicaciones severas.
El caso más grave hasta ahora fue el de una mujer de 86 años, originaria de Campeche, quien falleció a finales de julio tras desarrollar complicaciones asociadas a la infestación, agravadas por un cáncer avanzado.
Su muerte representa la primera víctima mortal humana en México por esta plaga, lo que ha encendido las alarmas en el sector salud y generado preocupación social.
La Secretaría de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, al tiempo que exhorta a la población a mantener medidas preventivas básicas: cubrir y desinfectar heridas, cuidar la higiene personal y del ganado, y acudir de inmediato al médico en caso de sospecha. Expertos subrayan que el gusano barrenador puede provocar destrucción tisular grave si no se atiende de forma oportuna.
El impacto de esta crisis no solo es sanitario, sino también económico. El resurgimiento del gusano barrenador amenaza a la ganadería mexicana, ya que la plaga afecta principalmente al ganado bovino, ovino y porcino, generando pérdidas millonarias y restricciones en la exportación de carne hacia Estados Unidos.
Desde noviembre de 2024, México y EE. UU. han intensificado la liberación de moscas estériles —más de 885 millones liberadas hasta mayo de 2025— como parte de la estrategia binacional de control.
Mientras la cifra de contagios sigue en vigilancia, autoridades y especialistas advierten que el gusano barrenador representa un desafío de salud pública y seguridad alimentaria.
La reaparición de esta plaga, erradicada hace más de tres décadas, no solo evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales del sureste, sino que obliga a redoblar esfuerzos para contener su expansión y proteger tanto a la población como a la producción pecuaria nacional.
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