NACIONALES
El fin de los contrapesos: La desaparición de los organismos autónomos en México
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó un decreto que marcará un antes y un después en la historia política y administrativa de México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el documento consuma la extinción de siete órganos autónomos de ámbito federal y 32 estatales dedicados a la transparencia.
Bajo el amparo de una reforma constitucional de «simplificación orgánica», las funciones de estas entidades pasarán a depender de dependencias del Ejecutivo, mientras sus recursos se dirigirán al Fondo de Pensiones del Bienestar.
La reforma elimina organismos emblemáticos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. En el caso de Coneval, por ejemplo, sus funciones pasarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La justificación del Poder Ejecutivo Federal se centra en la optimización de recursos y en la promesa de un modelo más eficiente. Los fondos ahorrados por la extinción de los órganos autónomos se destinarán al fortalecimiento del sistema de pensiones, una de las banderas de la administración actual. Sin embargo, detrás de esta narrativa de ahorro y bienestar social se esconde un mensaje que apunta hacia una preocupante centralización del poder.
La desaparición de estos organismos genera diversas preguntas sobre el futuro de la transparencia, la regulación económica y la garantía de derechos fundamentales. Estos entes fueron creados como contrapesos al poder presidencial, asegurando que decisiones claves se tomaran con independencia y especialización. Con su eliminación, se corre el riesgo de que estas funciones sean absorbidas por instancias que carecen de la autonomía necesaria para actuar sin presiones políticas.
El caso del INAI es particularmente ilustrativo. Durante más de dos décadas, este instituto permitió a los ciudadanos acceder a información clave sobre corrupción, derechos humanos y gestión pública. Expedientes como los relacionados con Ayotzinapa, Odebrecht y La Estafa Maestra fueron revelados gracias a su labor. Ahora, aunque los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecen reconocidos en la Constitución, su ejercicio pleno parece cada vez más incierto.
Desde una perspectiva política, la medida de Sheinbaum no puede desvincularse del contexto más amplio de su administración. Este decreto es parte de una estrategia que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, desarticulando los contrapesos institucionales que han sido fundamentales para la consolidación democrática del país.
La extinción de organismos como el INAI o la Cofece también envía un mensaje claro a los sectores privado y social: las decisiones en materia de regulación y transparencia ahora estarán bajo el control directo del gobierno. Esto podría desalentar la inversión, debilitar la competencia económica y abrir la puerta a decisiones opacas que beneficien a ciertos intereses políticos.
Otro impacto preocupante es la pérdida del conocimiento técnico y la experiencia acumulada en estos organismos. Miles de trabajadores especializados enfrentan la incertidumbre de despidos o reubicaciones en un aparato gubernamental que no necesariamente está preparado para absorber sus funciones. Este vacío de conocimiento podría tener consecuencias graves en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y educación.
En su comunicado respecto al tema de su desaparición, el INAI reafirmó su compromiso de trabajar hasta el último día para garantizar los derechos que dieron origen a su creación. Además, hizo un llamado a la sociedad para que continúe exigiendo transparencia y protección de datos personales como herramientas fundamentales para una democracia de calidad.
La sociedad civil también tiene un papel crucial en este escenario. La demanda ciudadana será clave para que los derechos a la información y a la privacidad no se conviertan en letra muerta. El reto es inmenso: sin instituciones especializadas que sirvan como mediadoras entre el gobierno y los ciudadanos, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dependerá en gran medida de la organización y movilización ciudadana.
La desaparición de los órganos autónomos representa un cambio profundo en el diseño institucional de México. Si bien la promesa de simplificación y ahorro puede resultar atractiva en el corto plazo, las implicaciones de largo plazo podrían socavar los avances democráticos logrados en las últimas décadas.
El gobierno señala que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales seguirán vigentes y serán tutelados por un nuevo modelo institucional. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre las leyes secundarias necesarias para asegurar estos derechos, ni sobre el diseño que adoptará la futura estructura de garantía.
El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que esta centralización del poder no está destinada a consolidar un control absoluto, sino a fortalecer un gobierno más eficiente y transparente. Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros que garanticen la independencia de las nuevas instancias genera dudas fundadas sobre la verdadera naturaleza de esta reforma.
Desde una perspectiva política, este movimiento revela una tensión entre la austeridad republicana y la necesidad de mantener instituciones robustas e independientes. Si bien los recursos obtenidos podrían ser destinados a programas sociales, la desaparición de estos órganos podría costar caro a la credibilidad democrática de México.
La crónica de esta decisión no termina con la publicación en el DOF. La historia se escribirá en los días, meses y años por venir, en cómo la sociedad y el gobierno aborden este cambio sin precedentes. Porque en política, como en la vida, las decisiones que centralizan el poder siempre tienen consecuencias; y en el caso de México, estas aún están por revelarse.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
Aprobada la Ley de Amparo en Cámara de Diputados, la oposición acusa “retroactividad disfrazada”
– Por Francisco Junco
Mientras el reloj marcaba las cuatro de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo. Morena y sus aliados sacaron adelante el dictamen entre gritos, reclamos y acusaciones de la oposición.
El artículo tercero transitorio, que había sido corregido apenas un día antes en el Senado, volvió a introducirse con una redacción distinta, pero con el mismo efecto: aplicar nuevas reglas a juicios en curso, lo que para los opositores significa una “retroactividad disfrazada”.
El encargado de presentar la reserva fue el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, quien aseguró desde tribuna que no se trataba de retroactividad, sino de una precisión jurídica. “Con la nueva redacción del artículo, es un tema de materia y trascendencia procesal, es derecho procesal puro. Es poner las reglas claras. Lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después, bajo la nueva”, explicó, mientras la bancada oficialista levantaba pancartas en apoyo a la reforma.
En defensa de la iniciativa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó la redacción del artículo como “impecable” y aseguró que la reforma busca “poner fin a los amparos mañosamente alargados” que benefician a empresarios y deudores fiscales.
“Actualmente, hay más de dos mil créditos fiscales que se resisten a pagar, con montos superiores a los cien mil millones de pesos. Con esta reforma queremos que paguen lo justo, incluso los lavadores de dinero y delincuentes de cuello blanco”, afirmó Monreal.
Esta mañana, desde la Mañanera, en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la modificación y justificó la fórmula jurídica. “Es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar. La Corte tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no, y eso es lo que quedó en el transitorio”, explicó, insistiendo en que la nueva redacción “garantiza el derecho de amparo” y permite distinguir entre casos antiguos y procesos futuros.
Pero en el pleno de la Cámara de Diputados, la oposición denunció que el cambio abría la puerta a una manipulación judicial. La panista Paulina Rubio fustigó a la mayoría oficialista y acusó: “Se avientan la cereza del pastel, el dichoso transitorio, ese transitorio que está más manoseado que una moneda en un camión. ¡Es la legalización de la extorsión! La presidenta no va a poder negar que es la autora y artífice absoluta”.
El priista Emilio Suárez Licona advirtió las consecuencias que podría tener en los tribunales. “Habrá que explicarles a los damnificados de Veracruz, Puebla o Hidalgo que sus agrupaciones vecinales muy probablemente no podrán combatir vía juicio de amparo las omisiones del gobierno. Bajo el argumento de que es una materia procesal, se aplica una forma encubierta de retroactividad que debilita la certeza jurídica”, dijo.
En medio del debate, también se escucharon críticas más duras. El panista Germán Martínez calificó de hipócritas a los morenistas al recordar que ellos mismos recurrieron a los amparos cuando les convenía, por ejemplo Ricardo Monreal, que se amparó contra Laida Sansores; Cuauhtémoc Blanco, y la ministra Esquivel, cuando se supo que plagió su tesis.
Aunque la presidenta de la Comisión de Justicia, la morenista Olga Sánchez Cordero, había advertido en comisiones que los cambios “limitaban el acceso a la justicia”, la mayoría desoyó las advertencias y con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, la reforma fue aprobada y devuelta al Senado.
En San Lázaro, mientras algunos celebraban una “modernización del juicio de amparo”, otros vieron en la madrugada legislativa la confirmación de que el derecho en México también puede tener un disfraz y fue devuelta a la Cámara Alta, es decir al Senado para su aprobación.
– Por Mario Ávila
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó el ataque y asesinato a balazos de la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, y reportó que otra persona también resultó lesionada.
La gobernadora de Colima expresó su repudio y pesar ante este hecho de violencia y señaló que ha exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita.
Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos.
La gobernadora destacó que las y los colimenses rechazan la violencia.
Hizo ver la necesidad de mantenerse unidos ante quienes dijo: «Buscan arrebatar la tranquilidad de la población».
Gaby Mejía, se desempeñaba también como presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Colima (Onmpri).
Líderes del PRI condenan asesinato de ex alcaldesa Gaby Mejía y en particular la diputada federal por Monterrey, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio en San Lázaro y apuntó: «Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera».
Ante el pleno de la LXVI Legislatura federal se dijo invadida de tristeza y enojo «por el asesinato recién perpetrado por viles cobardes contra la ex alcaldesa; que este crimen no quede impune, por lo cual solicito también un minuto de silencio”.
– Por Francisco Junco
Durante la discusión del Primer Informe del Poder Ejecutivo federal sobre las actividades de la Guardia Nacional, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, demandó que la corporación rinda cuentas con datos verificables y resultados concretos.
“Conocer cifras no equivale a evaluar el desempeño de la Guardia Nacional”, advirtió, al señalar que el informe “cumple con la ley, pero no con la rendición de cuentas”.
El senador jalisciense subrayó que el debate no gira en torno a la militarización del cuerpo de seguridad, sino a las deficiencias del reporte presentado por el Ejecutivo, que, dijo, “poco aporta para medir el impacto real de sus acciones”.
Castañeda ejemplificó las inconsistencias al mencionar que “Colima y Baja California Sur tienen una población similar, pero una incidencia delictiva distinta; sin embargo, Colima cuenta con apenas una tercera parte de los elementos que Baja California Sur”.
También señaló que casi la mitad de las 10 mil 69 detenciones reportadas por la corporación (46%) fueron por faltas administrativas, tareas que podrían corresponder a las policías locales.
“Esto confirma que la corporación está supliendo funciones (de las policías locales), no complementándolas, lo que contradice el espíritu de colaboración temporal previsto en la ley”, afirmó.
Castañeda recordó que en 2018 la extinta Policía Federal, con una tercera parte del personal, realizó más del doble de detenciones que la Guardia Nacional en 2024, lo que evidencia su falta de resultados.
“El informe cumple con los requisitos formales, pero no ofrece elementos para medir cómo sus acciones contribuyen a reducir la incidencia delictiva o garantizar la paz social”, agregó.
El senador destacó que Movimiento Ciudadano ha propuesto reformas para fortalecer la evaluación y la transparencia de la Guardia Nacional, como clarificar los criterios de despliegue, establecer indicadores de impacto y resultados, y evaluar sus labores migratorias.
“Queremos una Guardia Nacional que rinda cuentas con datos, indicadores y transparencia, no una institución que se mida solo por lo que hace, sino por lo que logra en favor de la seguridad y la paz de las y los mexicanos”, concluyó.
– Por Mario Ávila
Un llamado para ayudar a las entidades afectadas por las luvias, al margen de Veracruz, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí y Puebla, fue lanza desde el Senado de la República, en donde se enlistó a Jalisco, especialmente a Puerto Vallarta, lo mismo que a Bahía de Banderas, Nayarit, Guaymas, Sonora y Casas Grandes, Chihuahua, como las zonas que requieren de apoyo nacional.
El mensaje fue lanzado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Augusto López Hernández, quien advirtió que son tiempos de unidad y solidaridad nacional, al tiempo que recordó que cuando él fue gobernador de Tabasco y en el 2020 se inundaron los 17 municipios, el primer estado en apoyar fue Jalisco “y fue el gobernador Enrique Alfaro del partido Movimiento Ciudadano, quien llegó con equipo para ayudarnos”.
Expuso que lo que se vivió el fin de semana, fue una tragedia de magnitud impredecible, por lo que los primero que hizo fue expresar su solidaridad con todas aquellas familias, “que aún días después de la catástrofe, están intentando rescatar sus cosas, incluso buscando familiares que todavía son reportados como desaparecidos”.
Calificó además como lamentable, que en estos tiempos en donde se requiere la solidaridad de todos, haya todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió, “que ya no es el país de ellos y de su absurdo Fonden”.
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En «cancha neutral» retoman el diálogo sobre la reforma al Poder Judicial
Asesinan a Gaby Mejía, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y regidora de Colima
