Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó un decreto que marcará un antes y un después en la historia política y administrativa de México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el documento consuma la extinción de siete órganos autónomos de ámbito federal y 32 estatales dedicados a la transparencia.

Bajo el amparo de una reforma constitucional de «simplificación orgánica», las funciones de estas entidades pasarán a depender de dependencias del Ejecutivo, mientras sus recursos se dirigirán al Fondo de Pensiones del Bienestar.

La reforma elimina organismos emblemáticos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. En el caso de Coneval, por ejemplo, sus funciones pasarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La justificación del Poder Ejecutivo Federal se centra en la optimización de recursos y en la promesa de un modelo más eficiente. Los fondos ahorrados por la extinción de los órganos autónomos se destinarán al fortalecimiento del sistema de pensiones, una de las banderas de la administración actual. Sin embargo, detrás de esta narrativa de ahorro y bienestar social se esconde un mensaje que apunta hacia una preocupante centralización del poder.

La desaparición de estos organismos genera diversas preguntas sobre el futuro de la transparencia, la regulación económica y la garantía de derechos fundamentales. Estos entes fueron creados como contrapesos al poder presidencial, asegurando que decisiones claves se tomaran con independencia y especialización. Con su eliminación, se corre el riesgo de que estas funciones sean absorbidas por instancias que carecen de la autonomía necesaria para actuar sin presiones políticas.

El caso del INAI es particularmente ilustrativo. Durante más de dos décadas, este instituto permitió a los ciudadanos acceder a información clave sobre corrupción, derechos humanos y gestión pública. Expedientes como los relacionados con Ayotzinapa, Odebrecht y La Estafa Maestra fueron revelados gracias a su labor. Ahora, aunque los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecen reconocidos en la Constitución, su ejercicio pleno parece cada vez más incierto.

Desde una perspectiva política, la medida de Sheinbaum no puede desvincularse del contexto más amplio de su administración. Este decreto es parte de una estrategia que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, desarticulando los contrapesos institucionales que han sido fundamentales para la consolidación democrática del país.

La extinción de organismos como el INAI o la Cofece también envía un mensaje claro a los sectores privado y social: las decisiones en materia de regulación y transparencia ahora estarán bajo el control directo del gobierno. Esto podría desalentar la inversión, debilitar la competencia económica y abrir la puerta a decisiones opacas que beneficien a ciertos intereses políticos.

Otro impacto preocupante es la pérdida del conocimiento técnico y la experiencia acumulada en estos organismos. Miles de trabajadores especializados enfrentan la incertidumbre de despidos o reubicaciones en un aparato gubernamental que no necesariamente está preparado para absorber sus funciones. Este vacío de conocimiento podría tener consecuencias graves en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y educación.

En su comunicado respecto al tema de su desaparición, el INAI reafirmó su compromiso de trabajar hasta el último día para garantizar los derechos que dieron origen a su creación. Además, hizo un llamado a la sociedad para que continúe exigiendo transparencia y protección de datos personales como herramientas fundamentales para una democracia de calidad.

La sociedad civil también tiene un papel crucial en este escenario. La demanda ciudadana será clave para que los derechos a la información y a la privacidad no se conviertan en letra muerta. El reto es inmenso: sin instituciones especializadas que sirvan como mediadoras entre el gobierno y los ciudadanos, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dependerá en gran medida de la organización y movilización ciudadana.

La desaparición de los órganos autónomos representa un cambio profundo en el diseño institucional de México. Si bien la promesa de simplificación y ahorro puede resultar atractiva en el corto plazo, las implicaciones de largo plazo podrían socavar los avances democráticos logrados en las últimas décadas.

El gobierno señala que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales seguirán vigentes y serán tutelados por un nuevo modelo institucional. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre las leyes secundarias necesarias para asegurar estos derechos, ni sobre el diseño que adoptará la futura estructura de garantía.

El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que esta centralización del poder no está destinada a consolidar un control absoluto, sino a fortalecer un gobierno más eficiente y transparente. Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros que garanticen la independencia de las nuevas instancias genera dudas fundadas sobre la verdadera naturaleza de esta reforma.

Desde una perspectiva política, este movimiento revela una tensión entre la austeridad republicana y la necesidad de mantener instituciones robustas e independientes. Si bien los recursos obtenidos podrían ser destinados a programas sociales, la desaparición de estos órganos podría costar caro a la credibilidad democrática de México.

La crónica de esta decisión no termina con la publicación en el DOF. La historia se escribirá en los días, meses y años por venir, en cómo la sociedad y el gobierno aborden este cambio sin precedentes. Porque en política, como en la vida, las decisiones que centralizan el poder siempre tienen consecuencias; y en el caso de México, estas aún están por revelarse.

En X @DEPACHECOS