Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Desde siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en México es el único país con esa denominación; en el resto del mundo es la Corte Suprema) ha sido un blanco político, aunado a su innegable vocación jurídica. Los ires y venires jurídico-políticos del Poder Judicial en México van desde antes de declarar la independencia del país hasta nuestros días.

Antaño, debates entre «conservadores» y «liberales» definieron poderes y alcances de legislativos, ejecutivos y jurídicos, marcando responsabilidades y límites.

Actualmente, se ha revelado al abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz como presunto presidente del Supremo Tribunal de Justicia al obtener la mayor cantidad de votos para su designación como magistrado en la elección del 1º de junio de este año.

Antaño, cuando el entonces presidente de la república, Juan Álvarez nombró a Benito Pablo Juárez García como ministro de justicia (1855) se llevó al cabo dicha designación como lo ordenaba la Constitución: el presidente de la república tenía esa facultad.

Es hasta el 15 de junio de 1861 que don Benito asume la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia que, entonces, significaba ser vicepresidente de la república.

Comonfort, presidente que fue destituido y que había encarcelado a Juárez por no “comulgar” con sus ideas conservadoras, dio paso a la primera presidencia de Benito Pablo Juárez García, pues ocupaba la presidencia del STJN. Surgen entonces las Leyes de Reforma y la guerra intestina que trajo a Maximiliano de Habsburgo como emperador.

A los 12, Juárez dejó Guelatao por Oaxaca, sin hablar español, pero su inteligencia brilló en el seminario de Santa Cruz, aprendiendo filosofía y latín. Estudió abogacía, se casó con Margarita Maza, tuvieron 12 hijos, la mayoría fallecidos.

Juárez fue regidor, diputado local, diputado federal y gobernador de Oaxaca. Santa Anna lo desterró a New Orleans; al caer Santa Anna, regresó para ocupar una magistratura en la SCJN.

La biografía de Juárez da para escribir una enciclopedia, pero esta parte sirve para entender que don Benito no era un ingenuo juez o magistrado. Aprendió a nadar entre tiburones de la política decimonónica que era feroz e implacable hacia los cambios, sobre todo los relativos a los fueros, posesiones e injerencias sociales de la Iglesia.

Como jurista fue parte de la creación de las Leyes de Reforma (independencia del Estado respecto a la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, del Registro Civil, de Panteones y Cementerios y el paso de los bienes eclesiásticos a la nación); también promulgó la llamada Ley Juárez, que atendía a situaciones administrativas.

Las presidencias de Juárez son otros capítulos de su historia personal y de México.

¿Cómo entonces comparar la trayectoria de Benito Pablo Juárez García con la del flamante electo presidente del nuevo Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el mixteco Hugo Aguilar Ortiz?

Por cierto, “polvos de aquellos lodos”, Juárez no “masticaba” a Porfirio Díaz no sólo por ser enemigos políticos, sino por pertenecer a etnias oaxaqueñas diferentes: la zapoteca y la mixteca, respectivamente. Igual correspondía Porfirio Díaz Mori a su rival, al que intentó destituir mediante un golpe militar.

Según se ha dicho, la mayoría de los votos (cuatro millones 883 mil 3897) se dieron para Aguilar Ortiz por lo que será presidente de la SCJN dos años y será ministro 12 años. La presidencia será rotativa y, según los votos obtenidos la irán ocupando. los nuevos magistrados durarán en el cargo entre ocho y 12 años.

Los otros ministros serán: Lenia Batres; Yasmin Esquivel; Loretta Ortiz; Sara Irene Herrerías; María Estela Ríos González; Giovanni Figueroa Mejía; Arístides Guerrero e Irving Espinoza Betanza.

Como es lógico, los dimes y diretes en torno a la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, han circulado profusamente. Se ha acusado a Aguilar Ortiz de ser un incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, por consecuencia de la 4T.

Sobre la mayoría de los magistrados y magistradas pesa también la sombra de estar bajo la batuta del partido Morena, o lo que es lo mismo, del gobierno que encabeza la presidente Sheinbaum y que se extiende a las cámaras legislativas.

Los mexicanos (que votaron o no lo hicieron) estaremos a la expectativa para observar si en verdad se cumplen las expectativas en las que basaron la integración del nuevo Poder Judicial. Por lo pronto, será determinante la posición personal de cada uno de los ministros, en especial de quien habrá de presidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la muy importante tarea que tendrán a su cargo desde sus magistraturas.

Opinión, por Miguel Anaya //

El pasado 1 de junio de 2025, México escribió un capítulo inédito en su historia electoral: por primera vez se votó de manera directa a jueces, magistrados y ministros, una reforma promovida bajo la bandera de la “democratización del Poder Judicial”. Una jornada que prometía ser histórica, pero que terminó pasando de noche para la mayoría de los ciudadanos.

La participación fue baja, los votos nulos, muchos, y el desconcierto, generalizado. ¿Por qué? Porque cuando se convoca a votar sin contexto, sin información y sin conexión real con la ciudadanía, lo que se obtiene no es democracia participativa, sino un teatro cívico.

Para entender lo ocurrido, hay que remontarse a los orígenes de esta elección. Tras años de confrontaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el discurso presidencial encontró terreno fértil: el Poder Judicial era elitista, lejano e inamovible. Y es verdad que, por años, la justicia en México se administró alejada de las necesidades ciudadanas. Sin embargo, el remedio propuesto fue igual de drástico que riesgoso: abrir la elección de jueces y magistrados a voto popular, sin construir antes las condiciones necesarias para que la ciudadanía supiera qué estaba votando.

El resultado: millones de mexicanos se enfrentaron a boletas con nombres que no reconocían, cargos que no entendían y funciones que nadie les explicó. Lo anterior ahuyentó a muchos y a otros tantos los llevó a votar sin las herramientas mínimas de información, terminando en millones de votos nulos.

La elección del 1 de junio fue como entrar a una librería, cerrar los ojos y elegir un libro al azar esperando que sea un buen texto de derecho constitucional. ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Cuál era su trayectoria judicial? ¿A qué corriente respondían? ¿Quién los propuso? La mayoría de los votantes no lo sabía.

Y no es que el mexicano promedio no quiera participar. Lo que ocurre es que el mexicano no vota por lo que no entiende. Y en esta ocasión, no hubo campañas de información claras, ni debates, ni biografías públicas, ni nada que acercara el proceso judicial al lenguaje ciudadano, solo listas extensas, boletas complejas y la promesa de que “ahora tú eliges a tus jueces”, y eso no basta para una ciudadanía escéptica de las elecciones y de las instituciones políticas.

En redes sociales circularon cientos de memes con frases como: “Yo fui a votar por mi juez favorito, pero no me atendieron en la oficializa de partes”, “Había más gente en la fila de las tortillas qué en la casilla” o, “¿Y si mejor echamos un volado?” La sátira popular reflejó un sentimiento auténtico: la elección fue tan abstracta, que parecía más un ejercicio electoral entre amigos que de democracia real.

El voto informado es la base de cualquier sistema democrático. Pero este ejercicio fue una anomalía: Fue como invitar a toda la nación a elegir al nuevo director del Instituto Nacional de Física Cuántica sin siquiera explicar qué es un bosón. Un ejercicio tan enredoso y técnico que no acercó al Poder Judicial a la ciudadanía, sino lo contrario.

En fin. Lo que sigue es un reacomodo de piezas. ¿Podrán ser independientes jueces que llegaron al cargo por campaña electoral, con estructuras políticas establecidas? El tiempo dirá.

¿Qué sigue? El futuro inmediato está marcado por una alineación creciente entre los poderes del Estado. Un Poder Judicial renovado bajo una lógica electoral, un Poder Legislativo acomodado mayoritariamente con el Ejecutivo y una sociedad que observa, por un lado, con escepticismo los procesos y, por otro, con un bono de credibilidad hacia la presidenta.

Es evidente remarcar que, si no se invierte en educación cívica profunda, en información clara, en candidaturas transparentes y en participación genuina, lo que nos espera no es una democracia fortalecida, sino una coreografía de legitimidad vacía, y en la vida social de cualquier entidad, cuando hay vacíos de legitimidad, hay movimientos reaccionarios.

Aún es tiempo de corregir, de mejorar y de construir verdadera democracia para nuestra nación, con ejercicios auténticos, transparentes e incluyentes. Que lo sucedido sirva como lección, no como justificación ni como cacería.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

A la derecha le gusta imaginarse como el lugar del orden, de la razón y del mérito. Su narrativa gira en torno a ideas como “eficiencia”, “disciplina”, “libertad individual” y “trabajo duro”. Durante décadas, fue una forma efectiva de contrastarse con los excesos o fracasos de ciertas izquierdas: burocracias gigantes, discursos revanchistas, populismos disfuncionales.

Pero esa imagen está dejando de sostenerse. La nueva derecha —la que hoy marca tendencia en redes, encabeza algunos gobiernos y monopoliza micrófonos— ya no representa ninguna de esas virtudes. Lo que ofrece no es ni orden ni racionalidad: es puro espectáculo.

Ahí están Donald Trump, Javier Milei y Santiago Abascal como muestra. Tres líderes que han hecho del grito una política, del insulto un argumento y del caos una bandera. Ninguno de ellos ha demostrado ser particularmente eficiente, pero todos han sabido capitalizar una narrativa emocional basada en el resentimiento. Dicen luchar contra “el sistema”, pero lo hacen desde la cima.

Se presentan como outsiders, aunque lleven años en la política. Proclaman amor por el mercado, pero están más cómodos en la cultura del meme que en los fríos informes financieros.

Ya no les interesa defender un modelo económico coherente, ni sostener el legado intelectual de la derecha liberal o conservadora clásica. Su apuesta es otra: dominar el flujo de la conversación pública. Ser tendencia. Explotar la ansiedad de las masas que se sienten traicionadas por las élites ilustradas, por los expertos, por las instituciones. No importa si lo que dicen es contradictorio, vacío o incendiario: lo importante es provocar, atraer, dividir.

Este fenómeno tiene su correlato empresarial. En América Latina, por ejemplo, el caso de Ricardo Salinas Pliego es ilustrativo. El magnate no solo es dueño de empresas y medios: se ha posicionado como una figura política, aunque sin partido ni candidatura. Lo hace desde sus redes sociales, donde predica una mezcla de darwinismo social, desdén por los pobres, burla al Estado y culto a su propio éxito. Su mensaje no es técnico ni ideológico: es emocional. Una especie de “si yo pude, tú también, y si no puedes, es tu culpa”.

Se presenta como víctima del gobierno, del sistema judicial, del fisco, de la prensa. Lo paradójico es que lo hace desde una posición de privilegio absoluto. Pero funciona. Porque hoy ser rico no te quita autoridad moral: te la da.

Lo que representa Salinas Pliego es la figura del empresario redentor. Ya no se trata sólo de emprender o generar empleos. Se trata de suplantar al político. De sugerir, directa o indirectamente, que sólo quienes han tenido éxito en los negocios deberían tener poder de decisión. Como si administrar una cadena de tiendas fuera lo mismo que diseñar políticas públicas complejas, garantizar derechos o defender libertades.

La nueva derecha abraza con entusiasmo esta figura. En lugar de cuadros técnicos, promueve personajes estridentes. En lugar de programas serios, vende frases virales. En lugar de instituciones sólidas, propone personalismos autoritarios. El resultado es un nuevo tipo de populismo: no uno basado en el pueblo contra las élites, sino en el individuo omnipotente contra todo lo que le incomoda: el Estado, los impuestos, los medios, la ciencia, el disenso.

Esto es peligroso por muchas razones. Primero, porque convierte la política en un campo de guerra cultural permanente, donde todo se juega en el terreno de la identidad y el agravio, no de las soluciones. Segundo, porque desmantela los equilibrios democráticos bajo la excusa de “quitar trabas” al genio del líder. Y tercero, porque socava la idea misma de lo público: el Estado ya no es visto como una herramienta de justicia o bienestar, sino como un obstáculo para los exitosos.

La derecha que alguna vez promovió instituciones, reglas, competencia ordenada y responsabilidad fiscal, ha cedido el paso a una versión desfigurada de sí misma: histriónica, rabiosa, individualista hasta el delirio. Y con ello ha perdido una oportunidad valiosa de ofrecer respuestas a las crisis reales del presente: desigualdad, cambio climático, desinformación, polarización social.

Lo más inquietante es que esa derecha ni siquiera cree en la derecha. No cree en la tradición, ni en los contrapesos, ni en la democracia representativa. No cree en el pensamiento liberal clásico ni en los valores conservadores. Lo que quiere es mandar, imponer, sobresalir. Su único principio es el triunfo inmediato. Su única ideología es el narcisismo.

No se trata de negar que muchas izquierdas también han fallado, ni de defender modelos ineficientes o autoritarios. Reconocer esos errores es fundamental para avanzar y evitar repetirlos. Sin embargo, es necesario advertir que esta derecha contemporánea no es en absoluto el remedio frente a esos fallos.

Más bien, puede ser vista como una versión invertida, que comparte con ellos la misma concentración de poder en figuras carismáticas, la misma tendencia a polarizar y simplificar debates complejos, y la misma dificultad para aceptar matices o posiciones críticas.

La derecha actual, con su discurso enfocado en el individualismo extremo, el rechazo a la diversidad de ideas y la tendencia a imponer su visión como la única válida, representa un riesgo igual de serio para la democracia y la convivencia social. Así, lejos de ser una alternativa equilibrada o una corrección necesaria, esta derecha puede resultar igual de problemática y dañina en el largo plazo.

Lo sensato —y quizás lo verdaderamente subversivo hoy— es pedir madurez política. Pedir ideas complejas. Pedir responsabilidad institucional. Pedir liderazgos que no se alimenten del conflicto constante. En tiempos de histeria, el pensamiento es revolucionario.