Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Vamos a ver en qué termina la intentona del gobierno federal que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum por controlar el Infonavit, que tiene un fondo de ahorro de 2.2 billones de pesos, que representa más del 20% del presupuesto de este año de 9.3 billones del gobierno federal.

Tengamos presente que estos recursos son única y exclusivamente de los trabajadores. Y no pueden por ley destinarse a otros campos, ni el gobierno puede disponer de estos recursos. Si el gobierno se empecina en hacerlo van a presentarse problemas. Los sindicatos no van a entregar al gobierno el manejo de los mismos.

El pasado viernes la Cámara de Senadores en la madrugada, sin consensos, ni sociabilización reformó la ley, haciendo cambios, pero la reacción fue muy fuerte de los sindicatos y empresarios, de allí que se frenó la discusión y aprobación de la misma Ley en la Cámara de Diputados, se dijo que podría haber un periodo extraordinario para su aprobación, pero finalmente se determinó extenderlo hasta marzo.

La doctora Sheinbaum salió en la semana a defender la reforma a la Ley del Infonavit para precisar que “el ahorro de los trabajadores en el Infonavit está completamente seguro y protegido. No hay riesgo alguno”, aseguró.

Al mismo tiempo los estrategas del gobierno de la 4T despliegan una campaña mediática para tratar de justificar la reforma al afirmar que por muchos años se taparon grandes actos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Para la presidenta Sheinbaum las reformas pretenden proteger el ahorro de los trabajadores, construir vivienda -en particular social- y transparentar su labor. Eso es lo que dice. Y si es así, nadie se lo puede rebatir.

Sobre los actos de corrupción habrá que establecer que éstos de corroborarse, se deben sancionar, pero ello no justifica que el gobierno federal decida cómo debe manejarse y conducirse esta institución que es de los trabajadores y que ha operado durante más de 50 años con un modelo de gobierno tripartita, donde son las tres partes, representadas en esa proporción, sin que uno esté arriba de otro.

La jefa del gobierno federal insistió que se propone cambiar la ley para que el director general del instituto pueda tener la rectoría del mismo, además para eliminar dos direcciones sectoriales que no tienen sentido y son la de la representación de los trabajadores y empresarios. Cabe aclarar que el gobierno ya tiene la suya que es el director general.

Otro argumento de la presidenta es que los que en su momento hicieron negocio con los recursos de los trabajadores fueron los que obstaculizaron las auditorías y la fiscalización con el argumento de que, como se trata de fondo de los trabajadores, éstos son privados. “Esta investigación y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero -actual director general- va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”.

Bien que se investigue y se sancione la corrupción en el Infonavit , que no haya impunidad, pero eso no justifica que el gobierno decida el manejo del instituto, desde la imposición de su director, ya que buscan que éste por seis años presida el Consejo de Administración, toda vez que actualmente el cargo es rotativo.

La reforma establece que den más espacios al gobierno federal en el Comité de Vigilancia, en el que tendría cinco plazas, mientras el de los trabajadores y el empresarial se quedarían con dos cada uno, o sea, 5 del gobierno y 4 de trabajadores y empresarios. ¿Por qué la supremacía? Aquí se pierde el carácter tripartita.

Otro punto que se cuestiona de esta reforma es que el Comité de Auditoría y el de Transparencia, la reforma aprobada por el Senado establece que el gobierno federal tenga asignados tres lugares y uno al obrero y uno al empresarial, respectivamente. Aquí también se pierde el carácter tripartita.

EL PRESPUESTO APRETADO

Hemos publicado que el presupuesto de egresos del gobierno federal para el 2025, es menor en términos reales al del 2024, además de que está comprometido a concluir los compromisos de las grandes obras del gobierno del presidente López Obrador.

Los programas sociales, el pago del servicio de la deuda, absorben la mayor parte del presupuesto y deja muy poco margen para desplegar el programa de infraestructura que pretende realizar el gobierno de la doctora Sheinbaum, así como sus compromisos en campaña como pensiones mujeres bienestar, la beca “Rita Macedo” y salud casa por casa.

A diferencia del gobierno de AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene guardaditos que permitan solventar sus compromisos, por lo que genera ya un estrés en torno al manejo del gasto público de este gobierno, cómo salir adelante con menos recursos, es el gran desafío.

Y viendo este panorama, hay preocupación que recursos del Infonavit se pudieran canalizar al gasto del gobierno federal, cuando el mismo gobierno tiene mayoría en dos áreas que son muy importantes: primero, el nombramiento del director general quitándole el carácter rotativo y que puede ser por seis años, de acuerdo a la reforma aprobada por la Cámara de Senadores.

La Ley no permite que estos recursos se inviertan fuera de lo que es el Infonavit, pero es válida la preocupación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios de que el carácter tripartita de este organismo no se pierda.

En este juego de vencidas vamos a ver cómo termina, si al final el gobierno entra en razón y continúa el carácter tripartita que debe existir en todos los comités o éste impone los cambios que le den una supremacía en las decisiones fundamentales del instituto.

Esto lo sabremos hasta el mes de marzo cuando se discuta la ley aprobada por la Cámara Alta en la Cámara de Diputados.