NACIONALES
El juego de las vencidas en el Infonavit
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Vamos a ver en qué termina la intentona del gobierno federal que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum por controlar el Infonavit, que tiene un fondo de ahorro de 2.2 billones de pesos, que representa más del 20% del presupuesto de este año de 9.3 billones del gobierno federal.
Tengamos presente que estos recursos son única y exclusivamente de los trabajadores. Y no pueden por ley destinarse a otros campos, ni el gobierno puede disponer de estos recursos. Si el gobierno se empecina en hacerlo van a presentarse problemas. Los sindicatos no van a entregar al gobierno el manejo de los mismos.
El pasado viernes la Cámara de Senadores en la madrugada, sin consensos, ni sociabilización reformó la ley, haciendo cambios, pero la reacción fue muy fuerte de los sindicatos y empresarios, de allí que se frenó la discusión y aprobación de la misma Ley en la Cámara de Diputados, se dijo que podría haber un periodo extraordinario para su aprobación, pero finalmente se determinó extenderlo hasta marzo.
La doctora Sheinbaum salió en la semana a defender la reforma a la Ley del Infonavit para precisar que “el ahorro de los trabajadores en el Infonavit está completamente seguro y protegido. No hay riesgo alguno”, aseguró.
Al mismo tiempo los estrategas del gobierno de la 4T despliegan una campaña mediática para tratar de justificar la reforma al afirmar que por muchos años se taparon grandes actos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Para la presidenta Sheinbaum las reformas pretenden proteger el ahorro de los trabajadores, construir vivienda -en particular social- y transparentar su labor. Eso es lo que dice. Y si es así, nadie se lo puede rebatir.
Sobre los actos de corrupción habrá que establecer que éstos de corroborarse, se deben sancionar, pero ello no justifica que el gobierno federal decida cómo debe manejarse y conducirse esta institución que es de los trabajadores y que ha operado durante más de 50 años con un modelo de gobierno tripartita, donde son las tres partes, representadas en esa proporción, sin que uno esté arriba de otro.
La jefa del gobierno federal insistió que se propone cambiar la ley para que el director general del instituto pueda tener la rectoría del mismo, además para eliminar dos direcciones sectoriales que no tienen sentido y son la de la representación de los trabajadores y empresarios. Cabe aclarar que el gobierno ya tiene la suya que es el director general.
Otro argumento de la presidenta es que los que en su momento hicieron negocio con los recursos de los trabajadores fueron los que obstaculizaron las auditorías y la fiscalización con el argumento de que, como se trata de fondo de los trabajadores, éstos son privados. “Esta investigación y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero -actual director general- va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”.
Bien que se investigue y se sancione la corrupción en el Infonavit , que no haya impunidad, pero eso no justifica que el gobierno decida el manejo del instituto, desde la imposición de su director, ya que buscan que éste por seis años presida el Consejo de Administración, toda vez que actualmente el cargo es rotativo.
La reforma establece que den más espacios al gobierno federal en el Comité de Vigilancia, en el que tendría cinco plazas, mientras el de los trabajadores y el empresarial se quedarían con dos cada uno, o sea, 5 del gobierno y 4 de trabajadores y empresarios. ¿Por qué la supremacía? Aquí se pierde el carácter tripartita.
Otro punto que se cuestiona de esta reforma es que el Comité de Auditoría y el de Transparencia, la reforma aprobada por el Senado establece que el gobierno federal tenga asignados tres lugares y uno al obrero y uno al empresarial, respectivamente. Aquí también se pierde el carácter tripartita.
EL PRESPUESTO APRETADO
Hemos publicado que el presupuesto de egresos del gobierno federal para el 2025, es menor en términos reales al del 2024, además de que está comprometido a concluir los compromisos de las grandes obras del gobierno del presidente López Obrador.
Los programas sociales, el pago del servicio de la deuda, absorben la mayor parte del presupuesto y deja muy poco margen para desplegar el programa de infraestructura que pretende realizar el gobierno de la doctora Sheinbaum, así como sus compromisos en campaña como pensiones mujeres bienestar, la beca “Rita Macedo” y salud casa por casa.
A diferencia del gobierno de AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene guardaditos que permitan solventar sus compromisos, por lo que genera ya un estrés en torno al manejo del gasto público de este gobierno, cómo salir adelante con menos recursos, es el gran desafío.
Y viendo este panorama, hay preocupación que recursos del Infonavit se pudieran canalizar al gasto del gobierno federal, cuando el mismo gobierno tiene mayoría en dos áreas que son muy importantes: primero, el nombramiento del director general quitándole el carácter rotativo y que puede ser por seis años, de acuerdo a la reforma aprobada por la Cámara de Senadores.
La Ley no permite que estos recursos se inviertan fuera de lo que es el Infonavit, pero es válida la preocupación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios de que el carácter tripartita de este organismo no se pierda.
En este juego de vencidas vamos a ver cómo termina, si al final el gobierno entra en razón y continúa el carácter tripartita que debe existir en todos los comités o éste impone los cambios que le den una supremacía en las decisiones fundamentales del instituto.
Esto lo sabremos hasta el mes de marzo cuando se discuta la ley aprobada por la Cámara Alta en la Cámara de Diputados.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
