NACIONALES
El «mundo ideal»
Opinión, por Salvador Romero //
En México vivimos actualmente una regresión en materia de derechos fundamentales con la inhabilitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y una evidente tensión entre quienes quieren mandar “al diablo” a las instituciones que tardaron siglos o milenios de gestación para volverse una realidad y quienes creemos que las instituciones son indispensables para la vigencia de los derechos de todas las personas en este país.
La falta de designación de comisionados del INAI y la iniciativa que pretende destruirlo por completo, han suspendido o limitado -de facto- dos derechos humanos en México y de manera indirecta ha implicado también una suspensión a otros derechos, toda vez que tanto el derecho a la información como el derecho a la protección de datos personales, son los cimientos sobre los cuales se construyen muchos otros derechos, como la libertad de expresión, la educación, la salud o la privacidad, por mencionar algunos.
La tentación de destruir instituciones no es un problema nuevo, y desde hace más de 2,000 años, civilizaciones antiguas como la griega, buscaron establecer instituciones sobre las cuales se debía de construir el ejercicio del poder público, para evitar que dicho poder se desbordara completamente y se transformara en formas indeseables y dañinas de gobierno, como la oligarquía (el poder en pocas manos) o la tiranía (el poder en una sola persona).
La Edad Media se caracterizó justamente por la desaparición de las instituciones (exceptuando a la Iglesia) y la implementación de formas de gobierno oligárquicas o tiránicas, donde el poder estaba en manos de una o unas cuantas personas, lo que se tradujo en un grave retroceso en la historia de la humanidad que duró más de mil años, en los cuales le fueron negados a las personas derechos tan básicos como la vida, la libertad, la justicia, la educación (nadie sabía leer ni escribir), la salud, la información (las bibliotecas estaban prohibidas o eran quemadas) e, incluso, a la reproducción (se requería permiso del Rey para poder casarse y tener hijos).
El Renacimiento de la humanidad comenzó hasta finales del siglo XV y se necesitaron varios siglos más para construir estados democráticos sólidos, basados justamente en la creación de instituciones que arrebataran el poder de manos de una sola persona y permitieran la distribución temporal del poder, tal y como se plantearon los franceses después de su revolución (1789), los norteamericanos (1783) y los mexicanos (1821) con nuestras respectivas constituciones, basadas en el principio básico de la “distribución de poderes” en instituciones y entidades federativas.
Conforme fueron creciendo las poblaciones y fuimos madurando como sociedad, particularmente después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en prácticamente todos los países democráticos del Mundo se han consolidado instituciones para distribuir los 3 poderes tradicionales y otras más especializadas en controlar y vigilar el cumplimiento de cierto tipo de obligaciones de las autoridades.
Entre las principales funciones de las instituciones se encuentran: evitar la concentración del poder en una o pocas personas; la consolidación del Estado de Derecho y la justicia; el brindar estabilidad política y económica; promover y proteger las libertades individuales y los derechos humanos; garantizar la rendición de cuentas de quienes gobiernan; garantizar elecciones libres; y consolidar la unidad y cohesión social.
En México la consolidación institucional tardó mucho en llegar, pues durante casi todo el siglo pasado vivimos bajo un régimen de un solo partido político omnipotente, que controlaba los 3 poderes tradicionales y que centralizaba las decisiones en una sola persona (el presidente) a pesar de la existencia de supuestas instituciones y entidades federativas soberanas, en una etapa que Mario Vargas Llosa denominó como “La Dictadura Perfecta”.
Sin embargo, cuando por fin entramos en la era de la democracia y la transparencia a finales del milenio pasado, fue necesario construir instituciones que pudieran evitar que volviéramos a otro régimen dictatorial y servir como contrapesos para los poderes tradicionales, especializadas en garantizar y proteger derechos fundamentales tales como: las comisiones de derechos humanos, los institutos electorales y, desde luego, los institutos de transparencia y de protección de datos personales.
Todas esas instituciones, aunadas al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que también están bajo amenaza actualmente, fueron enormes victorias ciudadanas, producto de siglos de lucha por tener derechos y de poderle exigir cuentas de quienes nos gobiernan y si bien implican un costo económico para la sociedad, son en realidad baratísimas en comparación con lo que implicaría su desaparición, una vuelta a la Época Medieval, que algunos se han atrevido a definir como: “El Mundo Ideal”.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
JALISCO
El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional
-Por Redacción Conciencia Pública
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.
Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».
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