El «mundo ideal»

Opinión, por Salvador Romero //

En México vivimos actualmente una regresión en materia de derechos fundamentales con la inhabilitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y una evidente tensión entre quienes quieren mandar “al diablo” a las instituciones que tardaron siglos o milenios de gestación para volverse una realidad y quienes creemos que las instituciones son indispensables para la vigencia de los derechos de todas las personas en este país.

La falta de designación de comisionados del INAI y la iniciativa que pretende destruirlo por completo, han suspendido o limitado -de facto- dos derechos humanos en México y de manera indirecta ha implicado también una suspensión a otros derechos, toda vez que tanto el derecho a la información como el derecho a la protección de datos personales, son los cimientos sobre los cuales se construyen muchos otros derechos, como la libertad de expresión, la educación, la salud o la privacidad, por mencionar algunos.

La tentación de destruir instituciones no es un problema nuevo, y desde hace más de 2,000 años, civilizaciones antiguas como la griega, buscaron establecer instituciones sobre las cuales se debía de construir el ejercicio del poder público, para evitar que dicho poder se desbordara completamente y se transformara en formas indeseables y dañinas de gobierno, como la oligarquía (el poder en pocas manos) o la tiranía (el poder en una sola persona).

La Edad Media se caracterizó justamente por la desaparición de las instituciones (exceptuando a la Iglesia) y la implementación de formas de gobierno oligárquicas o tiránicas, donde el poder estaba en manos de una o unas cuantas personas, lo que se tradujo en un grave retroceso en la historia de la humanidad que duró más de mil años, en los cuales le fueron negados a las personas derechos tan básicos como la vida, la libertad, la justicia, la educación (nadie sabía leer ni escribir), la salud, la información (las bibliotecas estaban prohibidas o eran quemadas) e, incluso, a la reproducción (se requería permiso del Rey para poder casarse y tener hijos).

El Renacimiento de la humanidad comenzó hasta finales del siglo XV y se necesitaron varios siglos más para construir estados democráticos sólidos, basados justamente en la creación de instituciones que arrebataran el poder de manos de una sola persona y permitieran la distribución temporal del poder, tal y como se plantearon los franceses después de su revolución (1789), los norteamericanos (1783) y los mexicanos (1821) con nuestras respectivas constituciones, basadas en el principio básico de la “distribución de poderes” en instituciones y entidades federativas.

Conforme fueron creciendo las poblaciones y fuimos madurando como sociedad, particularmente después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en prácticamente todos los países democráticos del Mundo se han consolidado instituciones para distribuir los 3 poderes tradicionales y otras más especializadas en controlar y vigilar el cumplimiento de cierto tipo de obligaciones de las autoridades.

Entre las principales funciones de las instituciones se encuentran: evitar la concentración del poder en una o pocas personas; la consolidación del Estado de Derecho y la justicia; el brindar estabilidad política y económica; promover y proteger las libertades individuales y los derechos humanos; garantizar la rendición de cuentas de quienes gobiernan; garantizar elecciones libres; y consolidar la unidad y cohesión social.

En México la consolidación institucional tardó mucho en llegar, pues durante casi todo el siglo pasado vivimos bajo un régimen de un solo partido político omnipotente, que controlaba los 3 poderes tradicionales y que centralizaba las decisiones en una sola persona (el presidente) a pesar de la existencia de supuestas instituciones y entidades federativas soberanas, en una etapa que Mario Vargas Llosa denominó como “La Dictadura Perfecta”.

Sin embargo, cuando por fin entramos en la era de la democracia y la transparencia a finales del milenio pasado, fue necesario construir instituciones que pudieran evitar que volviéramos a otro régimen dictatorial y servir como contrapesos para los poderes tradicionales, especializadas en garantizar y proteger derechos fundamentales tales como: las comisiones de derechos humanos, los institutos electorales y, desde luego, los institutos de transparencia y de protección de datos personales.

Todas esas instituciones, aunadas al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que también están bajo amenaza actualmente, fueron enormes victorias ciudadanas, producto de siglos de lucha por tener derechos y de poderle exigir cuentas de quienes nos gobiernan y si bien implican un costo económico para la sociedad, son en realidad baratísimas en comparación con lo que implicaría su desaparición, una vuelta a la Época Medieval, que algunos se han atrevido a definir como: “El Mundo Ideal”.