NACIONALES
El paquete y la realidad
– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
La Secretaría de Hacienda presentó un Paquete Económico para 2026 que cumple con la finalidad que persigue el gobierno, que es transmitir tranquilidad y confianza en el gremio financiero nacional e internacional.
En el papel, parece realista y creíble en cuanto al gasto, aunque no resulta igual con el ingreso; sin embargo, ha sido suficiente para que las calificadoras internacionales expresen conformidad, aunque con reservas.
Esas reservas se expresan en dudas sobre la cifra estimada de crecimiento para 2026, que Hacienda fija optimistamente en 1.6, mientras analistas del sector privado lo ubican en el rango de 0.8. Las razones son que el entorno internacional es incierto por la política económica estadounidense. La economía nacional es muy dependiente de la de Estados Unidos. Además, las decisiones arancelarias y la negociación del TMEC traerán más incertidumbre, lo que afectará a la inversión productiva.
Además, el proteccionismo y prácticas arancelarias de Donald Trump limitarán que empresas extranjeras aprovechen el nearshoring que ofrece nuestro país.
También hay lugar para la incredulidad sobre las cifras que pronostica la Secretaría de Hacienda. Estima un déficit presupuestario de 3.6% del PIB, pero da por cierto que habrá un superávit de 1.0 en las empresas públicas del Estado, Pemex, CFE y los organismos de control presupuestario directo, IMSS. ISSSTE.
En el paquete económico, Hacienda confía en que el consumo aumentará gracias a las mejoras salariales y los programas sociales. Se asume que el consumo crecerá por el aumento de la economía y que los programas sociales se beneficiarán de un mayor ingreso fiscal.
El comportamiento del empleo no da lugar al optimismo. Si bien el IMSS reportó hasta julio de este año 23.6 millones de puestos de trabajo, los sectores de construcción y manufactura, altos generadores de empleo formal, han estado observando una tendencia descendente. Por otra parte, los salarios no pueden seguir subiendo por decreto y el aumento de los programas sociales es una presión constante, por lo que apostar al consumo no resulta convincente.
Otra gran interrogante radica en el monto de la deuda pública. La estimación es que llegará a 20 billones de pesos en 2026. La Secretaría de Hacienda intenta tranquilizar diciendo que esta cifra está dentro del margen de 52.3% del PIB.
Sin embargo, el costo financiero del servicio de la deuda se eleva a 1.38 billones (millones de millones) de pesos, es decir, el 3.8% del PIB. Es mucho más de lo que se destina a salud y educación. Estos niveles de costo no se veían desde 1990.
Dicho todo esto, en lenguaje llano, significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa. El déficit lo subsana con deuda. El pago del servicio de la deuda limita la inversión productiva del Estado y debilita los servicios públicos. Además, no puede dejar de endeudarse porque no tiene condiciones para crecer a mayor tasa que la inflación y el crecimiento demográfico.
Traducido al habla doméstica, es como decir que vivimos a costa de una tarjeta de crédito a la cual pagamos mensualmente el mínimo, mientras seguimos gastando y crecen los intereses.
Son obvios los malabares que hace la autoridad hacendaria para darle credibilidad a la política económica del gobierno, pero lo cierto es que se necesita más que habilidades técnicas económicas para salir del hoyo en que está nuestro país.
La confianza, con reservas, que se está otorgando al régimen, deriva de la esperanza de una rectificación en políticas públicas que limitan las iniciativas empresariales y con ello la inversión productiva.
El gobierno afirma en el discurso que hay disposición y apoyo; sin embargo, la retórica no se corresponde con las iniciativas de ley que se han presentado ni con algunas leyes y reformas constitucionales que se han aprobado. Las medidas implementadas para combatir la inseguridad se aplaudirían más si se tuviera la certidumbre de que es decisión propia y no debida a presiones externas.
La iniciativa del Plan México y la política de sustitución de importaciones para apoyar a la industria nacional sería más creíble si se aumentaran los apoyos a la pequeña y mediana industria y la inversión se sentiría más segura con tribunales independientes y viendo que las nuevas reformas en materia de amparo y de regulación económica no sean más favorables al Estado y sus instituciones que a los ciudadanos y empresarios.
El panorama optimista que pinta el paquete económico tiene bases muy subjetivas y hará falta que en las otras áreas del gobierno empiecen a trabajar en serio para que la panacea que proyecta el Plan México pueda concretarse.
No es malo, pero choca con la ideología heredada. La otra vía es prepararse para seguir siendo una adherencia de la economía norteamericana.
– Por Mario Ávila
Los músicos colombianos desaparecidos, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, por los que el presidente Gustavo Petro, pidió su intervención a la presidenta, Claudia Sheinbaum, fueron encontrados sin vida en el Estado de México.
La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de ambos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre. La última vez que se supo de ellos estaban en CDMX y días antes habían dado un concierto que tuvo lugar en Sonora.
Luego de la que fiscalía capitalina realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la fiscalía de dicho estado.
Mediante un comunicado, la autoridad expuso: “Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán”.
NACIONALES
Tras la desaparición del DJ colombiano B-King, Gustavo Petro pide ayuda a la presidenta Sheinbaum
– Por Mario Ávila
A casi una semana de la desaparición de Bayron Sánchez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este domingo la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum y clamó por su ayuda para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King.
B King, de 31 años está desaparecido desde el pasado martes 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México y la última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.
La Fiscalía de la CDMX difundió una ficha de búsqueda para localizar a Bayron Sánchez Salazar, un DJ conocido como B-King, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 16 de septiembre, cuando se dirigía a un gimnasio, todo en calles de la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, el DJ tenía una serie de conciertos en la CDMX, por lo que varios de estos fueron cancelados.
Stefania Agudelo, hermana de B-King, quien se describe como una mujer fuerte, expuso en sus redes sociales: «Pero hoy amanecí derrumbada, cada día duele más, los días pasan y no hay respuesta, y la angustia crece. Les pido que sigan compartiendo, que nos ayuden a encontrarlo. No pierdo la fe, pero necesito que este mensaje llegue más lejos”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 808: Tonalá no puede seguir al margen del desarrollo metropolitano, Sergio Chávez
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Sergio Chávez: Tonalá no puede seguir al margen del desarrollo metropolitano
Las Villas Panamericanas: Un fraude transexenal que marcó a Jalisco
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El escándalo del “huachicol fiscal” ha cimbrado al gobierno de Claudia Sheinbaum, exponiendo una red de corrupción que involucra a la Secretaría de Marina (Semar) y Aduanas, instituciones que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó como baluartes contra la corrupción.
En las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol era un estribillo recurrente: un mal heredado de los gobiernos neoliberales, combatido con mano firme por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. «Ya no hay huachicol», repetía el expresidente, mientras la Secretaría de Marina (Semar) asumía el control de aduanas y puertos en 2021, con la promesa de blindar estas instituciones contra la corrupción.
Cuatro años después, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa narrativa se desmorona con un estruendo ensordecedor. El escándalo del «huachicol fiscal» —un fraude aduanero que evade impuestos importando combustible ilegal como mercancía exenta— revela no solo una red de complicidades tejida en los altos mandos de la Marina y Aduanas, sino una corrupción institucionalizada que cuesta al erario 170,000 millones de pesos anuales, según estimaciones de la oposición.
Este caso no es un tropiezo aislado; es el espejo de un sistema que, al militarizar funciones civiles, sembró las semillas de su propia podredumbre.
El detonante fue el decomiso de un megabuque en el puerto de Tampico, en marzo de 2025, con 10 millones de litros de diésel. De allí surgió una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que, curiosamente, inició hace dos años a petición del propio exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no se actuó?
Sin embargo, el telón se abrió el 7 de septiembre de 2025, con la detención de 14 personas: un vicealmirante en activo, Manuel Roberto Farías Laguna —sobrino político del almirante Ojeda—, cinco marinos más, cinco exfuncionarios de Aduanas (incluido el exdirector de Tampico, Francisco Antonio Martínez) y tres empresarios.
La red operaba con audacia: 31 buques descargaron combustible ilegal entre abril de 2024 y marzo de 2025 en Altamira y Tampico, declarando diésel como sustancias temporales o exentas de impuestos, para revenderlo a gasolineras y flotillas a precios de dumping.
La FGR vinculó a proceso a nueve de ellos, incluyendo a Farías Laguna, y decomisó cuentas bancarias con cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos de lujo que delatan un modus operandi de élite.
EsEste El escándalo del huachicol fiscal expone la fragilidad del modelo de la Cuarta Transformación (4T). López Obrador entregó las aduanas a la Marina convencido de su «incorruptibilidad» —una institución con 89.7% de aprobación en junio de 2025, según el INEGI—.
Pero al militarizar funciones civiles, se creó un vacío de rendición de cuentas: menos burocracia civil, sí, pero también menos escrutinio. Los sobrinos de Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, operaban desde la cúpula naval, con comunicaciones a más de 300 números en aduanas clave como Guaymas, Ensenada, Manzanillo y Veracruz entre 2023 y 2025.
El capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias «El Capitán Sol», emergió como operador clave, tranquilizando a testigos con frases como «no va a pasar nada» por supuestos «acuerdos políticos» entre Omar García Harfuch y el hijo del expresidente.
Y mientras, dos marinos mueren en circunstancias sospechosas —un «suicidio» y un «accidente de tiro»— durante la investigación, lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum evadió con frialdad en su mañanera; antes había sido asesinado el contraalmitante de la Aduana de Manzanillo que había denunciado la corrupción que allí había descubierto.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con un discurso de «cero impunidad», respaldando las denuncias de Ojeda y el actual secretario Raymundo Pedro Morales, a quien describe como «íntegro y valiente».
En el desfile del 16 de septiembre, Morales declaró: «Hubiera sido imperdonable callarlo. Duela lo que duela, responderemos».
La FGR, bajo Alejandro Gertz Manero, promete profundizar, y Sheinbaum exige llegar «al fondo», incluso si involucra a las Fuerzas Armadas.
Las pérdidas por huachicol superan los 13,000 millones de pesos solo en el primer semestre de 2025, y este golpe desmantela una red que operaba con descaro. Pero esto huele a control de daños. La investigación, iniciada en el sexenio anterior, se acelera ahora, tras presiones de EE.UU. durante la visita de Marco Rubio.
Sheinbaum defiende a AMLO —»no hay responsabilidad en él»—, pero el silencio del tabasqueño es ensordecedor.
¿Es esto un deslinde genuino o un blindaje para la 4T? La oposición —PAN, PRI y MC— lo califica como «el mayor escándalo de corrupción en la historia», exigiendo investigar a exfuncionarios como Alfonso Durazo y Adán Augusto López, cercanos a AMLO.
La red de complicidades es un laberinto: prestanombres como una «ayudante de carpintería» y un «alcohólico» para empresas fantasma; vínculos con el «Señor de los Buques»; y una UIF que detectó lujos inexplicables en Farías.
El escándalo cuestiona El escándalo le pega en el corazón al discurso de López Obrador contra la corrupción y de “no somos iguales” de la 4T y a las Fuerzas Armadas como baluarte moral. Es evidente que el modelo de militarización de aduanas y puertos que generó opacidad es un fracaso.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema: su gobierno, que prometió continuidad con transformación, tropieza con el legado de AMLO. Si la FGR llega «tope donde tope», podría fortalecer instituciones, con un «cambio de rumbo» en el poder militar.
Pero si se diluye en retórica —como las «muchísimas detenciones» del sexenio pasado que no frenaron el fraude—, erosionará su credibilidad. Pemex, aún en pérdidas, no será «autosuficiente» en 2027 si el huachicol fiscal sigue financiando cárteles.
Para avanzar, Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, devolver las aduanas a la gestión civil y priorizar inteligencia sobre lealtad. Un primer paso sería transparentar los contratos de las empresas fantasma y esclarecer las muertes sospechosas.
También urge una reforma fiscal que cierre las lagunas del “huachicol fiscal” y fortalezca la vigilancia en puertos. La 4T no puede seguir viviendo de narrativas; los hechos son implacables. Este escándalo no es solo un golpe a la corrupción, sino un desafío existencial para el proyecto de transformación. La historia, como siempre, juzgará por resultados, no por mañaneras.
Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, recuperar aduanas civiles y priorizar inteligencia sobre lealtad. De lo contrario, este escándalo no será un «golpe a la corrupción», sino un autogol a la 4T. La historia, como siempre, juzgará por hechos, no por mañaneras.
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