NACIONALES
El plagio de una tesis; invalidar la trayectoria
Opinión, por Isabel Venegas Salazar //
Creer en las instituciones es la base para la construcción de una sociedad organizada, es nuestro acercamiento a vivir en un estado de derecho, y son la herramienta más eficiente en la búsqueda de la armonía colectiva.
Confiar en su funcionalidad, es la única forma en la que podemos ceder la justicia por mano propia para que sea un procedimiento regulado, normado y revisado por un cuerpo de profesionales en el área, quienes determinen la inocencia o culpabilidad, así como la manera en que debe ser sentenciado cuando se ha cometido un delito.
Usar el trabajo de otros y mostrarlo como si fuera creatividad propia, significa un robo, es lo mismo que quitar horas de sueño, horas de lectura, críticas y deconstrucciones tras las evaluaciones de los revisores y colegas, así como el desgaste de defender el trabajo ante un gran comité.
El escándalo de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura, pone a la Universidad Nacional Autónoma de México en la necesidad de validar su prestigio institucional; le ha significado enfrentar una travesía mediática por la gran cantidad de material tan inverosímil como burdo y contradictorio, sin embargo, el problema de fondo radicó en la dificultad de la universidad para reconocer sus propios fallos; pensar en la posible invalidación del cargo que ejerce la abogada (dado que su cédula profesional probablemente también tendría que ser anulada), implicaba una serie de problemas por considerar todos los actos en los que su voto fue determinante, la trascendencia de su dictaminación en algunos juicios, e incluso por su cercanía con el presidente de la República, mismo que ha encabezado una administración que enarbola la bandera de la honestidad y la lucha contra la corrupción.
La cronología de los hechos es evidencia de un desesperado intento por sortear esta compleja toma de decisiones, por ejemplo la crítica hecha a la Fiscalía de la Ciudad de México por haber obtenido un dictamen en tan solo 6 días, es decir, que la revisión de los elementos probatorios se ejecutó entre el 24 de diciembre y la resolución que se emitió el día 30 del mismo mes (no se dieron tiempo ni para cantar villancicos en esas oficinas), además de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que fue Édgar Ulises Báez Gutiérrez quien habría copiado algunas partes del trabajo de ella.
En la sesión del pleno de la Suprema Corte, el pasado 2 de enero, Esquivel Mossa dijo que se encontraba “con total tranquilidad (…) con respecto a la resolución de la autoridad”, contando con los elementos probatorios suficientes para volver a defender el trabajo que presentó en 1987, titulado Inoperancia de los Sindicatos en los trabajadores de Confianza del artículo 123 Apartado A.
Finalmente el análisis de la construcción, el desarrollo, el estilo y el contenido, hizo que la Facultad de Estudios Superiores dictaminara que el trabajo de Esquivel era una “copia sustantiva” del de Edgar Ulises Báez. La FES Aragón encontró que ese trabajo tenía los elementos de plagio, estimando que hay un nivel de coincidencia de un 90% entre ambas tesis, y que es el de Báez el original, a pesar de haber sido ella quien denunció ante la Fiscalía.
En nuestro país hace falta revisar la forma en la que estamos valorando el trabajo intelectual, la necesidad de promover en los jóvenes universitarios la valía de la creatividad y la urgencia de vincular la ciencia con la divulgación seria y honesta. En la era de la posverdad, el ejercicio de la justicia se complica, pero la paradoja es que en este caso se enjuicia a una funcionaria que ocupa uno de los más altos cargos del poder judicial en nuestro país.
La ética con la que se compromete un estudiante a contribuir a su alma mater con un trabajo de investigación serio, se enfrenta a la posible inmadurez de los jóvenes universitarios, quienes precisamente por eso, son acompañados por un cuerpo institucional que revisa, evalúa, corrige y asesora. Por otro lado, las casas universitarias no son la única estructura involucrada: los comités de evaluación académica tienen el contrapeso de la emisión de la cédula profesional por parte de la Secretaría de Educación, así como las certificaciones de los Colegios de profesionistas que constantemente refrendan las cédulas profesionales, principalmente en carreras en las que la vida de los usuarios de sus servicios se ven determinadas gravemente.
Este caso tiene una carga de simbología vinculada con el contrato social, que se sobrepone al rompimiento de la credibilidad de las instituciones cuando contradice los argumentos frívolos o incongruentes (como cuando se habló de viajes en el tiempo para refutar el plagio), y que invita a seguir pensando en que es mejor enfrentar que hubo un fallo igualmente “sustantivo”, comprometiéndose a investigar lo que podría ser una “mafia” al interior de la dependencia, es decir, se defiende la verdad y se actúa en la ruta de la mejora.
Un gran salto para nuestra sociedad lo siguen dando aquellos que transforman el poder hegemónico, la supremacía del discurso, por el aprovechamiento de un error o la carencia, para volverlo un aprendizaje y superación.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
