Opinión, por Isabel Venegas Salazar //

Creer en las instituciones es la base para la construcción de una sociedad organizada, es nuestro acercamiento a vivir en un estado de derecho, y son la herramienta más eficiente en la búsqueda de la armonía colectiva.

Confiar en su funcionalidad, es la única forma en la que podemos ceder la justicia por mano propia para que sea un procedimiento regulado, normado y revisado por un cuerpo de profesionales en el área, quienes determinen la inocencia o culpabilidad, así como la manera en que debe ser sentenciado cuando se ha cometido un delito.

Usar el trabajo de otros y mostrarlo como si fuera creatividad propia, significa un robo, es lo mismo que quitar horas de sueño, horas de lectura, críticas y deconstrucciones tras las evaluaciones de los revisores y colegas, así como el desgaste de defender el trabajo ante un gran comité.

El escándalo de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura, pone a la Universidad Nacional Autónoma de México en la necesidad de validar su prestigio institucional; le ha significado enfrentar una travesía mediática por la gran cantidad de material tan inverosímil como burdo y contradictorio, sin embargo, el problema de fondo radicó en la dificultad de la universidad para reconocer sus propios fallos; pensar en la posible invalidación del cargo que ejerce la abogada (dado que su cédula profesional probablemente también tendría que ser anulada), implicaba una serie de problemas por considerar todos los actos en los que su voto fue determinante, la trascendencia de su dictaminación en algunos juicios, e incluso por su cercanía con el presidente de la República, mismo que ha encabezado una administración que enarbola la bandera de la honestidad y la lucha contra la corrupción.

La cronología de los hechos es evidencia de un desesperado intento por sortear esta compleja toma de decisiones, por ejemplo la crítica hecha a la Fiscalía de la Ciudad de México por haber obtenido un dictamen en tan solo 6 días, es decir, que la revisión de los elementos probatorios se ejecutó entre el 24 de diciembre y la resolución que se emitió el día 30 del mismo mes (no se dieron tiempo ni para cantar villancicos en esas oficinas), además de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que fue Édgar Ulises Báez Gutiérrez quien habría copiado algunas partes del trabajo de ella.

En la sesión del pleno de la Suprema Corte, el pasado 2 de enero, Esquivel Mossa dijo que se encontraba “con total tranquilidad (…) con respecto a la resolución de la autoridad”, contando con los elementos probatorios suficientes para volver a defender el trabajo que presentó en 1987, titulado Inoperancia de los Sindicatos en los trabajadores de Confianza del artículo 123 Apartado A.

Finalmente el análisis de la construcción, el desarrollo, el estilo y el contenido, hizo que la Facultad de Estudios Superiores dictaminara que el trabajo de Esquivel era una “copia sustantiva” del de Edgar Ulises Báez. La FES Aragón encontró que ese trabajo tenía los elementos de plagio, estimando que hay un nivel de coincidencia de un 90% entre ambas tesis, y que es el de Báez el original, a pesar de haber sido ella quien denunció ante la Fiscalía.

En nuestro país hace falta revisar la forma en la que estamos valorando el trabajo intelectual, la necesidad de promover en los jóvenes universitarios la valía de la creatividad y la urgencia de vincular la ciencia con la divulgación seria y honesta. En la era de la posverdad, el ejercicio de la justicia se complica, pero la paradoja es que en este caso se enjuicia a una funcionaria que ocupa uno de los más altos cargos del poder judicial en nuestro país.

La ética con la que se compromete un estudiante a contribuir a su alma mater con un trabajo de investigación serio, se enfrenta a la posible inmadurez de los jóvenes universitarios, quienes precisamente por eso, son acompañados por un cuerpo institucional que revisa, evalúa, corrige y asesora. Por otro lado, las casas universitarias no son la única estructura involucrada: los comités de evaluación académica tienen el contrapeso de la emisión de la cédula profesional por parte de la Secretaría de Educación, así como las certificaciones de los Colegios de profesionistas que constantemente refrendan las cédulas profesionales, principalmente en carreras en las que la vida de los usuarios de sus servicios se ven determinadas gravemente.

Este caso tiene una carga de simbología vinculada con el contrato social, que se sobrepone al rompimiento de la credibilidad de las instituciones cuando contradice los argumentos frívolos o incongruentes (como cuando se habló de viajes en el tiempo para refutar el plagio), y que invita a seguir pensando en que es mejor enfrentar que hubo un fallo igualmente “sustantivo”, comprometiéndose a investigar lo que podría ser una “mafia” al interior de la dependencia, es decir, se defiende la verdad y se actúa en la ruta de la mejora.

Un gran salto para nuestra sociedad lo siguen dando aquellos que transforman el poder hegemónico, la supremacía del discurso, por el aprovechamiento de un error o la carencia, para volverlo un aprendizaje y superación.