Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

En nuestro país era invariable que cuando afirmaba el poder ejecutivo federal, decretaba el poder legislativo o sentenciaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), el asunto de que se tratara había concluido. Como proclamaban los antiguos: “Roma locuta, causa finita”, que se traduce como “Roma ha hablado, la causa ha terminado”, es decir, cuando un determinado asunto había sido zanjado por alguno de esos poderes, considerados en su ámbito de competencia como la máximo autoridad, del tema ya no había que discutir mayor cosa; en general, eso era expediente concluido.​

Pero los tiempos cambian; si esa idea se admitía como regla infalible, desde hace pocos años para acá, resulta que ya no es así, porque las leyes del poder legislativo constantemente son anuladas, acotadas o suspendidas; los mandatos y acuerdos del poder ejecutivo, de igual manera se obstruyen o bloquean; todo lo anterior (y muchas otras cuestiones de los Estados y municipios),se logra por medio del recurso del amparo, materia en la cual la superior potestad corresponde al poder judicial federal.

El panorama anterior acontece bajo un principio: hacer prevalecer la Constitución de la República. Si eso fuese así de sencillo y real, es probable que todo marchara a la perfección, pero resulta que estamos muy lejos de ese objetivo. Jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) junto al aparato que los rodea, no gozan de la confianza del pueblo, así como no la tienen bastantes políticos y funcionarios de todo rango, gran porción de la burocracia y los poderes constitucionales de las Entidades federativas y desde luego de los ayuntamientos y alcaldías. De la misma desconfianza gozan los integrantes de la procuración de justicia y otros entes aplicadores de las leyes, pero eso es tema para otra oportunidad. Por hoy nos ocuparemos de quien encarna más simbólicamente a los órganos administradores de justicia, que es la Suprema Corte de la Nación.

En el siglo pasado, la SCJ fue manejada al antojo de los presidentes de la República. Ellos, tras echar abajo las disposiciones del Constituyente de Querétaro sobre como integrar a la Corte, (los constituyentes le dieron gran juego a los congresos estatales y a las cámaras de la Unión), determinaron que les era más cómodo se conformara según sus conveniencias.

Y junto a los nombramientos de los ministros de la SCJ, los traían de un lado para otros fijando y cambiando sus períodos, atributos, licencias y salarios. De Obregón a Enrique Peña Nieto esa fue la pauta; a veces se lucían, ante la impávida mirada de los factores de presión política, como cuando Zedillo acabó con todo el plantel de la SCJ y tras meses de tener a los mexicanos sin ese máximo tribunal, lo dejó con once ministros, en general nombrados al gusto del mandatario, sus allegados y por transas con grupos políticos que, siendo opositores, sacaron ventajas de la situación.

A partir de 2018, cuando la ciudadanía se volcó en las urnas y resolvió entregar el poder ejecutivo y legislativo (la mayoría de este) a la llamada izquierda, en contraposición a los viejos partidos del PRI, PAN y el mortecino PRD, se experimentó un cambio en el poder judicial, donde es claro que los votantes no tenían ni tienen mayor trascendencia: de ser de discreto perfil, obtuvo relevancia pública, y de su tradicional conducta obsecuente al poder presidencial y del legislativo, se tornó en formidable bastión frente a ellos, impulsado en mucho porque las oposiciones (conglobadas en alianza que alabaron los medios de comunicación, los comentaristas, intelectuales y politólogos orgánicos -otrora muy consentidos por el gobierno- así como porciones del empresariado consentido de los mandamases caídos) acudieron a ellos y tras obtener fallos en su favor, los convirtieron en una especie de aliados virtuales. Esta actitud de la SCJ proyectó la idea de que efectivamente, a título de salvaguardar la ley superlativa, se alineaba en los hechos, a los empeños de los opositores del gobierno, autonombrado de la Cuarta Transformación (4T).

Esa es la posición que se tiene a la fecha, marcadamente más desde hace un año, cuando asumió la presidencia de la Corte la magistrada Norma Lucía Piña Hernández. Por ello, cuando el jueves 4 de este frío mes de enero, tomó posesión de su sitial la nueva ministra, Lenia Batres Guadarrama, hubo muchas expectativas, pues además de ser mujer, ha sido de ideas izquierdistas y es la primera abogada nombrada directamente por el ejecutivo federal, de acuerdo con lo que establece la Constitución. Su designación es entonces, rigurosamente legítima.

Es de hacer notar, que la nueva ministra arribó tras fracasar las fuerzas de la oposición en nombrar, en el Senado, a quien llegaría para sustituir al ahora ministro en retiro, Arturo Zaldívar, quien había renunciado el año pasado. Eso lo que demuestra es la incapacidad de esos actores políticos para llegar a un acuerdo: prefirieron desaprovechar la oportunidad, y dejaron vía franca para que el mandatario federal ejerciera su facultad y designara a la nueva ministra: no les queda ningún recurso para considerarlos, son miopes e impenitentes.

La ceremonia solemne en que se le impuso su toga a la abogada Batres Guadarrama fue sensacional, especialmente por lo que expresó en su estreno como miembro de la SCJ. De allí que el semanario Proceso dijese que “asume como ministra y arremete contra la Corte” (5-ene-2024). Para justificarse de tal encabezado, dice en texto de Diana Lastiri: “el máximo tribunal ha incurrido en excesos al desarrollar sus funciones y consideró que debe autolimitarse y someterse a la Constitución.” Luego agrega la reportera: “la nueva ministra arremetió contra la institución que hoy la recibió…al considerar que, en lugar de enfocarse en defender los derechos humanos y sociales, se enfoca en casos con fuertes implicaciones políticas”, dando como ejemplo cuando conoció sobre la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Un punto que ha sido evidente es como la SCJ bloqueó normas aprobadas en el legislativo, por meros aspectos de detalle al elaborarlas. Al respecto manifestó Batres Guadarrama, que “La Constitución prevé, en su artículo 17, que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Y el Poder Judicial no lo está cumpliendo”. Un renglón que hizo que alzaran las cejas los miembros de la Corte, fue el referente a los salarios de ellos y muchos otros funcionarios que cobran indebidamente más que el presidente de la república, contraviniendo el artículo 127 constitucional, enfatizando al respecto: considero nos corresponde acatar la Constitución.

La ministra Batres, con firmeza y valor, declaró que la Corte, se ha extralimitado, haciendo que “el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación impidiendo efectuar auditorías de desempeño, ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley

Reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Es finalmente, una gran noticia el que una experta en derecho, pero de pensamiento avanzado socialmente, con verdadera actitud republicana y austeridad intachable, esté en el pleno de la SCJ, tan necesitada de conducirse como genuino tribunal constitucional, pero con tinte a favor del pueblo, de los necesitados y no solo de los potentados, que a la fecha son quienes más han obtenido beneficios para proteger sus intereses. Por eso sostenemos que lo dicho por la nueva ministra, es un memorial que nos induce para repensar el funcionamiento del máximo tribunal de México, que efectivamente, su misión es actuar conforme la Constitución, pero nunca por encima de ella, lo que implica no invadir el espacio de los demás poderes.

Ella, Lenia Batres Guadarrama, la flamante componente de la SCJ, ha sido calificada por muchos organismos y ciudadanos como “Ministra del Pueblo”, a lo cual responde: “es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”. Y eso esperamos todos los mexicanos, pero también deseamos que tal título, lo merecieran los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.