-Por Gabriel Ibarra Bourjac

En un contexto de creciente tensión comercial con Estados Unidos, Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Occidente, lanzó un llamado al gobierno mexicano para replantear su estrategia frente a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

En entrevista con Conciencia Pública, Landeros criticó la ineficacia de las políticas actuales, que han llevado a México a perder el trato de nación favorecida y enfrentar un aumento de aranceles del 25% al 30% para productos fuera del T-MEC a partir de agosto de 2025.

Propuso recurrir a los mecanismos de controversia del tratado y sumar a empresarios experimentados, dejando de lado diferencias ideológicas, para contrarrestar las decisiones unilaterales de EE.UU.

Además, señaló que la reforma judicial, la inseguridad y el tráfico de fentanilo han generado desconfianza, contribuyendo a la pérdida de 83,000 empleos formales y desalentando la inversión extranjera directa (IED) en sectores clave de Jalisco, como ha sucedido en estos últimos meses del presente año.

Landeros fue contundente: “La estrategia actual no ha funcionado. Perdimos el trato de nación favorecida, y el arancel pasó del 25% al 30%. México debe usar los mecanismos de controversia del T-MEC para reclamar violaciones unilaterales de EE.UU.”.

Insistió en la necesidad de involucrar a empresarios con experiencia en negociaciones comerciales, quienes, a pesar de no estar alineados con el gobierno actual, cuentan con relaciones clave con productores y cámaras de comercio estadounidenses. “Es crucial dejar de lado ideologías y trabajar unidos. El Plan México es positivo para la industria automotriz a mediano y largo plazo, pero no resuelve los problemas inmediatos”, afirmó.

La urgencia de una estrategia más efectiva es evidente, especialmente ante el impacto económico de los aranceles en las cadenas de suministro y los costos locales. La desconfianza generada por factores internos agrava la situación. “La reforma judicial, criticada por empresarios y juristas, debilita el Estado de derecho, mientras la inseguridad, con robos, extorsión y homicidios, frena la inversión”, explicó Landeros.

Aunque reconoció que Trump mezcla temas políticos con el tratado, señaló que su crítica a la inseguridad es válida, pero debería ser un tema de cooperación bilateral.

En Jalisco, un hub económico, las empresas establecidas en sectores como el electrónico, autopartes, farmacéutico y biotecnológico siguen invirtiendo, pero las nuevas son cautelosas, lo que limita el crecimiento. La pérdida de 83,000 empleos formales en el país refleja estas fallas estructurales, que requieren una acción coordinada para recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer la posición de México en el comercio internacional.

LOS ARANCELES AL TOMATE MEXICANO

En el caso del arancel a la exportación del tomate mexicano que anunció el presidente Donald Trump, el presidente de COMCE de Occidente indica que el tema de este producto gran producto nacional ha sido un dolor de cabeza desde hace casi tres décadas. El acuerdo de 1996, diseñado para proteger a los consumidores estadounidenses al asegurar un suministro constante, reconoció que México provee cerca del 70% de su demanda.

Landeros desglosa las implicaciones para México, con un enfoque especial en Jalisco, Sinaloa y San Luis Potosí.

“No es que México se aproveche,” explica Landeros. “Estados Unidos no produce ni el 30% de lo que consume, y su calidad subtropical no iguala la nuestra. Nuestra ventaja es natural, no artificial.”

Este arancel, inicialmente propuesto en un 21% y reducido a 17.09%, terminará afectando más al consumidor norteamericano que a los productores mexicanos, según el líder empresarial.

El impacto inicial recaerá en los intermediarios y la logística fronteriza. Los exportadores deberán pagar el arancel al cruzar, ya sea como costo fijo si el producto está vendido o como estimado reembolsable en consignación.

“Es un golpe al inicio,” señala Landeros, “pero los productores lo absorberán temporalmente. Ese costo se integrará a los precios, y al final lo pagará el consumidor en EU.”

Esta transición podría financiar ajustes en la cadena, aunque no sin retos. La Asociación Nacional de Productores y la Secretaría de Agricultura aseguran que las ventas seguirán, minimizando efectos en el empleo, aunque algunos productores enfrentarán complicaciones para recuperar el pago inicial.

La medida tiene un costo económico más amplio. La inflación en Estados Unidos, que subió de 2.4% a 2.7% en los últimos dos meses, podría escalar con este arancel, según datos recientes. “Es un impuesto recaudatorio que daña a su propia población,” critica Landeros.

Además, el arancel del 30% a bienes fuera del T-MEC, que se suma al 25% vigente desde marzo y ahora incrementado, agrava la situación. “No todo pagará ese 30%,” aclara.

“Lo protegido por el tratado sigue a salvo, pero lo que queda fuera enfrentará el sobrecosto, afectando cadenas de suministro que cruzan la frontera varias veces.” Esto genera confusión en los cruces y alzas en productos importados en México.

Jalisco, un emergente en la producción de tomates, siente un impacto mixto. Aunque no lidera como Sinaloa (22% de la producción nacional) ni San Luis Potosí, su rol crece. “Los intermediarios sentirán presión al principio,” dice Landeros, “pero la calidad y demanda asegurarán las ventas.”

Sin embargo, el arancel general del 30% fuera del T-MEC golpeará más fuerte. Mercancías que antes gozaban de cero arancel ahora pagarán 30%, desequilibrando la economía regional. “Esto afecta a México más que a EU o Canadá por nuestra dependencia, pero los consumidores norteamericanos también pagarán,” añade.

EL IMPACTO EN JALISCO

La inversión extranjera directa (IED) en Jalisco, un destino atractivo, se ha resentido. Aunque sectores como electrónico, autopartes, salud y biotecnología siguen apostando a mediano plazo, nuevas inversiones son cautelosas. “El nearshoring ha sido más retórica que realidad,” lamenta Landeros.

“México no ha creado políticas públicas efectivas, a diferencia de Vietnam. Jalisco destaca por su estado de derecho, pero la inseguridad nacional pesa.”

Para 2025, las perspectivas son inciertas, con empresas pausando proyectos.

El COMCE Occidente contrarresta esto con diversificación. Con 14 tratados y 54 países, además de mercados como India y el Medio Oriente, promueve giras comerciales. Misiones recientes a Japón, con éxitos en logística, y a India, donde se planea una misión multisectorial en diciembre durante el Partnership Summit, muestran avances.

“Llevaremos al gobernador para temas de ingeniería y atracción de inversión,” detalla Landeros.

Un vuelo directo a Asia desde Guadalajara podría posicionar a Jalisco como hub regional.

En conclusión, los aranceles a los tomates y el entorno geopolítico desafían a México. Mientras el consumidor estadounidense absorbe costos, los productores se adaptan, pero la incertidumbre en empleo, inversión y seguridad exige acción coordinada. Jalisco, con su potencial, debe diversificarse para mitigar los golpes.

La solución está en manos de gobiernos y empresarios.

-Por Mario Ávila

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de decreto para incorporar el delito de “reclutamiento forzado” al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Este delito se define como la acción de reclutar, inducir, obligar o coaccionar a personas, mediante intimidación, publicidad engañosa, engaño, extorsión, amenaza o violencia, para que se unan o colaboren con organizaciones delictivas o grupos de la delincuencia organizada.

La iniciativa busca sancionar prácticas que incluyen explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, trata de personas y actividades como “halcones” al servicio de estos grupos, las cuales han proliferado debido a la sofisticación de las redes criminales.

Contexto y motivación de la iniciativa

La propuesta legislativa surge como respuesta a la creciente problemática del reclutamiento forzado, una práctica sistemática empleada por el crimen organizado para captar a personas vulnerables, particularmente jóvenes, mujeres, adolescentes, migrantes y comunidades indígenas.

Durante la exposición de motivos en la máxima tribuna parlamentaria, Mejía Berdeja destacó que estas organizaciones utilizan métodos como el engaño a través de redes sociales, donde citan a las víctimas bajo pretextos falsos para luego secuestrarlas y obligarlas a participar en actividades ilícitas.

Este fenómeno no solo desafía al Estado, sino que vulnera el tejido social y afecta a los sectores más desprotegidos de la población.

El caso que inspiró esta iniciativa ocurrió en marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, ubicado en el predio La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este lugar fue identificado como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento operado por el crimen organizado.

Según el legislador, en este rancho se llevaban a cabo prácticas brutales: los reclutados que mostraban resistencia o no cumplían con las expectativas de los criminales eran asesinados, a veces como parte de “juegos macabros” de competencia entre las víctimas.

Este caso emblemático evidenció la necesidad de crear un tipo penal específico para abordar estas conductas, que no encajan completamente en el delito de trata de personas debido a su orientación distinta.

Detalles de la propuesta legislativa

La iniciativa propone adicionar el artículo 299, inciso sexto, al Código Penal Federal para definir claramente el delito de reclutamiento forzado. Además, en el inciso séptimo, se establecen agravantes para casos en los que las víctimas sean menores de 18 años, mujeres embarazadas, migrantes, afrodescendientes o miembros de pueblos originarios.

También se contemplan agravantes cuando los responsables sean exintegrantes de instituciones de seguridad pública o profesionales coaccionados para realizar actividades ilícitas, como químicos obligados a trabajar en laboratorios de fentanilo.

La propuesta busca incorporar este delito al catálogo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, permitiendo una persecución más efectiva de los responsables.

Mejía Berdeja enfatizó que esta iniciativa se presenta en un contexto de reformas recientes, como la Ley General Contra la Extorsión, modificaciones a la Ley Contra el Lavado de Dinero y nuevas facultades para la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estas reformas reflejan un esfuerzo más amplio por fortalecer el marco legal contra el crimen organizado, pero el legislador subrayó la urgencia de abordar específicamente el reclutamiento forzado, que se ha convertido en un “cáncer” utilizado por los grupos delictivos para involucrar a personas contra su voluntad en actividades criminales.

El caso del Rancho Izaguirre: un punto de inflexión

El Rancho Izaguirre se convirtió en un caso de alto perfil en septiembre de 2024, durante el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, cuando un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional resultó en la detención de 10 personas, la liberación de dos secuestrados y el hallazgo de un cadáver emplayado.

Sin embargo, tras este operativo, las autoridades locales no dieron seguimiento adecuado al caso, lo que generó sospechas de encubrimiento y una posible intención de sepultar el incidente en el olvido, perpetuando la impunidad.

La situación cambió en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho en busca de evidencias sobre personas desaparecidas. Lo que encontraron fue impactante: más de 400 pares de calzado, ropa, mochilas, bolsas, carteras, fotografías, listados y, en tres sitios del predio, posibles restos humanos calcinados.

Estos hallazgos reactivaron las investigaciones, que pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la magnitud del caso. Con nuevas autoridades en la Fiscalía de Jalisco y el Gobierno del Estado, se actuó con celeridad, logrando una condena de 141 años de prisión para los 10 detenidos por los delitos de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada y homicidio calificado.

Además, se ordenó el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas.

Por separado, en el ámbito federal, se vinculó a proceso al presidente municipal de Teuchitlán, José N., por presuntos nexos con el CJNG, junto con algunos de sus familiares. También se investiga a tres policías del municipio de Tala, un presunto reclutador y dos integrantes de un grupo delictivo detenidos en el Estado de México.

Además, 12 funcionarios, incluyendo personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ministerios públicos y elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están bajo escrutinio por posibles omisiones graves en el manejo del caso.

Un cadáver sin identidad

A 10 meses del hallazgo del cadáver emplayado en el Rancho Izaguirre, la víctima permanece sin identificar ni reclamar en el Servicio Médico Forense. A pesar de contar con muestras de ADN, estas no han coincidido con ninguna base de datos, lo que refleja deficiencias en la investigación.

Este hecho subraya los desafíos para esclarecer casos relacionados con el crimen organizado, donde las víctimas a menudo quedan en el anonimato.

EL ACADÉMICO PARTIDA CABALLERO CRÍTICA INVESTIGACIÓN Y CONDENA

El doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo “Paradigmas de la Justicia en México”, cuestionó la condena de 141 años impuesta a los 10 detenidos.

Calificó la sentencia como “draconiana” y motivada por la presión pública y mediática, más que por pruebas contundentes. Según Partida, los cargos imputados —homicidio calificado, desaparición forzada y desaparición agravada de particulares— no están respaldados por una individualización adecuada de las responsabilidades, lo que facilita recursos de apelación y amparo por parte de la defensa.

Alfonso Partida señaló que la falta de transparencia en el expediente y la ausencia de máxima publicidad en el proceso violan principios fundamentales de justicia. Además, criticó la falta de claridad sobre el cadáver hallado, cuya muerte no se ha determinado si ocurrió en el rancho o en otro lugar.

Esto plantea dudas sobre la culpabilidad de los detenidos, quienes podrían haber sido señalados simplemente por estar presentes durante el operativo de la Guardia Nacional. El académico también destacó la necesidad de identificar al autor intelectual de los crímenes, ya que culpar genéricamente al “crimen organizado” no permite una justicia precisa.

Asimismo, Partida Caballero cuestionó la efectividad de sentencias tan severas en un contexto donde la impunidad en Jalisco alcanza el 99.12% en este tipo de delitos. Argumentó que penas “para la tribuna” no combaten la impunidad y sugirió que sería más útil imponer sanciones razonables respaldadas por investigaciones rigurosas.

También propuso que se investigue a exfuncionarios, como el exgobernador Enrique Alfaro y los fiscales de su administración, por posibles omisiones en el manejo inicial del caso.

Conclusión

La iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado representa un esfuerzo por fortalecer el marco legal contra las prácticas del crimen organizado, inspirada en el caso del Rancho Izaguirre, que expuso la brutalidad de estas actividades.

Sin embargo, las críticas al proceso judicial y la falta de identificación de víctimas y autores intelectuales destacan los retos pendientes en la lucha contra la impunidad.

Este caso subraya la necesidad de investigaciones transparentes, procesos judiciales sólidos y un enfoque integral que no solo sancione a los ejecutores, sino que también aborde las redes de complicidad que permiten la operación de centros como el Rancho Izaguirre.

-Por Francisco Junco

La Fiscalía Ambiental de Tlajomulco de Zúñiga cumple diez años como un modelo único en todo el país. Es una unidad especializada que fiscaliza y hace toda una vigilancia de los recursos naturales del territorio, explicó Verónica Delgado Carrillo, actual titular de la dependencia.

Recordó que esta figura no existe en otros municipios metropolitanos y que desde 2015 surgió por la necesidad de atender delitos ambientales que no eran cubiertos por ninguna otra instancia local.

“Había ese hueco en la ley… una entidad especializada que sea capaz técnicamente de hacer esta vigilancia o esta auditoría en los grandes sectores que conforman un territorio”, señaló la funcionaria en entrevista con Conciencia Pública.

Durante esta década, la Fiscalía ha logrado contener diversas problemáticas ambientales de gran escala. Principalmente, ha fiscalizado y sancionado a los grandes delitos ambientales del municipio. Entre las acciones destacan la atención a la contaminación y desperdicio del agua, el manejo de residuos, los incendios provocados en áreas forestales y, recientemente, la contaminación auditiva.

La fiscal subrayó que su enfoque busca trascender la sanción porque “no nos interesa solamente hacer sanciones y multar a los ciudadanos, las empresas o la industria, sino que más bien nos interesa acompañarlos en el proceso de regulación. Muchas personas pueden desconocer las actuaciones de la Fiscalía Ambiental, precisamente por no haber otras como modelo en otros municipios”.

Verónica Delgado es la primera mujer al frente de la Fiscalía Ambiental. Asumió el cargo en octubre de 2024, tras haber cumplido y pasado cada uno de los exámenes y filtros para ser nominada. De la terna propuesta por el presidente municipal, el Cabildo, por unanimidad, votó por ella debido a su trayectoria y capacidad.

“Me enorgullece decir que soy la primera fiscal mujer porque creo que es importante considerar que cada vez más hay espacios para nosotros las mujeres en el ámbito de la opinión pública y del quehacer del ejercicio público”, apuntó la fiscal municipal en medio ambiente.

Su trayectoria en temas socioambientales inició desde 2010, con proyectos de agricultura urbana y alimentación saludable, hasta llegar a impulsar políticas públicas locales como regidora entre 2015 y 2021. “Soy psicóloga y vi la correlación que hay en las enfermedades crónicas degenerativas con respecto a lo que comemos”, relató al hablar de sus motivaciones iniciales en su carrera.

“VACACIONES EN PAZ”

En esta nueva etapa, la Fiscalía ha puesto en marcha operativos como “Vacaciones en Paz”, diseñado para prevenir incendios y daños ecológicos durante las temporadas vacacionales.

“Se instalaron siete campamentos donde había personal de Seguridad Pública, de Protección civil y de Fiscalía Ambiental”, detalló la funcionaria y el resultado fue una baja considerable en la incidencia de incendios y una respuesta positiva de la ciudadanía.

“Me conmovió mucho que ellos (la ciudadanía) se solidarizaran mucho y se acercaban a los campamentos, oportunamente ofreciendo hidratación y alimentos a los elementos de seguridad que teníamos ahí, lo cual me conmovió porque realmente vemos que cuando son acciones conjuntas con la ciudadanía, que no las implementamos o no las forzamos o las volvemos obligatorias, el resultado es distinto”, subrayó.

El reto mayor, sin embargo, sigue siendo la conciencia ciudadana, entre los que se destacan el desperdicio del agua y la contaminación del agua. Mientras en algunas regiones del municipio tienen agua todo el tiempo, hay otras regiones que carecen, advirtió la fiscal. A ello se suman la contaminación auditiva y la acumulación de residuos sólidos.

Reconoció que las sanciones no siempre son bien recibidas, pero aseguró que “hay un agradecimiento generalizado a aquellas personas que hacen la denuncia, ya que muchas veces son personas muy conscientes”.

De cara al futuro, la Fiscalía proyecta avanzar en tecnología, certificación de empresas responsables y trabajo con comunidades indígenas, donde están desarrollando un proyecto en colaboración con otras instituciones académicas que tiene que ver con la creación de senderos interpretativos en dos rutas muy importantes.

“Una ruta que va a ser familiar, que es el sendero interpretativo de flora, fauna que habita ahí en el Cerro Viejo, pero otra, también muy importante, que tiene que ver con la actividad física, que eso responde a normativas nacionales, internacionales y, por supuesto, municipales respecto al tema del ejercicio al aire libre, beneficia no solamente la salud humana, sino también el de la tierra, porque estar cercano a la naturaleza nos hace estar más conscientes de ella y, por lo tanto, cuidarla más”, reveló Verónica Delgado.

Además, se están preparando cursos de verano con temas ambientales y colaboraciones con universidades para el fortalecimiento del ecoturismo sustentable. Su mensaje final fue claro: la protección de los recursos naturales es una responsabilidad, no solamente de las autoridades, sino que un actor fundamental es la ciudadanía; es un asunto de todos, pero el cambio debe ser desde lo local a lo global.

“La protección de los recursos naturales es una responsabilidad de todos y que en este momento de crisis climática sin retorno, cada acción cuenta, cada acción que nosotros podemos promover en nuestro entorno, Si nosotros, en nuestra comunidad cercana, en nuestro vecindario, en nuestro fraccionamiento, en nuestra cuadra, logramos concientizarnos, primero en casa, con nuestros niños y los jóvenes, si logramos que ellos se sensibilicen, se concienticen de la problemática de crisis climática, en la que estamos, vamos a estar ganando todos”, puntualizó.