Opinión, Por Pedro Vargas Avalos //

Desde que se instaló la electricidad en el país, año con año se incrementó su importancia hasta llegar a ser vital, puesto que se le necesita en casi toda actividad humana. En consecuencia, es un servicio público que indispensablemente debe estar legislado en sus cuatro etapas: Generación, Transmisión, Distribución y Utilización.

Si la patria entera depende de que se posea suficiente energía eléctrica, es indiscutible que la rectoría en tal materia debe corresponder al Estado, que es el único ente que garantiza sin intereses lucrativos ni desviados, la continuidad del suministro de tan esencial fluido. Una nación sin soberanía eléctrica, es una nación a la deriva.

A fines del siglo XIX se inicia la actividad electricista en nuestra República: La primera planta generadora data de 1879, instalada en León, Guanajuato, y utilizada por la fábrica textil “La Americana». Luego, en diciembre de 1881 se instalaron las primeras lámparas en la ciudad de México y paulatinamente, muchas compañías mineras, textiles e industriales fueron forjando sus generadoras de energía eléctrica, vendiendo sus excedentes a los gobiernos para que el alumbrado público se extendiese.

En 1892 se fundó la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica por el señor J. María Bermejillo, que fue el antecedente de la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala Sociedad Anónima, cuya enorme importancia para el Estado de Jalisco, es semejante a la de la planta poblana “Necaxa” para el valle de México. En ambos casos, el objetivo final no solo era dar un servicio, sino obtener utilidades de orden económico. Ante tal situación, en 1926 se expidió el Código Nacional Eléctrico, que, con disposiciones muy generales, permitió a las empresas se desarrollaran y los servicios residenciales fueran más integrales, dándole un trato diverso al de índole industrial-comercial.

Hubo compañías que dominaron a empresas de menor peso, y así, en los años treinta de la centuria pasada, había dos sociedades (con mayoría de capital extranjero, ya de Canadá, Inglaterra o Estados Unidos y Francia) con matices de duopolio: el gobierno forcejeó con ellas para mitigar los precios. El panorama subsiguiente fue que las inversiones en esa área disminuyeron y extensos territorios carecían de electrificación, pues todo estaba sujeto a que fueran negocio redituable. Por ello como respuesta a tal situación, en 1934 se decretó que la Federación pudiera crear la Comisión Federal de Electricidad, la cual tardó en concretizarse, y hasta 1937 empezó a funcionar debidamente, teniendo al notable ingeniero jalisciense, Carlos Ramírez Ulloa, como primer director (1937-1947).

Ahora la mística consistió en llevar electricidad a todos los rincones de México, por lo que para 1940 dicha CFE inició la construcción de su primera central eléctrica –(la de Valle de Bravo, en el Estado de México). Según el investigador Luis Aboites Aguilar: “Allí está la semilla de la nacionalización de la industria ocurrida 20 años después. Sólo por el creciente involucramiento gubernamental puede entenderse la construcción de Infiernillo”, y luego las sucesivas hidroeléctricas que surgieron en el resto del país. En nuestra Entidad federativa, la compañía Hidroeléctrica de Chapala (desde 1940 propiedad federal) junto a la CFE, tuvieron estelar participación, pues aportaban el 66 por ciento del aumento de energía para el servicio público en 1959. (Enciclopedia de México, T. 5, pág. 2460).

Así las cosas, ante la urgencia de que todos los mexicanos pudieran tener acceso al servicio eléctrico, y la productividad nacional creciera para fortalecer a la república, el 27 de septiembre de 1960 se decretó la nacionalización de la industria eléctrica; el presidente Adolfo López Mateos, en esa memorable ocasión dijo al pueblo de México: “Les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de la Exclusiva Propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del País intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el Petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al Nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la Energía Eléctrica… Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación…”

Entonces hubo dos grandes compañías propiedad del Estado mexicano: CFE y Luz y Fuerza del Centro, ésta para la región central y aquella para el resto del país. Los malos mexicanos (a los que aludió López Mateos) lograron en el gobierno de Felipe Calderón, que éste decretara el 11 de octubre de 2009 la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; ahora todas sus baterías (de esos pésimos dizque connacionales) se enderezarían a la CFE.

Ese objetivo, perseguido por organismos extranjeros y codiciosos negociantes nacionales, encontraron aliados oficiales gracias a la corrupción que imperó en el régimen de Enrique Peña Nieto. Este, un verdadero cabecilla de latrocinadores, se valió de todas las argucias para que la CFE se debilitara y ya deteriorada, se pudiera desestimar y dar cabida al capital privado, donde el de procedencia extranjera tendría prioridad y además, subsidios. De esa manera se instrumentó la “reforma energética” de 2013, misma que sin pudor alguno, echando mano hasta del soborno, se impuso, en contra de los intereses del pueblo y desde luego, del Estado nacional.

Son incontables los mecanismos que ahora se aplican para burlar al fisco, debilitar a la CFE, favorecer a los empresarios sin escrúpulos y comprar a los comentócratas que se desvelan, un día sí y otro también, por estigmatizar los esfuerzos para que México recobre su soberanía energética. Un ejemplo de estos, es Sergio Sarmiento, quien, a sabiendas de mentir, pregona que cuando se nacionalizó la electricidad en 1960, ya no se pudo electrificar por falta de capital, siendo que, a partir de ese hecho, es cuando el servicio eléctrico llegó y cubrió, casi completa, la faz de nuestra patria, beneficiando a todos sin distinción, trátese de personas o poblados.

El tramposo sistema de autoabasto de energía, que imperó tras la malhadada “reforma” peñista, (que evidentemente fue contrarreforma) optó luego por la atracción de socios de “un peso”, con lo cual logró que grandes empresas (realmente sus clientes, pues es un mercado paralelo) aparezcan como autogeneradores (lo cual es falso) y con ello pagar sumas ridículas por el servicio eléctrico (aquí están Bimbo, Oxxo, Cemex, Kimberly Clark, etc.). Por si eso fuera poco, la introducción de Certificados de Energías Limpias (CEL) dizque para incentivar la generación de energía limpia, han sido un negociazo de esas compañías rapaces, que según informó la secretaria Rocío Nahle, si no se atajan, costarán al país cien mil millones de pesos en dos décadas.

Los enemigos de la actual iniciativa sobre electricidad, dicen que los paneles solares de particulares serán cancelados, lo cual es monumental mentira, pues nada de eso se prevé en el proyecto. Otra falsía es que la CFE no producirá energía limpia, siendo que actualmente tiene capacidad de generar un 55% de tal electricidad, además de que con la reforma podrá tener a sus plantas hidroeléctricas (que producen energía limpia) a toda su capacidad, la cual por los frenos que se le impusieron el sexenio pasado, está a media funcionalidad.

El ejemplo que tenemos con lo que pasó en Texas (donde los privados hacen lo que les place) hace uso meses; lo que actualmente padece España (por tener toda su generación en manos privadas) y en muchos otros países, es una severa advertencia para México, que por fortuna posee a la CFE, la cual se debe fortificar a la par que la republica asuma la rectoría energética.

No hay vuelta de hoja: los particulares solo buscan ganancias a cualquier costo, en tanto que los organismos públicos tienen como objetivo servir al pueblo. Ver la electricidad como simple negocio es fatal para la nación. Conservar una porción para los empresarios es lo que reviene la actual iniciativa en tal ramo, pues respeta a la inversión privada reservándole un 46 por ciento, lo cual es más que suficiente para que se hagan buenos negocios, pero eso sí, dejando la rectoría al Estado.

Lo que declararon algunos exdirigentes del priísmo, es porque unos fueron dirigentes entreguistas de la CFE, otros, tienen cuentas pendientes por sus conductas y los demás, porque del nacionalismo que sostuvo el tricolor, no tienen memoria es menester recordarles la parte final del discurso del presidente Adolfo López Mateos en 1960: “En México la Constitución es muy clara: ¡¡¡los Recursos Energéticos y los yacimientos petroleros son a PERPETUIDAD PROPIEDAD UNICA Y EXCLUSIVA DEL PUEBLO MEXICANO!!!

Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en Manos de Extranjeros.

El resto de las especulaciones al respecto son Traición a la Patria. Industrializar el País no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria”.

Esa vehemente exhortación del gran conciudadano que fue López Mateos, debería vibrar en la conciencia de los actuales y futuros ciudadanos de nuestra gran nación, que en materia energética debe salvaguardar a toda costa, su plena soberanía.