JALISCO
Entre el discurso y la violencia
Opinión, por Iván Arrazola //
En México, revisar las noticias del día se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Día tras día, los titulares parecen repetirse: joven desaparecido, estudiante no localizado, funcionario ejecutado, hombre asesinado a plena luz del día.
Es un ciclo que no cesa y que, lejos de conmocionar, corre el riesgo de volverse rutina. La violencia se ha instalado como telón de fondo de la vida pública, mientras el discurso oficial insiste en minimizar su gravedad o en reducirla a estadísticas y casos aislados.
El reciente asesinato de dos personas en la Zona Real de Guadalajara volvió a evidenciar la dolorosa normalización de la violencia. El primer caso fue el de Luis Armando Córdova, secretario de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue ejecutado en una cafetería a plena luz del día, sin que nadie pudiera intervenir para evitarlo. Horas más tarde, el homicidio de la joven influencer Valeria Márquez, perpetrado dentro de su propio establecimiento, conmocionó aún más a la opinión pública.
El hecho, captado en video, muestra con crudeza los momentos de angustia e incertidumbre que vivió Valeria antes de ser asesinada. La secuencia de ambos crímenes, lejos de parecer fortuita, deja entrever una inquietante sensación de fatalidad.
Ambos crímenes detonaron una ola de críticas y señalamientos hacia las autoridades locales. Uno de los puntos más cuestionados fue la ineficacia del sistema de videovigilancia C5, cuya utilidad vuelve a ponerse en entredicho cada vez que un asesinato de alto perfil ocurre sin que las cámaras sirvan para identificar o detener a los agresores en tiempo real. ¿Qué tan funcional es este sistema? ¿Qué tan útil resulta cuando los crímenes suceden en lugares vigilados, a plena luz del día y, aun así, los responsables logran huir sin mayor problema?
La respuesta oficial no hizo más que agravar la indignación. El secretario general de Gobierno de Jalisco admitió: «Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad, de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso». Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló: «Dentro del margen de sus posibilidades, las unidades respondieron». Más que respuestas, estas declaraciones revelan la falta de coordinación, la debilidad de los protocolos de emergencia y la resignación institucional frente a una violencia que claramente los sobrepasa.
Las explicaciones técnicas ofrecidas por Alarcón —como la ventaja que otorgan las motocicletas a los criminales para escapar entre el tráfico— no hacen sino subrayar la incapacidad del Estado para adaptar sus métodos de respuesta a nuevas formas de operación del crimen. La falta de previsión y de capacidades tácticas, sumadas a una pobre inversión en inteligencia, terminan dejando a la población a merced de grupos criminales cada vez más audaces.
Este patrón no es exclusivo de Jalisco. En la Ciudad de México, el asesinato de dos funcionarios públicos a manos de un sicario en plena vía pública mostró una planificación criminal detallada, ejecutada sin obstáculos. Aunque en este caso las autoridades han logrado reconstruir parte de la operación, el hecho de que no se previniera evidencia nuevamente la fragilidad de los sistemas de inteligencia y protección, incluso para funcionarios públicos.
La violencia en México no discrimina, y la justicia pronta parece inalcanzable. La narrativa gubernamental que minimiza los crímenes, como los asesinatos en Zona Real de Guadalajara, profundiza la desconfianza ciudadana. Cada caso impune refuerza la percepción de un Estado incapaz o renuente a garantizar seguridad.
Surgen entonces preguntas urgentes: ¿están las autoridades realmente comprometidas a mejorar las capacidades de respuesta y prevención? ¿Funciona el C5 como debería o es solo una herramienta decorativa? ¿Están los gobiernos dispuestos a revisar sus protocolos de respuesta y a incrementar los recursos destinados a seguridad?
En el caso de la Ciudad de México, mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación se resguardan bajo la narrativa de la “austeridad republicana”, resulta válido cuestionar si comprenden que invertir en inteligencia y seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios de inteligencia no solo sirven para espiar a políticos—como ha sostenido su líder moral—, sino que pueden y deben desempeñar un papel clave en la prevención de delitos de alto impacto.
De no corregirse esta ruta, los crímenes seguirán ocurriendo, la impunidad se perpetuará y el discurso oficial continuará desdibujándose ante una realidad que lo contradice todos los días. Porque si algo queda después de cada asesinato, además del dolor, es una verdad incontestable: el Estado sigue fallando.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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