Entre la renovación y el control

Opinión, por Miguel Anaya //

En el contexto del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una relevante iniciativa de reforma constitucional destinada a eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular y a prohibir el nepotismo en la sucesión de dichos puestos.

Para formarnos una opinión al respecto, es esencial mirar hacia el pasado. La bandera de la no reelección fue utilizada como un instrumento para que Porfirio Díaz llegara al poder, combatiendo contra la reelección de Benito Juárez. Posteriormente “Sufragio efectivo, no reelección” fue el lema que utilizó Francisco I. Madero durante la revolución para aglutinar a las masas, precisamente, contra Díaz.

En su momento, con el PRI en el poder, la no reelección se adoptó como una herramienta para construir y conservar la estructura partidista. Con la no reelección, el Revolucionario Institucional fomentó la rotación periódica de sus líderes, lo que le permitió «renovar» sus cuadros internos y evitar que figuras poderosas se consolidaran de manera permanente, al menos de forma pública. Así nacieron los períodos y planes sexenales, donde el que se iba, ya no volvía a aparecer en la escena.

Este mecanismo de renovación periódica se transformó en un instrumento dual: reforzaba la imagen de cambio que el régimen deseaba proyectar, mientras facilitaba el control político al permitir que, en cada sexenio, desde la presidencia y las gubernaturas se decidiera quién continuaría en la cúspide. Este equilibrio aparente entre renovación y estabilidad se convirtió parte de la esencia del modelo político mexicano.

Según sus promotores, el principal beneficio de la no reelección radica en su capacidad para evitar el estancamiento político y la formación de dictaduras personalistas, favoreciendo la entrada de nuevos actores y la innovación en la gestión pública.

No obstante, la instrumentalización del principio también ha suscitado críticas. Aunque en teoría se promueve la renovación, en la práctica se ha utilizado el mecanismo de la no reelección para mantener un control férreo sobre la política, que aseguraba la continuidad del poder en manos de la élite. Esta práctica ha sido señalada por algunos como un obstáculo para la verdadera competencia democrática, ya que históricamente el cambio aparente en la dirección del país ocurría en un marco previamente estipulado y controlado por unos pocos.

Así, el principio se ha convertido en un elemento paradójico: si bien impide la reelección inmediata y la concentración prolongada del poder en una sola persona, también restringe la emergencia de alternativas políticas fuera del círculo del poder.

Por todo lo anterior, el anuncio de la presidenta ha desencadenado un intenso debate en el ámbito político. Los defensores de la iniciativa argumentan que estas medidas fortalecerán la democracia al garantizar la alternancia política.

Los críticos sostienen que la reelección permite a los funcionarios dar continuidad a proyectos, ya que incentiva a los políticos a desempeñarse adecuadamente con la expectativa de un nuevo mandato por parte de los electores. En contraste, la no reelección los obliga a depender exclusivamente de la disciplina y acuerdos con la cúpula partidista que los postuló.

En fin, actualmente, después de más de 150 años el postulado de la no reelección sigue vigente, precisamente porque en el proceso quienes lo han propuesto se han perpetuado (o han intentado perpetuarse) en el poder.

Para que esta iniciativa prospere, deberá ser aprobada por dos tercios de los miembros en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, posteriormente, por la mayoría de las legislaturas estatales, dado que implica una reforma constitucional. Con la abrumadora mayoría de Morena en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, la aprobación parece un hecho, a menos que las tensiones internas compliquen el proceso.

Del éxito o fracaso de esta reforma dependerá la consolidación de un sistema político democrático, donde se renueven las y los políticos que -al menos en teoría- deberán tener la formación y experiencia adecuadas para llevar al país a un mejor rumbo. Así las cosas.