JALISCO
Foro libertad de expresión, la visión crítica del periodistas Gerardo Albarrán: “Regular el periodismo es un riesgo; no regularlo es un peligro

Por Mario Ávila //
Un grave rezago en el respeto a las audiencias de los medios de comunicación, se padece en Jalisco, ya que en los medios privados se omite el cumplimiento del compromiso de implementar la figura del “Defensor de Audiencia” o de cualquier otro método de autorregulación.
Y tanto en la entidad, tanto como a nivel federal, lo que vemos es la disputa por la agenda, ya que desde los gobiernos se intenta no solo posicionar los temas, sino desacreditar a medios que eventualmente son críticos, “pero también creo que sería justo decir que muchos de estos medios a su vez, no están respondiendo a los intereses de la sociedad ni están necesariamente impulsados por un servicio público, sino que responden a intereses particulares muy específicos que están siendo afectados desde estos gobiernos”, dijo el periodista, Gerardo Albarrán.
En el marco del Seminario Permanente de Libertad de Expresión, del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, Albarrán de Alba, abundó: “Los medios se rasgan las vestiduras porque los gobernantes atentan contra su libertad de expresión y los ponen en riesgo al demonizarlos, pero los propios medios satanizan al gobierno, lo ridiculizan y merman su propia credibilidad, al criticar no con argumentos, sino solo con denostaciones”.
Gerardo Albarrán de Alba, periodista y presidente del Consejo Consultivo del mecanismo de Protección Integral de Defensa para Periodistas en la Ciudad de México, dictó la conferencia titulada: “Los contrapesos de los medios, la transparencia, personas defensoras de audiencia e instrumentos de autorregulación”, en la que la doctora Celia del Palacio fungió como moderadora y el periodista Julio Ríos, como comentarista.
Albarrán de Alba expuso que la libertad de expresión y la libertad de prensa, debe contar con la necesaria regulación de los medios, para proteger derechos de terceros, incluyendo el derecho a la información de la sociedad, que también puede y es vulnerada desde los propios medios.
Aún con todo y estos escenarios, por lo menos a nivel federal -dijo el periodista con 44 años de trayectoria en los medios de comunicación masiva-, creo que sí podemos decir que existe una muy amplia libertad de expresión y para eso solo basta escuchar los noticieros de radio en la mañana, en la tarde y en la noche, en donde incurren en tantos o más excesos, que en los propios gobernantes en esta disputa.
También es cierto -abundó-, que el conocimiento de la sociedad sobre estas figuras de autorregulación y particular la defensoría de las audiencias, es muy pobre, fundamentalmente porque los medios concesionarios, radio y televisión, si tienen códigos de ética y defensorías de audiencia, pero por una imposición de ley, no por un convencimiento ético de los empresarios.
Y refirió que un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en este sentido, es el periódico El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, que cuenta con Código de Ética, cuenta con Defensor del Lector, cuenta con Comité de Ética y es tal vez el medio mexicano que más mecanismos de autorregulación ha desarrollado en este país.
El defensor de audiencias, no es un inquisidor de periodistas
En su ponencia, Gerardo Albarrán de Alba, un periodista con 44 años de experiencia profesional, quien se ha desempeñado en el ejercicio profesional en medios como Proceso, Informex, El Financiero y La Jornada, expuso que la libertad de expresión y la libertad de prensa, requieren de la necesaria regulación de los medios para proteger derechos de terceros, incluyendo el derecho a la información de la sociedad, que también puede y es vulnerada desde los propios medios.
Y recalcó: “Lo primero es entender que no existen derechos absolutos y que sus límites deben establecerse en la ley. En contraparte, la autorregulación de los medios es el reconocimiento de los límites del ejercicio profesional del periodismo, así como de los límites de la libertad de expresión desde los propios medios de comunicación y de las empresas informativas. La información no es solo un ejercicio de libertades sino también un espacio de responsabilidad y por eso se debe resolver la tensión entre la regulación, como búsqueda de responsabilidad o intento de control y la autorregulación como un ejercicio autocrítico o justificativo para que nada cambie en el ejercicio periodístico”.
En la exposición, Albarrán de Alba habló de los mecanismos de autorregulación internos: Principios editoriales, código de ética, comité de ética, defensor de audiencia o el estatuto de redacción. Y particularmente se refirió al Estatuto de Redacción, diciendo: “No es otra cosa que un pacto entre los propietarios del medio y la redacción, es decir los periodistas que trabajan en ese medio, para regular las relaciones profesionales entre periodistas, directivos y empresa, con independencia de los requerimientos normales en las relaciones laborales.
“Es decir, el Estatuto de Redacción no pertenece al ámbito tradicional de las relaciones obrero-patronales que están regidas por leyes laborales, sino que establecen ese pacto profesional del alcance de la actividad periodística desde la ética y los criterios profesionales, pero que también tienen una fuerza vinculante y tiene la validez cuando existen, de cualquier contrato firmado entre particulares y su incumplimiento puede ser reclamado por cualquiera de las partes en la jurisdicción civil. Cuando existen Estatutos de Redacción incluso suelen ser un instrumento fundamental para el ejercicio del secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas.
“Los mecanismos de autorregulación tienen como objeto básico establecer esas normas éticas generales, esas normas mínimas que nos dan un piso ético a periodistas y directivos y a las que nos vamos a sujetar voluntariamente, lo que se traduce en estándares que crean las condiciones de normalidad profesional para que estas normas de las audiencias, que en todo momento serán vigiladas en su cumplimiento por el defensor de las audiencias.
“El defensor de las audiencias es la conciencia deontológica del medio, es el intermediario entre el púbico y los procesos informativos, por ello tiene una doble dimensión, interna y externa, además es garante del derecho a la información de la sociedad, lo cual nos habla del papel y la pertinencia social de esta figura”.
Sin embargo, Gerardo Albarrán también habló de lo que no es un defensor de audiencia y precisó: “No es un censor de contenidos, ni un inquisidor de periodistas; no estamos para reprimir; tampoco es un justificador a priori de decisiones empresariales editoriales; las defensorías de audiencias tampoco están para lavarle la cara a los errores de los dueños de los medios y no representan a nadie más que a los intereses de las audiencias.
“Los códigos de ética y las defensorías de las audiencias son instrumentos complementarios, no supletorios de los marcos jurídicos que protegen los derechos de las audiencias, desde una perspectiva garantista de derechos humanos; la autorregulación periodística tampoco suplanta al mercado, sino que compensa sus insuficiencias.
Por eso es importante que existan estas defensorías y que se ejerzan plenamente en favor de las audiencias, no de alguna de las partes que eventualmente están en conflicto, trátese de un medio o de una periodista, así sea Carmen Aristegui”, sentenció Gerardo Albarrán, quien fuera el primer defensor de audiencia de una estación comercial en MVS.
JALISCO
Luis Donaldo Colosio Riojas en Guadalajara: México necesita un nuevo pacto social

– Por Raúl Cantú
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas visitó Jalisco para promover un diálogo vibrante con sectores sociales, políticos y empresariales, destacando su visión crítica, tono conciliador y un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para redefinir el rumbo de México.
Su jornada, marcada por un enfoque propositivo, dejó una huella profunda en la entidad, consolidándolo como un líder que une generaciones en la búsqueda de un país más justo.
La visita comenzó en Casa Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus Navarro lo recibió con calidez. Juntos recorrieron el Instituto Jalisciense de Cancerología, evidenciando su compromiso compartido con la salud pública y el bienestar de las familias jaliscienses.
Acompañado por el jefe de gabinete, Alberto Esquer, un eficaz anfitrión y operador político, Colosio mostró interés en fortalecer programas de atención médica que prioricen a los más vulnerables.
El punto culminante fue su conferencia “Retos y oportunidades para México” en el auditorio Raúl Padilla López del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.
Ante estudiantes, académicos y autoridades, Colosio cautivó con un mensaje claro: México necesita un nuevo pacto social basado en educación, empatía y responsabilidad cívica.
La rectora Mara Robles Villaseñor elogió su madurez política y enfoque constructivo, destacando su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones. “Es un líder que no solo señala problemas, sino que propone soluciones con visión de futuro”, afirmó.
Al mediodía, Colosio participó en una comida privada con 40 líderes empresariales, políticos y sociales en un exclusivo restaurante de la zona financiera de Guadalajara. Lo acompañaron Alberto Esquer, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, junto a figuras como Felipe Gómez (Granvita), Roberto Hemuda (Astros de Jalisco), Íñigo González (Grupo Sesajal), Miguel Ángel Landeros (COMCE), Raúl Flores (COPARMEX), Antonio Lancaster-Jones (CCIJ), Juan Manuel Chávez (CMIC) y Horacio Fernández (Industrias Tajín).
En un ambiente de apertura, Colosio abogó por un modelo de desarrollo basado en innovación, productividad y colaboración intersectorial, subrayando la importancia de restaurar la confianza pública para un crecimiento sostenible.
El encuentro fue un reflejo de su capacidad para tender puentes. Colosio destacó que Jalisco, como motor económico, puede liderar un cambio nacional al priorizar la cooperación entre gobierno, academia y sector privado.
Los asistentes coincidieron en la necesidad de políticas que impulsen la competitividad sin sacrificar el bienestar social, un mensaje que resonó con fuerza en un estado clave para la economía mexicana.
La visita de Colosio no solo fue un ejercicio de diálogo, sino un símbolo de esperanza. En el ámbito académico, su interacción con la comunidad universitaria reforzó la importancia de la educación como pilar de transformación. En el político, su tono conciliador y su cercanía con autoridades como Lemus y Esquer demostraron que la colaboración trasciende colores partidistas. En el empresarial, su capacidad para conectar con líderes productivos consolidó su imagen como un político que escucha y propone.
Más allá de los eventos, Colosio dejó una impresión duradera. Su presencia en Jalisco simbolizó un liderazgo fresco, pero arraigado en valores de justicia y solidaridad, evocando el legado de su padre, pero con un estilo propio.
Su mensaje de unidad y acción colectiva resonó en cada espacio, desde el Instituto de Cancerología hasta el CUCEA y la mesa empresarial. En un México polarizado, su enfoque pragmático y humano ofrece un camino hacia la reconciliación y el progreso.
JALISCO
Exposición «Creativa y rural» de Brenda Tapia: Reflexión sobre las mujeres indígenas en el Tribunal Electoral de Jalisco

– Por Enrique Manterola
En el Aula Magna del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), se inauguró la exposición fotográfica «Creativa y rural» de la artista michoacana Brenda Tapia, un homenaje a la resistencia y potencia de las mujeres rurales que sostienen la vida en los territorios indígenas con sus manos, saberes y arte.
El evento, enmarcado en el Día Internacional de la Mujer Rural, contó con la participación del periodista Gabriel Ibarra Bourjac y el caricaturista Saúl Herrera –conocido como Qucho–, quienes destacaron el rol transformador del arte en la visibilización de desigualdades y luchas históricas.
La exposición, que resalta autorretratos y reflexiones visuales sobre la vida en comunidades rurales de Michoacán, busca contrarrestar la invisibilidad de estas mujeres, a menudo marginadas en narrativas urbanas.
Brenda Tapia, originaria de San Isidro, municipio de Nahuatzen, en Michoacán y egresada de Comunicación Visual por la UNAM, presentó su proyecto «Territorio» como una mirada crítica y poética a la andoría del paisaje y las problemáticas cotidianas, inspirada en figuras como Graciela Iturbide.
Su obra ha sido exhibida en museos de México, Chile y Nueva York, y promueve espacios independientes para artistas emergentes.
DISCURSO VS. REALIDAD: CRÍTICA DE IBARRA BOURJAC
Gabriel Ibarra Bourjac, en su intervención inicial, felicitó a la presidenta del TEEJ, magistrada Marcela Zárate –quien asumió hace una semana–, por abrir las puertas del tribunal al arte, trascendente más allá de «colores partidistas». Destacó la brecha entre el discurso político sobre feminismo y paridad –en boga en 2025, con el Año Internacional de la Mujer Indígena– y la realidad de marginación.
El director de la revista Conciencia Pública, Ibarra Bourjac refirió la marginación histórica que viven las comunidades indígenas del país y el olvido que se tiene a las zonas rurales y citó el reciente punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a pagar una deuda de justicia a la Comunidad Indígena de Mezquitán, Jalisco.
«Allá por 2001, cedieron más de 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo a cambio de 40 millones de pesos, pero solo recibieron 5 millones.
Han pasado 24 años de su lucha, liderada por mujeres, con sentencias agrarias ignoradas por burocracia y valores catastrales obsoletos», denunció. Agregó que bloqueos recientes de productores agropecuarios en Guadalajara por bajos precios del maíz reflejan subsidios insuficientes y efectos de tratados comerciales, urgiendo reflexión colectiva sobre orígenes rurales y el sacrificio de madres y abuelas campesinas.
El periodista, de origen ranchero sonorense, elogió la obra de Brenda Tapia por poner al centro la marginación rural y llamó al arte como herramienta de sensibilidad en una sociedad «deshumanizada» por la urbanidad.
QUCHO: HISTORIA Y RETOS DE LA MUJER RURAL
Saúl Herrera, «Qucho», moderador del conversatorio «Los Retos de la Mujer Rural», enfatizó cómo la vida citadina resta sensibilidad ante demandas campesinas, como los bloqueos por precios justos del maíz.
Recordó anécdotas de estudiantes rurales que viajan horas para clases en Guadalajara, atribuyendo su talento al contacto con la naturaleza.
Qucho invocó el rol histórico de las soldaderas en la Revolución Mexicana –organizadoras, mensajeras y combatientes–, y aplaudió al TEEj por democratizar espacios culturales.
«El arte trasciende museos y ferias; es un diario político que reúne a tomadores de decisiones», afirmó, invitando a Tapia a sentirse en casa y reconociendo su obra como evocadora de películas revolucionarias.
INSPIRACIÓN DE BRENDA TAPIA: DE LA PATINETA A ITURBIDE
Brenda Tapia, emocionada por el espacio en el TEEJ, agradeció a autoridades y asistentes –incluidas figuras como la presidenta del Congreso, Marta Arizmendi– por priorizar el arte en agendas políticas. «Es histórico que el arte reúna a quienes deciden; necesitamos ser escuchadas en contextos feministas y de derechos humanos», dijo, relajando a los presentes para llevarse «otra perspectiva».
Respondiendo a Qucho, Tapia reveló que su pasión por la fotografía surgió a los 14 años al mudarse a la Ciudad de México para cursar preparatoria. Influida por la subrepresentación rural en medios y su deseo de «crear atmósferas que trasciendan», experimentó con patinetas de cuatro ruedas para capturar trucos en fracciones de segundo.
El punto de inflexión fue descubrir a Graciela Iturbide: «Vi que podía ser escuchada; su obra en Oaxaca me inspiró a documentar mi realidad rural con autorretratos vulnerables pero fuertes, como Frida Kahlo».
Hija de un agrónomo e indígena purépecha, Tapia contrastó contextos rurales y urbanos –en vestimenta, ritos y acceso a salud y educación–, lamentando brechas persistentes como la deserción escolar femenina.
«En mi comunidad, fui la única de mi generación en terminar la licenciatura; la cultura prioriza invertir en hombres», señaló, celebrando avances como acceso a luz y educación, pero urgiendo cerrar desigualdades.
El conversatorio subrayó el poder del arte para visibilizar la mujer rural, con Tapia impulsando plataformas como «Artistas Rebeldes» para portafolios creativos. La exposición, abierta al público, invita a reflexionar sobre identidades olvidadas en México. Contacto: Instagram y Facebook @brendatapia
La exposición fotográfica «Creativa y Rural» de la artista michoacana Brenda Tapia, fue presentada en el Aula Magna del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), evento al que acudió la presidenta del Congreso del Estado, diputada Marta Arizmendi.
El periodista Gabriel Ibarra Bourjac participó en el conversatorio que coordinó Saúl Herrera, Qucho sobre la obra y exposición de la artista michoacana Brenda Tapia.
En la gráfica de izquierda a derecha: Alejandro Gómez Trujillo, organizador de la exposición; Saúl Herrera, Qucho, Gabriel Ibarra, Brenda tapia y la presidenta del TEEJ, magistrada Marcela Zárate.
La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), magistrada Marcela Zárate le entrega a Qucho el reconocimiento por su participación en el conversatorio.
El periodista Gabriel Ibarra Bourjac participó en el conversatorio que coordinó Saúl Herrera, Qucho sobre la obra y exposición de la artista michoacana Brenda Tapia.
Sandra Hernández Ríos, conductora del evento en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Alejandro Gómez Trujillo, organizador de la exposición de Brenda Tapia, recibe la entrega del reconocimiento de manos de la presidenta del TEEJ, magistrada Marcela Zárate.
JALISCO
La toga en campaña: Jalisco ante la reforma judicial del voto popular

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
En Jalisco, el Poder Judicial se prepara para una cirugía mayor. Lo que hasta hace poco parecía un rumor lejano —la elección popular de jueces y magistrados— se ha convertido en un dictamen con estructura, calendario y reglas claras. El Congreso local, en su Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, ha puesto sobre la mesa una reforma que, si se aprueba, transformará la justicia jalisciense en un terreno inexplorado: los tribunales convertidos en campo electoral.
La propuesta no surge del vacío. Deriva de la reciente reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, que obliga a los estados a adecuar sus constituciones para permitir la elección directa de las personas juzgadoras. En cumplimiento de ese mandato, el dictamen jalisciense reforma y deroga múltiples artículos de la Constitución local, bajo el argumento de que el modelo de designaciones internas y cuotas políticas ha agotado su legitimidad.
El documento, resultado del análisis de reformas similares en 16 entidades federativas, sostiene que Jalisco no puede quedarse al margen del nuevo paradigma: jueces y magistrados elegidos por voto ciudadano, campañas de sesenta días, y una estructura administrativa renovada.
Pero el cambio no es menor: la justicia, que por décadas se mantuvo en el terreno técnico y reservado de las élites jurídicas, pasará a la arena política. A partir de 2027, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los jueces de primera instancia deberán conquistar las urnas como cualquier candidato a un cargo público. No habrá elección en 2025, lo cual deja dos años para preparar la maquinaria electoral judicial.
El dictamen prevé que los 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los jueces locales sean elegidos por voto popular. Cada uno tendrá un mandato de nueve años con posibilidad de reelección. Los segundos lugares en las votaciones fungirán como suplentes, replicando el modelo federal.
Las campañas serán de 60 días, con la prohibición de recibir financiamiento público o privado. El Congreso, el Ejecutivo y el Supremo Tribunal conformarán comités de evaluación para filtrar aspirantes, quienes deberán acreditar un título en Derecho con promedio mínimo de ocho —nueve en materias especializadas— y cinco años de práctica profesional.
Desaparece el viejo método de insaculación, ese eufemismo que disfrazaba la tómbola institucional con la que se sorteaban nombres a conveniencia de los grupos de Poder Judicial. En su lugar, la ley establecerá mecanismos técnicos y objetivos de evaluación, prometiendo meritocracia donde antes hubo discrecionalidad.
El actual Consejo de la Judicatura desaparecerá para dar paso a un Órgano de Administración Judicial de cinco miembros: uno designado por el Gobernador, tres electos por el Congreso y uno por el Supremo Tribunal de Justicia, todos por un periodo de seis años.
A su lado operará un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por tres magistrados electos popularmente, encargados de sancionar conductas indebidas y garantizar la rendición de cuentas. Este tribunal, dicen los redactores del dictamen, eliminará la discrecionalidad que durante décadas convirtió la disciplina judicial en un juego de favores.
El rediseño presupuestal también es revelador: el 70% del presupuesto que antes manejaba el Consejo de la Judicatura se dividirá ahora entre el Órgano Administrativo (50%) y el Tribunal de Disciplina (20%). La reforma pretende blindar la autonomía financiera con la figura del “Presupuesto Constitucional”, para impedir que futuros gobernadores reduzcan arbitrariamente los recursos judiciales.
El dictamen proclama un propósito noble: fortalecer la transparencia judicial y acercar la justicia a la ciudadanía. Sostiene que, al permitir la elección directa de jueces y magistrados, se refuerzan los lazos entre sociedad e instituciones. La justicia, dicen, dejará de impartirse desde la torre de marfil y bajará a la plaza pública.
El problema es que la plaza pública no siempre garantiza independencia. En los países donde se han ensayado modelos similares —como ciertos estados de Estados Unidos— los jueces terminaron dependiendo de la popularidad y no de la legalidad, moldeando sus sentencias al humor social o al poder económico que domina las campañas.
En México, donde la frontera entre justicia y política ya es porosa, la pregunta es inevitable: ¿quién financiará las campañas de los jueces si no hay dinero público ni privado permitido? ¿Y quién podrá competir en igualdad si la exposición mediática y los recursos informales se convierten en la nueva moneda judicial?
El documento introduce además una reforma simbólica, pero cargada de ideología: ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República. Una cláusula que lleva la huella discursiva del presidente López Obrador, aunque el gobierno jalisciense pertenezca a Movimiento Ciudadano. El gesto parece buscar legitimidad popular en una reforma que, paradójicamente, podría someter a los jueces al mismo escrutinio mediático que a los políticos.
También se incluye lenguaje neutral de género, eliminando el uso exclusivo de “magistrado” o “magistrada” y sustituyéndolo por “personas juzgadoras”, en concordancia con la perspectiva inclusiva del nuevo constitucionalismo mexicano.
El dictamen no se engaña: reconoce que el texto constitucional no basta. Propone la expedición de dos leyes clave:
La Ley Especial Electoral del Poder Judicial, que regulará el proceso de registro, campañas y elección de jueces y magistrados.
La Ley de Carrera Judicial, orientada a la profesionalización y formación continua, con la creación de una Escuela Judicial Estatal articulada con el Sistema Estatal de Servidores Públicos del Poder Judicial.
Ambas leyes serán el terreno real donde se juegue la independencia judicial. Porque una cosa es proclamar la democratización de la justicia y otra muy distinta operarla sin que se convierta en una parodia electoral.
El dictamen se presenta como una pieza del proyecto nacional de transformación del Poder Judicial. Su narrativa se alinea con el discurso federal: un Poder Judicial que debe “servir al pueblo” y no a sí mismo. Pero también revela la tensión entre los órdenes de gobierno: el federalismo judicial mexicano está siendo redibujado, y Jalisco —que históricamente ha reclamado su autonomía— parece ceder terreno al nuevo paradigma centralizador disfrazado de democracia participativa.
El corazón de la reforma late entre dos promesas: democratizar y modernizar. Pero como toda cirugía política, puede dejar cicatrices. Si las campañas judiciales se convierten en concursos de popularidad, la justicia podría volverse un botín más de la política electoral.
Jalisco, laboratorio de modernidades y excesos, experimentará ahora con la justicia en campaña. En el papel, los ciudadanos elegirán a quienes los juzgarán. En la práctica, veremos si los partidos y los intereses económicos renuncian al apetito de intervenir en el nuevo escenario judicial.
El desafío no es menor: lograr que la justicia sea cercana al pueblo sin volverse rehén del pueblo. Que la independencia no se vote cada tres años, sino que se construya todos los días.
Porque si algo enseñó la historia política mexicana es que cuando la toga se mezcla con la propaganda, lo que se pierde no es el voto… es la justicia.
En X @DEPACHECOS