NACIONALES
Fruslerías
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Contrario a lo que significa el título de esta columna, la reforma judicial no tuvo nada de trivial o de poca importancia, por el contrario, la relevancia que tiene para el futuro de este país es innegable. Lo nocivo que resulta para la impartición de justicia ha sido señalado en abundancia por juristas y estudiosos del derecho y en esta columna no tendría más que agregar que no se hubiera dicho ya, al igual que los efectos mediatos en la economía, tan necesitada de certidumbre en la inversión productiva, también señalada.
Alarma la ausencia en la conversación pública de los grandes temas resultantes del experimento esperpéntico que fue la elección y sí, en cambio, la intrascendente discusión sobre el uso de la toga en las sesiones públicas de la Suprema Corte de Justicia, lo que es en esencia una auténtica fruslería ante la gravedad de los asuntos que se soslayan.
En el oficialismo resulta más importante subrayar que los exiguos votos son suficientes para considerar legitimada la elección, que analizar los perjuicios que arrojó la improvisación de un procedimiento electivo, tan insuficiente y defectuoso, que motivó a que el órgano electoral emitiera 308 acuerdos administrativos para cubrir los vacíos legislativos y definir criterios en aspectos sustanciales de la elección.
La crítica, aunque sea en positivo, es inaceptable, pues es del interés gubernamental que, una vez concluido el proceso y lograda la inclusión de los juzgadores por ellos designados ─acordeones de por medio─ la discusión se trivialice.
Las observaciones que presentó la Misión de Observación Electoral de la OEA, invitada por el propio INE, son consideradas una intolerable intromisión. Se requirieron 37 concisas cuartillas, producidas por 16 expertos internacionales, para señalar las fallas en el proceso.
Desde el tramo de selección de aspirantes o candidatos, que nunca fueron sometidos a pruebas de idoneidad o capacidad para la posición, hasta el uso de tómbolas, hicieron del “ejercicio democrático” una burda simulación.
Debe dolerle al gobierno la recomendación final de la misión de observadores: “La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del poder judicial.” Y el remate final: “Dicho lo anterior, la misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.”
Esto es lo que debería estarse analizando y proponiendo alternativas, ya no de sustitución o eliminación del modelo ─eso no sería conveniente al régimen que reduce y entiende a la democracia como un mero plebiscito─ sino cuando menos del perfeccionamiento del mismo para que lleguen los capaces y preparados no los favoritos de los grupos en el poder y la contienda electoral tenga equidad y transparencia.
Hablar de togas y atuendos nativos como afirmación del origen, habla por sí mismo de parcialidad hacia un segmento y pretenden que eso se entienda como justicia social. Centrar en el origen étnico del electo la virtud y mérito para presidir la Suprema Corte es una fruslería comparada con la enorme responsabilidad que contrae, para la cual aparentemente no está capacitado.
El INE no puede juzgar sobre ese particular, solo si cumplieron las condiciones que se exigieron para participar en el proceso y dará constancias de mayoría, pero una certificación de capacidades no existe y, por tanto, parece que esto será como los carros de calabazas: se acomodarán en el camino y veremos que sale en el experimento. Esa es demasiada irresponsabilidad para con el país y la ciudadanía.
Menuda tarea le espera al nuevo ente llamado Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá que garantizar que los jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley, además de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la administración de justicia, sin que nada ni nadie haya definido la gradualidad de las faltas.
Aspectos como este, que es el marco en que habrá de regirse la nueva corte suprema y el sistema judicial, deberán incorporarse a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, los senadores y el futuro presidente de la suprema corte están más preocupados porque se elimine la toga.
Con toda la problemática que deriva de este engendro de reforma judicial, centrar la discusión en la presencia y vestuario de un mestizo abogado de causas indígenas es por lo menos irresponsable y demuestra el poco respeto que tiene este gobierno por la vigencia plena del Estado de derecho.
El país no anda bien, aunque el discurso oficial lo niegue. El gobierno está ausente, abúlico, pendiente de acumular poder sin saber cómo usarlo para el bien de todos, no solo del movimiento, pero sigamos discutiendo sobre la toga o no me llamen Andy. Puras fruslerías.
JALISCO
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
–Por Francisco Junco
El tequila, bebida que a la vez es símbolo cultural de México y motor económico de miles de familias jaliscienses, será objeto de una estrategia conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
A través de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones acordaron trabajar de la mano en una agenda internacional que no sólo fortalecerá la exportación de la bebida, sino también su presencia en eventos globales y su acceso a nuevos mercados con menos restricciones arancelarias.
El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, enfatizó que esta alianza busca abrir puertas en países como India, donde actualmente el arancel de importación del tequila es del 150%.
“Es un distintivo a nivel mundial que nos posiciona, que nos marca. Tenemos ese proyecto de llegar a la India”, señaló y agregó que tienen «una agenda internacional muy destacada, no sólo para la Secretaría de Turismo, sino también para la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Agricultura».
Desde la trinchera del CRT, Alan Loredo Trueba, primer vicepresidente del consejo directivo, reafirmó el compromiso del organismo con la protección de la denominación de origen y con el fortalecimiento de la cadena productiva, que da sustento a familias campesinas, productores, comercializadores y prestadores de servicios.
“En el CRT, desde hace más de 30 años, trabajamos en proteger al tequila, labor que reforzaremos con el Gobierno de Jalisco con la firma de este convenio y continuar con ello salvaguardando a nuestra primera denominación de origen en México y el mundo. A esto vamos a sumar la promoción económica internacional, la atracción de inversión económica directa, el fortalecimiento al comercio exterior a través de la difusión de la cultura del tequila y la entrega del Distintivo T”, expreso en nombre del CRT.
Explicaron que, uno de los ejes con mayor impacto social será la profesionalización en torno a la cultura del tequila. A través de capacitaciones y certificaciones, el CRT ha acercado a más personas a la historia, normativa y calidad de la bebida nacional por excelencia.
En este contexto, el Distintivo T cobra relevancia como una garantía de buenas prácticas en centros de consumo, que impacta directamente en el servicio turístico y en la promoción de empleos dignos en el sector.
Mediante un comunicado de prensa se anticipó que el tequila tendrá una destacada presencia en ferias internacionales como FITUR, lo cual no sólo eleva el nombre de Jalisco en el mundo, sino que genera una derrama económica que impacta positivamente en comunidades agaveras, empresas familiares y jóvenes emprendedores que encuentran en la bebida un camino de desarrollo con identidad.
- –Por Mario Ávila
Con 73 casos de violencia política en contra de sus militantes en el primer semestre del 2025, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido político más agraviado en el país, seguido del Partido del Trabajo (PT) con 28 víctimas y en tercer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 27.
De acuerdo a un trabajo de investigación realizado por la empresa Integralia Consultores, el reporte indica que se registraron además 69 casos de violencia política en contra de víctimas sin afiliación a partido político alguno.
El reporte de mitad de año advierte que, de enero a junio del 2025, ocurrieron en el país 253 hechos de violencia política, lo que significa que se registró un caso cada 17 horas en algún rincón de México.
Entre los sucesos de violencia política destacan 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis casos correspondientes a otros delitos, como robos, en 29 de las 32 entidades del país.
Un dato que resalta en la investigación, tiene que ver con el hecho de que la violencia fue más intensa a nivel municipal, ya que la mayoría de las víctimas, es decir el 79% de ellas, fueron figuras públicas, funcionarios, ex funcionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.
Ello se debe a que las organizaciones criminales priorizan el control municipal, debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados, según se expone en el resumen ejecutivo sobre el tema, realizado por Integralia Consultores.
Por lo que toca a regiones o estados, Veracruz fue el sitio en donde se concentraron la mayoría de los eventos de violencia política, toda vez que en el marco de las elecciones municipales se contabilizaron 81 casos, mientras que en Guerrero se padecieron 24, en Morelos 21 y en Oaxaca 20; en contraste, en Durango que también celebró comicios locales, solo se registró un evento de violencia política.
La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorción, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.
La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación, según se explica en el informe del primer semestre del año.
–Por Mario Ávila
El gozo se fue al pozo. Cuando la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, disfrutaba de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI al mencionar que la percepción de la inseguridad había mejorado 10 puntos en el segundo trimestre del año; una nueva encuesta en el mes de julio, descarta que Guadalajara, se encuentre entre las 10 ciudades más seguras de México.
Al dar a conocer en el mes de julio, el Top 10 de las ciudades más seguras, según sus habitantes, la capital de Jalisco no aparece y quien sí está en el quinto lugar es Puerto Vallarta, Jalisco, en donde la población se siente menos insegura de vivir en su localidad, según la evaluación de la misma ENSU-INEGI.
Los resultados del top 10 ubican en el primer lugar al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; segundo, Piedras Negras, Coahuila; tercero, Benito Juárez, CDMX; cuarto, Saltillo, Coahuila y quinto, Puerto Vallarta, Jalisco.
En el sexto lugar aparece San Nicolás de los Garza, Nuevo León; séptimo, Tampico, Tamaulipas; octavo, Tepic, Nayarit, noveno, Los Cabos, Baja California Sur y décimo, La Paz, Baja California Sur.
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
Morena, el partido más agraviado por violencia política
Guadalajara… ¡ni tan segura!
Entregan 66 patrullas a municipios del Sur, Sureste y Lagunas de Jalisco
