Fuego transfronterizo: explosiones y lluvia de escombros, crece tensión entre México y SpaceX

-Por Redacción Conciencia Pública

El 18 de junio de 2025, una prueba en tierra del cohete Starship en la base de SpaceX en Brownsville (Texas) terminó en explosión, lanzando fragmentos hacia el sur del estado, concretamente hacia México.

Restos metálicos, tanques, plástico y otros desechos llegaron a playas y zonas de Tamaulipas, generando alarma por su impacto ambiental.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 25 de junio que su gobierno realiza una revisión legal para analizar posibles violaciones al derecho internacional ambiental. “Sí hay contaminación”, afirmó, y advirtió que de confirmarse infracciones se presentarían las demandas necesarias, incluso ante instancias internacionales.

Organizaciones civiles dedicadas a la conservación del medio ambiente, como Conibio Global, han documentado la acumulación de basura espacial en más de 40 kilómetros de playa, señalando impactos sobre tortugas marinas, peces y delfines. La fauna local corre riesgo ante la ingesta o contacto con fragmentos tóxicos o microplásticos.

SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, sostiene que el material no representa “peligro químico, biológico o tóxico” y que estableció zonas de seguridad antes de la prueba, como ya ha hecho público en redes. La empresa ha solicitado ayuda a las autoridades mexicanas para recuperar escombros, aunque se reportan intentos de intrusión en territorio nacional sin permiso.

Las tensiones han ido escalando al grado de que México ha sancionado operaciones no autorizadas en aguas nacionales y retirado una plataforma de recuperación contratada por SpaceX; incluso el gobierno federal ha destinado barcos de la Secretaría de Marina para que patrullen las playas donde han caído los restos de los cohetes, esto para evitar que barcos estadounidenses o cualquier otra persona no autorizada ingrese de manera ilegal a recuperar los despojos.

Además, se están evaluando medidas legales y ajustes regulatorios ante el riesgo de que se programen hasta 25 lanzamientos anuales desde las instalaciones de SpaceX (Starbase) en la ciudad de Brownsville, Texas, lo que podría amplificar los riesgos transfronterizos.

Por lo pronto, el Gobierno de México y la empresa SpaceX siguen en un creciente estira y afloja que va más allá de lo técnico: se trata de soberanía territorial, protección ambiental y el desafío legal de regular una industria espacial privada que opera cerca de fronteras entre países.