MUNDO
Fundamental para el desarrollo de un país: La importancia de un sistema de justicia funcional, honesto, ético y justo
Actualidad, por Alberto Gómez R. //
Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de cualquier país. Este sistema no solo asegura el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos individuales y colectivos, sino que también promueve la estabilidad política, la prosperidad económica, y la cohesión social.
La existencia de un sistema de justicia robusto y confiable es un pilar esencial para la democracia y la gobernabilidad efectiva, ya que fomenta la confianza ciudadana y la participación de la sociedad en los procesos judiciales y políticos. Países como Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos han implementado sistemas judiciales que son ejemplos de cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.
SUIZA: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA JUSTICIA
Suiza es conocida por su sistema democrático directo, donde la ciudadanía juega un rol fundamental en la toma de decisiones, incluyendo en la administración de justicia. En Suiza, muchos jueces a nivel cantonal y federal son elegidos mediante el voto popular, lo que garantiza que el sistema judicial esté alineado con los valores y expectativas de la sociedad. Este proceso de elección directa permite a los ciudadanos tener un control más cercano sobre quiénes administran la justicia, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia.
La elección democrática de jueces en Suiza refuerza la independencia judicial al limitar la influencia de los partidos políticos y otros intereses externos en el proceso de selección. Además, la posibilidad de destituir a los jueces a través de referendos garantiza que se mantengan altos estándares de integridad y competencia. Esta participación activa de la ciudadanía fortalece la confianza pública en el sistema judicial y asegura que las decisiones judiciales reflejen las necesidades y valores de la comunidad.
PAÍSES BAJOS: INDEPENDENCIA Y EFICIENCIA JUDICIAL
En Países Bajos, el sistema judicial es reconocido por su independencia y eficiencia. Aunque los jueces no son elegidos directamente por los ciudadanos, el sistema incluye mecanismos que aseguran la participación de la sociedad civil en la supervisión de la justicia. Los jueces neerlandeses son nombrados por el monarca, pero el proceso de selección es altamente meritocrático y supervisado por el Consejo Judicial, que incluye representantes de la sociedad civil.
La transparencia y la profesionalización del sistema judicial neerlandés son claves para su funcionamiento. Los ciudadanos tienen acceso a procedimientos judiciales transparentes y pueden participar en consultas públicas sobre reformas legales y judiciales. Además, existen mecanismos para que los ciudadanos presenten quejas sobre la conducta judicial, lo que asegura que el sistema permanezca receptivo a las preocupaciones públicas. La eficiencia y la previsibilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un lugar atractivo para la inversión extranjera y el comercio internacional.
NORUEGA: TRANSPARENCIA Y JUSTICIA INCLUSIVA
Noruega se destaca por su enfoque en la transparencia y la inclusión en su sistema judicial. Aunque los jueces no son elegidos por voto directo, existen comités de selección que incluyen a miembros de la sociedad civil y que trabajan para asegurar que los candidatos sean seleccionados en base a sus méritos y ética. Este modelo promueve una justicia que no solo es eficiente, sino también profundamente ética y alineada con los valores de equidad y transparencia que definen a la sociedad noruega.
El sistema judicial noruego también enfatiza la rehabilitación y la reintegración social, en lugar de centrarse únicamente en la retribución. Este enfoque reduce las tasas de reincidencia y promueve una sociedad más segura y cohesionada. La participación ciudadana se extiende a través de programas de jurados populares y consultas públicas, lo que asegura que la justicia refleje las aspiraciones y valores de la comunidad. Esta transparencia y el enfoque inclusivo no solo fortalecen la confianza en la justicia, sino que también contribuyen a una distribución más justa de la riqueza, al garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tengan acceso a la justicia.
CANADÁ: PROTECCIÓN DE DERECHOS Y JUSTICIA ACCESIBLE
En Canadá, la justicia es vista como un derecho fundamental y un componente esencial de la democracia. El sistema judicial canadiense es conocido por su enfoque en la protección de los derechos humanos y la accesibilidad de la justicia. Aunque los jueces son nombrados por el gobierno, el proceso de selección incluye consultas públicas y revisiones por parte de comités independientes, lo que asegura que los candidatos sean evaluados por su integridad, competencia y compromiso con los principios de justicia.
La participación ciudadana en Canadá se facilita a través de numerosas organizaciones de la sociedad civil que actúan como vigilantes del sistema judicial y defensores de los derechos. Estas organizaciones trabajan en colaboración con las instituciones judiciales para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. Además, existen programas de asistencia legal y tribunales especializados que abordan cuestiones como los derechos de los indígenas y la justicia juvenil, asegurando que la justicia sea accesible para todos los sectores de la sociedad.
ESTADOS UNIDOS: ELECCIÓN DIRECTA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En Estados Unidos, algunos estados, como California, permiten la elección directa de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales mediante el voto ciudadano. Este modelo promueve una justicia más conectada con la comunidad, al permitir que los ciudadanos elijan a aquellos que administrarán la justicia en sus distritos. Esta participación directa puede fortalecer la rendición de cuentas y hacer que los jueces sean más receptivos a las necesidades y valores de la comunidad.
Sin embargo, este modelo también presenta desafíos, como la influencia del dinero y la política en las elecciones judiciales, lo que puede poner en riesgo la imparcialidad. A pesar de estos retos, la elección directa sigue siendo un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede ser un componente clave para un sistema de justicia democrático.
IMPACTO EN LA ECONOMÍA
La existencia de un sistema de justicia funcional y justo tiene un impacto directo y positivo en la economía de un país. La seguridad jurídica que ofrece un sistema judicial confiable es un pilar para atraer inversiones y fomentar la actividad empresarial. Cuando los inversionistas tienen la certeza de que sus derechos serán protegidos y que las disputas se resolverán de manera imparcial y eficiente, se sienten más dispuestos a invertir y a expandir sus negocios.
Por ejemplo, la previsibilidad y la estabilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un centro de comercio y finanzas internacionales. De manera similar, la claridad y eficiencia del sistema judicial en Canadá promueven la innovación y el desarrollo económico al proteger los derechos de propiedad intelectual y asegurar un entorno legal favorable para los negocios.
En contraste, países con sistemas judiciales percibidos como corruptos o ineficientes tienden a experimentar una disminución en la inversión y un crecimiento económico más lento. La falta de confianza en la imparcialidad y la transparencia del sistema legal puede llevar a la evasión fiscal, la corrupción y un entorno empresarial menos competitivo.
IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA
Un sistema de justicia justo y funcional también tiene un impacto profundo en la cohesión social y la estabilidad política de un país. La justicia que se administra de manera equitativa y accesible promueve la paz social al reducir las desigualdades y al proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los grupos más vulnerables.
En Noruega, por ejemplo, el enfoque en la rehabilitación en lugar de la retribución ha creado un sistema que no solo castiga, sino que también busca reintegrar a los individuos en la sociedad. Esto no solo mejora la seguridad pública, sino que también fomenta una sociedad más inclusiva y menos propensa a la violencia y la criminalidad.
Políticamente, un sistema judicial independiente actúa como un contrapeso esencial a los otros poderes del Estado, protegiendo los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. En Suiza, la elección democrática de jueces asegura que las decisiones judiciales estén alineadas con la voluntad popular, mientras que en Estados Unidos, la separación de poderes y la supervisión del Senado sobre los nombramientos judiciales garantizan que el poder judicial opere con un alto grado de independencia.
Un sistema de justicia equitativo contribuye a una distribución más justa de la riqueza en un país. La equidad en la administración de justicia asegura que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para acceder a recursos y servicios, lo cual es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades económicas.
En Canadá, la aplicación equitativa de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores contribuye a una economía más inclusiva y a una sociedad en la que las oportunidades de éxito están más igualmente distribuidas. Asimismo, en Noruega, la protección robusta de los derechos sociales y laborales, asegurada por un sistema judicial independiente, ayuda a mantener una baja disparidad económica y un alto nivel de bienestar para todos los ciudadanos.
Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de un país. Los ejemplos de Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos muestran cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden crear sistemas judiciales que no solo administran justicia, sino que también reflejan los valores y necesidades de la sociedad. La justicia accesible y equitativa fortalece la economía, mejora la cohesión social, promueve la estabilidad política y contribuye a una distribución más justa de la riqueza, cimentando así un desarrollo integral y sostenible para todos los ciudadanos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
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La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
– Análisis, por Victor Hugo Celaya Celaya
El mapa del poder mundial se ha reorganizado. Hoy, la influencia no se mide únicamente en arsenales o acuerdos comerciales, sino en algoritmos y capacidad de procesamiento.
Nos enfrentamos a un nuevo tablero geopolítico y geoeconómico definido por tres grandes polos de poder: Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo tecnológico, las finanzas y la seguridad; China, que ha apostado por la manufactura avanzada, la innovación y la inversión masiva en infraestructura; y Rusia, que basa su estrategia en el control de energía, minerales estratégicos y su poder militar.
Esta reconfiguración global plantea preguntas cruciales para el resto del mundo. ¿Cómo coexistir con estos bloques? ¿Cómo aprovechar las corrientes de innovación que emanan de ellos sin sacrificar nuestra soberanía? Y, sobre todo, ¿cómo podemos acompasar nuestras políticas públicas y nuestros esfuerzos nacionales para no quedarnos atrás en esta nueva era de equilibrios de poder?
La visión de una «aldea global» que definimos en los años noventa, unida por la apertura del comercio, ha dado paso a una realidad más compleja. La interconexión actual se teje con redes de inteligencia artificial (IA), investigación científica y ecosistemas digitales.
Aunque las tensiones militares persisten, el verdadero campo de batalla se ha trasladado a la biotecnología, la robótica y, de manera central, a la inteligencia artificial. Esta revolución ya impacta nuestra vida diaria, transformando la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Ninguna sociedad puede sustraerse a ella.
LA CARRERA POR EL FUTURO: ESTRATEGIAS EN COMPETICIÓN
Cada una de las grandes potencias ha trazado una ruta clara para liderar esta era tecnológica, obligando al resto de los países a replantear la cooperación y la competencia.
Estados Unidos ha optado por un modelo que prioriza la innovación impulsada por su dinámico sector privado. En 2023, la inversión privada en IA en este país alcanzó los $67.2 mil millones, una cifra superior a la suma de los siguientes 14 países.
El gobierno actúa como un catalizador estratégico, como lo demuestra la Orden Ejecutiva 14110 para el desarrollo seguro y confiable de la IA, o la Ley CHIPS y de Ciencia, que destina más de $52 mil millones a revitalizar la fabricación de semiconductores, el hardware fundamental sobre el que corre toda la inteligencia artificial.
Esta estrategia se materializa en proyectos monumentales como ‘Stargate’, el centro de datos de $100 mil millones de Microsoft y OpenAI, o la Alpha School en Virginia, que ya personaliza el aprendizaje con IA.
China avanza con un enfoque centralizado y dirigido por el Estado, con la meta clara de alcanzar el liderazgo mundial en IA para 2030. A través de iniciativas como «AI+», integra soluciones de IA en sectores clave. El resultado es un ecosistema robusto: se estima que el valor de la industria de IA en China superará los $220 mil millones para 2026.
Este esfuerzo se refleja en su dominio de la propiedad intelectual, acumulando casi la mitad de todas las solicitudes de patentes de IA en el mundo. Gigantes tecnológicos como Baidu, Alibaba y Tencent no son solo empresas, sino instrumentos de la estrategia nacional para establecer estándares globales.
Rusia, por su parte, enfoca su estrategia de IA en la soberanía digital y la seguridad nacional. A través del proyecto nacional “Economía de Datos”, que se extenderá hasta 2030, busca reducir su dependencia de la tecnología extranjera e integrar la IA en sectores gubernamentales clave.
Más que competir en el mercado de consumo global, su prioridad es aplicar la IA para la optimización de sus industrias estratégicas (energía, defensa) y la administración pública. Su marco regulatorio es estricto y busca asegurar un uso responsable de la tecnología, priorizando el control estatal y el desarrollo de talento local a través de iniciativas educativas supervisadas.
La Unión Europea ha decidido jugar un papel distinto, posicionándose como el gran regulador global. Su enfoque no es competir en una carrera de velocidad, sino establecer las reglas del juego. Con su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobada en 2024, introduce el primer marco legal integral para la IA, basado en niveles de riesgo. Este prohíbe aplicaciones consideradas inaceptables (como el «social scoring» estatal) y regula estrictamente los sistemas de alto riesgo.
Este poder normativo se complementa con fuertes inversiones a través de programas como Horizonte Europa y Europa Digital, que movilizan miles de millones de euros para construir una infraestructura de datos soberana bajo iniciativas como GAIA-X y apoyar a un ecosistema de IA «confiable y centrado en el ser humano».
EL DESPERTAR DE AMÉRICA LATINA: PRIMEROS PASOS
Frente a estas estrategias consolidadas, América Latina no es un simple espectador; la región ha comenzado a mover sus propias piezas. Aunque de manera desigual y con retos importantes, están surgiendo iniciativas notables.
En México, la coalición multisectorial IA2030MX ha impulsado una agenda para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Polos de innovación como Monterrey y Guadalajara concentran talento y startups, mientras que universidades como la UNAM y el Tec de Monterrey lideran la investigación.
Otros países también marcan el paso. Chile fue pionero en la región al lanzar su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021, centrada en el desarrollo de talento, la ética y la adopción de IA en la industria. Brasil cuenta con una robusta red de centros de investigación en IA y debate activamente un marco legal propio. Por su parte, Colombia ha establecido un marco ético para la IA en el sector público y promueve proyectos de datos abiertos para fomentar la innovación. Estos esfuerzos, aunque incipientes, demuestran una conciencia creciente sobre la urgencia de participar activamente en esta revolución.
DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS
Ante este escenario, la pregunta para nuestros países es ineludible: ¿nos conformaremos con estos primeros pasos o aceleraremos el ritmo para jugar un rol protagónico? Si queremos dejar de ser simples compradores de tecnología para convertirnos en creadores, necesitamos una hoja de ruta clara y acciones inmediatas.
La interconexión de hoy, definida por algoritmos, nos obliga a innovar. Para ello, es fundamental avanzar en tres áreas estratégicas:
- Formar talento e invertir en educación digital. Esto debe empezar desde la educación primaria y extenderse hasta los posgrados.
- Crear alianzas estratégicas entre universidades, gobierno y empresas. Los esfuerzos aislados son insuficientes.
- Diseñar políticas públicas con visión de futuro. Debemos impulsar el uso integral de la IA y desarrollar un marco ético sólido que garantice la equidad y la protección de datos.
Esto implica fomentar centros de inteligencia artificial que apoyen a startups y consoliden proyectos de investigación propios, aprendiendo de las experiencias globales. La tecnología no debe ser vista como algo «importado» o lejano, sino como un campo fértil donde podemos liderar.
Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del desarrollo económico y social a una velocidad sin precedentes. No podemos permitirnos el lujo de la duda o la postergación. La tarea es clara: debemos alinear nuestros recursos, talentos y voluntades para integrarnos de manera soberana y estratégica a esta nueva era. Lo que hagamos, o dejemos de hacer, durante esta década determinará las oportunidades de las próximas generaciones.
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