NACIONALES
¿Golpe de Estado?
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó con 8 votos a favor y 3 votos en contra, admitir a trámite la petición de jueces y magistrados federales de analizar la posible inconstitucionalidad de la reforma constitucional que pudiera acabar con la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, es decir, con la división de poderes.
La ministra Lenia Batres llamó “Golpe de Estado” a dicha decisión de la mayoría de los integrantes de la Corte, por considerar que: “La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, Golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial…”.
Sobre esta acusación me parece importante señalar que no existe una sola definición reconocida de “Golpe de Estado” (coup d’État) que sea tan laxa, por decir lo menos, para considerar que una revisión de una reforma constitucional pueda ser llamada “Golpe de Estado”, toda vez que entre las características más importantes reconocidas actualmente a esta figura se encuentran los siguientes:
Violencia (o amenaza latente de violencia). En todos los golpes de estado conocidos en los últimos siglos ha existido siempre el factor violencia, en algún grado, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la decisión tomada por la SCJN.
Inconstitucionalidad: Evidentemente todo golpe de estado violenta la Constitución, sin embargo, en este caso concreto no se está proponiendo violentarla, sino al contrario, revisarla y determinar si la reforma ataca a la Constitución misma, en la cual se establece el principio de división de poderes como un valor indispensable e imprescindible.
Sustitución de régimen: Todos los golpes de estado implican que se presente un cambio de régimen, un cambio de gobernantes y el desconocimiento de la investidura de los gobernantes elegidos democráticamente, lo cual no sucede en este caso, pues no se está proponiendo desconocer a ningún funcionario público de elección, ni mucho menos destituir o sustituir a la presidenta de la República.
Celeridad y sorpresa: Prácticamente todos los golpes de estado son rápidos y sorpresivos, sin dejar espacio a la sociedad para actuar o defender a sus instituciones y funcionarios electos, lo cual está lejísimos de acontecer con la propuesta de la SCJN que, por el contrario, buscaría involucrar a la sociedad en el análisis de esta reforma que podría ir en contra de los valores esenciales de la propia Carta Magna.
En ese contexto, es evidente que la acusación de “Golpe de Estado” a las y los ministros que votaron a favor de darle entrada al análisis de la solicitud de analizar la constitucionalidad de la reforma, carece de sentido y pudiera obedecer más bien a factores políticos que a factores técnicos o jurídicos, por lo que no debería ser tomada con seriedad.
Cabe señalar que aunque pudiera existir una “laguna legal” sobre la materia, dado que efectivamente no existe una disposición normativa expresa sobre lo que deba o pueda hacer la SCJN en estos casos, de una interpretación armónica de la Constitución Federal en consonancia con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual establece que “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes…”, sí es posible establecer que la SCJN tiene facultades para revisar el actuar del Constituyente Permanente.
Para entender la razón por la cual la SCJN está legitimada para actuar en este tipo de circunstancias, hay que recordar que en la doctrina jurídica y constitucionalista existe la teoría de las «cláusulas pétreas», que han sido definidas como las normas constitucionales que no deberían ser modificadas nunca (a menos de que existiera una nueva Constitución), pues se consideran las piedras angulares de una Nación, fundamentales para el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.
En otras palabras, si se hicieran reformas a la Constitución, por ejemplo, que establecieran la pena de muerte a todas aquellas personas que critiquen o se quejen del gobierno y/o de quienes lo integran, es evidente que dicha reforma constitucional violentaría las “cláusulas pétreas” no solo de nuestra propia Constitución, sino de los Tratados Internacionales de los que México es parte y, por consecuencia, a pesar de tratarse de una reforma constitucional, sería perfectamente válido el analizar su constitucionalidad, tal y como sucede en este momento, en el cual se aprobó una reforma que podría terminar con la independencia judicial, con la división de poderes y el Estado de Derecho en México.
–Por Mario Ávila
Obras de arte y muchos otros objetos de valor, al menos 188 bienes muebles, desaparecieron de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera del cierre de una era que termina este domingo 31 de agosto a las 24 horas.
Según información del periodista Rivelino Rueda para Milenio, con base en una auditoría interna con folio DAIA/2024/27, entre los objetos extraviados en las oficinas de los ministros, se enlistan equipos de comunicación, colecciones de arte y otros bienes de alto valor, siendo las oficinas de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández las más afectadas, al contar con 78 objetos no localizados.
El informe revela que en total la SCJN cuenta con 17 mil 706 activos fijos valorados en 1,300 millones de pesos, de los cuales 4 mil 500 son equipos de comunicación y 674 corresponden a colecciones de arte, con un valor aproximado de 511 millones de pesos.
Entre los ministros más afectados, además de Piña, destacan los despachos de Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Laynez Potisek, Ortiz Ahlf y Pérez Dayán.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
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