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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

NACIONALES

Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo

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– Por Francisco Junco

Sobre los cambios a la Ley de Amparo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que Morena y sus aliados han impulsado una reforma que vulnera los derechos de las personas y atenta contra principios básicos de la Constitución.

“Ayer la bancada naranja lo denunció y hoy la presidenta nos da la razón. En la discusión sobre la ‘Ley del Desamparo’, Morena y sus aliados no se conformaron con aprobar una legislación regresiva que vulnera derechos de las personas, sino que además plantean que sea retroactiva”, manifestó el senador a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Y es que el senador hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando en la mañanera le preguntaron sobre la inconstitucionalidad de hacer retroactivos las reformas a la Ley de Amparo, como lo plantean los senadores de Morena.

Castañeda criticó con dureza que las modificaciones a la Ley de Amparo, respaldadas por Morena, PT y PVEM, representen un retroceso en materia de derechos fundamentales, al señalar que incluso se pretende que tengan efectos retroactivos, lo que contraviene la Constitución y principios elementales del derecho.

El legislador sostuvo que la postura de la presidenta confirma las advertencias hechas por la bancada del partido naranja durante la discusión legislativa, y acusó a la mayoría oficialista de actuar “sin rumbo” en materia de justicia y de debilitar los contrapesos democráticos.

“¿En qué anda la mayoría de Morena, PT y PVEM? ¡En el extravío total! ¡Sin rumbo! ¡Qué vergüenza!”, concluyó el senador jalisciense, al insistir en que el país necesita leyes que fortalezcan las instituciones y garanticen la protección de los derechos ciudadanos.

La presidenta de México afirmó que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo no debe ser retroactiva, pues eso resultaría inconstitucional y vulneraría los derechos adquiridos. En ese sentido, Sheinbaum reconoció que no podría aplicarse hacia atrás, lo cual da sustento a las críticas de la oposición y respalda la postura de partidos como Movimiento Ciudadano. «Primero hay que respetar la Constitución, que establece que no debe haber retroactividad en las leyes», dijo la mandataria en la mañanera.

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NACIONALES

Alerta MC sobre el debilitamiento de la democracia en comparecencia de Rosa Icela Rodríguez

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Por Francisco Junco

Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el Senado de la República, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que las iniciativas presidenciales en materia de amparo y reforma electoral, representan un serio retroceso en los derechos ciudadanos, los contrapesos institucionales y la vida democrática del país.

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que la propuesta para reformar la Ley de Amparo “limitaría el único mecanismo por excelencia para garantizar y proteger los derechos de las personas, de las comunidades y de los colectivos”.

Agregó que esta iniciativa se suma a otras reformas “igualmente dañinas” que han debilitado al Poder Judicial y restringido la capacidad de jueces y tribunales para frenar abusos de autoridad.

Castañeda también cuestionó la reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo, a la que calificó como “una reforma desde el poder para conservar el poder”, al advertir que atenta contra el pluralismo, la representación de partidos y la autonomía del árbitro electoral.

En este contexto, denunció el fraude registrado en Poza Rica y Papantla, Veracruz, donde acusó la intromisión de la gobernadora Rocío Nahle en perjuicio de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la vicecoordinadora Alejandra Barrales evidenció la omisión de la titular de la Secretaría de Gobernación en la operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual no ha sesionado en siete años pese a la creciente crisis de violencia contra la infancia.

Recordó que seis de cada diez menores viven en pobreza, mientras que México ocupa el primer lugar de la OCDE en abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de víctimas cada año.

Barrales subrayó que “México es un país inapropiado para la infancia” y exigió a la secretaria Rodríguez explicar las razones de la inactividad del SIPINNA.

Además, pidió a la funcionaria pronunciarse sobre los hechos ocurridos en Veracruz y detallar las acciones coordinadas con la UNAM ante los recientes casos de violencia en la institución.

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JALISCO

Celebran los 7 siglos de México-Tenochtitlán

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Por Francisco Junco

Guadalajara fue sede de una de las conmemoraciones más emblemáticas del país, la escenificación Siete Siglos de Legado de Grandeza México-Tenochtitlán 1325-2025, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante miles de asistentes al Estadio Panamericano (casa del equipo de beisbol Charros), está mañana se recordó la fundación de la capital de los mexicas con una representación histórica de gran formato.

La puesta en escena, en la que participaron más de 800 personas entre actores, bailarines y personal técnico, se sustentó en una investigación avalada por cuatro reconocidos historiadores.

El público pudo revivir el momento en que, de acuerdo con la tradición, los aztecas o mexicas encontraron el águila posada sobre el nopal devorando una serpiente, signo que marcó el nacimiento de la ciudad de Tenochtitlán en el Lago de Texcoco.

Entre bailes, vestuarios tradicionales y recreaciones de las principales etnias del país, el espectáculo se convirtió en una clase viva de historia y cultura.

El montaje no solo rindió homenaje a los orígenes de una de las principales culturas mesoamericanas, sino que también buscó fortalecer el sentido de identidad nacional a través del arte y la memoria.

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, estuvo en este evento junto al gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Marta Estela Arizmendi Fombona, en un acto que unió a autoridades, académicos y ciudadanía.

Especialmente significativo fue que los principales invitados fueran niños y adolescentes de escuelas de educación básica de Jalisco, quienes llenaron el estadio y vivieron de cerca una representación diseñada para sembrar orgullo y conciencia histórica en las nuevas generaciones.

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JALISCO

Entrega Clara Cárdenas su informe a la presidenta de la Cámara de Diputados

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Por Mario Ávila 

Conforme a lo establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados Federal, la diputada Clara Cárdenas Galván, electa por el Distrito 19 con cabecera en Ciudad Guzmán, entregó su Primer Informe de Actividades Legislativas a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada, Kenia López Rabadán (PAN).

En la tribuna de San Lázaro, la legisladora morenista le planteó a López Rabadán, que ha sido un año de seguir trabajando por la transformación del país y le anticipó que ese será el camino por el cual habrá de seguir los próximos dos años.

Expuso que en este primer año de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobaron casi por completo la encomienda que les dio el pueblo de México: aprobar el paquete de reformas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, nombrado como Plan C, que consistió en la aprobación de las 20 reformas constitucionales, pero a la vez se aprobaron en un año, 44 reformas a leyes secundarias vigentes y se logró la creación de 11 nuevas leyes.

Bien podría asegurarse que Clara Cárdenas ha sido en este primer año de la LXVI Legislatura, una de las diputadas federales de Jalisco más productivas, ya que presentó en este período 13 iniciativas de ley y 2 puntos de acuerdo, por lo que en su primer informe legislativo como diputada Federal de Morena, afirmó: “¡Le estamos cumpliendo al pueblo!”

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