Intervención a los órganos autónomos

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

En ataque se encuentran los organismos públicos y autónomos que al país le brindan dos de las luchas ineludibles en la sociedad mexicana y su clase política, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se mantiene paralizado, existe resistencia del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador a que dicho Instituto continúe su labor de garantizar y proteger la información en el país, fue una lucha de varias décadas conseguir que el acceso a la información pública y la transparencia gubernamental, se hicieran realidad en un país indiscutiblemente opaco en materia gubernamental.

Actualmente dicho instituto garantiza el derecho a saber, forma congruencia y definición en los gobiernos en turno respecto del uso de la información pública, la protección de datos personales y archivos, como una de las mejores herramientas con las que cuenta el ciudadano, la oposición y diversos sectores no gubernamentales, para acreditar los actos y acciones de gobierno como transparentes y congruentes como lo defienden los mismos gobiernos al promocionar su ejercicio público.

Permite que se validen los gobiernos, partícipes de prácticas abiertas, transparentes y buen gobierno a los ciudadanos, mediante el acceso a la información pública, invalidando la opacidad, pues esta es indicador de deficiencias y corrupción.

El INAI, es el organismo constitucional autónomo que tutela el derecho de acceso de la información pública a favor de todos aquellos ciudadanos que, de forma libre ejercen su derecho de saber ¿cómo?, ¿cuándo?, y ¿en qué?, se utilizan o utilizaron recursos materiales, humanos, económicos y estructurales para llevar a cabo tareas gubernamentales, permite conocer de los mismos entes públicos, la información para fundar criterios y establecer cualquier tipo de actuares sociales en relación con la información pública que debe proporcionar el sujeto obligado requerido; los organismos públicos autónomos del país, en las últimas dos décadas han logrado permear la opacidad del poder público y entregando certeza a los ciudadanos de la garantía de la información pública del que gobierna, han destapado grandes escándalos de corrupción y forjado en el país una forma distinta de percibir los gobiernos, bajo el esquema de absoluta rendición de cuentas.

Los organismos públicos autónomos, que hoy provocan en el gobierno federal desagrado y evidente intranquilidad, debido a que los gobiernos centralistas no se pueden permitir ser visualizados de una manera tan abierta, pues el tutelar la transparencia y el derecho a saber, crea crítica social, evidencia la toma y control de cotos de poder al interior de la administración pública, imposibilita el camino a los actos de corrupción, pero sobre todo mantiene una democracia participativa de la sociedad y eso es un gran problema para quienes buscan poder absoluto en el país, sin duda si esta nueva lucha en contra de instituciones base de nuestra actual democracia, la ganará el poder ejecutivo federal, sería un retroceso de aproximadamente 20 años que no concuerda con lo que el presidente critica de la supuesta mafia de poder.

Lo mismo pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), otra piedra en zapato de nuestro actual gobierno federal, el sistema anticorrupción permite la democratización de las políticas públicas, bajo el concepto de combate a la corrupción y admite alinear acuerdos de entes públicos y sociedad civil, con el claro objeto de garantizar que en el país, se gobierne de cara a la sociedad y de manera colegiada en el tema de la lucha anticorrupción, se tomen decisiones que esquematizadas en políticas públicas y buenas acciones de gobierno, impidan el paso de la corrupción a los entes públicos, uno de los últimos bastiones instaurados para fortalecer el andamiaje de las forzosas luchas para la democratización del país.

La intervención a los organismos públicos autónomos, no puede consolidarse ni al interior de estos con grupos de poder para lograr minarlos, ni al exterior bajo un concepto de extinción como en este momento lo observamos del gobierno federal; las luchas por la tutela de los derechos y las garantías de su ejercicio fueron batallas ganadas por coherencia social y gubernamental, deben ser defendidas porque abonan al estado de derecho, la democracia y a la participación social, promueven sin dudar la injerencia de la ciudadanía participativa en la vida democrática del país; la realidad de México en este sexenio que está por terminar, no nos debe dejar bajar la guardia ni ceder la intervención social ya conquistada a ningún gobierno, seguimos con grandes trabas en el combate a la corrupción, las garantías del derecho a saber y la protección a los derechos humanos, salvaguardar lo alcanzado y marcar el paso de los gobiernos, para lo que realmente les corresponde ser, servicio y función pública eficiente.