Jalisco y sus migrantes

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

Durante su anterior administración (2017-2021), Donald Trump implementó políticas migratorias estrictas que redefinieron la relación entre Estados Unidos y México. Estas medidas, centradas en reforzar la seguridad fronteriza y reducir la inmigración irregular, impactaron profundamente en la economía y sociedad mexicana, especialmente en estados con alta tradición migratoria como Jalisco.

En 2016, el entonces presidente electo Trump, anunció un enfoque de“tolerancia cero” hacia la inmigración irregular. Entre las principales medidas se incluyeron la construcción de un muro fronterizo y la separación de familias migrantes; además, el programa de Protocolos de Protección a Migrantes conocido como “Quédate en México” obligó a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados. A esto se sumaron redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y mayores restricciones para visas de trabajo, estudio y residencia.

Estas políticas tuvieron un impacto directo en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, que enfrentaron una grave crisis humanitaria. En la actualidad, con flujos migratorios en aumento, en gran parte debido a la violencia y la falta de oportunidades en México, es previsible que, de repetirse este enfoque, los efectos sean aún más severos.

Es importante notar que Jalisco es el estado con mayor número de migrantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 1.5 millones de jaliscienses residen en Estados Unidos. Si se consideran las personas sin registro oficial y a las segundas generaciones de jaliscienses radicados en el país vecino, se estima que esta cifra podría superar los 4 millones, representando al 10% de la comunidad mexicana en ese país.

Las remesas enviadas por los migrantes jaliscienses son un pilar económico para el estado. En 2020, Jalisco recibió más de 4,400 millones de dólares por este rubro, consolidándose como el estado que más dinero recibe de sus connacionales en el extranjero. Sin embargo, detrás de estas cifras se oculta una realidad compleja: el miedo a deportaciones masivas y la separación familiar generan tensiones profundas en las comunidades de origen y destino.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre 2017 y 2020, más de 200,000 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos, y una proporción significativa provenía de Jalisco. Para los migrantes retornados, la reintegración social y laboral representa un desafío considerable, ya que a menudo enfrentan la falta de empleo y oportunidades en sus comunidades nativas.

Pensemos en un escenario hipotético qué podría volverse realidad: Si el 20% de las familias jaliscienses que radican en Estados Unidos fueran deportadas durante los próximos cuatro años, estaríamos hablando de alrededor de 800,000 personas, una cifra superior a toda la población de Tlaquepaque.

Esto plantea preguntas urgentes de resolver: ¿De qué van a vivir los repatriados? ¿Cómo se garantizará su acceso a vivienda, empleo, educación y atención médica? Estas interrogantes evidencian la falta de preparación de los gobiernos locales y federales para afrontar una crisis de esta magnitud.

El contexto que obliga a estas personas a emigrar no ha mejorado significativamente. La inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades siguen siendo los principales motivos para cruzar la frontera en busca de un mejor futuro. Mientras estas condiciones persistan, el flujo migratorio continuará siendo un fenómeno ineludible.

Para México, resolver la crisis migratoria implica mucho más que construir albergues temporales o endurecer políticas migratorias en la frontera sur. Requiere un compromiso real para transformar las condiciones que obligan a las personas a emigrar.

Esto implica generar empleos bien remunerados, mejorar la educación y garantizar acceso a servicios básicos. Además, se deben crear programas efectivos de reinserción para los migrantes retornados, asegurando la integración plena en sus comunidades.

La crisis migratoria no es responsabilidad exclusiva del país que recibe a los migrantes; es consecuencia de las condiciones de vida en los lugares de origen. En el caso de Jalisco, la tarea es clara: construir un estado donde nadie se vea obligado a truncar sus sueños por falta de oportunidades o seguridad, solo así se podrá garantizar un futuro digno tanto para quienes deciden quedarse como para quienes, algún día, aspiran a regresar.