Justifica vocero de la Embajada de Estados Unidos cancelaciones de visas: Es un privilegio no derecho

– Por Francisco Junco

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, aclaró las razones por las que se cancelan las visas y recordó que este documento es un “privilegio, no un derecho”, por lo que cada país puede decidir quién entra a su territorio. Destacó además que “este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos”.

La explicación surge tras las cancelaciones que comenzaron, en mayo pasado, con la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo Carlos Torres, quienes en su momento aseguraron que se trataba de un tema administrativo.

Hace dos semanas, la agencia Reuters reveló que Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 funcionarios y políticos mexicanos, principalmente de Morena, como parte de su política de combate a la corrupción y el narcotráfico.

A través de un video, David Arizmendi detalló los criterios del Departamento de Estado para retirar una visa y señaló que pueden cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla.

“Esto puede incluir quedarse más tiempo del permitido, participar en actividades directivas, representar un riesgo para la seguridad pública, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas”, explicó el embajador.

Subrayó que no es necesario que exista una condena penal; basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos. “Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”, afirmó.

De acuerdo con Reuters, la medida forma parte de la política de mano dura contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump, y ha alcanzado a líderes de Morena, gobernadores estatales y personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, presuntamente vinculados con casos de corrupción y narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el pasado 14 de octubre, durante su conferencia matutina, que su gobierno no cuenta con información oficial sobre los nombres de los afectados, ya que Washington no comparte esos datos con México.