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La agenda de la futura legislatura federal: La tarea que sigue, tras la tormenta viene la calma

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Bien decía el estadista inglés Winston Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. La lección del domingo 2 de junio en México, es de profundo significado para la nación, y debemos aprenderla en toda su dimensión, lo cual podemos sintetizar diciendo que, para encarar exitosamente nuestro devenir, el mejor medio es actuar democráticamente.

Más del sesenta por ciento de ciudadanos nos volcamos en las urnas ese memorable día de votaciones, otorgando un mandato que bien habla de lo realizado por el gobierno federal saliente y confía a plenitud en la administración que sigue.

Ahora las oposiciones deben reasumirse, reflexionar, entender lo que debe ser su papel en la vida nacional, reconocer sus errores y sumarse a todo lo que beneficie al pueblo y fortalezca a la república. La actitud de bloqueo legislativo -que fue su insignia antes del tsunami electoral que la abatió- hacia lo que propusiera la mayoría o el poder ejecutivo, es ciego, impopular y muy negativo. A ella -la oposición- la rezagó y al país lo obstruyeron, motivando que la ciudadanía condenara a los impugnadores de la Cuatro T.

El uno de septiembre inicia labores el poder legislativo surgido de esos comicios cercanos: una ocupación básica para las cámaras de diputados y senadores-será estudiar y decidir sobre las iniciativas que les envió el primer mandatario, mismas que dio a conocer el 5 de febrero de este año. En general son 20, siendo la mayoría -18- de índole constitucional.

Para los habitantes de la República, además de coadyuvar en lo anterior, lo que nos ocupará además de continuar nuestras actividades, para salir avante en todos los órdenes, es proseguir trabajando -como buenos ciudadanos- por el engrandecimiento de nuestra patria. Aquí no se vale profesar tal o cual ideología, sino anteponer el interés primordial de la nación: eso es lo prioritario y en ese empeño nunca debemos de cejar.

Entre las misiones que habremos sensatamente de observar y en lo correspondiente, participar para su buena culminación, están varias propuestas muy trascendentes que las circunstancias imperantes aplazaron, resaltando las que tienen el fin de mejorar nuestro sistema republicano, democrático y de justicia.

Si al respecto damos una visión de vuela pájaro, podemos enlistar como cuestiones pendientes, el fortalecer la división de poderes constitucionales, a efecto de que cada uno de ellos cumpla cabalmente su objetivo, a la vez que no se extralimiten y en su caso existan los medios adecuados para corregir. Porque a la fecha, unos y otros, tienen señalados aspectos que se deben enmendar.

Sobre lo anterior y en cuanto al legislativo, señalamos entre sus desfiguros, el caso de la Cámara de Senadores, donde los miembros de dicha instancia resienten la presencia impropia de los denominados senadores de representación proporcional, pues siendo ese principio para la ciudadanía, no lo es para el caso de las Entidades Federativas, que con sus senadores electos mayoritariamente y los de minoría, representan adecuadamente a cada una de esas entidades. En consecuencia, salen sobrando, y con ello desequilibran la igualdad de las porciones integrantes de la República Federal, los senadores de “representación proporcional” que no tienen razón de ser.

Lo contrario a lo antedicho, es sobre los diputados, que, teniendo la necesidad de representar al pueblo, por medio del voto de sus ciudadanos, se debe de integrar la Cámara correspondiente, tanto con representantes populares electos por el principio de mayoría, como complementarse con los diputados resultantes de la voluntad de las minorías. Por lo tanto, debe de revisarse el cómo y cuánto de estos diputados deben legislar juntamente con los de mayoría. Y la verdad que no tiene nada de extraordinario cumplir esa meta, pues además de los que ganan las elecciones -los de mayoría-, quienes deben en estricta justicia ser diputados de las minorías, son los que obtienen los segundos lugares de la elección. Por ello debe reformarse la ley para que esa Cámara la compongan quienes reciben los sufragios suficientes, ya sea como triunfadores de los comicios o como quienes lograron el segundo lugar en el escrutinio, hasta el tope que marque la referida norma, que debe ser en porcentaje proporcional al de las mayorías.

Para unos y otros (senadores y diputados) se debe regular lo referente a su militancia y obligaciones, pues es indebido que muchos de ellos arriben postulados por un determinado partido político, y ya en ejercicio de su cargo, se cambien impunemente de bancada, con lo cual atropellan la ideología de su partido y sobre todo, traicionan los afanes de sus votantes.

Por lo que ve al poder ejecutivo, dado que nuestro sistema no es parlamentario, se deben de implementar medidas para que ese poder no sea omnímodo, pero tampoco le falten apoyos eficientes para cumplir su esencial objeto.

Sobre el poder judicial, no cabe duda de que ocupa de numerosas reformas, comenzando con las de su integración (conforme lo diseñó el Constituyente de Querétaro o de forma electiva popularmente, según lo habían ordenado las Constituciones anteriores), y procediendo con las que impliquen un sistema de vigilancia que sancione su sobre ejercicio, precise su ámbito y la ciña a solo su función de tribunal constitucional: a la fecha, especialmente la Corte, no tiene normativas que cuiden eficazmente esas facetas, y la única que existe es imposible en la práctica, pues siendo el juicio político, este requiere votación calificada de la Cámara baja para proceder, lo cual jamás se logra por las enconadas diferencias con que operan los partidos políticos. Antiguamente hubo organismos cuyo específico encargo era vigilar la conducta de la Suprema Corte de Justicia y sus ministros, lo cual se tendría que considerar en la actualidad.

De igual manera, se debe rectificar lo referente al Consejo de la Judicatura, el cual no debe ser presidido por quien encabece la Suprema Corte, (en las entidades federativas son los presidentes del Tribunal Superior), pues esa doble función genera conflictos de interés y promueve múltiples anormalidades en su marcha.

Los subsidios a los partidos políticos tienen que retocarse, pues no es justo que, habiendo tantas necesidades sociales, se dediquen a esos institutos gruesas cantidades del presupuesto, en detrimento del remedio de aquellas urgencias.

Nuestra democracia no debe ser tan costosa, de allí la imperiosa operación de abaratarla, no solo en el subsidio partidista (tanto en lo operacional como de campañas electorales) sino en cuanto a los gastos onerosos de los que sirven al ramo electoral (administrativo y jurisdiccional, federal y de los Estados) así como buscando optimizar al organismo y sus dependencias.

El ámbito municipal también debe tocarse. Uno de los temas se refiere a la creación y organización de las municipalidades, otro a la forma de integrar los ayuntamientos. En estos no se aplica correctamente el principio de representación popular, ni rige el de la división de poderes, no obstante que el poder municipal es de orden constitucional y por tanto público, y al poder público la Carta Suprema ordena que para su ejercicio se divide en tres, lo cual se aplica en las órbitas federal y estatal, pero se exceptúa a la municipal, lo cual permite que los presidentes municipales no solo se desempeñen como ejecutivos, sino que sometan lo reglamentario -legislativo- y alteren el rubro de justicia, ambas ramas en lo que atañe a los ayuntamientos.

Por lo que ve a la creación de municipios, es indispensable que se establezca en la Constitución federal, que es un derecho de los pueblos. En todos los Estados del país, constantemente se realizan remunicipalizaciones, pero por lo general obedeciendo intereses políticos, de manera que, si no se tienen esos respaldos, las legítimas pretensiones de las poblaciones quedan al margen. Y eso debe terminarse, lo cual sucedería al incorporarse tales prerrogativas en la Constitución de la República, pues de esa forma las localidades interesadas, podrían acudir a los tribunales para hacer que sus derechos se respeten. Un caso en Jalisco es el de Capilla de Guadalupe, que habiendo sido por decreto estatal creado como municipio, manejos políticos y legaloides dieron al traste con tal disposición. Empero, a lo largo y ancho de México y Jalisco, existen muchísimos poblados que aspiran a ser municipalidades, pero fracasan en su afán por falta de apoyos de líderes poderosos o trabas que le oponen funcionarios prepotentes. Eso no debe prevalecer, y una enmienda constitucional lo resolvería de cuajo.

En fin, después de los comicios del 2 de junio, como buenos demócratas debemos conducirnos aceptando los resultados de las urnas, (lo que no implica cuando proceda, dejar de defender la validez de los votos) que es la voluntad del pueblo, y a la par, sumarnos hombro con hombro, actuando unidos todos los mexicanos para resolver nuestros problemas, fortalecer las instituciones y con ello, agigantar nuestra patria.

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Pone el PAN punto final a las alianzas político electorales

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Por Mario Ávila 

Con un acto en el Monumento a la Revolución y una caminata hacia la glorieta del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX), los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, festejaron lo que llaman un relanzamiento de su partido.

El PAN ha puesto punto final a las alianzas político-electorales, como las que han hecho en los últimos años con el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ello luego de que también se hizo público el cambio al logotipo del partido de derechas.

En un acto donde incluso estuvieron como testigos el perredista Jesús Zambrano y el priista Enrique de la Madrid, lo mismo que Claudio X. González, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, planteó con mucha energía que: “El futuro de Acción Nacional, no depende, ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura; esta es la era en que los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu, los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional”.

«Porque hace 86 años -dijo-, no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para hacer nuestra propia opción democrática y cumpliremos con ese mandato fundacional y lo digo, esta decisión es por mucho la que pide no solamente una inmensa mayoría panistas, esta es una decisión que pide la inmensa mayoría de votantes en este país».

«Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos, eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen, pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta solopor el PAN», dijo.

«Ninguna sigla -abundó-, se antepondrá a las nuestras hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas nuestro color y nuestro partido. La alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo».

En su discurso pronunciado con vehemencia, Jorge Romero aseguró que el relanzamiento de su partido, gira en torno al concepto más importante, que es un nuevo relevo generacional.

También reveló algunas de las estrategias que utilizarán en lo subsecuente para enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum “y será usar sus mismas frases, como ‘la mafia del poder’, como un espejo donde se vean reflejados y que no quieran ni siquiera voltear a ver”.

A la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a todos los que la rodean, Romero Herrera les mandó un mensaje: “Hoy se lo decimos, en todos los países del mundo se dialoga entre fuerzas políticas, se caigan bien o se caigan mal, da igual”.

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NACIONALES

Aprueba el Congreso al gobierno de Sheinbaum ingresos por 10.1 billones de pesos para el 2026

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Por Mario Ávila 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que proyecta percibir 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp), es decir 891 mil 667 mdp más que el estimado para 2025.

El documento fue avalado en lo particular con 352 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La legislación forma parte del Paquete Económico remitido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Del monto total considerado como ingreso del año venidero, 5 billones 838 mil 541.1 mdp corresponden a impuestos; 641 mil 782.1 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 39.6 mdp a contribuciones de mejoras; 157 mil 081.7 mdp a derechos; 16 mil 488.3 mdp a productos; 203 mil 520.5 mdp para aprovechamientos; 1 billón 630 mil 973.6 mdp a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 232 mil 630.4 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y un billón 472 mil 626.4 mdp a ingresos derivados de financiamientos.

También, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2026, se proyecta una recaudación federal participable por 5 billones 339 mil 634 millones de pesos.

Menciona que el Ejecutivo Federal podrá contratar y ejercer créditos, empréstitos otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores y para el financiamiento del PEF 2026, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por un billón 780 mil mdp.

Autoriza al Ejecutivo Federal mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares (mdd).

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JALISCO

Nace la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública

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– Por Francisco Junco

En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.

En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.

Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.

“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.

Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.

El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.

Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.

Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.

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Promulga Claudia Sheinbaum las reformas a la Ley de Amparo y entran en vigor mañana

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Por Mario Ávila 

Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.

En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.

También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.

Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.

Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.

Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.

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