NACIONALES
La agenda de la futura legislatura federal: La tarea que sigue, tras la tormenta viene la calma

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Bien decía el estadista inglés Winston Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. La lección del domingo 2 de junio en México, es de profundo significado para la nación, y debemos aprenderla en toda su dimensión, lo cual podemos sintetizar diciendo que, para encarar exitosamente nuestro devenir, el mejor medio es actuar democráticamente.
Más del sesenta por ciento de ciudadanos nos volcamos en las urnas ese memorable día de votaciones, otorgando un mandato que bien habla de lo realizado por el gobierno federal saliente y confía a plenitud en la administración que sigue.
Ahora las oposiciones deben reasumirse, reflexionar, entender lo que debe ser su papel en la vida nacional, reconocer sus errores y sumarse a todo lo que beneficie al pueblo y fortalezca a la república. La actitud de bloqueo legislativo -que fue su insignia antes del tsunami electoral que la abatió- hacia lo que propusiera la mayoría o el poder ejecutivo, es ciego, impopular y muy negativo. A ella -la oposición- la rezagó y al país lo obstruyeron, motivando que la ciudadanía condenara a los impugnadores de la Cuatro T.
El uno de septiembre inicia labores el poder legislativo surgido de esos comicios cercanos: una ocupación básica para las cámaras de diputados y senadores-será estudiar y decidir sobre las iniciativas que les envió el primer mandatario, mismas que dio a conocer el 5 de febrero de este año. En general son 20, siendo la mayoría -18- de índole constitucional.
Para los habitantes de la República, además de coadyuvar en lo anterior, lo que nos ocupará además de continuar nuestras actividades, para salir avante en todos los órdenes, es proseguir trabajando -como buenos ciudadanos- por el engrandecimiento de nuestra patria. Aquí no se vale profesar tal o cual ideología, sino anteponer el interés primordial de la nación: eso es lo prioritario y en ese empeño nunca debemos de cejar.
Entre las misiones que habremos sensatamente de observar y en lo correspondiente, participar para su buena culminación, están varias propuestas muy trascendentes que las circunstancias imperantes aplazaron, resaltando las que tienen el fin de mejorar nuestro sistema republicano, democrático y de justicia.
Si al respecto damos una visión de vuela pájaro, podemos enlistar como cuestiones pendientes, el fortalecer la división de poderes constitucionales, a efecto de que cada uno de ellos cumpla cabalmente su objetivo, a la vez que no se extralimiten y en su caso existan los medios adecuados para corregir. Porque a la fecha, unos y otros, tienen señalados aspectos que se deben enmendar.
Sobre lo anterior y en cuanto al legislativo, señalamos entre sus desfiguros, el caso de la Cámara de Senadores, donde los miembros de dicha instancia resienten la presencia impropia de los denominados senadores de representación proporcional, pues siendo ese principio para la ciudadanía, no lo es para el caso de las Entidades Federativas, que con sus senadores electos mayoritariamente y los de minoría, representan adecuadamente a cada una de esas entidades. En consecuencia, salen sobrando, y con ello desequilibran la igualdad de las porciones integrantes de la República Federal, los senadores de “representación proporcional” que no tienen razón de ser.
Lo contrario a lo antedicho, es sobre los diputados, que, teniendo la necesidad de representar al pueblo, por medio del voto de sus ciudadanos, se debe de integrar la Cámara correspondiente, tanto con representantes populares electos por el principio de mayoría, como complementarse con los diputados resultantes de la voluntad de las minorías. Por lo tanto, debe de revisarse el cómo y cuánto de estos diputados deben legislar juntamente con los de mayoría. Y la verdad que no tiene nada de extraordinario cumplir esa meta, pues además de los que ganan las elecciones -los de mayoría-, quienes deben en estricta justicia ser diputados de las minorías, son los que obtienen los segundos lugares de la elección. Por ello debe reformarse la ley para que esa Cámara la compongan quienes reciben los sufragios suficientes, ya sea como triunfadores de los comicios o como quienes lograron el segundo lugar en el escrutinio, hasta el tope que marque la referida norma, que debe ser en porcentaje proporcional al de las mayorías.
Para unos y otros (senadores y diputados) se debe regular lo referente a su militancia y obligaciones, pues es indebido que muchos de ellos arriben postulados por un determinado partido político, y ya en ejercicio de su cargo, se cambien impunemente de bancada, con lo cual atropellan la ideología de su partido y sobre todo, traicionan los afanes de sus votantes.
Por lo que ve al poder ejecutivo, dado que nuestro sistema no es parlamentario, se deben de implementar medidas para que ese poder no sea omnímodo, pero tampoco le falten apoyos eficientes para cumplir su esencial objeto.
Sobre el poder judicial, no cabe duda de que ocupa de numerosas reformas, comenzando con las de su integración (conforme lo diseñó el Constituyente de Querétaro o de forma electiva popularmente, según lo habían ordenado las Constituciones anteriores), y procediendo con las que impliquen un sistema de vigilancia que sancione su sobre ejercicio, precise su ámbito y la ciña a solo su función de tribunal constitucional: a la fecha, especialmente la Corte, no tiene normativas que cuiden eficazmente esas facetas, y la única que existe es imposible en la práctica, pues siendo el juicio político, este requiere votación calificada de la Cámara baja para proceder, lo cual jamás se logra por las enconadas diferencias con que operan los partidos políticos. Antiguamente hubo organismos cuyo específico encargo era vigilar la conducta de la Suprema Corte de Justicia y sus ministros, lo cual se tendría que considerar en la actualidad.
De igual manera, se debe rectificar lo referente al Consejo de la Judicatura, el cual no debe ser presidido por quien encabece la Suprema Corte, (en las entidades federativas son los presidentes del Tribunal Superior), pues esa doble función genera conflictos de interés y promueve múltiples anormalidades en su marcha.
Los subsidios a los partidos políticos tienen que retocarse, pues no es justo que, habiendo tantas necesidades sociales, se dediquen a esos institutos gruesas cantidades del presupuesto, en detrimento del remedio de aquellas urgencias.
Nuestra democracia no debe ser tan costosa, de allí la imperiosa operación de abaratarla, no solo en el subsidio partidista (tanto en lo operacional como de campañas electorales) sino en cuanto a los gastos onerosos de los que sirven al ramo electoral (administrativo y jurisdiccional, federal y de los Estados) así como buscando optimizar al organismo y sus dependencias.
El ámbito municipal también debe tocarse. Uno de los temas se refiere a la creación y organización de las municipalidades, otro a la forma de integrar los ayuntamientos. En estos no se aplica correctamente el principio de representación popular, ni rige el de la división de poderes, no obstante que el poder municipal es de orden constitucional y por tanto público, y al poder público la Carta Suprema ordena que para su ejercicio se divide en tres, lo cual se aplica en las órbitas federal y estatal, pero se exceptúa a la municipal, lo cual permite que los presidentes municipales no solo se desempeñen como ejecutivos, sino que sometan lo reglamentario -legislativo- y alteren el rubro de justicia, ambas ramas en lo que atañe a los ayuntamientos.
Por lo que ve a la creación de municipios, es indispensable que se establezca en la Constitución federal, que es un derecho de los pueblos. En todos los Estados del país, constantemente se realizan remunicipalizaciones, pero por lo general obedeciendo intereses políticos, de manera que, si no se tienen esos respaldos, las legítimas pretensiones de las poblaciones quedan al margen. Y eso debe terminarse, lo cual sucedería al incorporarse tales prerrogativas en la Constitución de la República, pues de esa forma las localidades interesadas, podrían acudir a los tribunales para hacer que sus derechos se respeten. Un caso en Jalisco es el de Capilla de Guadalupe, que habiendo sido por decreto estatal creado como municipio, manejos políticos y legaloides dieron al traste con tal disposición. Empero, a lo largo y ancho de México y Jalisco, existen muchísimos poblados que aspiran a ser municipalidades, pero fracasan en su afán por falta de apoyos de líderes poderosos o trabas que le oponen funcionarios prepotentes. Eso no debe prevalecer, y una enmienda constitucional lo resolvería de cuajo.
En fin, después de los comicios del 2 de junio, como buenos demócratas debemos conducirnos aceptando los resultados de las urnas, (lo que no implica cuando proceda, dejar de defender la validez de los votos) que es la voluntad del pueblo, y a la par, sumarnos hombro con hombro, actuando unidos todos los mexicanos para resolver nuestros problemas, fortalecer las instituciones y con ello, agigantar nuestra patria.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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