NACIONALES
La fórmula perfecta
Opinión, por Iván Arrazola //
En tan solo unas horas, se consumó un hecho polémico y ampliamente criticado: el Senado de la República decidió, en un giro inesperado y contrario a toda lógica democrática, reelegir a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por un periodo adicional de cinco años.
Esta decisión ha generado un intenso debate, tanto en el ámbito político como en el social, debido a las numerosas controversias que han marcado su gestión, incluyendo cuestionamientos sobre la independencia de la institución y su papel en la defensa de los derechos humanos. La reelección, lejos de fortalecer la legitimidad de la CNDH, plantea serias dudas sobre el compromiso de las autoridades con la autonomía de los organismos públicos y la promoción de los valores democráticos en el país.
Este hecho quedará registrado como un episodio preocupante en la historia contemporánea de nuestro país. Una candidata con una de las calificaciones más bajas, acusada de presentar documentación apócrifa y que, además, mostró una notoria ausencia en el ejercicio pleno de sus funciones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha sido ratificada en su cargo.
Este desenlace no solo desafía los principios de mérito y transparencia que deberían regir los procesos de designación en instituciones clave, sino que también representa un golpe significativo para la protección de los derechos humanos en México. La continuidad de esta gestión, marcada por omisiones y cuestionamientos, deja al país en un estado alarmante de indefensión frente a las violaciones de derechos fundamentales, socavando aún más la confianza en los organismos encargados de salvaguardar la dignidad y las garantías de los ciudadanos.
A lo largo de su gestión, Rosario Piedra Ibarra dejó en evidencia una preocupante complacencia con el régimen, ignorando temas cruciales que impactan directamente en los derechos humanos en México. Ni el alarmante aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que pasó de 11 mil a más de 19 mil, fue suficiente para motivar una reflexión crítica sobre el deterioro de los derechos fundamentales en el país.
Tampoco la militarización acelerada implementada por el gobierno federal, un tema ampliamente cuestionado por su impacto en la seguridad ciudadana y las libertades civiles generó algún pronunciamiento contundente de su parte.
Mucho menos mereció su atención la reforma judicial impulsada durante este periodo, señalada por diversos expertos y organismos como una amenaza directa contra los derechos de las personas. Su actitud distante y poco proactiva contrastó con la responsabilidad que debería asumir el titular de una institución diseñada para proteger a la ciudadanía de los abusos del poder. En lugar de alzar la voz o posicionarse como un contrapeso frente a estas problemáticas, Piedra Ibarra optó por una postura de silencio cómplice, demostrando con ello una lamentable falta de autonomía y compromiso con la misión esencial de la CNDH.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha mantenido un silencio inquietante frente a temas de extrema gravedad. Ni las crecientes quejas contra la Guardia Nacional, ni los asesinatos de periodistas en el cumplimiento de su deber, ni las más de 100,000 desapariciones registradas en México han merecido una declaración firme o una acción contundente de su parte.
Piedra Ibarra, quien en el pasado subrayó que las desapariciones ya no son perpetradas directamente por el Estado como en otras épocas, guarda ahora un silencio cómplice frente a la evidente incompetencia del actual régimen. La política de «abrazos, no balazos», promovida por la administración federal, no solo ha fallado en garantizar la seguridad de la población, sino que ha cedido el control territorial del país a grupos del crimen organizado, profundizando la crisis de derechos humanos y debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. La ausencia de una postura crítica por parte de la titular de la CNDH ante estas situaciones plantea serias dudas sobre la capacidad de la institución para cumplir su mandato en un contexto tan desafiante.
Este es precisamente el rol que el régimen parece esperar de las instituciones: que guarden silencio en lugar de exigir cuentas por sus actos. A esta situación se suma la inclusión de nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión, el contrabando, la emisión o compra de comprobantes fiscales falsos, y los relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Desde esta perspectiva, el régimen parece elegir el camino más sencillo: encarcelar primero, saturar las prisiones y, solo después, investigar.
Esta estrategia no hace más que perpetuar un sistema profundamente disfuncional. A esto se suma una Comisión Nacional de Derechos Humanos complaciente, que prefiere agradar al poder antes que cumplir con su mandato de defender los derechos fundamentales. Esta combinación nefasta deja a las víctimas desprotegidas y al país atrapado en un ciclo de impunidad y represión.
– Por Mario Ávila
La labor de inteligencia de las fuerzas policiales del país y con el apoyo de las autoridades de la República del Paraguay, fue detenido el líder criminal de la organización delincuencial «La Barredora», Hernán Bermúdez Requena, alias «Requena», El Abuelo» y «comandante H».
La detención fue anunciada por el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, en donde él precisa que el presunto criminal fue detenido en Paraguay.
En un comunicado hecho público hace algunos minutos, García Harfuch, explica: «Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cero tolerancia a la corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, Defensamx, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se realizó la detención de Hernán “N”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.
En esta operación -abunda-, fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
El comandante H, jefe de la policía de Tabasco de 2018 a 2014, presunto líder del grupo criminal La Barredora, dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol, estuvo prófugo desde febrero y hoy, Hernán Bermúdez Requena ha sido detenido en Paraguay, según ha informado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un comunicado divulgado este viernes en la noche.
Bermúdez llegó al cargo cuando uno de los principales dirigentes de Morena, Adán Augusto López, era gobernador en el Estado.
– Por Francisco Junco
El diputado federal de Morena, Manuel Espino Barrientos, se encuentra hospitalizado en terapia intensiva luego de sufrir un derrame cerebral.
La noticia fue confirmada por el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien detalló que el legislador de 65 años fue intervenido de emergencia durante la noche del miércoles.
“Tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las nueve o diez de la noche. Está en terapia intensiva, en un lugar al que sus familiares, por la emergencia, lo condujeron”, informó Monreal, al tiempo que expresó su deseo de pronta recuperación y pidió oraciones por la salud de su compañero de bancada.
Espino, originario de Durango y actual integrante de las comisiones de Seguridad, Defensa y Comunicaciones y Transportes, fue trasladado por decisión de su familia a una clínica especializada, donde permanece bajo vigilancia médica. En un comunicado de Morena se informa que se mantiene estable dentro de la gravedad.
En redes sociales, la presidenta de Morena en Durango, Lourdes García Garay, envió un mensaje de solidaridad al legislador.
“Enviamos toda nuestra solidaridad y los mejores deseos de pronta y total recuperación a nuestro querido compañero diputado federal Manuel Espino. Confiamos en su fortaleza y en que pronto estará de vuelta”, publicó.
Con más de cuatro décadas de trayectoria política, Manuel Espino ha transitado por diversos partidos y cargos. Fue dirigente nacional del PAN entre 2005 y 2007, presidió la Organización Demócrata Cristiana de América y en los últimos años se integró a Morena, donde actualmente ocupa una curul por representación proporcional.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
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