NACIONALES
La fórmula perfecta
Opinión, por Iván Arrazola //
En tan solo unas horas, se consumó un hecho polémico y ampliamente criticado: el Senado de la República decidió, en un giro inesperado y contrario a toda lógica democrática, reelegir a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por un periodo adicional de cinco años.
Esta decisión ha generado un intenso debate, tanto en el ámbito político como en el social, debido a las numerosas controversias que han marcado su gestión, incluyendo cuestionamientos sobre la independencia de la institución y su papel en la defensa de los derechos humanos. La reelección, lejos de fortalecer la legitimidad de la CNDH, plantea serias dudas sobre el compromiso de las autoridades con la autonomía de los organismos públicos y la promoción de los valores democráticos en el país.
Este hecho quedará registrado como un episodio preocupante en la historia contemporánea de nuestro país. Una candidata con una de las calificaciones más bajas, acusada de presentar documentación apócrifa y que, además, mostró una notoria ausencia en el ejercicio pleno de sus funciones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha sido ratificada en su cargo.
Este desenlace no solo desafía los principios de mérito y transparencia que deberían regir los procesos de designación en instituciones clave, sino que también representa un golpe significativo para la protección de los derechos humanos en México. La continuidad de esta gestión, marcada por omisiones y cuestionamientos, deja al país en un estado alarmante de indefensión frente a las violaciones de derechos fundamentales, socavando aún más la confianza en los organismos encargados de salvaguardar la dignidad y las garantías de los ciudadanos.
A lo largo de su gestión, Rosario Piedra Ibarra dejó en evidencia una preocupante complacencia con el régimen, ignorando temas cruciales que impactan directamente en los derechos humanos en México. Ni el alarmante aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que pasó de 11 mil a más de 19 mil, fue suficiente para motivar una reflexión crítica sobre el deterioro de los derechos fundamentales en el país.
Tampoco la militarización acelerada implementada por el gobierno federal, un tema ampliamente cuestionado por su impacto en la seguridad ciudadana y las libertades civiles generó algún pronunciamiento contundente de su parte.
Mucho menos mereció su atención la reforma judicial impulsada durante este periodo, señalada por diversos expertos y organismos como una amenaza directa contra los derechos de las personas. Su actitud distante y poco proactiva contrastó con la responsabilidad que debería asumir el titular de una institución diseñada para proteger a la ciudadanía de los abusos del poder. En lugar de alzar la voz o posicionarse como un contrapeso frente a estas problemáticas, Piedra Ibarra optó por una postura de silencio cómplice, demostrando con ello una lamentable falta de autonomía y compromiso con la misión esencial de la CNDH.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha mantenido un silencio inquietante frente a temas de extrema gravedad. Ni las crecientes quejas contra la Guardia Nacional, ni los asesinatos de periodistas en el cumplimiento de su deber, ni las más de 100,000 desapariciones registradas en México han merecido una declaración firme o una acción contundente de su parte.
Piedra Ibarra, quien en el pasado subrayó que las desapariciones ya no son perpetradas directamente por el Estado como en otras épocas, guarda ahora un silencio cómplice frente a la evidente incompetencia del actual régimen. La política de «abrazos, no balazos», promovida por la administración federal, no solo ha fallado en garantizar la seguridad de la población, sino que ha cedido el control territorial del país a grupos del crimen organizado, profundizando la crisis de derechos humanos y debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. La ausencia de una postura crítica por parte de la titular de la CNDH ante estas situaciones plantea serias dudas sobre la capacidad de la institución para cumplir su mandato en un contexto tan desafiante.
Este es precisamente el rol que el régimen parece esperar de las instituciones: que guarden silencio en lugar de exigir cuentas por sus actos. A esta situación se suma la inclusión de nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión, el contrabando, la emisión o compra de comprobantes fiscales falsos, y los relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Desde esta perspectiva, el régimen parece elegir el camino más sencillo: encarcelar primero, saturar las prisiones y, solo después, investigar.
Esta estrategia no hace más que perpetuar un sistema profundamente disfuncional. A esto se suma una Comisión Nacional de Derechos Humanos complaciente, que prefiere agradar al poder antes que cumplir con su mandato de defender los derechos fundamentales. Esta combinación nefasta deja a las víctimas desprotegidas y al país atrapado en un ciclo de impunidad y represión.
-Por Redacción Conciencia Pública, con datos de EFE y Milenio
En Saltillo, Coahuila, un Spaniel Bretón llamado Manchas se ha convertido en el héroe inesperado de la conservación del agua potable. Entrenado especialmente para detectar fugas subterráneas, Manchas es el primer perro en México en desempeñar esta labor, siguiendo modelos exitosos de Chile y España.
El programa es resultado de la colaboración entre Aguas de Saltillo (AGSAL) y la empresa Veolia. Gracias a su agudo sentido del olfato, con más de 300 millones de células olfativas, Manchas puede localizar agua con cloro hasta dos metros bajo tierra, incluso en lugares donde la fuga es invisible a simple vista.
El procedimiento inicia con un análisis de imágenes satelitales para ubicar zonas con posibles fugas. Luego, Manchas realiza recorridos por estas áreas y señala la fuga colocando ambas patas sobre el suelo y recostando la barbilla. Después, brigadas especializadas intervienen en un plazo de 24 a 48 horas para confirmar y reparar el desperfecto.
Desde que comenzó a operar, Manchas ha detectado más de 150 fugas durante recorridos diarios de entre 3.5 y 4.5 kilómetros. Su trabajo permite intervenciones precisas, evitando romper calles o paredes innecesariamente y acelerando la reparación de los sistemas de agua.
México se une a la tendencia global
Actualmente, existen alrededor de 25 perros entrenados en el mundo para esta labor, en países como Australia, Suecia, Reino Unido y Francia. La iniciativa de Saltillo coloca a México en la vanguardia de la gestión sustentable del agua, demostrando cómo la combinación de tecnología y entrenamiento canino puede generar grandes beneficios.
Quienes deseen conocer más sobre Manchas o el programa de detección de fugas pueden seguir las actualizaciones de Aguas de Saltillo en sus redes sociales y sitio web oficial, donde muestran el impacto de este innovador método en la preservación del recurso hídrico de la ciudad.
🐶 ¿Cómo funciona el programa con Manchas?
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Entrenamiento especializado: Manchas fue entrenado en Chile, siguiendo el modelo de Aguas Andinas, y está capacitado para detectar cloro en el agua potable hasta a dos metros de profundidad. Su agudo sentido del olfato, con más de 300 millones de células olfativas, le permite identificar fugas que no son visibles a simple vista.
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Metodología de trabajo: El proceso comienza con el análisis de imágenes satelitales para identificar posibles áreas de fuga. Luego, Manchas realiza recorridos en esas zonas, y cuando detecta una fuga, se detiene, coloca ambas patas sobre el suelo y recuesta la barbilla, indicando la presencia de la fuga. Posteriormente, brigadas de geofonistas intervienen en un plazo de 24 a 48 horas para confirmar y reparar la fuga.
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Resultados obtenidos: En sus primeros meses de operación, Manchas ha detectado más de 150 fugas en recorridos diarios de entre 3.5 y 4.5 kilómetros, contribuyendo significativamente a la conservación del agua en la región.
– Por Redacción Conciencia Pública
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido por autoridades federales acusado de participar en una red de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal. La captura se realizó como parte de las investigaciones en torno a un cargamento ilícito de más de 10 millones de litros de hidrocarburos asegurados en marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
De acuerdo con fuentes oficiales, Farías Laguna es señalado de haber facilitado operaciones logísticas y de protección a embarcaciones utilizadas para introducir combustible de manera ilegal al país.
La relevancia del caso radica en que se trata del oficial de mayor rango naval detenido hasta la fecha dentro del combate al robo de combustibles impulsado por la administración federal.
El vicealmirante, además, es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, lo que ha generado fuertes repercusiones políticas y cuestionamientos sobre posibles vínculos de altos mandos militares con las redes de contrabando. Hasta ahora, la Secretaría de Marina no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la detención de su exintegrante.
La investigación contra Farías Laguna forma parte de una estrategia más amplia contra el huachicol, delito que en los últimos años ha mutado del robo en ductos terrestres al contrabando fiscal por vía marítima. Este esquema se apoya en maniobras documentales fraudulentas, el uso de empresas fachada y la corrupción en distintos puertos del país.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reportado la incautación de más de 39 millones de litros de combustible robado en lo que va de su administración, destacando que el caso de Tampico representa uno de los decomisos más grandes en la historia reciente.
Agencias de seguridad estadounidenses advierten que los cárteles recurren cada vez más a intermediarios de la industria petrolera y gasífera mexicana para contrabandear combustible robado a Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas aseguran que continuarán las investigaciones para desmantelar la red y procesar a los responsables, tanto militares como empresarios involucrados.
La detención del vicealmirante Farías Laguna envía un mensaje sobre la determinación oficial de no permitir la participación de funcionarios de alto rango en delitos de contrabando. Sin embargo, especialistas advierten que el caso podría ser solo la punta del iceberg de una estructura más amplia que involucra a sectores privados y públicos, con presencia en varios estados costeros.
– Por Mario Ávila
Para el ejercicio fiscal del año 2027 la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ya tendrá solvencia financiera para hacer frente a sus pasivos y no requerirá de la intervención de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, según lo garantizó la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Censuró la estrategia de los gobiernos neoliberales de haber endeudado a la petrolera y al mismo tiempo informó que se adelanta una nueva ronda de pagos a proveedores de Pemex.
Será a partir del lunes 8 de septiembre, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) iniciará una nueva ronda de pagos a proveedores de Pemex con el nuevo instrumento financiero denominado “Notas Pre-Capitalizadas”, presentado durante la segunda quincena de julio.
Ahora, -dijo- empieza un nuevo pago a través de este instrumento financiero que se hizo con la Secretaría de Hacienda y Banobras. Por lo que me informaron, Secretaría de Hacienda empieza el lunes con los nuevos pagos”.
Mirza Flores, nueva coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco
Eligen a Natalia Juárez y a Jesús Becerra, líderes sindicales en la UdeG
“Manchas”: el perro que encuentra fugas de agua en México
Detienen a vicealmirante por red de huachicol fiscal en Tampico
