NACIONALES
La ineludible reforma del Poder Judicial en México: El objetivo es justicia pronta, completa e imparcial

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Tema de actualidad nacional se ha vuelto la reforma del Poder Judicial Federal, modificación que significa una verdadera transformación y que tendrá que rebasar la órbita federal, por lo que debe incluir no solo a los órganos estatales de la clásica administración de justicia, sino a las instituciones de procuración e incluso los organismos conexos, mecanismos alternativos de solución de controversias y los que comprenden las defensorías de oficio, las modalidades peculiares de impartición de la ley, cual son las de índole laboral, administrativo o tribunales específicos, como el de los servidores públicos.
En general, todos los mexicanos estamos de acuerdo en que son demasiadas las fallas de nuestro sistema de justicia. La disposición constitucional -artículo 17- de que los tribunales deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y de manera gratuita, es una ficción. Por lo general los asuntos judiciales, son lentos, costosos, parciales y dificultosos, particularmente para las personas de escasos recursos económicos o las carentes de influencias.
Es por ello, que son trascendentes las iniciativas presentadas por el ejecutivo de la nación, el pasado 5 de febrero, que siendo veinte, dentro de ellas resaltan las de carácter constitucional, aunque todas son importantes. En el momento actual, la que llama poderosamente la atención, es la referente al Poder Judicial. Ya vendrá el día en que se trate las que anunció la presidenta virtual Claudia Sheinbaum (sobre apoyos a mujeres entre 60 y 64 años, becas para alumnos de educación básica, así como respaldos al magisterio) y todas las demás relativas al ámbito electoral, la salud, el medio ambiente, la austeridad, organismos autónomos, jubilaciones, salarios, etc.
Los grandes apartados que atañen exclusivamente a las variaciones del Poder Judicial Federal se pueden sintetizar en los siguientes: Elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito, jueces de distrito, así como a los miembros -con rango de magistrados- del propuesto Tribunal de Disciplina Judicial.
Sobre este tema, hemos de decir que ya en las anteriores constituciones de México, estuvo en práctica la elección de los integrantes de la Corte y los tribunales superiores en las Entidades federativas. Esta manera de componer tales organismos terminó con las revisiones a la ley Suprema de 1857, realizadas por el Constituyente de Querétaro 1916-1917; sin embargo, el mecanismo -muy federalista, por cierto- establecido en ese entonces, no se llegó a ejecutar, por los intereses de los caudillos que suplantaron a Venustiano Carranza en la década de 1920-1930.
Esos líderes nos legaron el sistema que rige en la actualidad, con algunas enmiendas. Ahora lo ciertamente innovador es también elegir popularmente a los magistrados y jueces, y para ello está libre el debate, el parlamento abierto y múltiples formas de opinión. Sobre ello, los justiciables aseguran que es mejor ser juzgados por quien ellos elijan, que por aquellos que arriban a esos puestos por las influencias o el nepotismo, tal como sucede hoy.
En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene antecedentes en el siglo XIX cuando existieron órganos que se encargaban de evaluar la actuación de la Corte suprema, es indispensable para corregir todo desvío de los integrantes del poder jurisdiccional, desde jueces y magistrados hasta ministros, ya que tal aspecto es defectuoso y de plano hablando de la Suprema Corte, inexistente, por lo que a veces se extralimitan. Entendamos que nadie es perfecto, y por lo tanto dichos personajes también deben ser vigilados y de proceder, sancionados por sus yerros.
El segundo apartado de la iniciativa que comentamos se refiere a la reducción del Pleno de la SCJN, de 11 a 9 ministros, y desaparición de las Salas, que al momento son dos, con cinco miembros cada una, y el onceavo ministro es quien funge como presidente de la Corte. La iniciativa precisa que en lo sucesivo el máximo tribunal se compondrá de solo nueve miembros, y actuarán exclusivamente en pleno, eliminando las salas.
Esto elimina la indebida manera de que a veces, se decidan cuestiones trascendentes con el voto de solo dos ministros, como sucedió recientemente al tratar una norma sobre electricidad, pues uno de los cinco, no estuvo en la sesión, y quien fungió como presidente ejerció su voto de calidad por el empate que se registró, y así, votando doble, decidió un asunto de suma repercusión nacional. Esto a todas luces, es inconveniente para nuestro estado de derecho.
El tercer capítulo, es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con independencia de la SCJN. Estos consejos surgieron a fines del siglo pasado, buscando mejorar la administración de justicia, pero incurriendo en el error de que los presidiera quien encabezara al poder judicial respectivo, estatal o federal. El resultado ha sido negativo, y es urgente remediar esa anomalía, lo cual se hará con una institución que administre a los tribunales (la cual eliminará nepotismo, ineptitudes y corruptelas) y el antes mencionado Tribunal de Disciplina Judicial.
Recientemente -y este es otro renglón que debe elevarse al nivel constitucional- se reformó la ley de Amparo para prohibir el otorgamiento de suspensiones contra leyes con efectos generales. Esto es menester para no obstruir las obras gubernamentales, y dejar como debe ser, para la final resolución del expediente, su otorgamiento de protección o la negativa.
Una faceta siempre ignorada por los juzgadores en todos los niveles y fueros, son los plazos máximos para concluir los juicios. Este apartado previene que ningún proceso durará más de 6 meses, tratándose del ramo fiscal, y ajustándose a un año para materias penales. Constantemente nos enteramos (recuérdese por dar un ejemplo el caso Vallarta y el de la francesa Florence Cassez) de personas que injustamente están en prisión por años y años, sin que sus juicios se resuelvan. Lapsos similares suceden en el ramo civil o en distintos renglones sujetos a procedimientos judiciales que se vuelven interminables.
Finalmente, viene la sección concerniente a la renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces, que en números redondos son alrededor de mil ochocientos de orden federal. Ellos, si se aprueba la reforma constitucional de que sean electos popularmente, deberán resultar por medio de comicios extraordinarios, la primera vez, los cuales podrían celebrarse en el venidero año de 2025. Al respecto, se prevé no sean los partidos políticos los que intervengan, ni que se realicen campañas político-electoral como se hace para renovar los poderes legislativo y ejecutivo.
Se debe evitar se partidice este método: para elegir los ministros de la Corte (SCJN), se plantea sean propuestos diez abogados candidatos por cada uno de los tres poderes constitucionales -legislativo, ejecutivo y judicial- con rigurosos requisitos que garanticen su capacidad, imparcialidad y honradez, y de ese conjunto de 30 profesionistas idóneos, los ciudadanos elegirán nueve para ministros de la SCJN. Los debates en vigor enriquecerán la iniciativa correspondiente, a fin de plasmar los modos y tiempos para seleccionar a magistrados y jueces.
El objetivo de esta perentoria innovación judicial es que para el año que viene, la nación cuente con un Poder Judicial totalmente renovado, indiscutible aplicador de la justicia, pronta, completa, imparcial y que, siendo efectivamente gratuita, se ciña a los intereses de la república y se le considere cercana al pueblo.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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