ENTREVISTAS
«La justicia no es popularidad, ni castigo, es compromiso con la ley»: Julieta Valladares, candidata a magistrada electoral
Por Francisco Junco //
“Soy una abogada apasionada por la defensa de los derechos humanos”, responde sin titubeos Julieta Valladares, a Conciencia Pública, aspirante a magistrada electoral por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Su voz, serena pero firme, refleja catorce años de experiencia en el tribunal donde ahora aspira a consolidar su legado. No es una improvisada ni una aspirante de discursos vacíos; su trayectoria habla por ella. En esta entrevista con Conciencia Pública, Valladares comparte su visión de una justicia electoral cercana, técnica y comprometida con los derechos de todos, especialmente de quienes han sido históricamente marginados.
Una trayectoria al servicio de la justicia
Doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, con maestrías internacionales en Ciencias Jurídicas (Universidad Abad Oliva, Barcelona) y Derechos Humanos con perspectiva de género (Universidad de Castilla-La Mancha), Julieta Valladares combina una formación académica impecable con una carrera práctica que la distingue. Ha sido reconocida con matrícula de honor, ha impartido clases y conferencias a nivel nacional, y ha contribuido a la formación ética de futuros jueces. Pero más allá de los títulos, su pasión es clara: “La justicia no es castigo, es protección. Es garantizar los derechos de quienes no tienen voz”.
Con casi catorce años en la Sala Regional Guadalajara, Valladares ha redactado cientos de proyectos de sentencia, resolviendo casos que protegen los derechos político-electorales de los ciudadanos. Su candidatura no es un salto al vacío, sino la extensión natural de una vida dedicada a la justicia electoral. “Ya hago este trabajo. Conozco los casos, las dinámicas, las urgencias. No vengo a aprender, vengo a seguir sirviendo”, afirma con convicción.
Una justicia contramayoritaria:
Defender a las minorías
En el contexto de la reforma judicial de 2024, que introduce la elección de jueces y magistrados por voto popular, Valladares es tajante: “Nuestra legitimidad no está en la popularidad, sino en el apego a la Constitución, la ley y los tratados internacionales”. Como jueza, defiende el rol contramayoritario del Poder Judicial, que protege los derechos de las minorías y los grupos discriminados, incluso cuando sus decisiones no son las más populares. “Defendemos a todos, mayoría o minoría, porque la justicia no discrimina”, subraya.
La elección por voto ciudadano, aunque histórica, le genera preocupación. “El riesgo es que la idoneidad quede opacada por la visibilidad. No puedes ser juez sin conocer el derecho ni los tratados internacionales”, advierte.
Para ella, la preparación técnica, la ética y la experiencia son innegociables. Por eso, invita a la ciudadanía a informarse a través de la plataforma “Conócelas” del INE y a evaluar su trayectoria. “Soy la 09 en la boleta naranja”, dice con una sonrisa, confiada en que los ciudadanos sabrán distinguir compromiso de carisma.
Acercar la justicia:
Un compromiso con la ciudadanía
Recorrer los ocho estados de la primera circunscripción plurinominal —Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur— ha sido un desafío. Sin financiamiento público, Valladares ha costeado su campaña de su propio bolsillo, utilizando redes sociales como Instagram y TikTok para compartir su mensaje. En cada encuentro con la ciudadanía, ha encontrado una constante: la justicia se siente lejana. “La gente me decía: ‘Eres la primera que viene’. Eso debe cambiar. No hay justicia sin presencia”, reflexiona.
Estos recorridos le han mostrado el valor del contacto directo. “Escuchar a la ciudadanía, entender sus preocupaciones, es algo que nos hacía falta como juzgadores. La gente quiere una justicia accesible, que entienda sus necesidades”, explica.
Aunque no comparte del todo el método de la elección popular, reconoce que le ha permitido acercarse a las personas como nunca antes. “Cuando alguien dice ‘Voy a votar por ti’, sientes un compromiso enorme. Es un recordatorio de que la justicia es para ellos”.
Un caso que marcó su carrera
Entre los cientos de casos que ha trabajado, uno resuena con fuerza: el de una regidora amenazada por el crimen organizado para abandonar su cargo. El tribunal local desestimó el caso como un asunto penal, pero Valladares, desde la Sala Regional Guadalajara, redactó un proyecto de sentencia que reconoció la violación a los derechos político-electorales de la regidora. “La amenazaban para que renunciara. Eso no es solo un delito, es un ataque a su derecho a ejercer el cargo para el que fue electa”, explica.
El tribunal ordenó medidas para que la regidora pudiera trabajar a distancia, resguardando su seguridad sin sacrificar su función pública. Durante tres años, la Sala emitió resoluciones constantes para garantizar su derecho. “No fue solo un fallo, fue un acompañamiento. Cada decisión protegía su voz y la democracia misma”, recuerda Valladares. Este caso, un precedente en la protección de mujeres en la política, refleja su visión: una justicia que no se queda en el escritorio, sino que transforma vidas.
Propuestas para una justicia electoral accesible
Valladares propone una justicia electoral cercana y comprensible. Inspirada en el modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aboga por sentencias breves, claras y en lenguaje ciudadano. “La justicia no debe esconderse en tecnicismos. Debe ser entendida por todos”, sostiene. También apuesta por la tecnología para visibilizar los procesos judiciales, garantizando transparencia y reduciendo cualquier posibilidad de influencias externas.
Además, busca ampliar la cobertura de la justicia electoral, especialmente para comunidades marginadas como las indígenas, inspirándose en el modelo de Nayarit (2000-2002). “Necesitamos más juzgados y mayor presupuesto para llegar a quienes más lo necesitan”, afirma. Su enfoque combina rigor técnico con sensibilidad humana, siempre centrado en los derechos fundamentales.
Un mensaje a los ciudadanos
Al cerrar la entrevista, Valladares lanza un llamado claro: “Salgan a votar. Esta elección definirá la justicia de los próximos ocho años. Revisen los perfiles, infórmense y elijan con responsabilidad”. No promete milagros, porque no los necesita. “Mi compromiso es seguir como hasta ahora: con ética, técnica y respeto por los derechos humanos. Ya he demostrado lo que puedo hacer”.
Julieta Valladares no busca aplausos ni titulares. Su campaña, austera, pero auténtica, se basa en una verdad simple: la justicia electoral es la base de la democracia, y ella lleva casi catorce años defendiéndola. En un momento de incertidumbre, su experiencia, preparación y humanidad son su mejor carta. “Defender los derechos no es un discurso, es mi vida”, concluye, dejando claro que su candidatura no es una ambición, sino un compromiso con un país que merece justicia.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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