FUEGO CRUZADO

“La reforma a la Ley de Amparo busca garantizar pronta actuación frente al lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar los impuestos”.

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“Otro día negro para la República. El partido único de estado cada día más cerca”.

RICARDO SALINAS PLIEGO / PROPIETARIO DE TV AZTECA

Su reacción ante la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo

CIERTO O FALSO

«Claro que no. Imagínense entregar la Red de Salud Estatal o los Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar. Sería un error histórico para las y los jaliscienses. Nosotros vamos a trabajar en fortalecer nuestro propio sistema de salud y, muy importante: construir la primera Red Nacional e Internacional de Hospitales-Escuela junto con la Universidad de Guadalajara».

PABLO LEMUS / GOBERNADOR DE JALISCO

“Cuentan que en estos días hubo un rompimiento entre emecistas. Para más señas, el ahora diputado federal Hugo Luna, tan cercano a Enrique Alfaro, tuvo fuerte discusión con Bernardo Fernández, jefe de gabinete de Verónica Delgadillo. Motivo: poner fin a la concesión a la empresa Sulo, por el manejo de los llamados puntos limpios”. ¿Será?”

CÚPULA DE MURAL

VOZ ALTA

Premio a la generosidad

El próximo miércoles el Banco de Alimentos de Guadalajara que preside José Luis González Íñigo entregará en el Teatro Degollado el Premio a la Generosidad en Jalisco edición 2025 y algo muy significativo es que el Congreso del Estado instituirá el 8 de octubre de cada año como “El Dia de la Generosidad en Jalisco”, lo que alentará la generosidad como una característica notable del jalisciense. El galardón busca honrar la labor incansable de organizaciones de la sociedad civil y benefactores individuales que combaten la inseguridad alimentaria y promueven el bienestar social en la región.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÍÑIGO. El 8 de octubre quedará instituido como El Día de la Generosidad en Jalisco.

De frente al poder

Óscar Ábrego anunció el regreso de su prestigiado programa «De frente al poder», al que acudirán artistas, deportistas y mujeres y hombres de los mundos de la sociedad civil, política e industria. Por cierto, las grabaciones ya iniciaron, teniendo como locación base el famoso Salón del Bosque. Sin duda, es una buena noticia. Como profesional de la comunicación, Ábrego logró convertirse en uno de los líderes de opinión más trascendentes en espacio de los medios electrónicos. Deseamos todo el éxito a nuestro amigo y colaborador.

ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN. Su regreso a los medios electrónicos de comunicación.

Apunten a Mauro Lomelí

Al interior de Morena, en Zapopan, se empiezan a mover las piezas con miras al proceso electoral para la renovación de las autoridades en la alcaldía del municipio más rico de Jalisco, gobernado por MC en las últimas cuatro administraciones. Y una figura relevante que conoce muy bien el municipio es Mauro Lomelí, quien el pasado sábado rindió su primer informe como regidor del Cabildo. “Más territorio, menos escritorio”, es su eje basado en la cercanía con la gente, recorriendo colonias, comunidades y espacios públicos para escuchar directamente las necesidades de las y los zapopanos.

MAURO LOMELÍ. Uno de los fuertes perfiles de Morena para la alcaldía de Zapopan en 2027.

– Opinión, por Luis Rubén Tinajero Gálvez

Como abogado, dedicado a la defensa fiscal y a litigar frente a actos de autoridad, veo con profunda preocupación la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo 2025.

Aunque reconozco su intención de modernizar y agilizar los juicios —algo que todos hemos pedido desde hace años—, me parece que el proyecto incurre en riesgos que podrían vaciar de contenido la protección constitucional que distingue a este mecanismo.

Es cierto que el sistema necesita orden. Los nuevos plazos perentorios (60 días para sentencia en amparos indirectos y 5 días para notificaciones clave) y la digitalización integral del expediente son avances innegables. También celebro que se busque frenar el abuso de figuras como la recusación o la ampliación de demanda, utilizadas con frecuencia para dilatar procesos.

Pero no podemos ignorar los efectos colaterales. Me inquieta especialmente la restricción al régimen de suspensión. Si se bloquea una cuenta bancaria por presunto lavado de dinero, ya no habrá suspensión provisional que valga y la definitiva exige probar la licitud de los recursos antes de que el afectado tenga acceso pleno a su defensa.

Lo mismo ocurre con actos ligados a deuda pública, permisos y la prisión preventiva oficiosa. Son áreas donde el amparo ha servido para contener excesos y proteger derechos fundamentales.

Más grave aún es permitir que la autoridad alegue “imposibilidad material o jurídica” para no cumplir una sentencia. ¿No estamos abriendo una puerta peligrosa para que, con justificaciones amplias y poco controlables, se deje sin efecto la tutela judicial que tanto trabajo ha costado consolidar?

Y aquí está el verdadero punto de alarma: debilitar el amparo es debilitar la democracia. Si la ciudadanía se queda sin una Ley que la proteja frente a actos arbitrarios de las autoridades, el Estado adquiere un poder prácticamente ilimitado para despojar derechos bajo cualquier pretexto. Un país sin un amparo eficaz es un país donde el abuso puede disfrazarse de legalidad y donde el ciudadano queda indefenso.

Además, se pierde el contexto y espíritu original de la Ley de Amparo concebida por Mariano Otero, un instrumento pensado para proteger al individuo frente al poder del Estado y limitar el abuso de la autoridad. Quitarle fuerza a esta herramienta es desconocer el diseño histórico que dio a México un modelo único de defensa de los derechos fundamentales.

La consecuencia no es solo jurídica. Impactará directamente en la economía. Sin certeza de que las inversiones —nacionales o extranjeras, grandes o pequeñas— estarán protegidas ante actos arbitrarios, se debilita la confianza en el país como destino seguro para el capital.

Cuando el marco legal deja de ser confiable, la inversión se retrae, se frena la generación de empleo y se afecta la estabilidad económica. Peor aún, esta reforma, vinculada con la reciente reforma al Poder Judicial, se convierte en un golpe letal contra México, su economía, su gente, sus derechos y sus libertades. La combinación de un amparo debilitado y un Poder Judicial limitado en su independencia y alcance coloca al ciudadano en una posición de vulnerabilidad inédita.

Entiendo la urgencia de dar certidumbre y eficiencia, pero el costo no puede ser un amparo infértil, incapaz de brindar remedios efectivos. Si el Poder Judicial no ejerce un control estricto de proporcionalidad y rigor técnico, podríamos enfrentar una etapa donde el amparo existe en el papel, pero se debilita en la práctica.

La reforma puede ser un avance, sí, pero solo si se acompaña de criterios judiciales firmes que impidan que el afán de agilizar procesos se convierta en una restricción velada de derechos. El equilibrio entre eficacia procesal y protección real debe ser el verdadero eje de la discusión. Sin un amparo fuerte, la democracia misma queda vulnerable, y con ella la estabilidad económica y social del país.

CONCLUSIÓN

La reforma a la Ley de Amparo no puede analizarse únicamente desde la óptica de la eficiencia procesal. Detrás de cada ajuste técnico hay implicaciones profundas para la protección de los derechos humanos, la independencia judicial y la estabilidad económica del país. Debilitar el amparo —sobre todo cuando se combina con cambios recientes al Poder Judicial— supone desmantelar una de las columnas que sostienen la democracia mexicana.

Modernizar y agilizar la justicia es deseable, pero no a costa de dejar al ciudadano sin herramientas efectivas contra el abuso de poder. Si México renuncia a la esencia protectora que concibió Mariano Otero, pierde la certeza jurídica que atrae inversión, genera empleo y permite que las personas vivan con seguridad en sus derechos. Sin amparo sólido no hay democracia sólida; sin democracia sólida, no hay país confiable para sus propios ciudadanos ni para el mundo.

* Luis Rubén Tinajero Gálvez es abogado fiscalista con más de 30 años de experiencia en defensa y litigio frente y a favor de autoridades tributarias. Fue procurador fiscal del Estado de Jalisco, abogado defensor y coordinador de asuntos penales en la región de Occidente del SAT.

– Opinión, por Amaury Sánchez G.

El país despierta con una verdad incómoda: el huachicol fiscal no es un rumor, ni una cifra lanzada al aire para adornar discursos. Es el robo del siglo. Seis veces mayor que la “Estafa Maestra”, diez veces más corrosivas que las cajas chicas de los gobernadores de antaño. Seiscientos mil millones de pesos evaporados como humo de gasolina pirata, mientras un pueblo que apenas sobrevive paga religiosamente sus impuestos.

Y no es casualidad que esta revelación haya estallado ahora. En política, nada ocurre por azar. Si el expediente salió de la oficina de Omar García Harfuch, la conclusión es obvia: la presidenta Claudia Sheinbaum decidió mostrar los colmillos. No los del discurso de campaña, no los de la promesa abstracta contra la corrupción, sino los colmillos del poder real, ese que no perdona ni a los aliados cuando se convierten en estorbo.

La aritmética es simple y brutal: 600 mil millones de pesos significan 50 veces el presupuesto anual de un estado mediano, significan hospitales no construidos, carreteras que se quedaron en proyectos, escuelas a medio levantar.

Ese dinero se lo llevó una red que usó facturas falsas, aduanas complacientes, energía barata revendida, complicidades invisibles y silencios comprados. No hablamos de un desvío, hablamos de un sistema paralelo que parasitaba al Estado.

EL AJEDREZ DEL PODER

Adán Augusto López, político colmilludo, ha olfateado la jugada y no oculta su irritación. Cuando habla de “fuego amigo”, no confiesa una molestia menor: reconoce que las piezas del tablero se mueven en su contra. Se sabe que en Palacio Nacional y en la nueva residencia presidencial ya no hay paciencia para la complicidad. Sheinbaum no juega al equilibrio; juega a la eliminación.

Y mientras él acusa fuego cruzado, los reflectores se mueven hacia Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, y Horacio Duarte, el hombre fuerte en el Edomex. No son cualquier nombre: son símbolos de que la política de los amigos intocables terminó. O al menos, esa es la narrativa que la presidenta quiere construir.

Si ellos caen, no será solo un caso judicial: será un ajuste de cuentas dentro del movimiento que gobierna. La Cuarta Transformación, tan dada a la retórica épica, podría estar a las puertas de su tragedia más grande: la autodestrucción por fuego interno.

LA FRIALDAD DE LOS NÚMEROS

Hablemos sin adornos. Seiscientos mil millones equivalen a:

10 refinerías Dos Bocas.

30 aeropuertos Felipe Ángeles.

200 líneas de Metro como la Línea 12.

La pensión universal para adultos mayores durante un sexenio completo.

Ese es el tamaño del desfalco. No es un accidente contable ni un exceso administrativo. Es un saqueo que exige complicidad desde el más alto nivel: aduanas que permiten la entrada de mercancía subvaluada, funcionarios que liberan permisos de importación, banqueros que lavan dinero con la discreción de los viejos mayordomos ingleses.

La presidenta lo sabe y por eso juega con riesgo calculado. Si logra encabezar esta cruzada y exhibir responsables de alto calibre, consolidará la narrativa de que su gobierno es distinto al de los cómplices de siempre. Pero si las pesquisas se quedan en segundos o terceros niveles, todo se reducirá a un circo mediático que no convencerá a nadie.

EL CIUDADANO DE A PIE

El ciudadano común, ese que hace fila en el OXXO para tener que pagar la luz, escucha la cifra de 600 mil millones y la convierte en rabia silenciosa. Porque mientras él pagaba IVA hasta por el refresco, unos cuantos vivieron del saqueo institucionalizado. Ese contraste es dinamita social.

La pregunta es simple: ¿quién permitió este monstruo? Porque no se construye un fraude de esta magnitud sin la anuencia de decenas de funcionarios, sin la vista gorda de legisladores, sin la complicidad de gobernadores, sin el silencio de los órganos de fiscalización. El robo del siglo no lo hicieron tres pillos: lo tejió un sistema de corrupción que sobrevivió sexenio tras sexenio.

LA PRESIDENTA Y SU APUESTA

Sheinbaum no es ingenua. Sabe que poner estos nombres sobre la mesa significa declarar la guerra a parte de su propio movimiento. Pero también sabe que el país exige símbolos: rostros que paguen por los saqueos. La estrategia es clara: usar la indignación ciudadana como palanca política.

En esta historia, Rosa Icela Rodríguez aparece como la encargada de la ejecución. Ella misma lo confirmó: habrá procesados, habrá detenidos, habrá espectáculo. Pero el país ya no quiere solo cabezas menores. Quiere ver caer a los de arriba, a los que alguna vez se creyeron intocables.

EPÍLOGO PROVISIONAL

En este escenario no hay héroes. Ni los denunciantes son ángeles, ni los acusados demonios puros. Todos juegan, todos calculan, todos apuestan a sobrevivir. El huachicol fiscal no es solo un fraude monumental: es el espejo de un país donde la corrupción se convirtió en arquitectura de Estado.

La presidenta tiene en sus manos la posibilidad de romper con esa arquitectura, pero el riesgo es evidente: si no golpea lo suficientemente alto, si no exhibe a los verdaderos arquitectos del saqueo, el caso del huachicol fiscal se convertirá en una anécdota más, tan olvidada como la “Estafa Maestra”.

Y entonces, los seiscientos mil millones no serán solo el robo del siglo: serán la prueba de que en México, incluso el escándalo más grande, termina convertido en humo.