NACIONALES
¿La muerte de la transparencia?

Por Salvador Romero Espinosa //
El pasado viernes 24 de agosto se aprobó en Comisiones de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional regresiva en materia de derechos fundamentales, que implicaría (de facto) la muerte de la Plataforma Nacional de Transparencia y una regresión de varias décadas en materia de derecho a la información y transparencia en el país, al acabar con un marco constitucional producto de la lucha de nuestra sociedad contra la opacidad de las instituciones públicas y contra la falta de rendición de cuentas que caracterizó a los gobiernos del siglo pasado.
La propuesta en ciernes propone la desaparición de los 33 institutos de transparencia del país (como el INAI y el ITEI), pretendiendo delegar sus funciones a las instancias de control interno de cada una de las alrededor de 7,000 autoridades del país, incluyendo los 3 poderes, los 32 gobiernos estatales, los más de 2,500 gobiernos municipales y los miles de organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales, bajo el argumento principal de que los institutos de transparencia son costosos e innecesarios para tutelar los derechos fundamentales a la información y a la protección de datos personales.
Ello implicaría que, por ejemplo, quien absorbería las actuales funciones del INAI respecto a las diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal sería la Secretaría de la Función Pública, pero únicamente respecto de dichas autoridades, dado que no tendría ninguna intervención o injerencia respecto del trámite de solicitudes o impugnaciones relacionadas con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ni tampoco respecto de ninguna otra de las miles de autoridades estatales y municipales referidas, cuyas contralorías serían las responsables de tutelar ambos derechos humanos.
En la práctica esto implicaría muchas consecuencias regresivas, pues en primer lugar conllevaría la total destrucción del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y una absoluta desvinculación y falta de coordinación entre las 7,000 autoridades del país respecto del establecimiento de lineamientos, criterios, programas y políticas internas en materia de transparencia y protección de datos personales.
La destrucción del SNT a su vez traería como consecuencia la destrucción de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tal y como la conocemos actualmente, dado que en caso de que su infraestructura actual (sus «fierros») pasaran a manos de la Secretaría de la Función Pública, dicha plataforma solo sería útil para albergar la información y tramitar las solicitudes y recursos de impugnación de las autoridades del Poder Ejecutivo Federal, dejando de lado al resto de las casi 7,000 autoridades del país, quienes además, no estarían obligadas ni a sumarse a dicha plataforma y ni siquiera a tener su propia plataforma pues les bastará con publicar su información en sus páginas de Internet y a recibir las solicitudes de información por cualquier otro mecanismo que dispongan, por ejemplo, correo electrónico.
En consecuencia, la muerte de la PNT obligaría a que una persona que quiera acceder a información pública específica, relacionada con todas las autoridades del país, tendría que visitar una por una las miles de páginas web y portales de transparencia o, en su caso, mandar miles de correos electrónicos para poder acceder a dicha información, a diferencia de lo que sucede actualmente, donde un solo portal de transparencia permite acceder a la totalidad de la información pública del país.
Aunado a lo anterior, en caso de que la información obligatoria no estuviera publicada, la denuncia por el incumplimiento de la publicación de dicha información pública, la tendrían que realizar las personas ante cada una de las contralorías de cada una de las 7,000 autoridades del país y cada contraloría sería la responsable de requerir a sus jefas o jefes (las personas titulares de cada autoridad), por la publicación de la información o, en su momento, tendrían que llegar a sancionarles por dicho incumplimiento; es decir, las personas titulares de las contralorías del país tendrían que sancionar a la persona que las propuso para trabajar ahí, lo cual implicaría un gigantesco conflicto de interés.
Este nuevo esquema implicaría también, por consecuencia, que cada contraloría deba de tener sus propias áreas especializadas en transparencia y en protección de datos personales que, en el peor de los casos, debieran ser cuando menos dos nuevas personas servidoras públicas, por lo que tan solo en el caso de Jalisco (donde hay más de 500 sujetos obligados) implicaría la contratación de más de 1,000 personas para sustituir los trabajos que actualmente realiza el ITEI con 94 personas y así en todo el país.
Por esa razón es que el esquema propuesto no conllevaría ningún tipo de ahorro presupuestal, por el contrario, nos saldría muchísimo más costoso a todas y todos los mexicanos, lo que tira por tierra el argumento de la supuesta «austeridad republicana» detrás de la propuesta.
En conclusión, dicha reforma asesinaría a la Plataforma Nacional de Transparencia como la conocemos y, por consecuencia, despojaría a la sociedad mexicana de una de las herramientas de acceso a información pública más poderosas que existen, no solo en México, sino a nivel mundial, en donde ha recibido reconocimientos por su capacidad de concentrar en un solo portal a la totalidad de las miles de autoridades del país, facilitando con ello el ejercicio de los derechos humanos de acceso a información pública y de protección de datos personales; por lo que su destrucción obligaría a las personas a acudir a una por una de las miles de autoridades del país en busca de información pública y, además, sin contar ya con organismos autónomos especializados que las puedan defender de la opacidad gubernamental.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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