Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Inician las campañas para la primera elección popular del Poder Judicial. Se elegirán el 2 de junio de 2025 los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistradas y magistrados de las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral; magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; y magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación.

A escasos 49 días de que los mexicanos asistan por primera vez a las urnas para elegir a quienes impartirán justicia federal, dicha elección tiene un gran nivel de dificultad para todos los ciudadanos.

En este sentido, debemos entender que para los ciudadanos mexicanos diferenciar entre un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de salas superiores y regionales, jueces o juezas de circuito o de distrito, en este caso en especialidades, será una tarea difícil.

Son cargos que los especialistas en derecho y quienes tienen una carrera profesional en materia judicial conocemos y sabemos sus funciones dentro del poder judicial; sin embargo, y aunque se lea un poco discriminatorio, el grueso de la población desconoce las diferencias y las funciones de los cargos, lo que hará de esta elección una cuestión de suerte y favorecimiento.

La importancia de esta elección radica esencialmente en una renovación de nuestro sistema de justicia, quizás necesaria, quizás no. El ciudadano debe saber que elegir a otro ciudadano para que imparta justicia es una gran responsabilidad. Habrá de analizar, en el momento de emitir su voto, quién lo postuló: el Ejecutivo Federal (PE), el Legislativo Federal (PL) o el Poder Judicial de la Federación (PJ).

Por lo que en la boleta aparecerán, a un lado del número designado, las iniciales del poder que postuló al candidato. Además, aparecerán otras iniciales (EF) que indican si la persona se encontraba en funciones y tuvo un pase automático. Lo ideal en este primer proceso es votar por personas que tienen esas iniciales, para asegurar la experiencia en el cargo y su posible carrera judicial.

Por lo pronto y durante más de un mes, veremos en redes sociales o medios, a través de entrevistas y publicidad a modo de campaña, a los candidatos a los cargos que se votarán el dos de junio. Pero lo importante de esta elección es concientizar a nuestro círculo cercano del riesgo de que los cargos judiciales no sean valorados y votados a conciencia. La impartición de justicia debe recaer en profesionales del derecho, con una carrera judicial evidenciable y comprobable, personas de valores y ética.

En este particular caso, el vecino, amigo o líder de lo que sea no es precisamente la persona ideal para la importantísima tarea de impartir y procurar justicia. La justicia es conocimiento, y también un concepto complejo y multidisciplinario, que se refiere a ser una persona juzgadora con equidad, imparcialidad y respeto de los derechos de cada individuo dentro de una sociedad; no se trata de poder público.

En resumen, deberemos informarnos para auto concientizarnos, por medio de los canales de comunicación especializados, sobre la complejidad de esta jornada electoral del Poder Judicial. Por lo tanto, cada ciudadano deberá ingresar a la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual se encuentran los perfiles de los candidatos, toda la información de sus trayectorias y propuestas. Lo anterior es necesario para saber por quién sí y por quién no votar. Esto se debe a que se requieren personas de amplia experiencia que avalen una carrera judicial.

Para elegir un juzgador, magistrado o ministro, deberán ser personas justas y cuya reputación les preceda en todo momento. No se trata de partidos políticos que amplíen su círculo de poder, teniendo al Poder Judicial en sus manos y de su lado; eso ya no es ético y no obtendríamos justicia de juzgadores que están para servir a un color partidista y no a la sociedad.

Hagamos nuestra parte y seamos responsables con esta elección del Poder Judicial. Busque informarse, valore qué país quiere y asuma que elegir, en cualquier circunstancia, es una responsabilidad. Entendamos que «dar a cada quien lo que corresponde» debe estar en manos de personas honorables, no políticas y con gran capacidad de justicia. Servir a un líder o a un partido político no es precisamente ético para ocupar un cargo judicial, donde lo importante es combatir la injusticia, la impunidad y la opacidad.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En elecciones los tiempos son, o debieran, ser justos, tanto en temporalidad como en sujeción a términos, reglamentaciones y leyes. Es un principio básico para que los procesos electorales tengan equidad y sus resultados sean aceptados, precisamente por su legalidad. En política, que parece lo mismo, pero no es igual, los tiempos se marcan por la oportunidad que cada político tiene para posicionarse en la imaginaria pública, para resaltar su trayectoria y sus resultados. Nuestra legislación electoral es precisa en los tiempos y en las formas en que pueden hacerse ambas cosas, participar en la elección y promocionarse para estar en la boleta.

El conflicto viene cuando los actores de los procesos electorales, generalmente políticos, deciden salirse del marco legal y obtener ventajas que evidentemente rompen con el principio de equidad. Algo así vimos el sexenio anterior, cuando el expresidente López Obrador decidió saltarse todos los tiempos y normas para asegurar el proceso sucesorio a favor de su partido y su candidato. El proceso sucesorio se adelantó tres años, y desde la tribuna presidencial se violaron todas las normas que garantizaban la equidad y la no participación del gobierno en procesos electorales.

La gran beneficiada por esta actitud presidencial, secundada y formalizada por su partido, fue la actual presidenta de la república, que participó alegremente en ese proceso adelantado por el cual rebasó no solo gastos, sino también a cualquier esfuerzo de los opositores para posicionarse en los tiempos que la ley señala.

Ahora, que corresponde a ella el control político del país y de su partido, necesita tener el control de los instrumentos necesarios y está batallando para obtenerlo. No es solo que se piense que el presidente anterior sigue actuando políticamente desde la sombra lo que impide que se le reconozca autoridad y fuerza, sino también la actitud de algunos de los protagonistas del sexenio pasado que soterradamente trabajan para construir un proyecto personal de cara al 2030.

El caso de la senadora por Chihuahua Andrea Chávez, ha venido a exhibir que ya se mueven grupos en la búsqueda de posiciones. Nadie cree que la senadora vaya sola y se dice que recibe apoyos de un conocido empresario ligado a un prominente precandidato en el proceso anterior, y como ella, ya hay movimientos adelantados en las sucesiones municipales en varios estados y la misma Senadora está dos años adelantada en el proceso de sucesión a la gubernatura estatal.

Ante ello, la presidenta anuncia que enviará una carta a la dirigencia de su partido para establecer reglas claras para los aspirantes a cargos públicos de elección popular; para que se fomente una vida política acorde con los valores del partido y para erradicar el nepotismo en la designación de candidaturas.

Con ello intenta evitar que se diga que en Morena las decisiones son verticales, salen de la punta de la pirámide aunque se disfracen de democracia participativa, pero a la vez evidencia que no tiene el control político, la fuerza para imponer sus convicciones y decisiones a su partido y sus militantes. Tiene poco tiempo en el poder y eso pudiera explicarlo, pero la dilación provoca vacío y con ello la anarquía, el desbocamiento de los intereses particulares o de grupo para disputar y asaltar el poder.

No ayuda que en el Congreso sus iniciativas sean modificadas, como tampoco abona el que los coordinadores parlamentarios alardeen con su independencia y los legisladores sigan entonando consignas del presidente anterior. Tampoco que en la administración permanezcan figuras comprometidas con el líder del movimiento y no con ella y que sus propuestas sean rechazadas en las cámaras. Con esos signos, no debiera sorprender que se adelanten los adelantados, pues las reglas no son claras y menos las líneas de autoridad.

El sexenio apenas empieza, pero después de la elección de 2027, pueden desatarse las ambiciones y enrarecer demasiado el clima político nacional. Las cabezas que tiene el partido oficial no tienen el suficiente peso para detener a quienes desde hoy ya están en campaña y la actitud presidencial, que administra bien y gobierna, pero no manda, augura un agitado e incierto proceso de sucesión en 2030.

Poco puede hacer también con autoridades electorales que pierden credibilidad y confianza cada día. Con este escenario, la presidenta adelantada pide que no se adelanten, porque los órganos formales no los pueden ni quieren contener y su partido dice que si pero tarda y mientras, otros hacen su juego dibujando un escenario que se antoja caótico para el 2030.

El esquema autoritario diseñado por su antecesor debiera bastarle para designar sucesor, pero su circunstancia es diferente. Entre los que no se han ido, los que no se quieren ir y se adelantan y un marco legal tan flexible como inobservado, la sucesión será de pronóstico reservado.