NACIONALES
La reforma electoral, un beneficio para la democracia en México

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En una nación de vocación democrática, los intereses de sus habitantes deben ser sustanciales y por lo tanto efectivos. No como ahora, que a título de que se representa a la ciudadanía, lo que pasa es que las cúpulas partidistas se despachan a su antojo y a las cámaras arriban los consentidos, por lo general sin mayor arraigo popular y desde luego, sin haber hecho campañas a ras del pueblo, lo que ocasiona que sus labores no sean a favor de la sociedad.
Muchas reformas en materia de elecciones se han llevado a cabo en el país, pero por lo general lo que priva es el interés de las camarillas que dirigen los partidos políticos. Varios son los temas fundamentales de una reforma electoral, aunque sobresalen los concernientes al costo elevado que actualmente tienen los procesos comiciales, incluyendo en tal ramo los enormes recursos que se asignan a los institutos partidistas; en otro renglón, resalta la manera de como se representa a las minorías.
Claro que hay otros temas, como la integración del organismo que se encarga de esos procesos de elección y el hecho de que haya duplicidades entre el instituto de índole nacional con sus correlativos de carácter estatal, lo cual redunda en derrochar caudales.
Entre las iniciativas que anunció el entonces mandatario federal, se encontraba la trascendental reforma electoral, también conocida como el plan D. Allí se planteaba, asegurando el respeto al voto y la legalidad, que las autoridades administrativas (el INE y las de orden estatal) así como las jurisdiccionales (los tribunales del ramo, tanto federal como local) fuesen imparciales, lo cual supone que actúan al margen de la lucha por el poder, y de esa manera se garantiza la libertad política de que deben gozar todos los mexicanos: aquí se sugería debatir sobre si era benéfico que los integrantes de esas organizaciones fuesen electas.
Otro aspecto, se refería a la instauración de un ambiente favorable para la participación no solo de partidos, sino también de aspirantes -candidatos- independientes. Todo lo predicho, regulado por el principio de austeridad. Además, se propone una elección transparente de las máximas autoridades mediante voto secreto, directo y universal.
Lo anterior se complementaba con un capítulo muy importante: el relativo a la eliminación de diputados federales plurinominales, incluyendo a los senadores, lo que implicaba evidente reducción del financiamiento a partidos. Incluso, se proponían cambios en materia de la revocación de mandato y consultas populares.
La sucesora de López Obrador optó por aplazar esta reforma electoral y señalar finalidades que debería abarcar. Expuso tres puntos: “Uno, disminuir los costos de las elecciones sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad. Segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Tercero, generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales. No estamos de acuerdo con las listas plurinominales”. Por lo pronto presentó iniciativas sobre no reelección y para combatir el nepotismo, mismas que ya fueron aprobadas.
La primera magistrada nacional aludió a esa reforma, consignada en sus cien propuestas de gobierno que tiene suscritas. El 25 de junio así lo afirmó y agregó descartar “que la reforma electoral que presentará como parte de los 100 compromisos de Gobierno busque la eliminación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral”. Sin embargo, destacó la importancia de que se revise el tema de los plurinominales, para que los legisladores que lleguen a una curul lo hagan por trabajo en terreno, no por favoritismo.
Al respecto especificó que, debe tenerse reconocimiento de las minorías por el segundo lugar de una elección, a fin de que este acceda al espacio correspondiente a un partido político, y no arribe alguien por el simple favorecimiento de haber sido anotado en una lista, como actualmente se hace, lo cual es contrario a la idea de que, ningún político que deje el país -como Ricardo Anaya- luego regrese como legislador gracias a la figura plurinominal. En consecuencia, se pretende que “todos los aspirantes vayan a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña” y de esa manera, quien sea representante popular, tiene a su favor haber hecho actividad territorial.
En la mañanera del reciente 4 de julio, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP): la reforma electoral que prepara el Poder Ejecutivo plantea la reducción al financiamiento público de los partidos políticos y del costo de los procesos electorales, así como la modificación de la representación proporcional en el Congreso de la Unión. «Algunos de los temas que más nos interesan son: que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país”.
Sobre lo oneroso que es para los mexicanos cada proceso electoral, CSP informó: En el año 2024, el presupuesto para el proceso electoral ascendió a 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos. Ese monto no incluyó el financiamiento público federal a los partidos, que fue de poco más de 10 mil 444 millones de pesos. Ambas sumas, son exageradas y acreditan lo carísimo que son estos procesos. (El Heraldo de México, 2025-07-05).
Concluyendo sobre este tema, la jefa del gobierno de México enunció: “Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país. Que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos.
No cabe duda de que tiene mucha razón la mandataria: los diputados que lleguen a San Lázaro (y en las Entidades federativas a sus respectivos Congresos locales) deben ser en primer lugar los que obtienen la mayoría de los sufragios, pero en cuanto a la representación de minorías, debe ser quien haya salido en segundo lugar, porque eso de las listas de plurinominales que hoy se estila, ya demostró que no es bueno para la República.
Y por lo que ve a los municipios, también se toca el número de regidores que debe integrar su ayuntamiento, y CSP señaló que en muchos se contemplan demasiados munícipes, y eso no debe continuar, son derroche de recursos y simples cuotas a favor de partidos y sus mal acostumbrados políticos.
Terminamos afirmando que la reforma electoral, que se presentará en el siguiente periodo de sesiones de las Cámaras federales, indudablemente es indispensable y de suma importancia, para beneficio de la democracia, la República y de todos los mexicanos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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NACIONALES
El PRI no acudirá al Senado a la toma de protesta de la nueva SCJN

– Por Mario Ávila
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI cambia de actitud y en lugar de cumplir su amenaza de manifestarse en la ceremonia del Senado donde rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuncia oficialmente que los 13 senadores de su partido no acudirán.
El argumento, con el que justificó por adelantado la inasistencia de los senadores del PRI, fue «por congruencia política», ya que ellos consideran que el nuevo Poder Judicial es el nuevo aparato al servicio del régimen.
Tras la agresión perpetrada por Alejandro Moreno en contra del presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a las autoridades garantizar el resguardo de la sede del Senado de la República.
En respuesta, desde este fin de semana, el Senado ha estado custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que «Alito» Moreno reconsiderara su actitud y decidiera que sus senadores no acudan al trascendental acontecimiento y se limitó a calificar al gobierno de la 4T como «fachos y autoritarios».
ENTREVISTAS
La disputa del agua entre Jalisco y Guanajuato: Debe ser un reparto justo, no uno político, Arturo Gleason

– Por Mario Ávila
Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido.
Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad.
El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”.
Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró.
Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades.
Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores.
«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».
«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo.
De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados.
Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”.
Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”.
Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala.
Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación.
Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».
«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó.
“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.