NACIONALES
Lo que dejó la elección judicial
Opinión, por Iván Arrazola //
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma constitucional el 5 de febrero de 2024 —conocida como el “Plan C”—, pocos imaginaron la rapidez con la que avanzaría el proceso. Lo que parecía una propuesta lejana o inalcanzable se volvió realidad en cuestión de meses. No obstante, el camino ha estado marcado por controversias, particularmente en torno a la pregunta central: ¿debía o no participar la ciudadanía en la elección del Poder Judicial?
Aunque la elección popular de miembros del Poder Judicial la puso sobre la mesa el partido gobernante, hubo un cambio sustancial con respecto a otros procesos electorales impulsados por el oficialismo.
A diferencia de la consulta popular y la revocación de mandato —cuyos resultados no fueron vinculantes por no alcanzar el umbral mínimo de participación—, en esta elección judicial, las consecuencias serán efectivas sin importar el porcentaje de participación. Esto implica una transformación profunda en el diseño del equilibrio entre los poderes de la Unión.
En este contexto, surgieron argumentos diversos sobre si acudir a votar o abstenerse. Uno de los aspectos más debatidos fue el uso de los llamados acordeones, materiales distribuidos para guiar el voto ciudadano.
Mientras algunos los defendieron como herramientas útiles en una elección compleja, otros los consideraron mecanismos de inducción del voto, en un proceso en el que era prácticamente imposible conocer en profundidad a los cientos de candidatos registrados.
El debate se intensificó cuando se acusó al oficialismo de haber distribuido los «acordeones» para favorecer a perfiles afines, sin que el INE pudiera frenar su circulación a pesar de las exigencias de todas las fuerzas políticas, incluida la presidenta. Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido el origen de los materiales y es poco probable que se impongan sanciones.
A lo anterior se suma el diseño de las boletas, que rompió con la tradición electoral mexicana. Acostumbrados a identificar fácilmente a los candidatos mediante los logotipos de los partidos, los votantes se enfrentaron a listas extensas de nombres desconocidos, sin referentes claros ni partidos políticos como guía.
Otro punto que generó preocupación fueron los perfiles de los aspirantes. Diversas organizaciones civiles, así como figuras políticas como la presidenta y el senador Gerardo Fernández Noroña, exigieron al INE retirar candidaturas vinculadas con la defensa legal de criminales o con cultos religiosos.
Estas demandas evidenciaron deficiencias en el proceso de selección por parte de los comités evaluadores, quienes, ante el abrumador número de aspirantes, no pudieron analizar a fondo todos los perfiles.
Este cúmulo de señalamientos generó más dudas que certezas sobre la legitimidad del proceso. El INE, además, organizó esta elección en condiciones adversas, con menos recursos y sin los medios adecuados para garantizar una elección informada y equitativa.
Desde el oficialismo, se defendió la participación ciudadana con el argumento de que ahora “el pueblo” elige a los ministros, en lugar del Senado con la presidenta. Por su parte, otras voces afirmaron que, a pesar de las irregularidades, era fundamental ejercer el derecho al voto. La analista Viridiana Ríos, con base en una revisión de 117 perfiles, señaló que el 55 % de los candidatos no presentaban vínculos directos con Morena.
Las voces más críticas denunciaron la elección como una simulación. Argumentaron que el resultado era previsible desde el inicio y que los nuevos miembros, una vez electos, estarían sujetos al control político de quienes promovieron su postulación.
Lo cierto es que este proceso privó a la ciudadanía de un verdadero ejercicio democrático. La mayoría de las personas que acudieron a las urnas el pasado domingo lo hicieron con escasa información, a pesar de la existencia de plataformas que ofrecían datos sobre los candidatos.
Dicha información, no obstante, resultó superficial. No hubo debates públicos ni condiciones para que las y los aspirantes realizaran campañas efectivas. La discusión pública se redujo a una dicotomía: votar o no votar. Mientras tanto, el oficialismo se concentró más en movilizar estructuras que en promover un proceso participativo y transparente.
La oposición, por su parte, dejó mucho que desear. No solo se desentendió del proceso, sino que también abandonó a la ciudadanía sin estrategias claras. Ante un modelo tan cuestionado, lo mínimo que se esperaba era un respaldo a los perfiles más independientes.
El 2 de junio marcará un antes y un después para México. El equilibrio de poderes se ha modificado, y con ello, aumentan las incertidumbres sobre el ejercicio del poder político. Esta elección debe servir como un llamado de atención: la democracia no se puede debilitar.
Es imprescindible garantizar procesos legítimos, transparentes e informados. Esto implica dotar de los recursos suficientes a las autoridades electorales, fomentar el debate público, y asegurar que las y los ciudadanos cuenten con toda la información necesaria para ejercer su voto de manera consciente y libre.
– Por Mario Ávila
Con 435 votos a favor, 4 en contra y sin abstenciones, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, se convirtió en la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el segundo año de la LXVI Legislatura federal.
El acuerdo de logró toda vez que la fracción parlamentaria de Morena y partidos aliados, retiraron el veto que le habían impuesto a su candidatura, presentada como primera opción por Acción Nacional y una vez que el propio PAN anunció que sus siguientes opciones eran los diputados Margarita Zavala, Germán Martinez y Federico Döring.
Esta misma tarde la nueva diputada presidenta asumió sus funciones tras rendir la protesta de ley, ante los legisladores integrantes de la LXVI Legislatura.
Kenia López Rabadán, que se desempeñó como coordinadora de campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, estará acompañada en la Mesa Directiva por los vicepresidentes: Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Paulina Rubio Fernández y Raúl Bolaños Cacho Cué; secretarias: Julieta Villalpando Riquelme, Alan Said Márquez Becerra, Nayeli Arlette Jiménez Cruz, Magdalena del socorro Núñez Monreal, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ballesteros Mancilla.
– Por Francisco Junco
Con un llamado a reconocer la sabiduría y la fuerza de quienes han dado su vida a la familia y a la sociedad, se inauguró en Jalisco el Primer Congreso Nacional de Personas Mayores, bajo el lema “Sabiduría y derechos: Reconociendo el valor de las personas mayores”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), junto con la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco y diversas universidades, abrió un espacio que busca visibilizar a un sector que enfrenta discriminación, exclusión y abandono, pero que también representa un pilar invaluable de nuestra cultura.
La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, habló con claridad de los retos que viven día a día las personas mayores: “discriminación por edad, violencia y abuso, pobreza, exclusión digital, dificultades de movilidad y acceso limitado a servicios de salud, justicia y seguridad social”.
Frente a ese panorama, dijo, es momento de pasar del discurso a la acción y subrayó que “reafirmo mi compromiso y el de esta institución con la defensa y promoción de sus derechos. Trabajaremos incansablemente para erradicar la discriminación, garantizar el acceso a la justicia y promover políticas públicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones”.
Enrique Michel Velasco, presidente de la fundación que lleva su nombre, lamentó que “nuestras ciudades, las instituciones públicas, las empresas y casi todo lugar público se manifiestan poco amigables con este sector”.
Para él este congreso debe ser un parteaguas que siembre una nueva cultura de respeto, ya que “no hemos sido capaces de crear un aparato de salud pública que otorgue mejores condiciones para alcanzar eso que llamamos calidad de vida. Veamos en este congreso el mundo de oportunidades para contribuir a formar una verdadera conciencia y una nueva cultura con las personas mayores”.
El rector de la UNIVA, Francisco Ramírez Yáñez, también elevó la voz para visibilizar la soledad y la desigualdad que padecen millones de adultos mayores.
“Hoy alzamos la voz por millones de personas mayores que enfrentan desigualdades, que enfrentan la soledad, el abandono, la discriminación por edad y la falta de acceso a servicios básicos y de calidad”.
A su vez, Eduardo Solorio Alcalá, en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, subrayó que “el envejecimiento no es un problema por resolver, sino una oportunidad a valorar, de repensar las instituciones y las políticas públicas”, y aseguró que Jalisco trabaja para generar espacios y servicios incluyentes.
El congreso incluyó conferencias, paneles y una feria de la salud con servicios médicos y orientación, además de la participación de organizaciones civiles que recordaron que la dignidad no termina con la edad.
Entre reflexiones, denuncias y compromisos, el encuentro dejó en claro que el envejecimiento no es sinónimo de carga social, sino de riqueza humana que exige respeto, políticas públicas y un cambio cultural profundo.
– Por Mario Ávila
Luego de anunciar el compromiso de revisar las pensiones de los ministros en retiro y los sueldos de los trabajadores en activo del Poder Judicial, para evitar que se viole la Constitución y ganen más que la presidenta, Claudia Sheinbaum, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que los nuevos ministros se atenderán en el ISSSTE, para eliminar el oneroso gasto de servicios médicos.
Ello lo anunció en su primer mensaje en el cargo, después de la ceremonia de toma de protesta en el Senado y la instalación en la sede de la SCJN y en presencia de la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo y los titulares del Legislativo, Laura Itzel Castillo, del Senado y Sergio Gutiérrez Luna, de la Cámara de Diputados.
Aguilar Ortiz ofreció cercanía con la ciudadanía, para aspirar a un cambio real, profundo y verdadero, que sirva para poner fin a la injusticias.
Incluso, planteó que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, «será un auténtico tribunal de justicia y no sólo un tribunal de derecho; será un espacio de puertas abiertas, cercano, austero, plural, transparente, eficiente y sin privilegios», garantizó.
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