ENTREVISTAS
Los efectos de sus políticas en Jalisco: Trump, agente del caos, Sergio Suárez
Por Mario Ávila //
Confianza de que la democracia estadounidense está lo suficientemente fuerte como para aguantar el fenómeno que representa el presidente Donald Trump, pese a que tiene un gran poder acumulando no solo la Casa Blanca y las Cámaras del Senado y la de Representantes, sino incluso la Suprema Corte de Justicia, manifestó el empresario jalisciense, Sergio Suárez, fundador y presidente Instituto Norteamericano para el Progreso Mexicano, NAIMA (North American Institute for Mexican Advancement).
Explicó que dadas las primeras muestras de lo que será su política de gobierno en este segundo período al frente de los Estados Unidos de América, sus decisiones ciertamente le causarán algunos daños a la democracia estadounidense, pero a la vez externó su deseo de que las instituciones soporten esta embestida, particularmente los gobiernos de los estados que junto con los procuradores de justicia, son los que pueden demandar al Gobierno Federal en el vecino país del norte.
En opinión del líder de la comunidad migrante que tiene sus raíces en el municipio de Juanacatlán, pero lleva ya más de cuatro décadas radicado en la región del Medio Oeste, específicamente en Chicago, “Donald Trump es un experto en crear caos y él es muy bueno para manejar ese caos, causar miedo y creo que no debemos de morder el anzuelo”.
Es Donald Trump un personaje muy difícil de predecir -expuso-, porque sabe generar muchas distracciones, es lo que aprendimos en los cuatro años pasados, es un experto en bullying, es un bufón, pero tarugo no es, y para eso necesitamos no sobre reaccionar a cada cosa que dice o que anuncia, porque una cosa es lo que él quiera hacer y otra cosa es lo que le permita hacer la Constitución.
Refiere que escogió temas muy sensibles con los que gana adeptos para asustar a la gente y para mantenerla en la zozobra, “como eso de quitar el derecho de ser americano por nacimiento, a lo que ya un juez acaba de declarar que nunca había visto una violación tan descarada a la Constitución”, planteó.
Insistió en que el presidente Trump dice un poquito de verdad, para vender una gran mentira y se refirió en lo particular a que una cosa son los derechos y otra muy deferente son los abusos a esos derechos.
Como ejemplo planteó lo estipulado en la Constitución para que la gente llegue a la frontera y que tengan paso libre para entrar a Estados Unidos cuando ve amenazada su seguridad, ya que como una protección a sus derechos humanos tiene la posibilidad de solicitar asilo.
Recordó que de esta manera y como una estrategia política, así se iniciaron hace más de una década las famosas caravanas que venían desde Centroamérica, con el único propósito de hacer ver mal al gobierno de Barak Obama, incluso asegura que se hicieron de manera planeada, con alevosía y ventaja “y a la hora de que entra el siguiente gobierno y ya quieren pararlas, ya se puso difícil porque ya se había creado una estructura de gente mala que se aprovecharon, le cobraban a la gente y les vendían que iban a ser ciudadanos americanos y que les iban a ayudar a cruzar la frontera, explotando los beneficios que tiene Estados Unidos para el asilo político”.
De tal suerte -abundó-, que este derecho que está en la Constitución se pervirtió y fueron cientos de miles los que cada año llegan a la frontera y con ello se rebasó la posibilidad de procesar esa cantidad de pedimentos y quedó súper rebasado el sistema por una inmensa mayoría de personas que mentían sobre los riesgos de que su vida se veía amenazada, aunque habrá que reconocer que en muchos casos sí se trata de situaciones reales.
Sergio Suárez, presidente de NAIMA y creador de 12 empresas en los Estados Unidos, recordó que para atender este problema, desde el año pasado se había llegado a algunos acuerdos entre los integrantes de ambas cámaras e incluso se contaba con el apoyo presupuestal de la Casa Blanca, para eliminar el ingreso de los solicitantes de asilo, atendiéndolos mediante un proceso de inmediato a su llegada a la frontera, sin necesidad de dar cita a la Corte y eso se resolvía metiendo recursos económicos y humanos, para atender incluso los procesos que estaban retrasados.
Sin embargo -expuso-, cuando Trump se da cuenta, le habla a los representantes republicanos en la cámara baja y amenaza a todos para que no firmen el proyecto, porque eso le convenía, que se quedaran las cosas sin solución, para respaldar su discurso anti migrante y con ello facilitar el triunfo en las elecciones, dado que una de sus promesas es hacer creer a la gente que solo èl puede poner orden en la frontera.
Vale la pena recordar que en la administración de Barak Obama sigue siendo el período de mayor índice de deportaciones de migrantes indocumentados, ya que expulsó de la Unión Americana a más de 2 millones de personas en su administración y al llegar Trump en su primer período, anticipó que deportaría a 4 millones de indocumentados, pero se quedó por debajo de la cifra de Obama.
Por cierto, por lo que toca a Jalisco, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en el año 2020 fueron expulsados de Estados Unidos 6 mil 475 jaliscienses; en el 2021 la cifra decreció a 4 mil 663; en el 2023 hubo un registro de 920 repatriados y en el año 2024 la cifra de jaliscienses deportados fue de 1 mil 060.
VEN NAIMA Y CONFEDEJAL CAÍDA DE LAS REMESAS
En el tema de las remesas, en las que Jalisco es uno de los tres estados del país que mayormente se benefician por este concepto, el líder migrante, Sergio Suárez admitió que seguramente se verá una caída de la llegada de dinero enviado desde los Estados Unidos, particularmente “por el puro miedo”.
Detalló que han empezado a verse campañas y redadas en diversos estados y en todo tipo de establecimientos “y los paisanos cuando ven a un grupo de policías tienen miedo de que sean gente de migración, la gente deja de salir a la calle, se encierra, deja de consumir, deja de exponerse e incluso aumenta el ausentismo laboral y por lo tanto no tienen dinero para enviar a sus familiares en México”.
Por cierto, los datos del Gobierno del Estado de Jalisco coinciden con la información del líder migrante Sergio Suárez, presidente de NAIMA y fundador del Consejo Nacional de Federaciones Jaliscienses de Estados Unidos (Confedejal), que aglutina a los representantes de seis federaciones jaliscienses establecidas en la Unión Americana, en el sentido de que la aportación de los paisanos a través de las remesas, representan más de la mitad del monto total del presupuesto que este año ejercerá el Gobierno del Estado, ya que rebasan los 100 mil millones de pesos anuales (5 mil millones de dólares), cuando el gasto gubernamental pronosticado para el 2025 será de 170 mil millones de pesos.
Una de las tareas que además se ha iniciado a través de NAIMA, es ayudar a los dueños de los negocios a prepararse para las auditorías que podrían llegarles de manera sorpresiva, “porque van a empezar a llegar las cartas a los negocios, diciéndote que los números ITIN no checan y empezarían las auditorías, de ahí que esa asesoría es para saber qué hacer, cuando esto se presente”.
En Estados Unidos, el número de identificación de contribuyente individual para extranjeros (ITIN por sus siglas en inglés) permite a los extranjeros pagar impuestos, mantener al día su situación fiscal, y podría más adelante servir para otros trámites relacionados con la estancia en este país; es decir, se utiliza con la persona indocumentada admite no tener seguridad social, pero mostrar disposición para trabajar y pagar impuestos, por ello te dan un número ITIN, que no es su número de seguridad social, no te da beneficios, pero te permite pagar impuestos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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